La Federación de Mujeres Rurales avisa de que recortes en dependencia y educación llevan a modelos «preconstitucionales»

  La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) y Unións Agrarias (UU.AA) han advertido este martes de los efectos que tendrán los recortes en dependencia entre las gallegas de este ámbito, a las que «afectarán directamente», y de la reducción de unidades escolares en las zonas no urbanas, que llevan a modelos «preconstitucionales y de los años 60».

El cuidado de las personas en situación de dependencia recae «en su mayoría, en el 90% de los casos, sobre las mujeres», en especial en el rural o los núcleos semirrurales, destaca un informe de Fademur, que apunta que las modificaciones en el sistema de atención a la dependencia afectarán a la conciliación y a la posibilidad de las mujeres del rural de generar derechos derivados de los cuidados familiares o de acceder a una ocupación de cuidadora reconocida a efectos de cotización.

La presidenta de Fademur en Galicia, Rosa Arcos, ha explicado que se cierran en torno a 40 y 50 centros y unidades escolares al año en el ámbito rural, lo que devuelve al modelo de la escuela unitaria, que reúne en una misma clase a niños de hasta 12 años de edad. En el caso de la dependencia, las modificaciones provocan el abandono de «un modelo de derechos y reparto equilibrado» por otro «asistencialista y voluntarista».

El sistema, explica Arcos, hace incompatibles las ayudas para el cuidado por parte de un familiar con el resto de apoyos, por lo que considera que un dependiente que necesita, por ejemplo, rehabilitación, deberá optar por ir a un centro a recibir esta asistencia y perder la ayuda para el hogar. La incidencia de la dependencia es mayor en los municipios rurales, agrega, y recuerda que en el 90% de los casos es una mujer quien se hace cargo del cuidado de un familiar dependiente.

«Están condenando a las mujeres a volver al trabajo sumergido, invisible y sin derechos», ha protestado Arcos, que destaca que en el rural se unen el envejecimiento de la población y la falta de servicios. «En el rural no hay alternativas», ha indicado y ha concluido que el «dibujo de Galicia es muy diferente al que hace el PP».

A su juicio, se están aprovechando los recortes para «cambiar el modelo de país» y se ha preguntado cómo se frenará la despoblación en este ámbito si no se fomenta el vínculo de los pequeños con el lugar de nacimiento ni se atiende a quien vive en el campo.

El documento destaca que, de acuerdo con los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el año 2011 se cerró en la comunidad con un total de 94.251 dependientes. Según el Imserso, las prestaciones económicas por cuidados familiares eran 14.913, lo que duplica el número de personas beneficiarias de atención residencial (7.346).

MÁS ASISTENCIA Y MENOS AYUDAS ECONÓMICAS

Pese a los esfuerzos por cambiar la tendencia y lograr que aumente la prestación de servicios en lugar de las ayudas económicas, «la realidad es que el nuevo criterio» para el reparto del nivel mínimo garantizado «deja a Galicia en clara desventaja de partida».

Además, critica que la ley no especifica si en el reparto se seguirán teniendo en cuenta criterios como la dispersión geográfica, pese a que esto afecta «de manera muy directa» a Galicia y puede provocar que se hagan más profundas «las diferencias ya existentes entre comunidades en la aplicación de la ley».

Al hilo de ello, Fademur se remite a los datos de 2011 del IGE para destacar que la incidencia de la dependencia es mayor en los municipios con menos de 10.000 habitantes, en los que se concentra «casi la mitad del total» de dependientes de Galicia (el 46,36%) y, en consecuencia, también la mayor parte de personas que cuidan a dependientes.

Asimismo, destaca que en casos como las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar que estén reconocidas pero no percibidas, el real decreto establece una disposición adicional sobre la posibilidad de aplicaciones retroactivas. En la práctica, indica Fademur, «esta medida significa que la mayoría de las administraciones tendrán dos años para hacer efectiva esta prestación».

SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto el régimen de los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, una vez entre en vigor este real decreto, el convenio tendrá carácter voluntario y las cotizaciones serán a cargo de la persona que lo suscriba, indica la federación, que concluye que esto «rompe de nuevo con uno de los valores añadidos que aportaba la ley, que era la generación de derechos laborales para las cuidadoras».

«Con este convenio se producía una generación de derechos que ahora se eliminan, ya que el pago mensual de 165 euros es algo que pocas familias podrán permitirse», censura el informe.

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