Archivo diario: 11 abril, 2012

Las ciudades españolas no son amigas de los mayores

Zonas públicas limpias y agradables; aceras sin obstáculos, lo suficientemente anchas para que transite una silla de ruedas; buena iluminación en las calles; un transporte público accesible y de coste asumible; una amplia oferta de actividades para mayores; cajeros automáticos y máquinas expendedoras con teclas y tipografía grandes… Estas son algunas de las características que debe poseer una ciudad amiga de los mayores. Pero en España solo cuatro urbes cumplen los requisitos: San Sebastián, Bilbao, Barcelona y Zaragoza.

Las cuatro pertenecen a la Red de Ciudades Amigables con los Mayores, un ambicioso proyecto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere extender por todo el mundo. De momento, 33 ciudades de 22 países se han adherido a este plan.

Para formar parte de la Red, la OMS analizan una serie de condiciones que deben reunir los espacios al aire libre, el transporte, la participación social, el respeto y la inclusión social, el empleo, la comunicación y los servicios comunitarios y de salud. Pero en nuestro país, muchas ciudades adolecen de esas cualidades.

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Mayores y jóvenes tienen una cita en El Retiro

La Fundación Repsol y la Fundación Voluntarios por Madrid han puesto en marcha «Comparte», una iniciativa que promueve el intercambio generacional entre los mayores y los jóvenes.

Para ello, han instalado, por segundo año consecutivo, una carpa en el donde se desarrollarán actividades en parejas que transmiten valores como la superación, la deportividad, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo para poder conseguir sus metas y así comprendan la importancia que tiene el intercambio de conocimientos, experiencias entre las dos generaciones.

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Mato ve más razonable implantar el pago de medicamentos según la renta

  La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado en los pasillos del Congreso que la asistencia sanitaria va a seguir siendo gratuita, aunque el copago sanitario está sobre la mesa porque lo han planteado algunas comunidades autónomas, e incluso algunas ya lo han puesto en marcha, como es el caso de Cataluña.

Mato ha realizado estas declaraciones en los pasillos del Congreso al término del Pleno, en las que también ha afirmado que «como Ministerio» no se plantea el pago de un euro por receta ya que «no es el camino que el Gobierno quiere llevar adelante».

«El ahorro dependería de la cantidad de recetas. Nosotros queremos una racionalización del gasto que tenga el mínimo impacto en los ciudadanos», ha insistido.

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La Ley de Dependencia gravamente herida por los recortes presupuestarios sufridos

  La consejera para la Igualdad y Bienestar Social en funciones, Micaela Navarro, ha afirmado que espera que este jueves durante el Consejo Territorial de Dependencia la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, nos diga –a las comunidades autónomas– «qué es lo que tiene pensando hacer con la Ley de Dependencia», pues, a su juicio, con los recortes presupuestarios que ha sufrido está «gravemente herida».

Además, Navarro, después de presentar un convenio de colaboración entre la Consejería y la Asociación de la Prensa de Sevilla, ha señalado que espera que este jueves la ministra «nos diga qué es lo que tienen pensado hacer con la Ley, que hoy es un derecho tan derecho como la salud, la educación o las pensiones». Para la consejera en funciones con el recorte del «cien por cien» del fondo acordado, una de las vías de financiación de la Ley, ésta está «gravemente herida».

Por otro lado, ha indicado que habrá que esperar a la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales del próximo día 18 de abril para que el Ministerio explique «cómo afectarán directamente los recortes», aunque Navarro ha precisado que con los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy se sabe que hay determinadas políticas perjudicadas como el Plan Concertado, un programa que se desarrolla «principalmente en los ayuntamientos a través de financiación municipal, autonómica y estatal».

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La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social presenta un ERE para 12 de sus 70 trabajadores

   La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 12 de sus 70 trabajadores.

El ERE se encuentra en la fase de consultas, después de que se presentara el pasado 30 de marzo, y ahora representantes sindicales y de esta entidad pública han iniciado negociaciones en torno a él.

Pero el representante de la Federación de Servicios de Ciudadanía de CC.OO, Carmelo Renedo, lamenta, en declaraciones a Europa Press, que no tienen «ningún» margen para «intentar» negociar.

Renedo ha señalado que ha pedido un Plan de Viabilidad que esclarezca el futuro y los servicios que prestará la Fundación, tras indicar que la reducción de personal supondrá la desaparición de servicios que se prestaban en centros de día, comedores de mayores, atención a víctimas de explotación sexual o el Observatorio de la Infancia.

Y dado que estos programas «van a desaparecer», el represente sindical considera que se está produciendo un «recorte impresionante» en las prestaciones y servicios sociales, que afecta, a los colectivos «más desfavorecidos» de la sociedad, sin garantía de que se vuelven a implantar.

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