Archivo diario: 30 mayo, 2012

La congelación de las ayudas a los dependientes con grados menos severos dejará a 30.000 personas dependientes desatendidas en toda España

Manuel Mora, de la federación de entidades de discapacitados ECOM; Anna Pérez, de la Fundación Sant Joan de Déu, y Susanna Roig, de la Cruz Roja, han expuesto ante la comisión de Bienestar Social del Parlament, en representación de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, un informe que alerta que recortar la Ley de la Dependencia «acabará incrementando los gastos públicos a medio plazo».

Además, también han denunciado que estos recortes suponen «una vulneración de los derechos de las personas».

Entre otras cosas, el informe advierte de que la congelación de las ayudas a los dependientes con grados menos severos dejará a 30.000 personas dependientes desatendidas en toda España y que vean agravada su dependencia moderada por falta de atención.

«Este aumento de su grado de dependencia acabará generando más gasto público porque engrosarán las listas de personas con dependencia severa con derecho a asistencia», señala el informe.

El recorte de un 19% de los recursos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «abocará a la Generalitat a un escenario de financiación de la dependencia insostenible», ha dicho Susanna Roig, que ha criticado que se haya priorizado la ayuda económica a la prestación de servicios asistenciales.

«No hay que mirar a corto plazo, sino a largo plazo», ha señalado la experta de la Cruz Roja a los diputados de la comisión.

Por otra parte, el recorte de 36 millones de euros en el Plan Concertado «hará que los servicios sociales de los ayuntamientos se queden sin recursos para hacer frente, desde la proximidad, a las situaciones de dependencia de su población».

Y el aumento del copago de algunos servicios de la cartera de servicios sociales hasta el 13% anunciada por el conseller de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, «dificultará aún más el acceso por razones económicas a los servicios y prestaciones que ofrece la ley», según las entidades.

Los tres representantes de la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales, han propuesto como soluciones que se garantice el cumplimiento de la ley en sus plazos y financiación, que se potencien los servicios y actividades de promoción de la autonomía personal y favorecer un trabajo integral con las personas.

También han reclamado mejorar los sistemas de comunicación para poder consultar el estado de los expedientes y reforzar la cooperación de las administraciones con las entidades sociales.

Mora ha propuesto «un modelo de estado social catalán que no deje fuera del sistema a las personas discapacitadas que actualmente están en riesgo de caer en la más absoluta pobreza».