Ocho ancianos viven en Girona en un geriátrico reconvertido en pensión

  Ocho ancianos siguen viviendo en un geriátrico privado de Girona, reconvertido ahora en una supuesta pensión, para sortear los controles de la Generalitat, después de que la Conselleria de Bienestar Social y Familia ordenara su clausura hace dos meses por un cúmulo de irregularidades y enviara el caso a Fiscalía.

Según han explicado a Europa Press fuentes cercanas a los afectados, las familias de los ocho ancianos, todos ellos mayores de 75 años, son conocedoras de la situación y pagan las facturas mensualmente.

La «pensión para ancianos», como la han denominado una responsable del local en una conversación con Europa Press, está situada en mismo lugar que la antigua residencia –en la calle Bassegoda– y no cuenta con letrero ni permisos para llevar a cabo esta función.

«Si vienes verás una puerta de vidrio blanca. La pensión es ahí aunque no veas letrero», ha asegurado una persona del centro al ser preguntada por la ubicación de la residencia.

La dirección sigue aceptando ancianos a los que atender por 1.200 euros al mes, aunque exigen como única condición que los usuarios no sean dependientes y «no estén encamados», ya que el local tiene tres pisos sin ascensor y no cuenta con espacios adaptados para una correcta movilidad.

Los propietarios del antiguo geriátrico, que llevaba dos años y medio en funcionamiento, trasladaron en marzo a la veintena de ancianos que atendían entonces a una pensión de enfrente sin previo aviso y sin facilitar la lista de los afectados a la Generalitat, pudiendo volver la mitad de ellos con sus familiares.

Semanas más tarde, los dueños transformaron el geriátrico en la actual «pensión para abuelos», volviendo a trasladar a los diez ancianos que no pudieron volver con sus familias.

«Tenemos exactamente los mismos servicios. La atención es la misma. La única diferencia es que hemos cambiado el nombre», ha añadido.

Ahora son ocho los abuelos que residen en el geriátrico ilegal, cada uno de ellos en una habitación individual, una situación que ya se ha dado a conocer a la Fiscalía, que ahora debe decidir si investiga la situación, según han explicado a Europa Press fuentes judiciales.

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