Las personas dependientes de Aragón serán unas de las principales damnificadas por los cambios efectuados desde el Gobierno central en el desarrollo de la Ley de Dependencia y que, principalmente, supondrán una reducción en la inversión. Así, según un informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, la comunidad será la cuarta con una mayor reducción (17,3%) de la inversión pública para la atención a este colectivo, solo superada por Murcia y Baleares (18,9%) y Canarias (22,7%)

El porcentaje supondrá una merma superior a los 26 millones de euros respecto al 2011, producto de la suma de los recortes provocados por la reducción de aportaciones estatales y la posibilidad otorgada a las comunidades autónomas de implementar ahorros.

SUPRESIONES Entre las actuaciones del Gobierno central figuran la supresión del nivel convenido de financiación con las comunidades, ya reflejado en los presupuestos y que supondrá más de 11 millones de euros menos a Aragón. Además, el decreto 20/2012 del 13 de julio del 2012 modificar varios elementos sustanciales de la ley y reduce las entregas a las regiones por el nivel mínimo garantizado en una media del 13,24%. Aquí, ese recorte estatal se acercará a los 3 millones de euros. En total, el informe advierte de un quebranto económico para las arcas autonómicas superior a los 14 milones de euros, lo que supone una reducción del 27,24% sobre la financiación estatal del 2011. La Rioja (29%), Asturias (28,92%) y Castilla y León (27,42%) son las únicas que soportarían una rebaja mayor.

Además, el decreto también incluye medidas de reducción del gasto que favorecerán a las comunidades autónomas, entre las que se incluye la rebaja de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF) en un 15% a partir del 1 de agosto y la eliminación, a partir de esa misma fecha, del derecho a percibir de forma retroactiva los importes de esas prestaciones en los casos en que se hubieran devengado.

En el primer apartado, el Ejecutivo autonómico obtendrá un ahorro estimado de 3,7 millones de euros y el beneficio del ahorro de la supresión de la retroactividad ascenderá a 8,4, lo que eleva hasta los 12,1 millones el ahorro potencial para la comunidad aragonesa –305 millones en total entre todas las autonomías–.

Así, el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia establece un impacto total, entre las dos reducciones procedentes del Estado y el ahorro del que se beneficiarán las arcas autonómicas, de más de 26 millones de euros, es decir, un 17% respecto al 2011 y un porcentaje muy superior al 11,2% de la media nacional.

El informe advierte, en este sentido, de que «los territorios que ya presentaban datos de gestión muy deficientes reducirán aún más la inversión pública en el sistema, empeorando así con toda seguridad la evolución de las atenciones que prestan» y expone que, por el contrario, las comunidades que presentaban mejores datos de gestión «tienen mucho menos margen de ahorro y se verán abocados a adoptar decisiones drásticas para salvaguardar los equilibrios presupuestarios, empeorando así sus ratios de atención».

IMPACTO POR PERSONA El recorte repercutirá en un impacto global en cinco meses –desde agosto a diciembre– de 344 euros por persona, es decir, algo más de 65 euros al mes por persona atendida. También en este apartado Aragón ocupa la tercera posición en las comunidades más afectadas, por detrás de Canarias (79,59) y Baleares (71,41). En el resto del país, esta suma apenas alcanza los 52 euros, por lo que cada dependiente aragonés percibirá unos 13 euros menos que lo que se hará a nivel nacional.

En total, la atención a las personas con derecho contará con una media de 274 euros menos de aquí a final de año, es decir, el recorte a cada dependiente aragonés será 70 euros superior a la media nacional.

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