Archivo mensual: mayo 2012

En peligro la viabilidad económica de las residencias de mayores de Lares CV

Según un comunicado difundido este 8 de mayo, la viabilidad económica de las residencias de mayores de Lares CV, la Asociación del sector solidario de la Comunidad Valenciana, vuelve a estar en riesgo. Los centros Lares CV no podrán entrar en el sistema extraordinario de pago de la deuda de las Administraciones con la financiación del ICO debido a que su sistema de cobro es mediante la subvención y éste ha quedado excluido en dicho sistema.
Según esta entidad, tras confirmar con la Conselleria de Bienestar Social esta particularidad, la situación generada coloca en un punto «muy complicado a las residencias del sector solidario, que sigue sin cobrar la subvención de las plazas concertadas desde agosto del 2011, lo que asciende a una deuda total de 5,4 millones de euros (sumando la subvención de las plazas concertadas y las ayudas para infraestructuras de 2010 y 2011)». Asimismo, los centros Lares CV están asumiendo el gasto correspondiente a los meses de este 2012 por las plazas concertadas que supone en total 1,2 millones de euros al mes, valor que también deberá ser abonado en adelante.

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Cómo reducir las sujeciones físicas de los ancianos en las residencias

«Existe un excesivo uso de sujeciones físicas en residencias para adultos mayores», advierte la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) en su Guía para Personas Mayores y Familiares.Suelen utilizarse para prevenir accidentes en personas en riesgo de caerse. Sin embargo varias organizaciones que trabajan con personas de la tercera edad, buscan otras alternativas, pues está demostrado que restringir el movimiento en un adulto mayor conlleva muchos riesgos.

Enrique Vaquerizo, responsable de comunicación de la organización «Amigos de los Mayores», dijo que se debe velar por proteger la dignidad e integridad de las personas de la tercera edad. «Se deben buscar alternativas, que conlleven mayor atención y cariño», puntualizó.

Entre las alternativas recomendables destaca la sensibilización de las personas que atiende a los adultos mayores, el análisis de la situación de cada interno, atención de los familiares y el control de las posturas del dependiente en las sillas o butacas. «Muchas veces es cuestión de que el personal asuma otras alternativas y se sienta respaldado por la familia», recomienda Ceoma.

Uno de cada cuatro

Según el último estudio elaborado por esa organización, «el 25% de los mayores dependientes que viven en residencias, son sometidos a sujeción física». El porcentaje en las casas varía mucho. «Siempre se esgrimen razones de seguridad para los enfermos, muchas veces por cuestión de conveniencia de los cuidadores», apunta Ceoma.

En Cataluña, por ejemplo, uno de cada cinco ancianos que vive en una residencia es sometido a una sujeción física, cifra que empieza a descender gracias a las recomendaciones de la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat.

Según el informe titulado: «Uso racional de las contenciones físicas» la cifra se eleva a un 35,5%en pacientes que padecen alguna demencia.

Pero ¿es recomendable la utilización de esta metodología en adultos mayores? Está demostrado que aquel adulto mayor cuya movilidad se ve restringida se enfrenta una pérdida de autonomía, dignidad y autoestima.

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Familiares y trabajadores afectados se concentran ante el asilo de Pontevedra para protestar contra su cierre

Un grupo de familiares y trabajadores afectados se concentró este lunes ante el asilo de Pontevedra para protestar por la decisión de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de cerrar este centro geriátrico con 120 años de historia. Tras la movilización se celebró una asamblea informativa dentro del asilo.

La corporación municipal mostró su apoyo a los afectados con la presencia de varios concejales de los tres partidos –BNG, PP y PSOE–.

Ante la puerta principal del asilo, algunos de los concentrados acusaban a las monjas de «ocultar la verdadera razón del cierre irrevocable del establecimiento».

Inicialmente, en una tensa reunión mantenida con los familiares de los internos, el abogado contratado por esta comunidad religiosa, Jaime Fernández Martos, aludió a una «profunda reforma» que exigiría la Xunta para mantener abiertas las instalaciones. Sin embargo, la Superiora General de la Congregación, María Purificación Castro Negro, rechazó este motivo en una visita que hizo este fin de semana a Pontevedra desde la casa generalicia ubicada en Valencia.

Según la Superiora la razón estaría en «la falta de vocaciones». No obstante, las protestas durante la movilización de hoy apuntaban a la especulación urbanística.

A este respecto, el portavoz del gobierno local, Raimundo González, informó que el edificio del asilo y los terrenos que ocupar son de «titularidad privada pero constan en el Plan General como un equipamiento socio-asistencial y por lo tanto sólo tendrían cabida equipamientos de carácter privado, no viviendas». El edil añadió que «el edificio no tienen ningún tipo de catalogación que proteja al viejo inmueble».

Por su parte, la concejala responsable de Asuntos Sociales, Carme Fouces, aseguró creer a la Xunta de Galicia «cuando dice que no le ha puesto impedimentos para seguir desempeñando su trabajo». La concejala se refirió a este hecho como un «drama».

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El PRC acusa al Gobierno de tratar a los ancianos de La Pereda como «muebles»

  El PRC ha acusado este lunes al Gobierno de Cantabria de tratar a los ancianos de la residencia de La Pereda, en Santander, cuyo cierre se ha anunciado, como «muebles inservibles» que se trasladan de un sitio a otro, mientras que el PP le ha recriminado que esté creando «inquietud» entre los ciudadanos.

Este cruce de acusaciones se produjo en el transcurso de un debate en el Parlamento en el que el PP hizo decaer una proposición no de ley del PRC, apoyada por el PSOE, en la que se expresaba el rechazo a los recortes en las políticas sociales.

Desde el PRC, Rosa Valdés ha denunciado que las políticas sociales en Cantabria se encuentran «en peligro de extinción» por la «política economicista sin corazón» del PP, al que ha acusado de pretender sólo «privatizar y hacer caja» basando su acción en la «especulación» y la «idea de negocio».

Citando el cierre de la Residencia La Pereda, el «candado» al comedor social de Santoña o la privatización del Centro de Día de Castro, la parlamentaria ha acusado al PP de querer «volver a un sistema de castas», con «parias y ricos», tratando a mayores y usuarios como «muebles inservibles».

«Te saco de este centro y te llevo a otro», ha resumido, calificando esa actitud de «canallada» y avisando de que en el PP son los «principales responsables» de la «quiebra social» con la «gente en la calle» contra sus políticas.

Por su parte, la socialista Dolores Gorostiaga, exconsejera de Empleo y Bienestar Social, ha acusado al PP de querer «volver al viejo modelo de los asegurados», y siendo en Cantabria «los primeros» en aplicarlo «antes incluso de la fecha prevista», en alusión a las tarjetas para inmigrantes.

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La población mundial envejece

El fuerte crecimiento de la población se ha visto disparado en la última década. Si en el año 1800 había 1.000 millones de habitantes, en el año 2000 pasamos a ser 6.000 millones, que se convirtieron en 7.000 a finales del 2011. Además, se prevé que en los próximos 40 años los mayores de 60 años pasen de 605 que había en el año 2000, a 2.000 millones. Es decir más del triple. Dentro de cinco años, por primera vez en la historia de la humanidad habrá más personas mayores de 65 años que niños menores de cinco y se alcanzará una esperanza de vida sin precedentes. Las alarmas demográficas han saltado y la población se pregunta si el planeta está preparado para resistirlo.

Julio Pérez, investigador y científico demógrafo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) de España, afirma: «El planeta no está preparado, somos nosotros los que tenemos que prepararlo para las circunstancias futuras. Y los medios son sobradísimos, nunca ha habido tantos como ahora». Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el siglo XXI, la salud está determinada por los grandes cambios sociales y uno de los principales es el envejecimiento de la población.

Julio Pérez aclara: «Una cosa es la vejez y otra el envejecimiento. Es decir, la gente tiene la salud que tiene cuando llega a los ochenta años por cómo vivió desde el momento en que tiene 24 horas de vida. El envejecimiento es llegar a la vejez de forma activa y saludable».

Si la tasa de personas mayores de 65 años se dispara en detrimento de los niños que nacen, es fácil preguntarse que, en un mundo con un grave problema de recesión económica, cómo se va a poder mantener a esa población en alza demográfica. «Que el envejecimiento se mezcle con el paro es bastante subjetivo. El problema es el paro, que a su vez es un problema de cómo se distribuye la riqueza. Es una situación muy paradójica. Vivimos en una de las sociedades más opulentas que ha visto la historia de la humanidad y, sin embargo, estamos hablando de las dificultades para mantener a las personas mayores», subraya el científico. Además, explica Pérez, «lo que ha cambiado es la eficiencia con la que nos reproducimos. Antes, de los niños que se traían al mundo, la mitad había muerto antes de cumplir 15 años. Por ejemplo en España, en el año 1900, la esperanza de vida era de 34 años, y uno de cada cinco niños habían muerto antes de cumplir uno». Para el demógrafo ese es un gran cambio porque «ha cambiado el papel de la mujer, que se ha liberado de la carga ancestral reproductiva, ha cambiado los roles de género, los lazos familiares y cómo se relacionan».

Pero el demógrafo advierte: «El envejecimiento demográfico no se ha acabado, va a acentuarse más porque la proporción de personas mayores va a seguir en aumento. La OMS alarma sobre este asunto y habla en términos globales, no solo sobre los países occidentales. También alerta del impacto que va a tener el envejecimiento en los países menos desarrollados que no tienen los sistemas básicos que tenemos en los países más ricos».

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Cáritas atiende a casi 500 familias al borde del desahucio

Un total de 470 familias han acudido a Cáritas Diocesana de Barcelona en busca de ayuda para evitar un desahucio inminente desde septiembre.

Este volumen de familias han solicitado ayuda desde la creación del servicio de mediación en la vivienda hace seis meses, ha explicado a Europa Press la responsable de este programa social, Carme Trilla.

«La demanda de ayuda no se frena. El paro está siendo implacable con las familias, que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca y el alquiler y se están viendo empujadas al desahucio», ha lamentado Trilla.

De las 470 peticiones de ayuda recibidas desde septiembre de 2011 hasta marzo de 2012 –65% procedentes de impagos hipotecarios y 35% de alquileres–, Cáritas ha podido resolver un total de 170, quedando pendientes 300 más.

«Lo más preocupante es que no vemos perspectivas de mejora. Es urgente que se tomen medidas para evitar que la gente pierda su techo», ha explicado Trilla, reconociendo que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat están incrementando sus esfuerzos en este ámbito.

De los 170 casos ya resueltos, el 63% han podido mantener su vivienda a través de una reconducción de la deuda y el 37% restante se han visto obligados a buscar otro techo con la ayuda de Cáritas.

«Si la mediación no es suficiente y deben abandonar su vivienda, les ayudamos a encontrar otra más asequible, a dar una fianza si se requiere y a pagar las facturas que necesiten», ha concretado Trilla.

En caso de no encontrar una vivienda alternativa para recolocar a la familia desahuciada, la entidad también dispone de una bolsa de 30 pisos de titularidad pública en régimen de alquiler, una cifra que se prevé que incremente con donaciones de otros promotores y entidades públicas, así como nuevas cesiones por parte del Govern.

Cruz Roja impulsa las Unidades Móviles de Emergencia Social para apoyar a los más vulnerables

  Cruz Roja ha apostado por impulsar las Unidades Móviles de Emergencia Social para apoyar a los más vulnerables –que, «en un número creciente», viven en la calle– con «café, comida, abrigo, materiales de aseo e higiene, atención sanitaria y escucha, mucha escucha», según ha explicado la organización en un comunicado.

Las UMES están constituidas por un equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, técnicos asistenciales, grupos de voluntarios capacitados especificametne para esta actividad y conductores.

Actualmente, Cruz Roja cuenta con este dispositivo en una veintena de provincias españolas, pero el reto es hacerlo extensible a todas las regiones con necesidades. Este tipo de intervenciones son algunas de las medidas que Cruz Roja quiere reforzar con el llamamiento de ayuda lanzado para atender a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad.

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Directores de geriátricos aseguran que la contención física de ancianos evita lesiones

  La Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha destacado este viernes que la contención física a ancianos es un tratamiento medico común que permite evitar lesiones, después de que haya trascendido un informe de la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat que destaca que el 20% de los ancianos asistidos en geriátricos viven bajo sujeción física.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de Ascad, Iñaki Antón, ha remarcado que «las contenciones físicas son un tratamiento médico, y como tal, sigue todos los protocolos establecidos».

Las contenciones físicas permiten «la prevención de las consecuencias derivadas de un descontrol por parte del paciente que pueda implicar traumatismos severos o agresiones», ha añadido, recordando la existencia de intrusismo laboral en este ámbito.

Para los responsables de los geriátricos, el uso de términos como ‘atadura’ para referirse a este tratamiento médico es «muy peyorativo» e induce a olvidar que se lleva a cabo teniendo siempre en cuenta al dignidad del anciano.

Antón ha participado este jueves y este viernes en dos jornadas de la XIV FiraGran celebrada en Barcelona, dónde se ha reflexionado sobre el presente y el futuro del sector.

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Ateneo Gerontológico

El grupo de comunicación entremayores celebrará el próximo 28 de mayo en el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid el Ateneo Gerontológico.

El grupo de comunicación entremayores se suma a la celebración del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional con la puesta en marcha de un foro de diálogo abierto a las personas mayores, sus cuidadores, políticos y los profesionales del sector sociosanitario al que se ha denominado Ateneo Gerontológico.

El director de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca Morillo, participará, el próximo 28 de mayo, en este encuentro y abordará el tema ‘Experiencias y estrategias prácticas en la Unión Europea’.

Programa del encuentro.

Más información en la web de entremayores.

Catalunya aumenta el copago en dependencia a partir de verano

Conseller Cleries

Conseller Cleries

La Generalitat incrementará a partir de este verano el copago a los beneficiarios de la Ley de dependencia, pasando del 9,5% actual al 12%.

En una entrevista a Europa Press en febrero, el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ya avanzó que la Generalitat estudiaba aumentar el copago en la Ley de dependencia pasando del 9% actual a un máximo del 13%, quedando exentos aquellos beneficiarios que no tengan recursos económicos ni patrimonio.

Cleries ha asegurado este jueves en el salón FiraGran de L’Hospitalet de Llobregat que en el plazo de un mes se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya una modificación en el copago de la Ley de dependencia.

«El copago en Catalunya no llega al 10% y queda por debajo de lo que prevé la Ley de dependencia», que es del 33%, ha manifestado Cleries, que ha explicado que si ahora está en torno al 9%, se podrá llegar al 12 ó 13%.

El conseller ha aclarado que se analizará la capacidad económica individual de cada beneficiario «sin tener en cuenta los recursos de la familia, de los hijos o de los nietos».

Ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ya que «la gente que no tiene nada, no tendrá que pagar nada porque se lo pagará la Generalitat, y el resto pagará en función de su disponibilidad».

Cleries ha explicado que hay «personas que cobran otras rentas además de la pensión o que tienen mucho patrimonio» que deberán asumir un mayor copago de los servicios.

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Un centenar de expositores promueven un envejecimiento «activo» en Firagran

Conseller Cleries

Conseller Cleries

El salón Firagran ha abierto sus puertas este jueves en el recinto de La Farga de L’Hospitalet de Llobregat donde se reúnen un centenar de expositores con productos, servicios y actividades dirigidos a las personas mayores y que fomentan un envejecimiento activo.

El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, y la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, han inaugurado el certamen, durante el que se organizarán 400 actividades entre sesiones de gimnasia, revisiones de salud, consejos de seguridad y conciertos de corales.

El salón, que prevé la visita de 120.000 personas hasta el domingo, cuenta con la participación de diferentes instituciones como la Generalitat, la Diputación de Barcelona, la Agencia Catalana del Consumo, el Ayuntamiento de Barcelona, así como de empresas y de entidades que trabajan en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

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Cataluña garantizará la atención sanitaria a inmigrantes ‘sin papeles’ por ser «ineludible»

 La Generalitat catalana garantizará la atención sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, pese al decreto del Gobierno central que prevé que los extranjeros en situación irregular dejen de tener tarjeta sanitaria aunque estén empadronados, al considerar que se trata de una cuestión «ineludible».

«Nosotros, en Catalunya, garantizaremos la salud pública y la atención primaria a todos los inmigrantes. Es ineludible», ha asegurado la secretaria de la Conselleria de Salud de la Generalitat, Roser Fernández, en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press.

Fernández ha asegurado que existe un movimiento de inmigrantes que se trasladarían a otras comunidades autónomas que no apliquen la medida, algo que considera que es «lo contrario» de lo que se perseguía.

«Nosotros damos prioridad a dar asistencia a todos los que lleguen a Catalunya y también a los ciudadanos que ya están aquí. Es un problema de salud pública básica», ha precisado.

A pesar de ello, ha apostado por la vía del diálogo con el Gobierno, y ha apostado porque el anuncio hecho por el Gobierno se concrete por la vía del proyecto de ley y no del real decretro, con el objetivo de introducir enmiendas durante el trámite parlamentario.

Posteriormete a estas declaraciones, y con escaso margen de diferencia, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualad, Ana Mato, ha aclarado en otra entrevista que, aquellos inmigrantes en situación irregular infectados por el VIH o enfermos de cáncer, tendrán la asistencia sanitaria «cubierta» a través de convenios entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población.

«Está previsto en el marco del desarrollo reglamentario. Todas las CC.AA. tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en Atención Primaria», por tanto, según ha apuntado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, «no va a quedar nadie desatendido en España».

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Crean el primer sistema de planificación y evaluación de los enfermos crónicos para centros sanitarios

 El Instituto Vasco de Innovación Sanitaria (O+Berri), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y MSD han creado sistema ‘IEMAC 1.0’ para favorecer la panificación y evaluación de los centros y organizaciones sanitarias en el cuidado y atención de los enfermos crónicos.

El proyecto ha nacido como consecuencia del elevado número de personas con enfermedades crónicas como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de la cronificación de ciertas patologías agudas gracias a los avances producidos en la salud y en la atención sanitaria. Se calcula que en España casi 20 millones de personas padecen problemas crónicos de salud como, por ejemplo, ansiedad, osteoporosis, migrañas o bronquitis crónica.

Por ello y por el impacto social y económico que generan este tipo de pacientes, según ha explicado la gerente de Políticas Públicas de MSD, Paloma Fernández, resulta necesario reorientar el sistema de salud hacia modelos internaciones que han demostrado ser más eficientes en gestión de estas enfermedades.

Actualmente en España son «pocos» los servicios regionales, centros u organizaciones de salud que los hayan implementado de forma sistemática por lo que se requiere desarrollar un instrumento que facilite la evaluación e implementación de estos modelos internacionales, como por ejemplo el ‘Chronic Care Model’, en España.

«El paciente crónico vive las 24 horas del día con este problema y el modelo de servicios del sistema sanitario no ha cambiado», ha recalcado Paloma, para quien resulta «imprescindible», a la hora de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario español, el desarrollo de nuevas formas de gestión de los tratamientos de los pacientes crónicos para lograr crear un sistema «más eficiente» en el que se eviten duplicidades de pruebas y visitas «ineficaces» a los hospitales.

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Crean una campaña para reducir el uso de ‘bragapañales’ y promover la continencia urinaria en las personas mayores

  El Grupo Geroresidencias, especializado en la atención de mayores en residencias, centros de día y atención domiciliaria, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología y la compañía biomédica Pfizer, han puesto en marcha una campaña para reducir el uso de los ‘bragapañales’ y promover la continencia urinaria en las personas mayores.

Estas medidas se integran dentro de la iniciativa ‘2012,12 metas’, iniciada por el Grupo Geroresidencias, y que está encaminada a promover la autonomía de las personas de edad avanzada en este y otros aspectos de su cuidado y salud.

De esta forma, la iniciativa, enfocada a todos los centros de mayores y residencias, usuarios, familias y a la sociedad en general, apuesta por la defensa de los derechos y las libertades de las personas mayores, por el respeto a su individualidad y por la promoción de su autonomía.

Para ello, la campaña pretende lograr un diagnóstico y un tratamiento adecuado en función del tipo de incontinencia, adecuar la utilización de dispositivos para tratar la incontinencia a las necesidades reales de las personas, evitar el uso del ‘bragapañal’ como medida de conveniencia para el cuidador, mejorar la imagen que la persona mayor percibe de sí mismo en estas situaciones y dar calidad de vida a los años ante la aparición de la incontinencia.

En este sentido, el director médico de Pfizer, Juan Álvarez, señala que la incontinencia urinaria no debe ser entendida como un proceso «normal e inherente al envejecimiento», sino como una condición que, en muchos casos, se puede «evitar o controlar con una alimentación adecuada, la práctica de ejercicios de suelo pélvico o un tratamiento farmacológico apropiado».

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El alcalde de Soria baraja la posibilidad de «revisar los privilegios» de ciertos estamentos como la Iglesia

Valladolid, Ávila, Burgos y Segovia ya han descartado aplicar medidas como el cobro del IBI y el Gobierno no ve razón «fundada» para hacerlo

  Los ayuntamientos de Soria y León están estudiando la posibilidad de imitar a los de Zamora, Palencia y Salamanca en Castilla y León y empezar a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia, mientras que Segovia, Valladolid, Ávila y Burgos lo han descartado por el momento.

Por un lado, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha explicado que el Consistorio baraja la posibilidad de «revisar los privilegios» de ciertos estamentos, como la Iglesia, ya que ve «legítimo» un cambio en la normativa que exime a esta institución. Es más, ha precisado que si hay que hacer un «esfuerzo especial por eximir de pagos a ciertas administraciones, habrá que hacerlo con quienes más lo necesitan».

En cuanto a León, el portavoz del equipo de Gobierno, José María López Benito, ha indicado que el Ayuntamiento está realizando un estudio para valorar la incorporación al padrón de todos los bienes inmuebles que hay en la ciudad para que el IBI sea abonado legalmente por todos.

No obstante, ha precisado que el citado estudio no se realiza específicamente con vistas a los bienes de la Iglesia, sino con independencia de quién sea el titular, y ha concretado que no hay ninguna decisión tomada por el momento, aunque no se descarta el cobro a la Iglesia.

De este modo, las dos ciudades podrían pasar a engrosar la lista de los ayuntamientos castellano-leoneses que ya reclaman a la Iglesia el pago del IBI. Zamora ha anunciado este martes que ha actualizado el padrón para cobrar tanto este impuesto como la tasa de basuras a la Iglesia.

Según ha explicado el Ayuntamiento zamorano, «no hay ningún cambio en el IBI», puesto que la Ley de Mecenazgo y el Concordato con la Santa Sede dicen que algunos templos «están exentos del pago», si bien ha reconocido que lo que se ha realizado ha sido una revisión y actualización de los padrones y los templos que no se incluyan en la normativa pagarán el impuesto.

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Más de 275.300 dependientes no reciben la prestación a la que tienen derecho

   Un total de 275.330 personas se encuentran actualmente en el llamado ‘limbo de la dependencia’ en España, ya que la Administración ha reconocido su derecho a recibir una prestación o servicio por su condición de dependientes pero a 1 de mayo de este año, no percibían ninguna ayuda.

Así se desprende de la estadística oficial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) actualizada a 30 de abril y publicada este martes, según la cual 1.033.776 personas han recibido un dictamen que dice que tienen derecho a prestación, pero son 758.446 las que lo perciben.

Según los mismos datos, el grupo más amplio es el que conforman los dependientes severos, que suponen el 30,45 por ciento del total. Los grandes dependientes son el 27,51 por ciento y, los dependientes moderados, grupo al que por orden del Gobierno no se incorporarán nuevos beneficiarios hasta 2013, suponen el 26,28 por ciento del total. En la estadística figuran, además, 238.806 sin grado asignado.

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El Síndic de Greuges denuncia el plazo «muy desigual» en la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia

  El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, considera «preocupante» que, transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, «sigamos desconociendo los criterios que se aplican en el orden de incoación de los expedientes».

Al respecto, asegura que esto determina «un horizonte temporal muy desigual en la tramitación» de los mismos, lo que genera a las personas en situación de dependencia, «un comprensible sentimiento de inseguridad jurídica».

Cholbi, señala en el informe de la institución correspondiente a 2011, que ha recomendado «reiteradamente» a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que, «sin más dilación, proceda a resolver los expedientes de referencia, reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención, correspondan».

El defensor del pueblo valenciano asegura que «la realidad ha demostrado» que, «aún cuando la Conselleria hubiese querido que el criterio utilizado para resolver los expedientes fuese el de la fecha de entrada, éste no se ha aplicado, entre otras cuestiones, debido a la enorme complejidad que presenta el proceso de solicitud de ayudas».

De esta manera, señala que hay expedientes no resueltos cuyas solicitudes datan incluso en el año 2007, mientras que otros, con fecha de solicitud muy posterior, «sí han sido efectivamente resueltos».

José Cholbi también se ha referido al nuevo decreto del Consell, que entró en vigor el 3 de marzo de 2011, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia, respecto del cual, pero dice que al finalizar 2011 no han podido comprobar si ha producido resultados.

Además, incide en que «el atasco que existe no se puede resolver sólo con un nuevo decreto», motivo por el que «la situación de estancamiento aun no ha sido despejado».

La institución valora que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social «haya comenzado a adoptar el criterio que sin duda estableció ya la propia Ley 39/2006; criterio que reiteradamente hemos venido defendiendo y que, posteriormente, ha sido también el mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana»

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Clece y Fundación Manpower firman un acuerdo para promover la inserción laboral de colectivos con riesgo de exclusión

Clece y Fundación Manpower han firmado un convenio de colaboración para la inserción laboral de personas con discapacidad y colectivos en situación de riesgo de exclusión social, según informan en un comunicado.

En virtud de este acuerdo, Clece informará periódicamente de los puestos vacantes que se generen en su organización a Fundación Manpower para que ésta realice un proceso de selección entre los colectivos que atiende y, en la medida de lo posible, contribuya a su inserción laboral.

El primer proyecto del convenio se centra en la selección y contratación de diez personas para trabajar en una residencia para la tercera edad que Clece está construyendo en Vallecas (Madrid) por lo que Fundación Manpower se encargará de seleccionar y formar a los futuros trabajadores.

Los perfiles requeridos son de auxiliar de geriatría, personal de limpieza y de atención a domicilio, y se cubrirán con parados de larga duración, mujeres mayores de 45 años, personas con discapacidad o procedentes de otros colectivos en riesgo de exclusión. Fundación Manpower también proporcionará las herramientas y la formación precisas, con el objetivo de que los perfiles seleccionados se ajusten al máximo al puesto de trabajo.

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