Archivo mensual: septiembre 2012
Benestar promete poner límites a los tiempos de espera para la Dependencia
Los trámites para acceder a los servicios de Dependencia tendrán en Galicia plazos máximos de resolución menores de los que marca la ley y de los que actualmente se están aplicando en la comunidad. La Consellería de Traballo e Benestar presentó ayer una carta de servicios, que también se publicó en el Diario Oficial de Galicia, que establece, por primera vez en materia de servicios sociales, cuáles serán los tiempos de espera que la Administración no deberá sobrepasar en las diligencias para reconocer un grado de dependencia y hacer efectiva la atención más adecuada, sean cuidados en el entorno familiar o en un centro de día, ingreso en una residencia o libranzas vinculadas al pago de un servicio para el que no queden plazas en la red pública.
El documento acorta en algunos casos los plazos con los que hasta ahora contaba la Xunta, tres meses para resolver el grado de dependencia desde la entrada de la solicitud y otros tres para determinar el Programa Individual de Atención (PIA), la fase clave del trámite porque indica qué modalidad de atención. Eso sí, el cumplimiento de la carta no es de imperativo legal, así que los afectados por un retraso podrán, como mucho, afearle a la Administración su lentitud, porque no se contemplan sanciones, tal y como aclaró la secretaria general de Política Social, Coro Piñeiro.
En concreto, Benestar se compromete a aprobar el PIA del 100% de los expedientes de asistencia personal —prestación económica para contratar a un profesional que ayude al dependiente con sus tareas diarias— en un plazo máximo de dos meses desde la resolución del grado de dependencia, y reduce a 20 días hábiles la espera para el mismo trámite en caso de menores de tres años. Antes de la adjudicación del PIA, Benestar se compromete a agilizar también la valoración sobre el estado del enfermo —en el 65% de los casos, 70 días— y el reconocimiento de un grado de dependencia —20 días naturales en el 40% de los expedientes, si bien para el resto se mantendrán los tres meses máximos de espera. Otros compromisos más concretos pasan por dar acceso efectivo, en el 99% de los casos, a una plaza en un centro de día en siete días naturales desde que al beneficiario se le comunica su derecho al servicio. El resto esperará un máximo de 15. Además, Benestar se obliga a que al menos la mitad de los solicitantes obtenga plaza en un centro de su mismo municipio. La atención residencial demorará como mucho 15 días naturales en el 75% de los casos, 70 para el 25%. Las libranzas, tanto de servicios, asistencia personal y de cuidados en el entorno familiar, se harán efectivas en un máximo de 30 días para el 60% de los expedientes y de 60 para el 40%. Actualmente, la espera media para recibir este tipo de asistencia una vez el PIA está concedido es, según Piñeiro, de “unos nueve o diez meses”.
La consellería se fija estos plazos para demostrar, según la secretaria general de Política Social, “su compromiso con la calidad y con la modernización” de los servicios a la Dependencia, que en Galicia, al contrario que en la mayoría de comunidades, aumenta sus beneficiarios. Aunque Piñeiro asegura la Consellería está ya “muy cerca de cumplir todo lo que se compromete a cumplir”, camuflada por los números, la gestión de las ayudas a la Dependencia permite matices menos entusiastas: hasta principios de mes, los centros privados que ofertan servicios financiados por Benestar no recibieron las ayudas que les corresponden, después de atrasos que, según los trabajadores sociales, llegaban ya a los “dos o tres meses”. La Consellería da más agilidad a los expedientes nuevos que a las renovaciones para que los que no reciben ninguna ayuda puedan beneficiarse de los cada vez más exiguos fondos para servicios sociales. Por otro lado, la ayuda básica para no dependientes sigue pendiente en la provincia de Lugo de un conflicto entre la Diputación y la Consellería. La segunda le exige a la primera la financiación del servicio en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son todos menos la capital provincial.
Cleries prevé que las entidades sociales cobren antes de fin de año la deuda de julio
El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ha asegurado hoy que está trabajando para que las entidades sociales puedan cobrar antes de fin de año los conciertos que la Generalitat no pudo pagarles en julio por problemas de tesorería.
En una entrevista en Catalunya Radio, Cleries, que ha acusado al Estado de someter a Cataluña a una «asfixia fiscal que pasa a ser una asfixia social», ha explicado que están «estudiando la fórmula para pagar la deuda de julio con las entidades en los meses que quedan de aquí a diciembre».
El conseller no ha puesto fecha concreta al pago de la deuda de 70 millones con las entidades correspondiente a los servicios concertados con residencias geriátricas, de discapacitados y de drogodependientes del mes de julio, pero ha asegurado que intentará que se haga en los meses que quedan hasta acabar el año y que estos se cobren con normalidad.
Cleries ha afirmado que los problemas de liquidez de tesorería que tiene la Generalitat no se producirían si los impuestos los recaudase el gobierno catalán.
«Si nosotros recaudásemos los impuestos de Cataluña, no tendríamos estos problemas de tesorería», ha reiterado Cleries, que ha recordado que la Generalitat está prestando todos los servicios sociales, de salud y de enseñanza, «y en cambio el dinero lo tiene el Estado».
Aerte afirma que más del 50% de los centros no pueden pagar a los trabajadores por los impagos de 9 meses del Consell
El presidente de Aerte, Alberto Giménez, ha señalado este miércoles que el 50 por ciento de las residencias de personas dependientes de la Comunitat Valenciana asociadas ya no pueden pagar a sus trabajadores por «los impagos» del Gobierno valenciano ya que les adeudan 100 millones de euros desde enero.
Giménez, en rueda de prensa acompañado por el presidente de la FED, Alberto Echeverría, ha comentado que la situación es «crítica» tras nueve meses sin cobrar. Al respecto, ha lamentado que la respuesta del Consell sea que «no tienen dinero» cuando «puede ayudar a impulsar un sector que crearía trabajo y reduciría el déficit de la Comunitat con medidas como el impulso del turismo de los más de 30 millones de dependientes europeos».
No obstante, ha señalado que se trata de una justificación que no puede «aceptar» porque otros sectores, como el de la Farmacia sí que cobran. «Tenemos la impresión de no ser prioritarios», ha lamentado Giménez, que ha reprochado que ni siquiera han contestado a la segunda carta en seis meses en la que le solicitan una entrevista al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, o al vicepresidente, José Císcar.
Sin embargo, ha apuntado que si se acometiera una reforma y se aplicaran la medidas que proponen no sólo se podrían atender a los 17.00 gran dependientes de la Comunitat, sino que además se crearía empleo, un puesto de trabajo por cada dos personas atendidas, y reduciría el déficit.
En primer lugar, ha detallado, haría «falta cambiar la percepción sobre el sector» ya que la atención a la Dependencia es una cuestión «trasversal» que afecta a las conselleria de Sanidad, Bienestar Social, Economía, Hacienda, Empleo, y Turismo. Por ello, ha exigido «una visión global» de coordinación ya que «no es posible disminuir permanentemente los servicios, sino que hay que impulsar la economía en los sectores que más rápido responden».
Como medidas concretas, ha reclamado, integrar la Dependencia en Sanidad o mejorar la coordinación con Bienestar Social. Además, ha constatado que el 50 por ciento de las camas de los hospitales de agudos están ocupados por crónicos que «no necesitan ser curados, sino cuidados» y que supondría un ahorro de 100.000 euros al día si se trasladasen a residencias.
TURISMO SOCIAL
Además, ha reclamado la ayuda del Consell para «vender fuera en Europa la Comunitat Valenciana en algo que somos extraordinariamente buenos» ya que España ocupa el segundo lugar del mundo en Turismo y el quinto en Sanidad. «Por ello, somos líderes mundiales y hay que salir a venderlo», ha reclamado Giménez, quien ha apuntado que a pesar de que sus centros disponen de «muchos mejores servicios e instalaciones» que sus homólogos extranjeros «sólo nos pagan 50 euros al día», lo que cuesta sólo dormir en un hostal.
Por su parte, el presidente de la FED, Alberto Echevarría, ha señalado que esta situación «crítica» afecta también a toda España ya que la deuda asciende a 800 millones de euros y un 20 por cieno de las empresas no puede pagar a sus empelados, «lo último que deja de hacer un empresario».
Además, ha advertido de que «lo que se nos viene encima es mucho más grave» para el próximo ejercicio porque el Estado dejará de aportar a las Comunidades Autónomas 283 millones de euros.
La Generalitat estudia aplicar deducciones del IRPF a las entidades sociales
La Generalitat estudiará el próximo año la aplicación de deducciones en el tramo del IRPF y en otros impuestos propios a las entidades sociales, entre otras medidas para favorecer al Tercer Sector, cuya labor considera «capital» para el mantenimiento del estado de bienestar y de la cohesión social.
La Generalitat también cederá «a través de derecho preferente o rebaja en el precio» locales de propiedad pública a las entidades de interés social e introducirá el próximo curso un plan piloto para incluir al voluntariado dentro de la formación académica de la ESO.
Estas son tres de las 50 medidas que contempla el Plan de Apoyo al Tercer Sector que esta tarde han firmado el conseller de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries, y Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales no lucrativas. La firma se ha hecho en un solemne acto en el Saló Sant Jordi de la Generalitat al que ha asistido el presidente catalán, Artur Mas.
Con este plan, que no aporta nuevos recursos pero reconoce la larga y profunda tradición de las asociaciones sociales en Catalunya, el Govern ha explicitado su reconocimiento a la labor de estas entidades «en una coyuntura de extrema dificultad», y se compromete a «facilitar, impulsar y potenciar su papel».
Guiteras ha agradecido al Govern su apoyo, pero le ha reprochado que no sea «previsible» y le ha pedido «que cumpla sus compromisos de calendario» y que su prioridad sea cumplir «sus compromisos contractuales y de pago», en alusión a la falta de pago de los conciertos sociales del pasado mes de julio que les fueron comunicados a las entidades pocos días antes.
Por su parte, el conseller Cleries ha agradecido a las entidades su actitud constructiva «ante las dificultades» y ha enmarcado el apoyo a las entidades sociales como una necesidad para «construir la nación catalana de calidad humana».
Para el presidente de la Generalitat, el trabajo de las entidades es «un tema importante, urgente y prioritario», y ha destacado «la comprensión, compromiso y creatividad» de las entidades en unos momentos en que «no se acaba de ver la luz de salida».
«Nuestro país iba en progresión hacia los países más avanzados de Europa en bienestar social, pero esta progresión se ha parado», ha reconocido Mas, que ha achacado parte de los problemas de los servicios sociales a que Catalunya ha recibido en una década un millón de nuevos ciudadanos que han supuesto, según ha dicho, «un enorme impacto que explica muchas cosas de las que están pasando».
El plan firmado hoy pretende «encontrar una nueva forma de relación entre la administración y las entidades sociales», que han sido unas de las más damnificadas por los recortes y por los impagos por las dificultades de tesorería de la Generalitat.
El Govern se ha comprometido a aplicar esta legislatura las 50 medidas para mejorar la financiación y la formación en las entidades sociales y adoptar medidas que simplifiquen administrativamente la actuación de estas. El Plan de Apoyo al Tercer Sector reconoce «el papel capital que las entidades del tercer sector» y «la labor de fomento y protección de la cohesión social, especialmente en un momento como el actual».
Entre los compromisos que figuran en el plan figuran otras medidas para mejorar la suficiencia económica de las entidades, entre ellas la promesa del gobierno catalán de «avanzar a partir de 2013 hacia el proceso de concertación de servicios sociales» y en concreto concertar en un plazo de tres años el 100% de las plazas de servicios para discapacitados.
El Govern también se compromete a sustituir progresivamente las convocatorias de ayudas por subvenciones plurianuales, a impulsar líneas de crédito del Institut Català de Finances para las entidades y a favorecer las inversiones de la Societat d’Inversió Cooperativa (SICOOP) en el tercer sector social.
Igualmente, la Generalitat facilitará el acceso del tercer sector a la contratación pública, fomentará la compra pública social e impulsará el diálogo entre las entidades y las fundaciones de las cajas de ahorro para dar continuidad a sus obras sociales en colaboración con el tercer sector.
También les ayudará en su internacionalización e intensificará las acciones para promover el voluntariado, canalizar las relaciones con las empresas y defender ante el gobierno central las propuestas del Tercer Sector, como la reforma del IVA para que no perjudique a las entidades sociales.
En Catalunya hay 7.500 entidades sociales, que representan el 3% del PIB, que tienen más de 100.000 empleados y 245.000 voluntarios que prestan sus servicios a 1,7 millones de personas.
Más de 300.000 puestos de trabajo y 5.000 empresas están en peligro en el sector de la dependencia, según la patronal
Más de 300.000 puestos de trabajo y unas 5.000 empresas del sector de la dependencia están en peligro de desaparecer por un lado, porque la deuda de las administraciones públicas en lo que va de año supera ya los 800 millones de euros y, por otro, porque cada vez invierten menos pese al compromiso que tienen por ley, de modo que se quedan plazas vacantes en las residencias y usuarios sin la atención que necesitan.
Así lo ha denunciado en una entrevista con Europa Press el presidente de la patronal mayoritaria en el sector, la Federación de Empresas de la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, quien ha incidido en que en la actualidad, hay más de 250.000 grandes dependientes esperando a recibir un servicio y, mientras, hay «más de 50.000 plazas residenciales vacías».
En concreto, las administraciones públicas, «principal proveedor y principal moroso» del sector de la dependencia, acumulan este año una deuda superior a 800 millones de euros. El año pasado rebasó los mil millones, pero el grueso fue saldado antes de diciembre con el plan de pagos a proveedores.
«Este año estamos en las mismas, la Comunidad Valenciana no ha pagado una sola factura, igual que Castilla-La Mancha, y muchas comunidades llevan tres, cuatro y hasta cinco meses de retraso. Nos están llevando al borde de la viabilidad», ha señalado Echevarría.
El presidente de la FED afirma que el sector está «sufriendo cierres, empresas que no pagan a proveedores de artículos de primera necesidad, como alimentación, medicamentos, impuestos o directamente, salarios y cuotas a la Seguridad Social porque las administraciones públicas no pagan».
Esto tiene además un problema añadido, y es que desde el primer día que el empresario se retrasa en el pago de la cuota de la Seguridad Social, se le aplica un recargo del 20 por ciento «aun cuando ese retraso se está produciendo porque la administración pública no paga». Además, pese a lo aprobado en su día, las empresas de la Dependencia están teniendo que abonar el IVA de facturas que aún no han cobrado a estas administraciones.
El problema no es sólo para el empresario, sino también para la persona que no puede valerse por sí misma y que teniendo derecho a recibir atención, está esperando una plaza de residencia. La FED afirma que son 250.000 los grandes dependientes esperando un sitio que no llega porque pese a las 50.000 plazas vacantes en todo el país, las comunidades autónomas «están amortizando plazas».
Esto significa, según ha explicado, que cuando un dependiente atendido en una residencia fallece, deja una vacante que no se vuelve a ocupar. «Para no cubrir la plaza, lo que hacen las comunidades es dejar de valorar a nuevos dependientes: no te valoro, al que valoro no le doy el servicio y al que fallece, no lo reemplazo. Es la muerte dulce», ha añadido.
SE REDUCE LA INVERSIÓN PESE A LA RENTABILIDAD
En paralelo, la Administración General del Estado –el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– ha reducido el presupuesto en cerca de 500 millones de euros, al eliminar el nivel acordado (283 millones de euros) y reducir un 13 por ciento el nivel mínimo, (casi 200 millones menos), conforme recuerda el presidente de la FED.
En su opinión, se trata de un sinsentido porque el de la dependencia es uno de los pocos sectores que hoy día puede presumir de tener demanda, contar con suficiente oferta, crear puestos de trabajo y generar retornos positivos, por lo que a su juicio, no sólo las administraciones deberían invertir para «cumplir el compromiso que tienen por ley de atender a los ciudadanos» sino también por facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit.
En concreto, Echevarría destaca que por cada euro invertido en el sector, se generan 1,20 euros para el Estado; recuerda que por cada dos dependientes atendidos o por cada seis horas de atención domiciliaria se crea un puesto de trabajo y asegura que se racionaliza el gasto, ofreciendo servicios para personas de gran dependencia a un coste «seis o siete veces por debajo» del establecido en un hospital para crónicos.
«La excusa de que cuando no hay dinero no se puede apostar por el Estado de Bienestar es una falacia. Claro que se puede sostener. Apostemos primero por el compromiso adquirido por ley, por la reducción del déficit público y por la racionalización: no podemos poner en riesgo un sector que actualmente da empleo a más de 300.000 personas», ha apostillado.
Sólo Extremadura y Galicia ganan beneficiarios de la Ley Dependencia este mes
Seis de los 19 gobiernos autonómicos presentan datos negativos este mes en la aplicación de la Ley de la Dependencia con respecto a agosto, y sólo Extremadura y Galicia tienen más beneficiarios, según ha informado hoy la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En un comunicado, ha advertido de que los ajustes en materia de dependencia van a propiciar que se deje de atender a unas 60.000 personas en un año y que se pierdan unos 12.000 empleos en el país.
Según esta organización, el hecho de que no se mantenga la tasa de reposición significa que las prestaciones y servicios que reciben los beneficiarios cuando fallecen no se asignan a una de las casi 240.000 personas que están en lista de espera.
Los efectos de los «recortes» del Gobierno en la Ley de Dependencia se hacen visibles, ha señalado la Asociación, en los datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia.
El retroceso es «notorio» en todos los indicadores, y lo han cifrado en 4.801 beneficiarios menos que el mes anterior, 4.354 solicitudes y 7.953 dictámenes menos, 4.459 grandes dependientes y 2.298 graves dependientes menos que en los dictámenes del mes anterior, 61.888 prestaciones y servicios menos.
«Es obvio que el Sistema se destruye por inanición», han advertido los gerentes de servicios sociales, que han precisado que 6 de los 19 gobiernos autonómicos presentan datos negativos con respecto al mes anterior, y sólo Extremadura y Galicia tiene más beneficiarios.
Citan además el caso de Castilla y León, que ha sido «modélica» en el desarrollo de la ley -a juicio de esta asociación- ya que ha perdido 853 beneficiarios en el mes de septiembre; y Aragón retrocede a datos que presentaba en mayo de 2010.
La Asociación de Gerentes ha observado que la situación actual en España sería similar a la se daría si en un hospital se tomara la decisión de atender a los que están ingresados pero conforme vaya habiendo altas o defunciones, la cama ocupada que quedara libre se cerrara y no se atendiera a alguien que está en urgencias o en su casa esperando una intervención susceptible de ser ingresado.
El «único» dato positivo es que la lista de espera ha bajado en 3.252 personas, pero según esta asociación se trata de un «espejismo estadístico» ya que no han sido incluidos en el sistema sino que probablemente fallecieron en ese mes sin haber sido atendidos por el Sistema de la Dependencia.
El impacto sobre el empleo de estos indicadores se traduce en una pérdida de cerca de 1.000 puestos de trabajo en este mes.
Según la misma fuente, o se trata de una «demolición cruel y calculada» de la Ley de dependencia, o bien «se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial».
La dependencia se blinda en Bizkaia
Bilbao. «Los ciudadanos de Bizkaia pueden estar tranquilos. La Diputación mantendrá todas las prestaciones relacionadas con la dependencia y en la misma cuantía que hasta ahora». Así de rotunda se manifestó ayer Pilar Ardanza, diputada foral de Acción Social, en las Juntas Generales respecto a la posible afección del decreto que el Gobierno del PP promulgó en julio sobre la Ley de Dependencia, por el cual se recortaron las ayudas hasta en un 25%. De esta forma, la institución foral blinda las prestaciones económicas que actualmente reciben algo más de las 10.000 personas en Bizkaia y asegura las que puedan recibir futuros perceptores. El Departamento de Acción Social dedica a este capítulo 340 millones de euros al año.
La diputada foral de Acción Social ratificó en sede parlamentaria que «Bizkaia no aplicará los recortes aprobados por España en materia de dependencia». Pilar Ardanza compareció en la Comisión de Acción Social de las Juntas Generales a petición del Grupo Socialista y dejó claro que «la institución foral no va a aplicar miméticamente las medidas del Gobierno del PP». «Eso se traduce», dijo Pilar Ardanza, «en que a pesar de la actual situación económica, vamos a mantenernos firmes en nuestro objetivo, que no es otro que mantener los servicios y prestaciones que actualmente ofrecemos».
La máxima responsable del Departamento de Acción Social quiso reafirmar un «sólido principio desde el que la Diputación aborda esta cuestión y que ya fue manifestada por el diputado general en el debate de política general del pasado miércoles en Gernika». Ardanza recordó la frase que pronunció José Luis Bilbao: «Hacemos todos los esfuerzos que están en nuestra mano para atender y dar las mayores y mejores prestaciones a quienes más lo necesitan».
Ayudas En base a ese principio, Ardanza insistió en que no aplicarán los recortes que contenía el decreto que el Gobierno que preside Mariano Rajoy aprobó el pasado 13 de julio. Así que la diputada foral dijo que las personas con dependencia que reciben Prestaciones Económicas por Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) en Bizkaia «cobrarán lo mismo que hasta ahora a pesar de que el Gobierno de España las ha recortado en un 15%». Lo mismo ocurrirá en el caso de las personas con discapacidad que cobraban Prestaciones Económicas para Asistente Personal (PEAP).
La diputada foral también quiso dejar claro que las personas con dependencia que a partir del 1 de agosto de 2012 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley) hayan solicitado Prestaciones Económicas por Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) y tengan reconocidos grados de dependencia III y II, cobrarán también la misma cuantía, según las puntuaciones en el baremo. Ardanza señaló que los recortes que el Gobierno aplica en estos casos alcanzan el 25%. Por otra parte, las personas con discapacidad que soliciten las ayudas denominadas PEAP a partir del 1 de agosto de 2012 también accederán a las prestaciones, a pesar de que el Ejecutivo del PP les haya aplicado una reducción de un 15%.
A 31 de diciembre de 2011, en Bizkaia había un total de 10.281 personas que se benefician de las ayudas de dependencia. Como dato comparativo, es destacable que en agosto de 2007, año en el que se aprobó la Ley de Dependencia, solo había 20 beneficiarios que recibían ayuda de la Diputación.
Pilar Ardanza dijo que su departamento «invierte» en ayudas a personas con dependencia 340 millones de euros anuales, de cuya cantidad el Gobierno central «solo aporta entre un 10 y un 19%», dependiendo de los casos.
Respecto a otras modificaciones que recoge el decreto del Gobierno del PP, Ardanza resaltó que la Diputación va a seguir manteniendo «un sistema de baremación y puntuación» para poder otorgar las ayudas, ya que el la ley del 13 de julio «elimina los niveles». El nuevo decreto también establece que las ayudas dejan de cobrarse a partir de los seis meses de la confirmación para pasar a cobrarse dos años después. En este sentido, la Diputación mantendrá el plazo de los seis meses.
Nuevo Servicio Por otra parte, Pilar Ardanza anunció a los junteros que la Diputación Foral de Bizkaia está «reflexionando» sobre los servicios o prestaciones que pueda ofrecer a las personas con un grado de dependencia leve, así como cuantificando el valor de las prestaciones. La diputada foral recordó que la Ponencia de las Juntas Generales sobre Dependencia y Discapacidad, la Ley de Dependencia y la propia Ley de Servicios Sociales de Euskadi «incluyen términos que deben reorientar la acción de las instituciones a la promoción de la autonomía personal mediante nuevos servicios».
En este sentido, la Diputación está estudiando la posibilidad de dotar al territorio de un nuevo servicio que permita aumentar la autonomía personal. Según señaló la diputada, «sería una red de centros que se proyectan con un enfoque preventivo y promotor de la autonomía personal para personas con grados de dependencia aún incipientes o moderados». «Lo más importante», dijo Ardanza, «es dotar a estas personas con un nivel de dependencia leve, de instrumentos y servicios que inciden muy positivamente en que puedan tener una mayor capacidad y una vida más autónoma».
La diputada foral terminó su intervención ante la Comisión de Acción Social reiterando que no va a haber recortes en las ayudas a la dependencia. «La fotografía de Bizkaia en este tema será similar al que había antes del decreto del Gobierno de España», concluyó.
Los mayores de la residencia Amma Usera graban un cortometraje para participar en la cuarta edición de los Premios Nico
Un año más, y ya van cuatro, el portal de internet Mundo Mayor celebra el certamen nacional de cortometrajes en residencias de mayores, conocidos popularmente como Premios NICO.
Este certamen promueve que los mayores que viven en residencias graben sus propios cortometrajes, con la ayuda de los profesionales de los centros, y los presenten al concurso para optar así a las diferentes categorías de estos premios (mejor actor, mejor actriz, mejor guión, mejor producción, mejor idea original…).
Los premios se entregan en una gala que se celebra en un teatro de Madrid al más puro estilo de los Oscars de Hollywood y se conceden en función de las votaciones de un jurado independiente y también de los votos que reciben cada uno de los vídeos a través de la página web y de mensajes SMS de móviles. El periodo de votación está abierto hasta el próximo 1 de octubre.
La residencia de mayores Amma Usera, ubicada en la Avenida de la Perla 3 del barrio de Usera (Madrid), ha grabado el corto titulado «Un día al revés», con el que compite con más de 50 residencias de mayores de toda España.
El vídeo puede verse y votarse en este enlace: http://www.mundomayor.com/CanalTV/TVDirecto/VisordeVideos/VideoId/322/Un-Da-Al-Revs.aspx
La residencia de mayores Amma Usera abrió sus puertas en enero de 2010 y cuenta con 180 plazas residenciales y 40 de centro de día. Está gestionada por el Grupo Amma, uno de los operadores líderes a nivel nacional en el sector de atención a tercera edad, con una treintena de centros, más de 5.200 plazas y una plantilla de 2.500 personas.
El sistema de dependencia ha perdido 4.800 usuarios
Los datos de agosto sobre dependencia enviados por las comunidades autónomas al Gobierno no dejan lugar a dudas: el sistema sigue retrocediendo, es decir, cada vez hay menos dependientes atendidos. El mes pasado se han perdido 4.811 personas, cuando normalmente la estadística siempre crecía, bien que lentamente. Todas las comunidades, menos dos, Galicia y Extremadura, registran una caída en sus cifras.
Que haya casi 5.000 personas menos registradas significa que el sistema está parado, la gente va muriendo y esas bajas no se cubren. Pero no es por falta de demanda, porque aún hay 239.000 personas con derecho a una ayuda, la que sea, que siguen esperando a que les sea concedida. Esa lista de espera, lo que se ha dado en llamar el limbo de la dependencia, preocupa desde hace años porque estaba estancada, siempre cercana a las 250.000 personas. Ahora, sin embargo, está bajando: el mes de julio había 242.349 personas esperando; en agosto, 3.252 menos. Pero este dato, que debería ser una buena noticia, tiene una interpretación más amarga. Adolece del mismo mal que el resto del sistema, la parálisis: si las comunidades no tienen capacidad de gestión, los muchos ancianos que aguardan por una ayuda se van muriendo sin que esta llegue. Cabe pensar que ahí radica ese descenso del limbo.
El ahogo económico al que se ven sometidas las comunidades tras los últimos decretos anticrisis y los presupuestos estatales, que han retraído cerca de 1.000 millones de euros al sistema, es lo que le faltaba a una ley que ya andaba sorteando zancadillas o sufría la mala gestión de algunos territorios. Pero ahora el deterioro se agudiza, porque comunidades como Castilla y León o La Rioja o el País Vasco, siempre con las mejores calificaciones por el número de personas atendidas y la agilidad de sus trámites, salen muy perjudicadas con las últimas medidas tomadas. Las tres registran un ingreso de dependientes negativo.
Los retoques que el Gobierno ha hecho a la ley, vía decreto, permitían aventurar unas cifras como las que ahora se presentan. Las comunidades tienen dos años para resolver el expediente de los usuarios, cuando antes se penalizaba que sobrepasaran los seis meses. Es tanto como paralizar legalmente el desarrollo de la ley.
Bienestar Social intenta aplacar in extremis a Apsa
Cerca de doscientos trabajadores de Asociación Pro Deficientes Psíquicos de Alicante (Apsa) se concentraron ayer en la Finca Terramar para reivindicar el pago de la deuda pendiente de la Generalitat y que asciende a 3.103.000 euros. Sin embargo, una hora antes de la protesta, los responsables de la entidad recibieron la comunicación por parte de la Conselleria de Bienestar Social de que se había hecho efectivo el pago de 806.000 euros.El 20% de las demencias se pueden prevenir con unos hábitos de vida saludables
Hasta el 20 por ciento de las demencias, las llamadas vasculares, pueden prevenirse, al adoptar hábitos de vida saludables, como una alimentación variada, según el director del grupo Bupa Care Services –matriz de Sanitas Residencial–, Graham Stokes, quien lamentado que no se este investigando actualmente «lo suficiente» sobre estas patologías.
Todo el mundo tiene pequeños olvidos, como no saber dónde están las llaves; la demencia supone «olvidos extraordinarios», como no acordarse del nombre de un familiar querido. «Si los tiene se debe a una patología», explica durante una entrevista a Europa Press, a la par que aclara que puede confundirse con un delirio, causado por diferentes discapacidades, y que en la mayoría de los casos es «curable».
Sin embargo, otras veces, estos «olvidos extraordinarios» son un signo de demencia causado por «una patología cerebral intratable». En estos casos, Stokes señala que, a partir de los 30 años, puede observarse algún síntoma.
Stokes advierte de que las demencias vasculares son «hasta en cierto punto prevenibles», puesto que tienen relación con la dieta y el estilo de vida. Así, asegura que «por primera vez hay indicios de que cuando el corazón está sano el cerebro también lo está».
«Si no fumas, haces ejercicio, llevas una dieta sana, lo puedes prevenir, siempre y cuando tengas una vida estimulante a nivel intelectual; es decir, siempre y cuando tengas activo el cerebro. No es una garantía pero puede ayudar a prevenir el riesgo», argumenta.
Mientras que, sobre el otro grupo de demencias, conocidas como celilares, reconoce que son todo «un misterio», y «no hay nada que se puede hacer para prevenirlo».
SIGUE HABIENDO ESTIGMA
El director del grupo Bupa Care Services considera que esta patología lleva todavía consigo implícito el estigma o miedo de los familiares y de los propios pacientes. «En términos generales, existe la creencia de que no se puede hacer nada al respecto», lamenta.
Por ello, subraya la importancia de que, cuando el familiar sospeche el menor síntoma de demencia, acuda «lo antes posible» al médico de Atención Primaria. «No es fácil porque mucha gente intenta disfrazar u ocultar el problema, pues niegan que tengan demencia, por lo que puede pasar que tengas que aprovechar una excusa (otro problema médico) para que le hagan una prueba de memoria», señala.
Una vez diagnosticada la patología, aclara que su abordaje «va por fases». Al principio, «nadie debería salir de su casa porque esas personas se sienten seguras con cosas que les resultan familiares así que es bueno que un cuidador profesional vaya a su hogar pero llega un momento en el que es necesario más atención», sostiene.
Después, este experto explica que los pacientes pueden precisar «de manera imprevisible» de cuidados y, por ello, es recomendable que estén en un centro especializado. El momento en el que un paciente debe acudir a una residencia es, a su juicio, cuando no es consciente de su propia demencia.
En sus palabras, la desventaja de que la persona acuda a la residencia es que, al principio, todo es nuevo. No obstante, Stokes destaca ventajas como que, en los centros, hay un equipo de personas especializadas, que «no están involucradas emocionalmente» y «la responsabilidad del cuidado se comparte». «No existe distrés personal, el cuidador no se altera con la mima facilidad, y el paciente está en un entorno de cuidado seguro», añade.
Por lo general, este experto describe el perfil del cuidador actual como una mujer mayor de 70 años, «lo cual quiere decir que ya tiene sus propios problemas de salud» y que, a veces, ha de pedir ayuda a sus hijos, quienes «ya tienen sus propias familias o trabajo y probablemente tampoco vivirán cerca».
Todas estas razones pueden dar lugar a la aparición del ‘síndrome del cuidador quemado’, «que está frustrado» y que es «muy negativo y pesimista», señala este psicólogo clínico. A su parecer, estas personas necesitan apoyo y «algún respiro». «Alguien con quien hablar, que comparta sus enfados y frustraciones», apostilla.
Por lo que, llevar a esta persona a un centro es «algo positivo», señala. «No es tirar la toalla, no es un fracaso. Tanto la persona que cuida como la que sufre demencia va a tener una vida mejor», reitera.
En el caso concreto de los centros que él dirige, el paciente va a encontrar a un personal empático y tolerante con el paciente, «que ha recibido la formación adecuada». Los cuidadores, prosigue, «querrán conocer todo lo que pueda sobre la persona que va a cuidar y, después, se elabora un plan de tratamientos adaptado a las necesidades de las personas».
En definitiva, en sus palabras, «vivirán una vida mejor dentro de un entorno seguro». «No es el fin de las relaciones familiares. Es más, mejoran porque no resulta estresante para el cuidador: le puedes visitar durante minutos e, incluso, horas y disfrutar de ese tiempo con tu familiar», explica.
Por último, este experto considera que «no se está haciendo lo suficiente en investigación». «Probablemente porque la mayoría de los pacientes son de una edad avanzada, por lo que no interesa tanto», cree. No obstante, «sí que se está haciendo investigación farmacológica aunque no haya resultados positivos».
«Ahora es cuestión de investigar los tratamientos psicológicos y sociales. Planteándonos en qué situación funcionan mejor y durante cuánto tiempo. Centrándote en cada persona, lo que funciona con cada una», explica este experto, para quien mantener su autonomía es una de las prioridades.
Aerte advierte a la Generalitat que sus impagos han puesto a la dependencia en situación crítica
AERTE VALENCIA La continua situación de impagos ha conducido al sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana a una situación crítica, según un comunicado de Aerte. Los más de 100 millones que la Generalitat adeuda a las empresas representadas por la patronal de las residencias para mayores «ofrecen un reflejo de su insostenible situación desde hace más de 8 meses», indica la entidad.
El anuncio de nuevos recortes para atender a los grandes dependientes provocará, no sólo la falta de atención a ese colectivo, sino nuevos despidos, añaden las mismas fuentes. Este es el mapa que ofrece la realidad de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, según los portavoces de Aerte.
Una realidad de extrema gravedad, con características comunes. Las empresas del sector de la Dependencia representadas por Aerte no han cobrado ni un solo euro del año 2012, subrayan. La mayor parte de los trabajadores de estos centros no cobran sus nóminas. Existen grandes retrasos en el pago a proveedores, en los casos en los que cobran. Pese a que en reiteradas declaraciones en medios públicos, a principios de año, se ha dicho que tenían preferencia en el cobro los dependientes y especialmente los tutelados de la Generalitat, la realidad es que ningún centro que atiende a este colectivo ha cobrado ninguna factura del 2012, llevando a estos a una situación límite.
Esta situación puede provocar importante desabastecimiento de productos de primera necesidad en los centros de atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana, muchos de los cuales comienzan a tener problemas para la adquisición de alimentos.
Los retrasos en los pagos a la seguridad social están suponiendo unos cargos de demora del 20 % desde el primer día. Hay amenazas de cortes de suministros por impagos. Los trabajadores de estos centros se encuentran en una situación de lógica desmotivación e incertidumbre. El Gobierno Central y el Gobierno Autonómico anuncian más recortes, en un contexto de incremento del desempleo que pone en serio peligro la supervivencia de un sector estratégico, por el servicio que proporciona a la sociedad y el empleo que genera.
Los ahorros provocados por la reducción del cuidador informal sólo pueden ser ética y profesionalmente aceptables si se destinan a la atención de los más de 17.000 dependientes que hoy por hoy no reciben atención alguna. Durante los últimos 8 meses, Aerte está poniendo encima de la mesa soluciones y alternativas sin que hasta la fecha, se hayan recogido ni una mínima parte de sus pretensiones. Ha solicitado diversas reuniones con el Gobierno Valenciano mas allá de las Consellerías de Sanidad y Bienestar Social, al tratarse de una cuestión transversal que afecta a la política económica. Conviene no olvidar que además de la atención a dependientes, se trata de un sector estratégico que genera no sólo salud, sino empleo intensivo, inversión, tecnología y, con formulas innovadoras, reducción del déficit.
Sin embargo, resaltan los directivos de Aerte, «hace tiempo que la realidad de la Dependencia en la Comunitat Valenciana ha sobrepasado todos los límites, en un contexto adverso en el que las empresas llevan más de ocho meses financiando servicios de asistencia a los ciudadanos valencianos sin que la Administración realmente escuche la realidad que vivimos y sufrimos los que estamos al pie del cañón». «Existe tanto ruido en la calle „remarcan„ que parece que nuestros gobernantes ya no escuchen. El futuro existe, pero si las cosas continúan así, si no se toman decisiones valientes y necesarias, pintan bastos», finalizan.
Andalucía dará 2,6 millones de euros más al año para Dependencia a fin de «minimizar el perjuicio» a los cuidadores
La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía aportará 2,6 millones de euros más cada año a la Ley de Dependencia para minimizar el perjuicio a las cuidadoras tras los recortes implantados mediante el Real Decreto-Ley 20/2012, según ha informado este jueves en un comunicado el departamento dirigido por María Jesús Montero.
Un total de 110.966 personas reciben actualmente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en Andalucía que, tras la aprobación de la nueva normativa estatal, han visto reducida en un 15 por ciento el importe recibido.
A este recorte, se suma que, a partir del 1 de agosto, las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras corren a cargo exclusivamente de ellas, un importe que asumía la Administración General del Estado, conforme ha explicado.
Para intentar amortiguar esta medida, la Junta ha activado un recurso para que este 15 por ciento se reduzca al 13,2 por ciento con una aportación desde el Gobierno andaluz de 217.000 euros al mes, lo que supone un total de 2,6 millones al año.
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha recordado en el Parlamento que este esfuerzo es muestra de la «apuesta decidida del Gobierno andaluz» por mantener y seguir desarrollando la Ley de Dependencia.
La consejera ha insistido en que la prestación para cuidados en el entorno familiar es una de las fórmulas de atención más importantes destinada a aquellas personas que desean permanecer en sus hogares el máximo tiempo posible y atendidos por sus familiares más cercanos.
Montero ha manifestado que el Real Decreto-Ley 20/2012 supone un «fuerte mazazo» a la normativa y que el Gobierno central ha actuado unilateralmente sin informar a las comunidades autónomas.
Además, ha asegurado que la Junta es «consciente del importante papel que juegan estás personas» que fundamentalmente son mujeres que, por cuidar a sus familiares, no han tenido la oportunidad de incorporarse al mercado laboral.
Por esta razón, la Junta ha puesto en marcha planes de formación destinados a estas cuidadoras no profesionales como el Cuidabus y los talleres presenciales, que tienen en cuenta cuestiones como el nivel de especialización en la materia, la reducida disponibilidad de tiempo para formarse y las dificultades de acceso geográfico.
Los pensionistas evitan adelantar sólo en julio casi 3 millones para adquirir sus fármacos desde la entrada del copago
La Consejería de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha resaltado que el ‘contador de euros’ que su departamento habilitó dentro de su sistema de dispensación electrónica de receta (Receta XXI) para que los pensionistas andaluces no tuviesen que adelantar el pago de los fármacos tras la entrada en vigor del copago, «les ha evitado ya tener que adelantar solo en el mes de julio casi tres millones de euros».
En respuesta a una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento a petición del grupo socialista, Montero ha recordado que la aplicación del copago en farmacia, una medida regulada a nivel nacional a través del RDL 16/2012, obliga a los pensionistas a pagar entre el 10 y el 60 por ciento del coste de sus tratamientos, con un tope máximo mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros dependiendo de la renta.
También ha recordado que esta norma establece que el usuario abone el 10 por ciento de cada fármaco y que después solicite un reintegro de los gastos si se superan los límites mensuales fijados para cada caso, «castigando de nuevo el bolsillo de los ciudadanos que peor lo están pasando en estos momentos de recesión económica».
Concretamente, ha detallado que el 85 por ciento de los 1,6 millones de pensionistas andaluces está en el tramo que pagan ocho euros al mes según la norma; 260.895 abonarán hasta 18 euros al mes y 4.033 (el 0,2%) un máximo de 60 euros mensuales.
Al hilo de ello, ha recordado que la distribución por tramos está establecida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en función de renta, si bien ha reprochado que «se están registrando fallos de procedimiento, ante los que el INSS no está respondiendo y quedando así los ciudadanos desprotegidos».
No obstante, ha defendido que gracias a la extensión de la receta electrónica, los pensionistas andaluces no tienen que solicitar dicho reintegro, ya que el sistema de Receta XXI «permite cobrar sólo hasta los umbrales máximos establecidos por el Ministerio», evitando así que los ciudadanos tengan que adelantar dinero por la compra de sus fármacos.
COMPUTO DE JULIO
Así, un total de 321.661 personas se han beneficiado de este procedimiento en el mes de julio, con lo que han evitado tener que adelantar dinero en el momento de la retirada de sus medicamentos. De ellas, el 53 por ciento corresponde al tramo de renta que tiene el tope máximo mensual establecido en ocho euros, y un 39 por ciento a quienes tienen como máximo 18 euros al mes.
La estrategia digital Diraya, sobre la que se desarrolla la receta electrónica, permite cruzar directamente los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral ofrecida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Esta medida, puesta en marcha por la Junta de Andalucía «evita que el paciente tenga que reclamar el dinero que cada mes haya excedido del tope que le corresponda y esperar seis meses la devolución», ha recordado Montero, quien ha matizado que, además, se minimiza «el coste de los trámites burocráticos necesarios para ejecutar los abonos». En Andalucía, cerca de medio millón de pensionistas mayores de 65 años consume más de cinco recetas al mes.
La Generalitat catalana dice a De Guindos que la atención a las personas está «por delante» de todo
El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Josep Lluís Cleries, ha avisado al ministro de Economía y Competititvidad, Luis de Guindos, que la atención a las personas está «por delante» de todo, ante las declaraciones del ministro donde advertía de que será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales si no mejora la economía.
En un acto de homenaje a los atletas paralímpicos de Barcelona’92 –en su XX aniversario– y Londres’12, el consejero ha censurado las declaraciones del ministro, a quien ha avisado de que «no es una opción» atender a las personas, ya que su atención está por delante de todo.
Precisamente, ha puesto como ejemplo los juegos paralímpicos, ya que son una apuesta por la igualdad de oportunidades y por hacer crecer a las sociedades, ha dicho.
En la misma línea, el presidente de la Once y su Fundación y también presidente Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, ha puesto en valor la discapacidad explicando que el entrenador de la Selección Española, Vicente del Bosque, no da abasto para leer las cartas que le llegan de padres de discapacitados de todo el mundo, después de que llevara a su hijo con síndrome de Down a la celebración del Mundial.
Carballeda ha celebrado que la Once haya llegado a ser finalista de los premios Príncipe de Asturias en la edición de este año, y ha lamentado con deportividad, que los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernàndez «ganaran en el último minuto y por ‘penalty» a la Once.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que el sentimiento que impregnó Barcelona en los juegos de 1992 fue el «espíritu de superación», que enriqueció colectivamente a la ciudad y mostró el camino por el que avanzar.
BARCELONA, «ACCESIBLE»
Según Trias, Barcelona es una de las ciudades más accesibles del mundo, cometido en el que, sin embargo, sigue trabajando para mantenerse entre los referentes mundiales de accesibilidad.
En el transcurso de la celebración se ha presentado el cupón que la Once dedicará el 23 de septiembre al XX aniversario de los Juegos Paralímpicos de Barcelona, con cinco millones de ejemplares e ilustrado con una imagen de la atleta Raquel Díaz, que participó por primera vez en unos paralímpicos.
En el acto también ha participado el secretario general de Deporte de la Generalitat, Ivan Tibau; el expresidente de la Generalitat y exalcalde barcelonés, Pasqual Maragall; la teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, y el delegado territorial de la Once en Catalunya, Xavier Grau, además de representantes del mundo político, social, asociativo, deportivo y de la discapacidad.
II curso modalidad e-learning: Atención gerontológica centrada en la persona
En el marco de la serie de acciones formativas que comenzaron en el año 2010, la Fundación Matía y la Fundación Asmoz con la colaboración del Gobierno Vasco organizan el II curso modalidad e-learning: “La Atención gerontológica centrada en la persona”.
Este curso ha sido diseñado y es impartido por la psicóloga y experta en gerontología social Teresa Martínez Rodríguez que profundizará a lo largo del mismo en la formación sobre el innovador modelo.
OBJETIVOS
· Aportar elementos conceptuales y alternativas metodológicas que permitan avanzar hacia una atención orientada a la calidad de la vida de las personas y a sus derechos.
· Señalar nuevas formas de trabajo en los centros y servicios en las que los equipos técnicos se impliquen y construyan, junto con las personas usuarias, y en su caso las familias, intervenciones acordes al modelo y a la realidad de cada contexto asistencial.
· Orientar, dar pistas sobre opciones metodológicas e instrumentos que ayuden a construir planes de atención a cada persona usuaria.
· Generar reflexión en torno a las buenas prácticas y a los riesgos de las intervenciones cotidianas, de modo que haya coherencia entre los principios rectores de la gerontología y la intervención profesional como contexto dinámico de interacción social.
DESTINATARIOS/AS
· Profesionales de atención directa a personas mayores (psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos/as, educadores sociales, auxiliares, gerocultures, médicos/as, enfermeros/as, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, etc.)
· Profesionales interesados en el sector gerontológico y geriatría que quieran profundizar en modelos de atención centrada en la persona.
· Responsables y gestores de centros y servicios gerontológicos.
DURACIÓN
Horas lectivas: 50 horas.
Fecha de inicio: 26 de noviembre de 2012.
Fecha final: 25 de febrero de 2013.
Los cuidadores no profesionales que cotizan bajan de 11.000 a 15
Los cuidadores no profesionales que están dados de alta y cotizan en la Seguridad Social en Castilla-La Mancha han bajado desde los 11.000 a fecha de 31 de agosto a 15 en la actualidad, según los datos aportados por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.Guindos avisa que es «imposible» mantener las prestaciones sociales si sigue la crisis
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha advertido este miércoles en el Pleno del Congreso que si en los próximos trimestres no se consigue modificar la situación económica de los últimos cinco años «será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales«, y ha recordado que es la falta de crecimiento económico y de empleo lo que «pone en riesgo» el Estado del Bienestar, y no las medidas del Gobierno.
Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación del portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, que ha reclamado un rescate a los ciudadanos en lugar de al sector bancario, y ha criticado que el Gobierno esté «socializando» las pérdidas de la crisis de la misma manera que «privatizó las ganancias durante la burbuja inmobiliaria» y que se destinen más de 100.000 millones a rescatar a la banca mientras se recortan servicios públicos y derechos.
«Sé que me va a decir que salvar el sistema financiero es una imperiosa necesidad para salvar la economía, pero es falso, y tampoco funcionaría aunque fuera cierto. Porque no estamos salvando al sistema financiero, que va más allá de las entidades e incluye trabajadores, accionistas y depositantes. Pero a esos no se les salva», ha reprochado, mencionando a los afectados por las preferentes o los desahucios como individuos «abandonados» por el Ejecutivo.
Por contra, a quien socorre la ayuda pública en realidad es a los «acreedores de los bancos españoles, que son en su mayor parte franceses y alemanes». «Es tan claro que el rescate se ha debatido en el Parlamento alemán y no aquí, y quienes lo defendían reconocían que era un rescate a sus propios bancos», ha añadido.
Hacia el modelo chino
«Y, mientras, las duras edidas de ajuste se aplican a la ciudadanía española, y el Gobierno está encantado porque puede hacer lo que pretendía hacer y echar la culpa a otro: al FMI, a la troika o a la herencia recibida. Pero ¿qué obliga a rescatar los bancos y no a los ciudadanos? Sólo la ideología y un modelo de sociedad profundamente injusto», ha acusado.
En esta línea, Garzón ha recriminado que el Ejecutivo quiere recuperar el crecimiento «cambiando el modelo social» y convirtiendo España en «una especie de China» que pueda exportar productos de forma competitiva «gracias a los bajos salarios». «Su proyecto económico no va a funcionar porque parte de premisas erróneas y lleva a un modelo de sociedad con más desigualdades, miseria y estallidos sociales, porque no hay sociedad que pueda tolerar lo que se impone de la troika y un modelo de país que nos deja sin futuro», ha añadido.
Por todo ello, la Izquierda Plural ha requerido al Ejecutivo que convoque un referéndum para que los ciudadanos puedan «tomar decisiones sobre lo que afecta a sus vidas» dado que se está gobernando «de forma ilegítima» en contra del programa electoral con el que el PP ganó las elecciones. Una actitud que, a juicio de Garzón, ha «devaluado» el Congreso y la propia democracia en un país cuyas decisiones se adoptan «en otras instancias a la que los ciudadanos no tienen acceso».
«En la calle y en las encuestas vemos que la ciudadanía ya no confía en un sistema que no le ofrece soluciones. El Gobierno está abandonando a los ciudadanos y arrojándoles a un sin futuro. Ha perdido legitimidad, porque no está ayudando a los ciudadanos, sino que usa todos sus recursos económicos y su tiempo para rescatar al sistema financiero», ha concluido.
El sistema de bienestar, en riesgo
Durante su intervención, De Guindos ha afirmado que el objetivo del Gobierno no es ni la prima de riesgo ni los bancos, sino «conseguir que la economía vuelva a crecer y a generar empleo» porque «si no se consigue en los próximos tres meses una modificación de la situación de los últimos cinco años será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales«.
«La mayor garantía del Estado del Bienestar es el crecimiento económico y el empleo. Si eso no se consigue lo estaremos poniendo en riesgo», ha insistido el ministro, reconociendo no obstante que esa aspiración ha exigido «sacrificios» a la población y que la corrección de los «profundos desequilibrios acumulados» requerirá «su tiempo». A renglón seguido, ha insistido en que si España no vuelve al crecimiento y el empleo, habrá «muchos más problemas de sostenibilidad de la economía», y ha defendido que «se están poniendo las bases de la corrección y el crecimiento futuro» con medidas como la reducción del déficit para «recuperar la confianza».
Rescate en condiciones ventajosas
De Guindos también ha respondido a las acusaciones de que el Gobierno prefiere salvar a los bancos antes que a los ciudadanos asegurando que el Memorándum de Entendimiento (MoU) sobre el rescate bancario incluye condiciones «extremadamente favorables» para los intereses españoles, y ha expresado su convencimiento de que «la economía española será capaz de devolver rápidamente este préstamo».
En este sentido, ha asegurado que la reforma financiera incluye mecanismos para prevenir crisis futuras, y para evitar que si se producen los depositantes se vean afectados o se repercutan los costes en los contribuyentes, algo que ahora se «minimizará» gracias a la creación del ‘banco malo‘. «Me dice que deje caer los bancos y que vaya a rescatar a los ciudadanos.
Es una frase simple, sencilla y con cierto tinte demagógico. Pero cuando en la historia económica mundial se ha dejado caer el sistema financiero, como en la Gran Depresión, las caídas del PIB no fueron del 3 o 4%, sino del 20 o 25%, por la desconfianza brutal en el sistema. Y además dieron lugar a movimientos absolutamente extremistas que llevaron, por desgracia, a la Segunda Guerra Mundial», ha recordado el titular de Economía.
Por eso, ha insistido en la defensa de las medidas del Gobierno, incluyendo la reforma laboral para corregir un sistema que se ajustaba por el despido de forma «inasumible e inaceptable»; el Código de Buenas Prácticas para evitar los desahucios, cuyos «positivos» resultados dará a conocer próximamente; el incremento fiscal «mayor a los que más tienen», o la lucha contra el fraude. «Y si hay algo de lo que estamos lejanos es del modelo chino.
España es un país competitivo y su competitividad no se tienen que basar en salarios bajos, sino en la productividad, el capital humano, la formación y el desarrollo de la investigación con productos de valor añadido elevado», ha concluido De Guindos, apostando por la internacionalización y el sector servicios español para salir de la crisis.
