Archivo diario: 8 mayo, 2012

El alcalde de Soria baraja la posibilidad de «revisar los privilegios» de ciertos estamentos como la Iglesia

Valladolid, Ávila, Burgos y Segovia ya han descartado aplicar medidas como el cobro del IBI y el Gobierno no ve razón «fundada» para hacerlo

  Los ayuntamientos de Soria y León están estudiando la posibilidad de imitar a los de Zamora, Palencia y Salamanca en Castilla y León y empezar a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia, mientras que Segovia, Valladolid, Ávila y Burgos lo han descartado por el momento.

Por un lado, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha explicado que el Consistorio baraja la posibilidad de «revisar los privilegios» de ciertos estamentos, como la Iglesia, ya que ve «legítimo» un cambio en la normativa que exime a esta institución. Es más, ha precisado que si hay que hacer un «esfuerzo especial por eximir de pagos a ciertas administraciones, habrá que hacerlo con quienes más lo necesitan».

En cuanto a León, el portavoz del equipo de Gobierno, José María López Benito, ha indicado que el Ayuntamiento está realizando un estudio para valorar la incorporación al padrón de todos los bienes inmuebles que hay en la ciudad para que el IBI sea abonado legalmente por todos.

No obstante, ha precisado que el citado estudio no se realiza específicamente con vistas a los bienes de la Iglesia, sino con independencia de quién sea el titular, y ha concretado que no hay ninguna decisión tomada por el momento, aunque no se descarta el cobro a la Iglesia.

De este modo, las dos ciudades podrían pasar a engrosar la lista de los ayuntamientos castellano-leoneses que ya reclaman a la Iglesia el pago del IBI. Zamora ha anunciado este martes que ha actualizado el padrón para cobrar tanto este impuesto como la tasa de basuras a la Iglesia.

Según ha explicado el Ayuntamiento zamorano, «no hay ningún cambio en el IBI», puesto que la Ley de Mecenazgo y el Concordato con la Santa Sede dicen que algunos templos «están exentos del pago», si bien ha reconocido que lo que se ha realizado ha sido una revisión y actualización de los padrones y los templos que no se incluyan en la normativa pagarán el impuesto.

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Más de 275.300 dependientes no reciben la prestación a la que tienen derecho

   Un total de 275.330 personas se encuentran actualmente en el llamado ‘limbo de la dependencia’ en España, ya que la Administración ha reconocido su derecho a recibir una prestación o servicio por su condición de dependientes pero a 1 de mayo de este año, no percibían ninguna ayuda.

Así se desprende de la estadística oficial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) actualizada a 30 de abril y publicada este martes, según la cual 1.033.776 personas han recibido un dictamen que dice que tienen derecho a prestación, pero son 758.446 las que lo perciben.

Según los mismos datos, el grupo más amplio es el que conforman los dependientes severos, que suponen el 30,45 por ciento del total. Los grandes dependientes son el 27,51 por ciento y, los dependientes moderados, grupo al que por orden del Gobierno no se incorporarán nuevos beneficiarios hasta 2013, suponen el 26,28 por ciento del total. En la estadística figuran, además, 238.806 sin grado asignado.

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El Síndic de Greuges denuncia el plazo «muy desigual» en la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia

  El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, considera «preocupante» que, transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, «sigamos desconociendo los criterios que se aplican en el orden de incoación de los expedientes».

Al respecto, asegura que esto determina «un horizonte temporal muy desigual en la tramitación» de los mismos, lo que genera a las personas en situación de dependencia, «un comprensible sentimiento de inseguridad jurídica».

Cholbi, señala en el informe de la institución correspondiente a 2011, que ha recomendado «reiteradamente» a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que, «sin más dilación, proceda a resolver los expedientes de referencia, reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención, correspondan».

El defensor del pueblo valenciano asegura que «la realidad ha demostrado» que, «aún cuando la Conselleria hubiese querido que el criterio utilizado para resolver los expedientes fuese el de la fecha de entrada, éste no se ha aplicado, entre otras cuestiones, debido a la enorme complejidad que presenta el proceso de solicitud de ayudas».

De esta manera, señala que hay expedientes no resueltos cuyas solicitudes datan incluso en el año 2007, mientras que otros, con fecha de solicitud muy posterior, «sí han sido efectivamente resueltos».

José Cholbi también se ha referido al nuevo decreto del Consell, que entró en vigor el 3 de marzo de 2011, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia, respecto del cual, pero dice que al finalizar 2011 no han podido comprobar si ha producido resultados.

Además, incide en que «el atasco que existe no se puede resolver sólo con un nuevo decreto», motivo por el que «la situación de estancamiento aun no ha sido despejado».

La institución valora que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social «haya comenzado a adoptar el criterio que sin duda estableció ya la propia Ley 39/2006; criterio que reiteradamente hemos venido defendiendo y que, posteriormente, ha sido también el mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana»

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