Archivo diario: 6 junio, 2012
Expertos advierten que Galicia no gestiona «bien» los recursos en geriatría
Expertos de las Sociedades Española y Gallega de Geriatría y Gerontología han avisado de que Galicia, pese a ser «la región más envejecida del mundo», no gestiona «bien» sus recursos en geriatría y ha ejemplificado con la formación de especialistas. Además, el presidente de la organización española, Pedro Gil, ha esgrimido que los políticos «saben bien de recortar, pero no de aplicar adecuadamente los recursos».
En la presentación de una cita congresual que reúne en la capital gallega a más de 1.000 profesionales y expertos del área de atención a las personas mayores, Gil ha aludido a la reducida capacidad formativa de la Comunidad y ha explicado que sólo cuenta con dos hospitales con servicio de geriatría, el Meixoeiro de Vigo y el Lucus Augusti, de Lugo, formando «sólo dos o tres residentes al año».
Acompañado por el presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, Andrés Vázquez, y del coordinador del comité científico y tesorero de la homóloga estatal que él mismo preside, José Antonio López Trigo, Gil ha explicado que se busca que las citas congresuales se produzcan en comunidades «en las que se necesita un empujón» y ha subrayado que, además, Galicia «está por delante de lo que va a ocurrir».
«Se espera que para el año 2050 España tenga un 32 por ciento de envejecimiento y eso en Galicia ya se ha alcanzado», ha esgrimido el experto, para añadir que, en consecuencia, la comunidad «puede ser un buen modelo» para ver cómo afrontar el envejecimiento. Y es que, ha añadido, en la autonomía hay 1.200 centenarios. Además, según Vázquez, hay ayuntamientos en los que el 80 por ciento de la población supera los 70 y, en casos puntuales, incluso los 80 años.
Con estos datos, Gil ha defendido que la atención a estas personas «en un modelo asistencial de geriatría» –en el que se integran no sólo médicos, sino también psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales, por ejemplo– es «más eficaz y eficiente», pero también «más barato». De hecho, ha abogado por caminar hacia un modelo «no de coordinación, sino de integración sociosanitaria». «Hagámoslo sin miedo a equivocarnos», ha pedido.
PREOCUPACIÓN POR EL RURAL
En el caso gallego, tanto Pedro Gil como Andrés Vázquez han expresado su preocupación por las condiciones de vida y la atención a los mayores residentes en el rural. Así, Vázquez ha incidido en la «gran desertización poblacional» que hay en Galicia y ha constatado que, en contra de lo que sucede en el contexto europeo –según ha corroborado López Trigo–, en Galicia y España se tiende a intentar «paliar» los efectos «de la falta de previsión».
«Se están haciendo cosas, pero hay mucho pendiente», ha constatado Vázquez, quien ha llamado a preguntarse, «cuál es el problema de la infravivienda» en el rural o como afectaría a los ancianos con pensiones más bajas «una subida de la luz o del IVA». «No pretendemos medicalizar el envejecimiento y no decimos que los mayores estén mal atendidos, sino que pueden estar mejor», ha añadido López Trigo.
A modo de ejemplo, se ha referido a un anciano que vive en una aldea y que está «muy a gusto» en su casa. «Pues que siga allí, pero debe tener unos mínimos garantizados, como la luz, el agua y las comunicaciones básicas», ha aseverado el experto, antes de insistir que éste es el camino que se está recorriendo en Europa.
GESTIÓN ADECUADA DE RECURSOS
Preguntado por los efectos de los recortes de las administraciones públicas con motivo de la crisis, Andrés Vázquez ha rechazado utilizar este término y ha optado por emplear el de «aumentos de coste», para subrayar que «afectan siempre a la población más desfavorecida» y ha hecho hincapié en que las pensiones gallegas son «las más bajas de España».
A su vez, Gil ha defendido que se pueden lograr ahorros más elevados mediante una gestión «adecuada» de los recursos que de los «recortes». En el caso de los fármacos, por ejemplo, ha señalado que aplicar los «criterios europeos» de prescripción para la población anciana permite ahorrar «más» que obligando a este colectivo a «pagar un porcentaje» de los medicamentos.
«Utilícese el recurso, pero adecuadamente», ha demandado el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), quien ha indicado que «los políticos saben bien de recortar, pero no de aplicar adecuadamente los recursos». Hacerlo permitiría, ha alegado, reducir el gasto a la vez que se «aumenta la calidad del servicio».
LEY DE DEPENDENCIA
Sobre la Ley de Dependencia, tanto Gil como Vázquez han recurrido a la ironía para apuntar que esta norma «es muy gallega, es decir, depende». «Depende de si sube o si baja, del presupuesto específico de un año concreto…», ha apuntado el portavoz de la Sociedade Galega de Xerontoloxía, antes de defender que, en todo caso, «hay que dejarla vivir».
«Una ley tiene que respirar y a la de Dependencia se le ha pedido una inmediatez tremenda. Hay que dejarla evolucionar», ha esgrimido, al tiempo que ha alertado de que «nació con un procedimiento administrativo muy engorroso» y con un desarrollo económico que «no está claro». En este asunto incidirá, ha subrayado, una de las 12 guías que se presentarán en el congreso: ‘Las 101 dudas más frecuentes sobre la Ley de Dependencia’.
Cada vez más jubilados mantienen a sus hijos o nietos en paro gracias a su pensión
El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha advertido este martes de la necesidad de «blindar» el gasto en determinados servicios sociales ante el riesgo de que «se cronifiquen» las desigualdades entre los españoles y se produzca un empobrecimiento mayor de la sociedad.
Así lo han señalado Peña y el profesor y consejero Fernando Valdés durante la presentación de la Memoria del CES de 2011, en la que el organismo alerta de que la crisis se está traduciendo en España en un «claro empeoramiento» de las condiciones de vida de la población, el aumento de la desigualdad y el debilitamiento del Estado de Bienestar, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recuperación de la economía española.
Peña ha apuntado que la mitad de los hogares españoles vive ahora peor que antes de la crisis y que ésta ha obligado a las familias a vivir de otra manera, aplazando las decisiones de gasto y abandonando en muchos casos el uso de los servicios privados para acudir a los públicos.
Este repunte del uso de lo público coincide con una menor dotación presupuestaria para estos servicios, por lo que Peña ha avisado de que hay que tener en cuenta de dónde se recorta para evitar «daños irreparables».
El presidente del CES ha explicado que la pobreza en España se diferencia de la de sus socios europeos en que avanza a un ritmo más rápido y en que su distribución es muy desigual, de tal forma que la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas es de siete veces en España y de cinco en Europa.
Peña ha argumentado que casi 30 millones de personas reciben en España algún tipo de ingreso: los trabajadores -que cobran su salario-, los pensionistas de contributivas, los de no contributivas, los perceptores de prestaciones por desempleo -que rondan los tres millones- y los 750.000 beneficiarios con los que cuenta el sistema de dependencia. De esos casi 30 millones, casi la mitad perciben sus ingresos desde las arcas públicas, por lo que Peña ha señalado que, en una crisis como la actual, ese gasto debe «blindarse».
Por ejemplo, en la Memoria del CES, el organismo afirma que, teniendo en cuenta que la tasa de paro juvenil española duplica a la europea y que la tasa de abandono escolar se encuentra en «niveles preocupantes», sería «imprescindible» que el esfuerzo presupuestario en educación no se redujera.
UNA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL «PAVOROSA».
Para Peña, la situación en la que se encuentra España es «pavorosa» y se puede agravar más si se continúa en la tónica de políticas contractivas y procíclicas, pues no han servido para frenar la crisis. En su opinión, lo que necesita España es entendimiento político y compromiso social. «El CES no es un organismo que haga recetarios ni yo estoy aquí para enmendar la plana, pero la situación es pavorosa y hay que chequearla entre todos», ha dicho.
La Memoria del CES radiografía una España en muy mala situación social y económica, con cada vez más jubilados manteniendo a sus hijos o nietos en paro gracias a su pensión, con un paro de larga duración que afecta al 30% de los desempleados y cuyas probabilidades de salir de él son casi cero, y con un consumo «en quiebra», hasta el punto de que el año pasado sólo aumentó el gasto en televisión.
El mercado laboral tampoco da muestras de recuperación y la pérdida de empleo de esta crisis triplica la que se produjo en la crisis de finales de los 70 (200.000 empleos menos por año) y multiplica por más de dos la destrucción de empleo de la crisis del 94 (300.000 empleos menos anuales).
Los recortes de Junta de Andalucía dejan las retribuciones de los trabajadores de dependencia en menos de 700 euros
La portavoz del PP-A y diputada autonómica, Rosario Soto, y el portavoz de Función Pública del PP-A en el Parlamento, Rafael Ruiz Canto, han denunciado este martes que los recortes del Gobierno andaluz dejan las retribuciones de los trabajares en el área de la dependencia «en unos parámetros de precariedad, por debajo incluso de los 700 euros al mes, obligándoles a reducir el número de horas de atención a la personas con dependencia en Andalucía».
Así se han pronunciado Soto y Ruiz Cantos, tras mantener esta mañana un encuentro con los representantes de los trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta, que este martes inician movilizaciones contra los recortes de la Junta, y a la que también han asistido el secretario general de CONFIA-CCOO, José Antonio Presgo, y el secretario general de la sección sindical de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en CCOO, Ricardo Núñez.
La atención domiciliaria suple en Osakidetza el equivalente a 547 camas de hospital
La asistencia sanitaria en el domicilio del paciente constituye una prestación extendida por toda la geografía española (salvo alguna autonomía) y que, en el caso del Servicio Vasco de Salud, descongestiona los centros al atender el equivalente a 547 camas hospitalarias (el 11 por ciento de la Atención Especializada autonómica), según ha explicado a Publicación de Directivos de la Salud el gerente del Hospital de Cruces (el primer centro público en derivar enfermos a la asistencia en el hogar en el año 1983), Gregorio Achútegui.
Además, con el tiempo, la comunidad autónoma vasca ha logrado que el servicio sanitario domiciliario (“el hospital en casa”, según expresión acuñada por el propio Achútegui) absorba a pacientes que no han llegado al nivel hospitalario, sino que han sido derivados desde su centro de salud en Atención Primaria (para ser precisos y de acuerdo con la fuente consultada, el 21,5 por ciento del total, “cuando, al principio, la mayor parte procedía de los hospitales de agudos”).
En la actualidad, el 94 por ciento de la población vasca disfruta de la atención hospitalario en domicilio o también denominada “tercer nivel asistencial”, tal como ha expuesto el propio gerente del Hospital de Cruces durante las Primeras Jornadas Sedisa-Fenin celebradas este martes en Valencia y que ha inaugurado el consejero de Sanidad autonómico, Luis Rosado. Preguntado por el perfil del paciente que recurre al denominado “tercer nivel asistencial”, Achútegui respondió que, aunque diverso, está identificado con meticulosidad y, su atención, “muy protocolizada”. “En la cartera de servicios, se sabe de qué clase de beneficiarios se trata, y, además, se busca el manejo y la mejora en un tiempo corto; de hecho, la media de estancia oscila entre 20 y 15 días por paciente”, aclaró. Asimismo, aseguró que “la satisfacción de estos usuarios es la más alta en las mediciones que se llevan a cabo en los diferentes niveles asistenciales, pues llega al 85 por ciento (más que en los hospitales y que en Atención Primaria) y, además, acarrea un coste que es, aproximadamente, un tercio de lo que costaría el ingreso en el hospital de agudos de ese paciente”.
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