Archivo diario: 18 septiembre, 2012
La Generalitat estudia aplicar deducciones del IRPF a las entidades sociales
La Generalitat estudiará el próximo año la aplicación de deducciones en el tramo del IRPF y en otros impuestos propios a las entidades sociales, entre otras medidas para favorecer al Tercer Sector, cuya labor considera «capital» para el mantenimiento del estado de bienestar y de la cohesión social.
La Generalitat también cederá «a través de derecho preferente o rebaja en el precio» locales de propiedad pública a las entidades de interés social e introducirá el próximo curso un plan piloto para incluir al voluntariado dentro de la formación académica de la ESO.
Estas son tres de las 50 medidas que contempla el Plan de Apoyo al Tercer Sector que esta tarde han firmado el conseller de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries, y Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales no lucrativas. La firma se ha hecho en un solemne acto en el Saló Sant Jordi de la Generalitat al que ha asistido el presidente catalán, Artur Mas.
Con este plan, que no aporta nuevos recursos pero reconoce la larga y profunda tradición de las asociaciones sociales en Catalunya, el Govern ha explicitado su reconocimiento a la labor de estas entidades «en una coyuntura de extrema dificultad», y se compromete a «facilitar, impulsar y potenciar su papel».
Guiteras ha agradecido al Govern su apoyo, pero le ha reprochado que no sea «previsible» y le ha pedido «que cumpla sus compromisos de calendario» y que su prioridad sea cumplir «sus compromisos contractuales y de pago», en alusión a la falta de pago de los conciertos sociales del pasado mes de julio que les fueron comunicados a las entidades pocos días antes.
Por su parte, el conseller Cleries ha agradecido a las entidades su actitud constructiva «ante las dificultades» y ha enmarcado el apoyo a las entidades sociales como una necesidad para «construir la nación catalana de calidad humana».
Para el presidente de la Generalitat, el trabajo de las entidades es «un tema importante, urgente y prioritario», y ha destacado «la comprensión, compromiso y creatividad» de las entidades en unos momentos en que «no se acaba de ver la luz de salida».
«Nuestro país iba en progresión hacia los países más avanzados de Europa en bienestar social, pero esta progresión se ha parado», ha reconocido Mas, que ha achacado parte de los problemas de los servicios sociales a que Catalunya ha recibido en una década un millón de nuevos ciudadanos que han supuesto, según ha dicho, «un enorme impacto que explica muchas cosas de las que están pasando».
El plan firmado hoy pretende «encontrar una nueva forma de relación entre la administración y las entidades sociales», que han sido unas de las más damnificadas por los recortes y por los impagos por las dificultades de tesorería de la Generalitat.
El Govern se ha comprometido a aplicar esta legislatura las 50 medidas para mejorar la financiación y la formación en las entidades sociales y adoptar medidas que simplifiquen administrativamente la actuación de estas. El Plan de Apoyo al Tercer Sector reconoce «el papel capital que las entidades del tercer sector» y «la labor de fomento y protección de la cohesión social, especialmente en un momento como el actual».
Entre los compromisos que figuran en el plan figuran otras medidas para mejorar la suficiencia económica de las entidades, entre ellas la promesa del gobierno catalán de «avanzar a partir de 2013 hacia el proceso de concertación de servicios sociales» y en concreto concertar en un plazo de tres años el 100% de las plazas de servicios para discapacitados.
El Govern también se compromete a sustituir progresivamente las convocatorias de ayudas por subvenciones plurianuales, a impulsar líneas de crédito del Institut Català de Finances para las entidades y a favorecer las inversiones de la Societat d’Inversió Cooperativa (SICOOP) en el tercer sector social.
Igualmente, la Generalitat facilitará el acceso del tercer sector a la contratación pública, fomentará la compra pública social e impulsará el diálogo entre las entidades y las fundaciones de las cajas de ahorro para dar continuidad a sus obras sociales en colaboración con el tercer sector.
También les ayudará en su internacionalización e intensificará las acciones para promover el voluntariado, canalizar las relaciones con las empresas y defender ante el gobierno central las propuestas del Tercer Sector, como la reforma del IVA para que no perjudique a las entidades sociales.
En Catalunya hay 7.500 entidades sociales, que representan el 3% del PIB, que tienen más de 100.000 empleados y 245.000 voluntarios que prestan sus servicios a 1,7 millones de personas.
Más de 300.000 puestos de trabajo y 5.000 empresas están en peligro en el sector de la dependencia, según la patronal
Más de 300.000 puestos de trabajo y unas 5.000 empresas del sector de la dependencia están en peligro de desaparecer por un lado, porque la deuda de las administraciones públicas en lo que va de año supera ya los 800 millones de euros y, por otro, porque cada vez invierten menos pese al compromiso que tienen por ley, de modo que se quedan plazas vacantes en las residencias y usuarios sin la atención que necesitan.
Así lo ha denunciado en una entrevista con Europa Press el presidente de la patronal mayoritaria en el sector, la Federación de Empresas de la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, quien ha incidido en que en la actualidad, hay más de 250.000 grandes dependientes esperando a recibir un servicio y, mientras, hay «más de 50.000 plazas residenciales vacías».
En concreto, las administraciones públicas, «principal proveedor y principal moroso» del sector de la dependencia, acumulan este año una deuda superior a 800 millones de euros. El año pasado rebasó los mil millones, pero el grueso fue saldado antes de diciembre con el plan de pagos a proveedores.
«Este año estamos en las mismas, la Comunidad Valenciana no ha pagado una sola factura, igual que Castilla-La Mancha, y muchas comunidades llevan tres, cuatro y hasta cinco meses de retraso. Nos están llevando al borde de la viabilidad», ha señalado Echevarría.
El presidente de la FED afirma que el sector está «sufriendo cierres, empresas que no pagan a proveedores de artículos de primera necesidad, como alimentación, medicamentos, impuestos o directamente, salarios y cuotas a la Seguridad Social porque las administraciones públicas no pagan».
Esto tiene además un problema añadido, y es que desde el primer día que el empresario se retrasa en el pago de la cuota de la Seguridad Social, se le aplica un recargo del 20 por ciento «aun cuando ese retraso se está produciendo porque la administración pública no paga». Además, pese a lo aprobado en su día, las empresas de la Dependencia están teniendo que abonar el IVA de facturas que aún no han cobrado a estas administraciones.
El problema no es sólo para el empresario, sino también para la persona que no puede valerse por sí misma y que teniendo derecho a recibir atención, está esperando una plaza de residencia. La FED afirma que son 250.000 los grandes dependientes esperando un sitio que no llega porque pese a las 50.000 plazas vacantes en todo el país, las comunidades autónomas «están amortizando plazas».
Esto significa, según ha explicado, que cuando un dependiente atendido en una residencia fallece, deja una vacante que no se vuelve a ocupar. «Para no cubrir la plaza, lo que hacen las comunidades es dejar de valorar a nuevos dependientes: no te valoro, al que valoro no le doy el servicio y al que fallece, no lo reemplazo. Es la muerte dulce», ha añadido.
SE REDUCE LA INVERSIÓN PESE A LA RENTABILIDAD
En paralelo, la Administración General del Estado –el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– ha reducido el presupuesto en cerca de 500 millones de euros, al eliminar el nivel acordado (283 millones de euros) y reducir un 13 por ciento el nivel mínimo, (casi 200 millones menos), conforme recuerda el presidente de la FED.
En su opinión, se trata de un sinsentido porque el de la dependencia es uno de los pocos sectores que hoy día puede presumir de tener demanda, contar con suficiente oferta, crear puestos de trabajo y generar retornos positivos, por lo que a su juicio, no sólo las administraciones deberían invertir para «cumplir el compromiso que tienen por ley de atender a los ciudadanos» sino también por facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit.
En concreto, Echevarría destaca que por cada euro invertido en el sector, se generan 1,20 euros para el Estado; recuerda que por cada dos dependientes atendidos o por cada seis horas de atención domiciliaria se crea un puesto de trabajo y asegura que se racionaliza el gasto, ofreciendo servicios para personas de gran dependencia a un coste «seis o siete veces por debajo» del establecido en un hospital para crónicos.
«La excusa de que cuando no hay dinero no se puede apostar por el Estado de Bienestar es una falacia. Claro que se puede sostener. Apostemos primero por el compromiso adquirido por ley, por la reducción del déficit público y por la racionalización: no podemos poner en riesgo un sector que actualmente da empleo a más de 300.000 personas», ha apostillado.
Sólo Extremadura y Galicia ganan beneficiarios de la Ley Dependencia este mes
Seis de los 19 gobiernos autonómicos presentan datos negativos este mes en la aplicación de la Ley de la Dependencia con respecto a agosto, y sólo Extremadura y Galicia tienen más beneficiarios, según ha informado hoy la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En un comunicado, ha advertido de que los ajustes en materia de dependencia van a propiciar que se deje de atender a unas 60.000 personas en un año y que se pierdan unos 12.000 empleos en el país.
Según esta organización, el hecho de que no se mantenga la tasa de reposición significa que las prestaciones y servicios que reciben los beneficiarios cuando fallecen no se asignan a una de las casi 240.000 personas que están en lista de espera.
Los efectos de los «recortes» del Gobierno en la Ley de Dependencia se hacen visibles, ha señalado la Asociación, en los datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia.
El retroceso es «notorio» en todos los indicadores, y lo han cifrado en 4.801 beneficiarios menos que el mes anterior, 4.354 solicitudes y 7.953 dictámenes menos, 4.459 grandes dependientes y 2.298 graves dependientes menos que en los dictámenes del mes anterior, 61.888 prestaciones y servicios menos.
«Es obvio que el Sistema se destruye por inanición», han advertido los gerentes de servicios sociales, que han precisado que 6 de los 19 gobiernos autonómicos presentan datos negativos con respecto al mes anterior, y sólo Extremadura y Galicia tiene más beneficiarios.
Citan además el caso de Castilla y León, que ha sido «modélica» en el desarrollo de la ley -a juicio de esta asociación- ya que ha perdido 853 beneficiarios en el mes de septiembre; y Aragón retrocede a datos que presentaba en mayo de 2010.
La Asociación de Gerentes ha observado que la situación actual en España sería similar a la se daría si en un hospital se tomara la decisión de atender a los que están ingresados pero conforme vaya habiendo altas o defunciones, la cama ocupada que quedara libre se cerrara y no se atendiera a alguien que está en urgencias o en su casa esperando una intervención susceptible de ser ingresado.
El «único» dato positivo es que la lista de espera ha bajado en 3.252 personas, pero según esta asociación se trata de un «espejismo estadístico» ya que no han sido incluidos en el sistema sino que probablemente fallecieron en ese mes sin haber sido atendidos por el Sistema de la Dependencia.
El impacto sobre el empleo de estos indicadores se traduce en una pérdida de cerca de 1.000 puestos de trabajo en este mes.
Según la misma fuente, o se trata de una «demolición cruel y calculada» de la Ley de dependencia, o bien «se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial».
