Archivo diario: 19 julio, 2012
Las personas mayores, las más descontentas con su calidad de vida
Las personas mayores son el grupo de población que se muestra más descontento con su nivel de calidad de vida, según se desprende de los resultados del primer Estudio sobre calidad de vida percibida realizado por el Instituto de Biomecánica (IBV) en España.
Los mayores valoran con un 6,6 sobre 10 el nivel de calidad de vida que tienen, mientras que si cogemos al conjunto de la población española la percepción aumenta hasta un 7, cuatro décimas por encima.
El estudio partió de una encuesta realizada entre mayo de 2011 y mayo de 2012 que ha permitido conocer aspectos relacionados con la salud y la condición física, las relaciones interpersonales, el rendimiento en el trabajo, el tiempo libre o la alimentación de la población española.
El porcentaje de personas que considera que su calidad de vida es buena o muy buena se reduce claramente con la edad: así es muy buena para el 80% de los menores de 15 años, para el 73% de los jóvenes entre 16 y 29 años, mientras que entre los 45 y 64 años baja al 70,2% de los encuestados y en los mayores de 65 años hasta el 62,4%.
Las personas mayores tienen una peor percepción de su salud, de las relaciones personales, de la seguridad y el confort del hogar así como del entorno en el que viven.
Entre los aspectos negativos que determinan el bienestar de los mayores destacan los relacionados con la calidad del sueño, mejorable para el 46% de los encuestados, o la necesidad de conocer gente nueva (52%) y de divertirse más (49%).
En cambio, el estrés que es la principal amenaza para la calidad de vida del 70% de la población española en su conjunto, en el caso concreto de los mayores mejora considerablemente dado que solo se sienten estresados el 46%. Llama la atención que el 80% de la población española manifiesta interés por aprender cosas nuevas, aspecto también muy relevante para el 70% de los mayores.
Además, los mayores son los que se sienten más inseguros dentro de casa. Un 31% cree que es probable que tenga algún accidente en el hogar como golpes, caídas o resbalones; un porcentaje que en la media de la población española se sitúa en el 15%. No abandonamos el hogar porque la accesibilidad es otro aspecto peor valorado por los mayores con respecto al conjunto de la población, al considerar que es mejorable el acceso y la movilidad en su casa para el 19% de los mayores frente al 7% de la media.
La Xunta discrepa de «la forma» y del «fondo» de los recortes del Gobierno central en dependencia
La consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, ha reconocido que no puede estar de acuerdo ni con «la forma» en la que el Gobierno central ha decidido hacer nuevos recortes en los fondos que destina a las comunidades para la atención a los dependientes, ni con «el fondo», que supone un recorte este año de 21,5 millones de euros en las transferencias que recibe Galicia para afrontar las prestaciones de la Ley de Dependencia.
Durante la firma de un convenio de colaboración en materia de servicios sociales con la Diputación de Orense, Beatriz Mato se ha quejado de que el recorte del 13 por ciento de las transferencias del nivel mínimo que recoge el real decreto del 13 de julio «no fue comunicado como debería» a las comunidades autónomas, puesto que no se explicó en el Consejo Territorial y fue publicado directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
«De forma no puedo estar de acuerdo con ese ajuste y de fondo, evidentemente, tampoco», ha admitido la responsable de los servicios sociales autonómicos. Al respecto, ha reprochado que Galicia «ya lleva el peso más importante de la atención al sistema de dependencia», al asumir «todos los gallegos» el 70 por ciento de la financiación, por sólo el 30 por ciento que afronta el Estado.
Con los nuevos recortes, las arcas autonómica acabarán por asumir aproximadamente un 77 por ciento de los costes, frente al 23 por ciento del Estado, mientras que la ley apostaba por equilibrar el reparto de la financiación en el entorno del 50 por ciento para cada administración.
Al último ajuste decidido por el Gobierno de Mariano Rajoy, que en Galicia supondrá un recorte de 4,5 millones de euros, hay que sumar que ya se había eliminado el nivel acordado, lo que ya había significado una caída de 17 millones en la aportación del Estado a la atención a la Dependencia en este ejercicio, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Xunta de Galicia.
«MEJOR COMPORTAMIENTO» DEL ESTADO
Por consiguiente, Beatriz Mato reclama del Estado «un mejor comportamiento» con las comunidades que, como Galicia, apuestan por implantar la Ley de Dependencia mediante la prestación de servicios «de calidad», frente a aquellas que dan pagas a familiares, un sistema más barato. De hecho, en Galicia el 63 por ciento de los dependientes son atendidos por profesionales o en un centro de día o residencia y apenas el 30 por ciento por una persona cercana que percibe un subsidio.
Ante esta coyuntura, la consejera de Bienestar ha retomado su demanda de que se haga realidad de forma inmediata, el próximo mes de agosto y no en enero del 2013, la ponderación económica positiva sobre la prestación de servicios, frente a las pagas a familiares.
Pero además, el Gobierno gallego reclama que la ponderación no sea gradual en cinco años, como ha aprobado el Ministerio de Sanidad, sino efectiva en su integridad desde su puesta en marcha. «Esta medida es absolutamente necesaria para esta comunidad, deberían ponderar más a Galicia por prestar más servicios frente a comunidades que recurren a las pagas simplemente por criterio económico. Esta demanda la hice y la mantengo y volveré a darle traslado al Ministerio», ha aseverado Mato.
Pese a los reproches a un gobierno central del mismo signo político que el de Galicia, Beatriz Mato ha reconocido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «dio un paso adelante» al asumir una reforma de la Ley de Dependencia que juzga «absolutamente inaplazable y necesaria» porque esta norma nació hace cinco años «sin financiación». «No es una ley viable, en el sentido de que no le da respuesta a los dependientes de toda España, a los derechos que se recogen», ha puntualizado.
Prejuicios y certezas a cerca de las unidades de convivencia para personas con dependencia
Por Pilar Rodríguez, directora de la Fundación Pilares
Desde la década de los 80 del siglo pasado contamos con evidencia científica suficiente que describe los efectos negativos sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven en residencias de tipo institucional. Todavía en 2009 un informe de la Unión Europea volvía a advertir de las consecuencias para las personas que continúan en estos establecimientos: despersonalización en el trato, rigidez en las rutinas cotidianas, aislamiento y segregación social, distanciamiento entre el estatus de profesionales y el de residentes, pérdida de oportunidades para tomar decisiones, etcétera.
No es extraño que la imagen social de las residencias tradicionales continúe siendo negativa y que los potenciales destinatarios de las mismas y sus familias se resistan a considerarlas como posibilidad deseable, declarando sistemáticamente su apego, vinculación y deseo a permanecer viviendo en su casa incluso en situación de grave dependencia. Pero, en muchas ocasiones esta preferencia no es posible de satisfacer por muchos recursos humanos o tecnológicos que se inviertan en la atención domiciliaria: cuando, por ejemplo, se tienen deterioros cognitivos y no se cuenta con suficiente apoyo familiar es preciso (y lo será cada vez más en el futuro) recurrir a alojamientos colectivos en los que se garanticen cuidados permanentes.
Lo que sí es posible, como se realiza en la mayor parte de los países de la OCDE, es intentar que las residencias evolucionen hasta parecerse lo más posible a un hogar y que puedan llegar a ser percibidos como lugares deseables y atractivos para vivir. Se trata de ofrecer espacios en los que, prestándose una atención de calidad, se garantice al tiempo la salvaguarda y el respeto absoluto de la dignidad, la autonomía y el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones y a seguir ejerciendo control sobre su vida.
Las unidades de convivencia para diez o doce personas son una alternativa plausible para acercarse a este anhelo y resultan una solución factible tanto para nuevos edificios como para aquellos equipamientos existentes cuyas características arquitectónicas lo permitan. Porque optar por el cambio de modelo no significa invalidar nuestro parque residencial, sino apostar por la introducción de mejoras e innovaciones tanto en condiciones ambientales como en las formas de intervenir y en el sistema organizativo.
Existen interesantes iniciativas en nuestro país que apuestan por el cambio de modelo en la atención a las personas que requieren apoyos. Destacan las que se promueven por los responsables políticos de País Vasco y Castilla y León. En ambos territorios se han impulsado como proyectos piloto, con muy buenos resultados de evaluación, la creación de unidades de convivencia dentro de residencias preexistentes.
Resulta patente, en consecuencia, que algunas de las declaraciones que se realizan con intención descalificatoria de estas iniciativas carecen de base científica y muestran gran desconocimiento de la realidad internacional. Se dice, por ejemplo, que se trata de soluciones para personas que no están en situación de dependencia, cuando lo cierto es que es precisamente para ellas para las que se conciben, habiéndose obtenido excelentes resultados de evaluación que pueden ser consultados en las revistas científicas de impacto. También se argumenta que estas unidades solo funcionan en Suecia, cuando es el modelo generalizado en todos los países del norte de Europa, habiéndose desarrollado también en Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia… Finalmente, se manifiesta que su coste es inasumible, desconociendo los estudios de coste-efectividad que ponen de relieve sus buenos resultados en la consecución de objetivos y en las eficiencias que producen.
La crisis económica que atravesamos debe considerarse una oportunidad y no una excusa para demorar o tratar de evitar este proceso de avance innovador hacia una atención más digna para las personas que se encuentran en situación de dependencia. Y, afortunadamente, la realidad nos muestra que ese futuro esperanzador se acerca, ojalá que de manera imparable.
La Plataforma por las personas dependientes muestra su «luto» por la «muerte del espíritu de la ley de Dependencia»
La Plataforma para la defensa de los derechos de las personas con dependencia (Paddep) ha mostrado su «luto» por «la muerte del espíritu de la Ley de Dependencia» con la «reforma terminal de la Ley de Autonomía Personal», que es a su juicio un «finiquito de derechos y una voladura de garantías que obvia el grave impacto humano y social».
Tras criticar que la forma se lleve a cabo a través de Real Decreto y no proyecto de ley, la Plataforma ha apelado al Parlamento de Navarra para que actúe en defensa de los ciudadanos con dependencia, «activando el marco competencial y fiscal de la Comunidad foral para hacer frente a la responsabilidad pública sobre los más vulnerables».
Ha criticado que la reforma se ha materializado «por la gatera», «sin exposición previa, ni opinión de afectados y agentes sociales, sin ninguna oportunidad de debate parlamentario, a golpe de decretazo».
A su juicio, «los gobiernos de Navarra y del Estado, por la vía de abruptos recortes, han finiquitado derechos y garantías, tachándolos del compromiso presupuestario y trasladando un mensaje social de irresponsabilidad ante las personas en situación de vulnerabilidad». «En este sistema agonizante va a ser inviable una atención con un mínimo de dignidad en uno de los tramos más delicados de la vida de las personas», ha opinado la Plataforma.
«VACIADO DE CONTENIDO»
Según ha expuesto, «se ha vaciado de contenido la ley de dependencia; se ha alterado su espíritu, tendiendo a la instucionalización; se disuade el acceso al Sistema de Atención, y se incrementan los costes para dependientes y familiares, además de reducir sus recursos». «En una significativa frase, pagan más quienes más necesitan».
En su opinión, «se cierra por tanto la puerta a la aplicación y desarrollo de una ley que supondría la creación de puestos de trabajo personificados en personal socio-sanitario, servicios de atención domiciliaria y personal contratado; se cierra la puerta a la conciliación laboral y personal de familiares, con un peso mucho mayor de las mujeres, que deberán añadir esta situación a su ya precaria incorporación laboral, y se cierra la puerta a apuntalar un auténtico cuarto pilar del Estado de Bienestar».
La Generalitat detecta once geriátricos ilegales desde 2010, dos de ellos aún en funcionamiento
La Generalitat ha detectado once residencias ilegales desde el 2010 en Catalunya, estando nueve de ellas ya clausuradas, una con cierre previsto para septiembre, y otra más que ha solicitado reconvertir su situación, según han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia.
Dos de los centros ilegales clausuraron sus puertas en 2010, tres lo hicieron en 2011 y cuatro más lo han hecho este 2012, siendo uno de ellos el geriátrico Bassegoda de Girona, reconvertido ahora en una pensión en la que siguen viviendo ocho ancianos, tal y como avanzó Europa Press.
La Generalitat está reubicando a los ancianos del centro con expediente sancionador que cerrará sus puertas en septiembre, además de ofrecer plaza pública a todas las personas que lo necesiten.
