Archivo diario: 9 septiembre, 2012
La Generalitat no garantiza los pagos a las entidades sociales concertadas
La tensa situación que vivieron las entidades sociales concertadas a finales de julio debido al impago de la Generalitat podría repetirse este mes. La conselleria de Bienestar Social y Familia reconoció ayer que «no puede asegurar al cien por cien» la normalidad en el pago de los conciertos correspondiente al mes de septiembre. Así lo alertó ayer la directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, que ligó la solución definitiva a la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica por parte del Gobierno.
A pesar de que los pagos relativos al mes de agosto se produjeron con normalidad, la conselleria que dirige Josep Lluís Cleries tiene aún pendiente saldar la deuda de julio, que en el caso de las entidades sociales asciende a unos 70 millones de euros. Según la conselleria, esta cantidad estaría vinculada al cobro del rescate que la Generalitat ha solicitado.
«La Generalitat trabaja con la idea de que el Fondo de Liquidez que ponga en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy permitiría liberar el presupuesto para hacer frente a los pagos pendientes», dijo Fortuny, que declinó fijar ninguna fecha para ello al finalizar una reunión con la Mesa del Tercer Sector y entidades sociales.
Estas temen que se repita la situación de julio, pero confían en que se encontrará una solución. «De momento se han producido todos los pagos relativos al mes de agosto y confiamos en que el mes de septiembre suceda lo mismo», dijo optimista el director general de la Mesa del Tercer Sector, Toni Codina, satisfecho después del encuentro con el conseller. «El conseller Josep Lluís Cleries ha dicho que pondrá todo de su parte para pagar los retrasos lo antes posible así como para realizar con normalidad los pagos de septiembre y se ha comprometido a mantenernos informados con la máxima transparencia para que podamos anticiparnos a lo que pueda suceder», apuntó Codina, tras la reunión en la que se abordaron los problemas económicos que sufren algunas entidades. Sin embargo si la situación de julio se repite «sería muy difícil tirar hacia delante y por ello debemos trabajar para que no se repita», reconoció el director general de la Mesa.
Después de la crítica situación que sufrió el sector hace un mes, las entidades han vivido este verano en una incertidumbre constante con temor a que se repitieran los impagos y provocaran el cierre de muchos de los centros que salieron adelante gracias a sus ahorros y a las pólizas de crédito. Un segundo impago podría poner fin a la labor de muchas de ellas y pondría en riesgo el conjunto de un sector vulnerable, así como la atención de casi 34.000 usuarios y la continuidad de más de 30.000 empleos.
En el próximo encuentro, que está previsto para finales de este mes, las entidades esperan poder abordar el mecanismo para recuperar el pago pendiente.
El 60% de los usuarios leoneses con una ayuda a domicilio tendrá las mismas condiciones
Los cambios introducidos en la normativa estatal que regula el servicio de ayuda a domicilio sólo afectarán a algo más del 39 por ciento de los usuarios del mismo en Castilla y León, unas 8.900 personas, que reciben esta atención como parte de sus prestaciones por dependencia. De media verán reducidas las horas de ayuda un 23 por ciento, según explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien recalcó que los 13.500 usuarios restantes seguirán con las mismas condiciones.
Así, el máximo para los grandes dependientes ha pasado de 90 a 70 horas y el mínimo de 55 a 46; para los dependientes severos, el tope ha bajado de 55 a 45 horas y el mínimo de 30 a 21, y para los moderados, se ha reducido el máximo de 30 a 20 horas y se ha eliminado el mínimo, que antes era de 12 horas. Dentro de esa horquilla, son los profesionales de los servicios sociales los que determinarán cuál es “la intensidad más adecuada” en cada caso.
Marcos informó de que en 2011 un total de 22.400 castellanos y leoneses se beneficiaron de este servicio, con un coste total de 72 millones de euros. De ellos, cerca del 61 por ciento no eran personas dependientes y ahora “no ha cambiado ni la intensidad de la ayuda ni la aportación económica que tienen que realizar”. Al respecto, señaló que en 2009 se estableció para estos ciudadanos un promedio de atención de 11 horas y un techo de 20 horas, que se ratificó el año pasado.
Asimismo, incidió en que “todo el mundo sigue teniendo el servicio”, aunque con menos horas en el caso de los dependientes en cumplimiento del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establece esa rebaja adaptando las horas en todas las comunidades a la media que se prestaba en España.
La titular de Familia explicó que este servicio tiene un coste de 14 euros por hora, sufragado entre la Administración autonómica, las corporaciones locales y los propios usuarios. Al respecto, señaló que el 20 por ciento de los beneficiarios accede de forma gratuita porque no tiene capacidad económica suficiente y que el resto abona una cuantía fijada por los servicios sociales en función de sus necesidades, del tipo de dependencia que tengan reconocida si son dependientes y de su capacidad económica computando su renta y su patrimonio, de forma que “nadie paga más del 70 por ciento”.
En 2011 el presupuesto total para esta prestación en la Comunidad ascendió a 72 millones de euros, de los cuales la Junta aportó el 74 por ciento, es decir 53 millones, los usuarios un 13 por ciento (9,5 millones) y las corporaciones locales el otro 13 por ciento (9,5 millones) de media porque son las competentes en esta materia y cada una puede decidir cuánto destina a esta cuestión.
La consejera de Familia indicó que los cambios introducidos por el Real Decreto en materia de dependencia supondrán un ahorro de 4,7 millones este año para la Administración autonómica por la reducción del número de horas para estas personas en los últimos cuatro meses del año, con un gasto estimado total de 48,3 millones. De forma paralela se rebajará la aportación de las entidades locales y “lógicamente” estos usuarios también pagarán menos al recibir menos horas de ayuda.
Marcos resaltó que, mientras que la intensidad de atención ha bajado un 23 por ciento de media para los dependientes, la Junta ha reducido su aportación a la ayuda a domicilio un 9 por ciento porque el 60 por ciento de los usuarios sigue igual y además la norma entró en vigor el 1 de agosto, por lo que solo afecta a los últimos cuatro meses del año.
Mensaje de tranquilidad
La titular de Familia quiso lanzar un “mensaje de tranquilidad” ya que aseguró que “la Junta de Castilla y León sigue apostando por la aplicación de la Ley de Dependencia” pese a las dificultades presupuestarias, que recordó que han existido desde que se aprobó esta norma en 2007 por los incumplimientos del Gobierno central, que tendría que haber transferido a la Comunidad en los cinco primeros años 456 millones más de euros de los que dio. “La aportación del Estado a las prestaciones por dependencia es insuficiente como lo ha sido siempre”, afirmó.
Marcos recordó que su departamento ha alcanzado pactos en el marco del Diálogo Social y con todo el sector para “ajustar la atención a las personas dependientes garantizando la sostenibilidad financiera del sistema y fomentando además los servicios profesionales, generadores de empleo y garantes de la calidad de la atención frente a los cuidados familiares”.
En el caso concreto de la ayuda a domicilio, destacó que se han ampliado las posibilidades que tienen los usuarios dependientes de acceder a ella ya que, además de poder solicitar la que prestan las entidades locales, ahora pueden adquirirla directamente en la empresa acreditada que quieran, “de forma que ninguna persona dependiente tiene que estar en lista de espera” para recibir esta ayuda.
Asimismo, resaltó que se han incrementado un 20 por ciento las cuantías máximas de ayudas vinculadas (las aportaciones económicas para que compren el servicio directamente) para los usuarios “que menos tienen”. “Esto además potencia el empleo en el ámbito de los servicios sociales, siguiendo nuestra idea de que vayan pasando de los cuidados familiares a los servicios profesionales”, concluyó la consejera.
