Archivo mensual: septiembre 2012
Presentación del Banco Solidario en Castilla-La Mancha
· Tiene como lema “Pide lo que necesitas. Deja lo que puedas”, y se trata de un nuevo instrumento de cooperación ciudadana para aliviar los efectos de la crisis en la sociedad española.
· Intervendrán Dña. Maria Dolores de Cospedal, Dña. Nieves Herrero y el Padre Ángel.
· Padre Ángel: “En estos tiempos de crisis social y financiera, Mensajeros de la Paz ha creado un banco distinto, un banco bueno de verdad, cuyo capital social es la solidaridad. Y aunque sus acciones no cotizan en bolsa porque son acciones de cariño y generosidad, sí que reparte beneficios: el 100%, y a los que más lo necesitan. Con www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com , la Web se hace solidaria, y la banca, humana. Estoy convencido que este banco va a crecer mucho, porque a la solidaridad no hay quien la pare, ni siquiera la crisis.”
Presentación del Banco Solidario en Toledo
Lugar Universidad de Castilla La Mancha
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Calle Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n – Toledo
Día y hora: Miércoles, 12 de septiembre de 2012 a las 10’00 h.
Con el objeto de dar a conocer al público y a los medios de la Comunidad la reciente iniciativa del Banco Solidario de Mensajeros de la Paz, se realizará una presentación de este proyecto social en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha (Calle Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n – Toledo ) de Toledo, el próximo 12 de septiembre a las 10’00 h.
La presentación correrá a cargo de la periodista Nieves Herrero, y se contará con la presencia del Padre Ángel García, presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, y con la intervención de la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Sra. Dña. María Dolores de Cospedal.
Durante el desarrollo del acto se proyectará un video informativo y Dña. Elena Alonso, Directora del Banco Solidario, realizará una demostración práctica del funcionamiento de la Web www.
El Banco Solidario de Mensajeros de la Paz (www.
Las peticiones siempre concretas (por ejemplo, una ayuda para arreglar el calentador de agua de una familia, o la petición de una cuna para un bebé que va a nacer) se muestran en la Web y el público puede adherirse a ellas aportando bienes o donaciones económicas.
El Banco Solidario no es un espacio de trueque, ni de intercambio. Las ayudas solicitadas no tienen porqué implicar una donación a cambio de otro bien o servicio por quien las recibe.
El funcionamiento del Banco Solidario es claro y absolutamente transparente. El papel de la ONG Mensajeros de la Paz es de mero intermediario, ofreciendo el soporte técnico necesario para el funcionamiento del proyecto, que tanto para donantes como para perceptores es totalmente gratuito.
Se distribuyen el 100% de los bienes y cantidades económicas que se reciban, que siempre tienen como destinatario a un solicitante de ayudas del banco solidario.
El banco solidario esta en Internet, en www.mensajerosdelapaz.com, y también en: Facebook BancoSolidarioMensajerosDeLaPa
El Banco Solidario se forma parte de la nueva Red de Recursos Sociales para aliviar los efectos de la crisis en familias españolas, que Mensajeros de la Paz esta potenciando en los últimos tiempos, reforzando centros y proyectos ya existentes o creando otros nuevos, como comedores sociales infantiles, centros de apoyo social, aulas de refuerzo escolar, bolsas de ayuda, y cursos de formación y capacitación profesional.
La Presentación del Banco Solidario coincide con el 50 aniversario de la ONG Mensajeros de la Paz que se celebra en este año 2012.
Las redes sociales cuidan a los ancianos
Un proyecto de la UE conecta «alarmas de caída» a estas redes para avisar a médicos y vecinos, con el fin de acelerar la respuesta de socorro
Cuando las personas mayores sufren alguna caída estando solas en sus casas, la cantidad de personas alertadas de esta situación puede acelerar la llegada de ayuda al domicilio del afectado. Con esta idea, un proyecto de alta prioridad de la UE está ideando cómo conectar esas “alarmas de caída” a las redes sociales. Cada vez será más necesario el cuidado de ancianos a distancia, por lo que, según un estudio, el mercado de aparatos específicos se multiplicará por 10 en seis años. Por Carlos Gómez Abajo.
Las caídas y las lesiones sufridas por las personas de edad avanzada cuestan enormes cantidades de dinero a la sociedad. Para tratar de paliar este problema, un proyecto de alta prioridad de la Unión Europe bautizado como Fareseeingestá investigando cómo descubrir y prevenir las caídas de los ancianos, y cómo puede conseguirse un ahorro en ese campo. Fareseeing cuenta con 11 participantes y con una inversión de 4,5 millones de euros.»El proyecto ha construido ya la base de datos más grande del mundo con información sobre los movimientos de las personas mayores justo antes y justo después de sufrir una caída», ha explicado el investigador Babak Farshchian en una nota de prensade Sintef (Fundación para la Investigación Industrial y Científica del Instituto Noruego de Tecnología), una de las entidades participantes. Se trata de la mayor fundación de investigación de Escandinavia.»Esto es posible gracias a los sensores fijados a un cinturón que llevan los ancianos en la cadera y que registran si el usuario se siente mareado o tiene debilidad en las piernas», añade Farshchian. Basándose en los datos recogidos hasta el momento, es posible predecir la próxima caída de una persona con mayor precisión y alertarle para que se siente o se acueste.
Una respuesta más rápida
El problema de las caídas es que a menudo tarda mucho tiempo en llegar la ayuda. Así que también se está intentando utilizar la tecnología para encontrar formas de acelerar este proceso.
En esta dirección, Sintef ha estado trabajando con la NTNU (Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología) para desarrollar una propuesta que permita que la tecnología de las redes sociales se utilice para dar la alarma en tales situaciones, en lugar de enviar una alerta sólo al proveedor de servicios sanitarios oficial.
«Es fácil llevarse la impresión de que Facebook es sólo para actividades lúdicas y recreativas, tales como compartir fotos y charlar de música, pero sólo estamos en las primeras etapas de la utilización de este medio», explica Farshchian.
Conectar la alarma a los medios sociales permitirá que la asistencia potencial se amplíe a un «equipo» en el que no sólo los servicios municipales, sino también los niños y los vecinos más cercanos puedan jugar un papel.
Una persona que ha sufrido una caída a menudo sufre dolor y puede estar en shock. Si la alarma se envía a muchos, la ayuda puede llegar más rápido. Esto es vital tanto para la persona que ha sufrido la caída, como para su familia.
Si la plataforma es aprobada, los propios municipios tendrán la posibilidad de establecer los nombres de las personas que serán alertados. Las empresas que fabrican tecnología de sensores también se han involucrado en el proyecto. Dado que los municipios controlan todas las alarmas que requieren interconexión, esto crea una serie de problemas.
«No tenemos el objetivo de vender la plataforma. Nuestra función es demostrar que podemos mejorar los servicios existentes de respuesta de alarma y que se puede conseguir un ahorro», subraya Farshchian. «El servicio se probará en Trondheim (Noruega) la próxima primavera», avanza.
El mercado de aparatos de monitoreo
En línea con el creciente aumento de la población anciana con necesidad de ser cuidados en casa, un reciente estudio llevado a cabo por ABI Research prevé que el mercado de dispositivos de monitoreo para ancianos crecerá a más de 36 millones de unidades en 2017, frente a los menos de tres millones en 2011; eso equivale a una tasa compuesta anual del 55,9%.
Aprovechar las comunicaciones inalámbricas de forma que se puedan llevar encima sin restringir o molestar a las personas mayores, les ayudará a vivir de forma independiente y hará más fácil el trabajo de los cuidadores.
Eso aumenta las posibilidades de este nicho de mercado, para que empresas del sector sanitario o tecnológico desarrollen nuevos aparatos, según la nota de prensa de ABI Research.
Hasta ahora, los servicios de emergencia y de asistencia se solían comercializar separados del monitoreo médico, pero a medida que aumentan las enfermedades crónicas, cada vez van más juntas.
FAMMA alerta de una «revuelta social» si siguen los recortes en las necesidades de los más vulnerables
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha alertado de una posible «revuelta social» si continúan los recortes en las necesidades de los más vulnerables.
«La actual coyuntura económica está ahogando al colectivo de personas con discapacidad porque se eliminan programas de empleo, se aplican recortes a las organizaciones de la discapacidad y se eliminan servicios sanitarios destinados a estas personas», han denunciado este lunes a través de un comunicado.
La organización teme una «revuelta social» si las administraciones no atienden las necesidades básicas del colectivo, lo que podría «desestabilizar el sistema y crear graves consecuencias para todos».
«El impacto que las subidas de impuestos está llevando a muchas personas con discapacidad a depender de percepciones sociales provenientes de la Administración para sobrevivir, por lo que estas medidas generarán un sobrecoste para las arcas del Estado y administraciones autonómicas», han añadido desde FAMMA.
El Gobierno de Canarias garantiza el mantenimiento de plazas residenciales para personas dependientes en Gran Canaria
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas ha asegurado la financiación de las plazas residenciales para personas dependientes en Gran Canaria, aunque dependen «de las administraciones locales y quedan al margen de los convenios de dependencia».
El Gobierno de Canarias subvencionará con un total de 1.503.401,18 euros distintas plazas residenciales y de atención diurna dependientes del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Telde, Santa Lucía, Agüimes y Gáldar.
Rojas ha explicado que, «a pesar de la situación de recorte actual», el Gobierno de Canarias «garantiza» el dinero que aporta para financiar las plazas en residencias y centros de día que las administraciones locales y las asociaciones desarrollan en la isla para prestar servicios a personas en situación de dependencia.
«Hasta que se configure definitivamente el Sistema para la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Canarias, nos resulta indispensable contar con todos los medios personales y recursos consolidados en el tiempo por las administraciones locales y las entidades sin fin de lucro, denominadas por Ley de dependencia, como tercer sector de acción social», ha añadido Rojas.
En sus últimas sesiones, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de la que es responsable Rojas a conceder estas subvenciones nominadas que permitirán mantener distintas plazas de atención a mayores y personas con discapacidad de las administraciones locales, y que no entrarán dentro del convenio de atención a la dependencia que el Gobierno de Canarias está firmando con todos los cabildos insulares.
En concreto, se concederá una subvención de 625.018,20 euros al Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria para el mantenimiento de las residencias de la Aldea de San Nicolás, Valleseco, Ingenio y Moya –579.597 euros–, y el Centro de Día de alzheimer del centro sociosanitario El Sabinal –45.421,20 euros–.
SUBVENCIONES POR MUNICIPIOS
En cuanto al Ayuntamiento de Telde, el Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención de 173.230,68 euros para financiar el transporte de usuarios del centro ocupacional del municipio –62.883 euros– y el Centro de Estancias Diurnas para enfermos de alzheimer y otras demencias –63.589,68 euros– y el Centro de Día de rehabilitación psicosocial –46.758 euros–.
Por su parte, el municipio de Gáldar contará con 251.453,41 euros para cubrir parte de los gastos derivados de la Residencia de Mayores Genoveva Pérez –203.761,25 euros–, centro de Día de la tercera edad –26.190,16 euros– y la ampliación del programa de vivienda tutelada a los fines de semana y festivos –19.502 euros–.
En cuanto al Ayuntamiento de Agüimes, el Gobierno invertirá un importe de 234.317,17 euros para sufragar parte de los gastos derivados de la ejecución de varios programas en las áreas de discapacidad y mayores, como los programas de Respiro Familiar para menores y discapacitados físicos y psíquicos con necesidades educativas especiales, a los que se destinarán 7.268,92 euros, y el mantenimiento de la Residencia de Mayores Villa de Agüimes, que recibirá 227.048,25 euros.
En el Ayuntamiento de Santa Lucía se invertirán 219.381,72 euros, con los que sufragará parte de los gastos derivados de la ejecución de los programas que se desarrollan en el Centro de Día para Enfermos de Alzheimer Juan Alvarado, que recibirá del Gobierno 113.553 euros; Centro de Día para Pacientes con Trastornos Mentales Crónicos, 48.399,41 euros, y el Centro de Día para Personas con Discapacidad de Vecindario Sardina, 57.429,31 euros.
El Gobierno de Canarias entiende que existen razones de interés público y social para la concesión de la subvención, sin necesidad de proceder a la concurrencia pública debido a la naturaleza específica para la que se solicitan estas subvenciones.
La Generalitat no garantiza los pagos a las entidades sociales concertadas
La tensa situación que vivieron las entidades sociales concertadas a finales de julio debido al impago de la Generalitat podría repetirse este mes. La conselleria de Bienestar Social y Familia reconoció ayer que «no puede asegurar al cien por cien» la normalidad en el pago de los conciertos correspondiente al mes de septiembre. Así lo alertó ayer la directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, que ligó la solución definitiva a la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica por parte del Gobierno.
A pesar de que los pagos relativos al mes de agosto se produjeron con normalidad, la conselleria que dirige Josep Lluís Cleries tiene aún pendiente saldar la deuda de julio, que en el caso de las entidades sociales asciende a unos 70 millones de euros. Según la conselleria, esta cantidad estaría vinculada al cobro del rescate que la Generalitat ha solicitado.
«La Generalitat trabaja con la idea de que el Fondo de Liquidez que ponga en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy permitiría liberar el presupuesto para hacer frente a los pagos pendientes», dijo Fortuny, que declinó fijar ninguna fecha para ello al finalizar una reunión con la Mesa del Tercer Sector y entidades sociales.
Estas temen que se repita la situación de julio, pero confían en que se encontrará una solución. «De momento se han producido todos los pagos relativos al mes de agosto y confiamos en que el mes de septiembre suceda lo mismo», dijo optimista el director general de la Mesa del Tercer Sector, Toni Codina, satisfecho después del encuentro con el conseller. «El conseller Josep Lluís Cleries ha dicho que pondrá todo de su parte para pagar los retrasos lo antes posible así como para realizar con normalidad los pagos de septiembre y se ha comprometido a mantenernos informados con la máxima transparencia para que podamos anticiparnos a lo que pueda suceder», apuntó Codina, tras la reunión en la que se abordaron los problemas económicos que sufren algunas entidades. Sin embargo si la situación de julio se repite «sería muy difícil tirar hacia delante y por ello debemos trabajar para que no se repita», reconoció el director general de la Mesa.
Después de la crítica situación que sufrió el sector hace un mes, las entidades han vivido este verano en una incertidumbre constante con temor a que se repitieran los impagos y provocaran el cierre de muchos de los centros que salieron adelante gracias a sus ahorros y a las pólizas de crédito. Un segundo impago podría poner fin a la labor de muchas de ellas y pondría en riesgo el conjunto de un sector vulnerable, así como la atención de casi 34.000 usuarios y la continuidad de más de 30.000 empleos.
En el próximo encuentro, que está previsto para finales de este mes, las entidades esperan poder abordar el mecanismo para recuperar el pago pendiente.
El 60% de los usuarios leoneses con una ayuda a domicilio tendrá las mismas condiciones
Los cambios introducidos en la normativa estatal que regula el servicio de ayuda a domicilio sólo afectarán a algo más del 39 por ciento de los usuarios del mismo en Castilla y León, unas 8.900 personas, que reciben esta atención como parte de sus prestaciones por dependencia. De media verán reducidas las horas de ayuda un 23 por ciento, según explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien recalcó que los 13.500 usuarios restantes seguirán con las mismas condiciones.
Así, el máximo para los grandes dependientes ha pasado de 90 a 70 horas y el mínimo de 55 a 46; para los dependientes severos, el tope ha bajado de 55 a 45 horas y el mínimo de 30 a 21, y para los moderados, se ha reducido el máximo de 30 a 20 horas y se ha eliminado el mínimo, que antes era de 12 horas. Dentro de esa horquilla, son los profesionales de los servicios sociales los que determinarán cuál es “la intensidad más adecuada” en cada caso.
Marcos informó de que en 2011 un total de 22.400 castellanos y leoneses se beneficiaron de este servicio, con un coste total de 72 millones de euros. De ellos, cerca del 61 por ciento no eran personas dependientes y ahora “no ha cambiado ni la intensidad de la ayuda ni la aportación económica que tienen que realizar”. Al respecto, señaló que en 2009 se estableció para estos ciudadanos un promedio de atención de 11 horas y un techo de 20 horas, que se ratificó el año pasado.
Asimismo, incidió en que “todo el mundo sigue teniendo el servicio”, aunque con menos horas en el caso de los dependientes en cumplimiento del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establece esa rebaja adaptando las horas en todas las comunidades a la media que se prestaba en España.
La titular de Familia explicó que este servicio tiene un coste de 14 euros por hora, sufragado entre la Administración autonómica, las corporaciones locales y los propios usuarios. Al respecto, señaló que el 20 por ciento de los beneficiarios accede de forma gratuita porque no tiene capacidad económica suficiente y que el resto abona una cuantía fijada por los servicios sociales en función de sus necesidades, del tipo de dependencia que tengan reconocida si son dependientes y de su capacidad económica computando su renta y su patrimonio, de forma que “nadie paga más del 70 por ciento”.
En 2011 el presupuesto total para esta prestación en la Comunidad ascendió a 72 millones de euros, de los cuales la Junta aportó el 74 por ciento, es decir 53 millones, los usuarios un 13 por ciento (9,5 millones) y las corporaciones locales el otro 13 por ciento (9,5 millones) de media porque son las competentes en esta materia y cada una puede decidir cuánto destina a esta cuestión.
La consejera de Familia indicó que los cambios introducidos por el Real Decreto en materia de dependencia supondrán un ahorro de 4,7 millones este año para la Administración autonómica por la reducción del número de horas para estas personas en los últimos cuatro meses del año, con un gasto estimado total de 48,3 millones. De forma paralela se rebajará la aportación de las entidades locales y “lógicamente” estos usuarios también pagarán menos al recibir menos horas de ayuda.
Marcos resaltó que, mientras que la intensidad de atención ha bajado un 23 por ciento de media para los dependientes, la Junta ha reducido su aportación a la ayuda a domicilio un 9 por ciento porque el 60 por ciento de los usuarios sigue igual y además la norma entró en vigor el 1 de agosto, por lo que solo afecta a los últimos cuatro meses del año.
Mensaje de tranquilidad
La titular de Familia quiso lanzar un “mensaje de tranquilidad” ya que aseguró que “la Junta de Castilla y León sigue apostando por la aplicación de la Ley de Dependencia” pese a las dificultades presupuestarias, que recordó que han existido desde que se aprobó esta norma en 2007 por los incumplimientos del Gobierno central, que tendría que haber transferido a la Comunidad en los cinco primeros años 456 millones más de euros de los que dio. “La aportación del Estado a las prestaciones por dependencia es insuficiente como lo ha sido siempre”, afirmó.
Marcos recordó que su departamento ha alcanzado pactos en el marco del Diálogo Social y con todo el sector para “ajustar la atención a las personas dependientes garantizando la sostenibilidad financiera del sistema y fomentando además los servicios profesionales, generadores de empleo y garantes de la calidad de la atención frente a los cuidados familiares”.
En el caso concreto de la ayuda a domicilio, destacó que se han ampliado las posibilidades que tienen los usuarios dependientes de acceder a ella ya que, además de poder solicitar la que prestan las entidades locales, ahora pueden adquirirla directamente en la empresa acreditada que quieran, “de forma que ninguna persona dependiente tiene que estar en lista de espera” para recibir esta ayuda.
Asimismo, resaltó que se han incrementado un 20 por ciento las cuantías máximas de ayudas vinculadas (las aportaciones económicas para que compren el servicio directamente) para los usuarios “que menos tienen”. “Esto además potencia el empleo en el ámbito de los servicios sociales, siguiendo nuestra idea de que vayan pasando de los cuidados familiares a los servicios profesionales”, concluyó la consejera.
Andalucía prepara una Ley de Atención a las Personas con Discapacidad
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz está preparando una nueva Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que elaborará en esta legislatura y que actualizará los preceptos de la norma vigente desde el año 1999.
Durante su intervención en la Comisión del ramo de la Cámara autonómica, Montero ha dicho que esta norma incidirá en la protección y garantía de los derechos de este colectivo y que vinculará y comprometerá a todas las consejerías de la Junta en un marco legal que encuadrará todos los planes y actuaciones relacionados con la atención de un colectivo «que conforman más de 700.000 personas, es decir, el 9,5 por ciento de la población de esta comunidad».
También ha señalado que, en la actualidad, la Consejería de Salud y Bienestar Social está desarrollando el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, que pretende mejorar la accesibilidad en los ámbitos de la educación, la vivienda, el transporte, el empleo, el ocio, la comunicación y el medio ambiente, así como la atención que se presta a este colectivo en los servicios sociales y desde el voluntariado.
La consejera ha afirmado que la Junta lleva a cabo el Plan Integral para las Mujeres con Discapacidad –que representan el 61,6% de este colectivo en Andalucía-, una iniciativa en la que destacan la apertura en todas las provincias de consultas ginecológicas adaptadas en el sistema sanitario público y la estrategia de formación específica para estas personas, sus familiares y profesionales que trabajan con ellas en diferentes ámbitos.
En lo que respecta al empleo, Montero ha señalado que el compromiso de esta legislatura es seguir desarrollando el Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacad y promover acciones específicas para incrementar su inclusión en el mercado laboral ordinario con el cumplimiento efectivo de la reserva del dos por ciento de contratos en las empresas privadas.
La titular de Salud y Bienestar Social ha recordado que la Junta ha firmado este mismo año el Pacto Andaluz por la Accesibilidad con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad CERMI-Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación de Empresarios de Andalucía, y los Consejos Andaluces de Colegios Oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
ORDENANZAS DE ACCESIBILIDAD
Montero ha anunciado también que, en virtud de este acuerdo, la Junta va a instar a los municipios a que se adhieran al Pacto por la Accesibilidad y a que aprueben ordenanzas municipales que promuevan y faciliten el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia en el ámbito local.
El objetivo fundamental de este acuerdo es promover la accesibilidad de los espacios públicos y edificaciones, de los medios de transporte, así como de los sistemas de información y comunicación en Andalucía. Para ello, se solicita la implicación de instituciones públicas, entidades representantes de personas con discapacidad, colegios profesionales y organizaciones empresariales y sindicales.
Montero ha señalado que uno de los compromisos de esta legislatura es propiciar la mejora de las condiciones de accesibilidad de los edificios de viviendas, mediante el impulso del modelo de vivienda convertible, un proyecto en el que se encuentra trabajando la Consejería de Fomento y Vivienda y que posibilita una adaptación a las necesidades personales a un bajo coste.
TRANSPORTE Y LENGUA DE SIGNOS
En cuanto al área del transporte, Montero ha señalado que son ya 45.000 personas con movilidad reducida las que tienen en Andalucía la tarjeta de aparcamiento de vehículos. La nueva tarjeta de aparcamiento, modificada a raíz de una orden que entró en vigor en junio de 2010, se puede obtener en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33 por ciento y una movilidad reducida.
Además, se ha ampliado la población beneficiaria de esta tarjeta a las personas con una discapacidad visual superior o igual al 65 por ciento y a las menores de tres años que tengan reconocida una discapacidad grave o muy grave.
Montero ha resaltado igualmente la puesta en marcha en diciembre de 2011 de la primera ley que regula en una comunidad autónoma el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera, tras la aprobación de la norma estatal.
A lo largo de esta legislatura, se va aprobar el reglamento que incluirá las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de las barreras en la comunicación, así como una orden por la que se creará una comisión especial de seguimiento en el seno del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con representación de los colectivos afectados para impulsar y velar por el cumplimiento de esta ley.
En el mismo campo de la discapacidad auditiva, la consejera ha resaltado el funcionamiento satisfactorio del programa de Detección Precoz de Hipoacusias en Recién Nacidos, cuyo objetivo es detectar posibles déficits auditivos y su rehabilitación.
En lo que respecta al empleo, Montero ha señalado que el compromiso de esta legislatura es seguir desarrollando el Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacad y promover acciones específicas para incrementar su inclusión en el mercado laboral ordinario con el cumplimiento efectivo de la reserva del 2 por cient de contratos en las empresas privadas.
Por otro lado, la consejera ha subrayado la importancia de desarrollar iniciativas para promover una imagen real de las personas con discapacidad alejada de estereotipos y prejuicios. Con tal fin, se propondrá la inclusión en los planes de estudio oficiales de las facultades de Comunicación de contenidos relacionados con las buenas prácticas en el tratamiento a personas con discapacidad.
La Cumbre Social de Navarra convoca una cadena humana contra los recortes el sábado 8 en Pamplona
La Cumbre Social de Navarra ha convocado para este sábado 8 de septiembre una cadena humana en el Paseo de Sarasate de Pamplona para expresar su rechazo a los recortes y en defensa del Estado de Bienestar.
Este movimiento está integrado por 36 entidades que representan a 207 organizaciones sociales y sindicales como UGT, CCOO, Solidari, Afapna, Movimiento 15M-Navarra, Coordinadora de ONGD, Herrikoa, Consejo de la Juventud, Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra, Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria, o el Colegio Oficial de Trabajo Social.
La movilización de este sábado tendrá lugar a las 19 horas y los convocantes animan a los asistentes a acudir vestidos de rojo, según han explicado en rueda de prensa Isabel Arboniés, de la Plataforma por la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia, y Daniel Hernández, secretario de Comunicación de CCOO de Navarra.
Además de esta cadena humana, la Cumbre Social de Navarra llama a los ciudadanos a acudir a Madrid el próximo sábado 15 de septiembre para participar en un acto a nivel nacional. Está previsto que «decenas» de autobuses salgan desde Pamplona a las 5.30 horas, desde Tudela a las 6.30 horas, y desde otros puntos de Navarra aún por concretar.
Isabel Arboniés ha afirmado que «hay razones vitales para movilizarnos» y ha argumentado que «nos reducen salarios, prestaciones por desempleo, pensiones, abaratan los despidos, nos desmontan los servicios públicos de salud y educación, abandonan a los más vulnerables».
La representante de la Cumbre Social de Navarra ha dicho que «la vida diaria ciudadana se ha convertido en un permanente sobresalto» y ha criticado que «el Gobierno del PP y sus seguidores autonómicos han precipitado a amplias capas sociales hacia la abrupta y creciente pobreza, exprimiéndolas hasta los tuétanos con subidas del IVA, servicios básicos y alimentos, mientras regalan amnistías fiscales y toleran fraude y la estafa a los que deberían aportar el grueso de los ingresos públicos con un sistema fiscal progresivo».
Arboniés ha defendido que «la ciudadanía y las organizaciones sociales tenemos una clara percepción de desigualdad de trato, de la aplicación selectiva de leyes, de cómo se manejan diferentes reglas de juego, de la falta de transparencia y del golpe asestado a nuestros derechos y libertades».
Según ha manifestado, «la gravedad de los hechos demanda una rebelión democrática en la que converjan todos los sectores, colectivos y personas que están sometidos a esta nueva forma de esclavitud que nos humilla».
Conclusiones en la Clausura del Encuentro de Envejecimiento, Fragilidad y Dependencia
El modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) se enmarca en el desarrollo de la innovación social y sociosanitaria basada en conocimiento científico producido y en las tendencias internacionales ya experimentadas, que avalan que la intervención debe responder de manera integral a las necesidades bio-psico-sociales de apoyo de las personas y hacerlo preservando su derecho a controlar y seguir tomando decisiones sobre sus propias vidas. Para ello, es necesario tener en cuenta y apoyarse en aspectos esenciales, como es la biografía de las personas, sus gustos y preferencias, su contexto socioambiental y sus capacidades preservadas.Gipuzkoa se blinda ante los recortes en la Ley de Dependencia
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el decreto que garantiza que los guipuzcoanos dependientes y sus familias no se verán afectados por los recortes establecidos en la nueva Ley de Dependencia, que suponen la reducción de un 15% en la cuantía de las actuales prestaciones y de un 30%, en las nuevas altas en el sistema a partir del 1 de septiembre.Aerte reclama a la EMT que no quite la línea 31 en la Patacona porque dejaría desasistido uno de sus centros
Familiares y residentes de un centro de Aerte en la Patacona, ubicado en la Avenida Mare Nostrum, han expresado su «alerta» por la privación del servicio de transporte público que reduciría notablemente su calidad de vida, física y emocional, ante la posibilidad de la supresión de la línea 31 de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia a su paso por esta zona.
El centro, que en la actualidad cuenta con un total de 80 usuarios, ha señalado en un comunicado la «alarma» producida por las informaciones que apuntan a esta posibilidad, cuya aplicación «impediría a los residentes recibir con normalidad la visita de sus seres queridos, algo esencial para su bienestar emocional, privándoles al mismo tiempo de su autonomía física y personal, al no poder utilizar ningún medio de transporte para realizar gestiones por sí mismos».
El centro ya se ha puesto en contacto con la EMT y el Ayuntamiento de Valencia para solicitar que esta medida no se lleve a cabo, pues «incidiría negativamente sobre un colectivo socialmente sensible, para quienes las visitas de sus familiares son de gran importancia, pues inciden muy positivamente en su estado de ánimo y estabilidad emocional, así como en el de los familiares».
En especial, según Aerte, «teniendo en cuenta que tanto los usuarios del centro como sus familiares se encuentran empadronados en el municipio de Valencia, por lo que sería una medida ilógica ya que el servicio público repercute en todos los ciudadanos del municipio, además de sobre el colectivo de residentes, un colectivo socialmente sensible».
Para el consejo de usuarios del centro, y para el propio establecimiento, «tanto los usuarios como los familiares de éstos tiene todo el derecho a recibir un servicio público como el que garantiza la EMT». «Máxime en el caso del , que no tiene alternativa de transporte alguna que pueda sustituir a la línea 31», ha añadido. En esta línea, ha apuntado que usuarios y familiares están empezando a asesorarse «para adoptar otro tipo de medidas legales, en el caso de que no se atiendan sus propuestas y se terminen eliminando dichas paradas de la línea 31».
La Junta cierra dos residencias sociales en Fuente Vaqueros por «graves deficiencias»
La detección de «graves deficiencias» en la atención prestada y las condiciones de una residencia de mayores y de otra de grandes dependientes en Fuente Vaqueros (Granada), ha llevado a la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Granada a acordar, como medida cautelar, la clausura de los centros, de los que es titular la entidad Instituto Geriátrico Fénix S.L.
Se trata de la ‘Residencia de Mayores Granada II, Grupo BBS’ y ‘Residencia de gravemente afectados, Granada III, Grupo BBS’, con un total de 81 usuarios, que ocupaban una plaza concertada por la Junta de Andalucía con estos servicios y que serán trasladados a otras instalaciones donde se les seguirá ofreciendo atención en las distintas condiciones: 29 en plazas de personas gravemente afectados y 52 en residencia de personas mayores; de manera que no se van a ver afectados por este cierre y seguirán recibiendo la atención en condiciones de seguridad, calidad de la prestación, proximidad y evitar la dispersión.
La clausura de estos centros obedece, según ha informado en un comunicado la Delegación, a la obligación de la Consejería de Salud y Bienestar Social de velar por las condiciones en las que las personas mayores o personas dependientes reciben la atención en centros e instituciones, para lo que, periódicamente realiza inspecciones en las instalaciones en las que se comprueba la calidad de la atención prestada, las condiciones higiénicas, la adecuación de espacios a las especiales necesidades o la ratio de profesionales respecto a los usuarios.
De esta labor de inspección, según la Administración Autonómica, se desprenden «graves incumplimientos» detectados «que afectan directamente a la atención integral y al bienestar de las personas usuarias del centro», por lo cual, la Delegación de Salud y Bienestar Social «ha venido apercibiendo a la dirección de estos centros para la subsanación de estos problemas sin hallar resultados satisfactorios».
La Junta ha querido dejar claro ante usuarios, familiares, trabajadores y opinión pública en general que esta decisión de cierre «obedece única y exclusivamente a los graves incumplimientos y deficiencias detectadas y que podrían constituir infracciones graves tipificadas en la normativa vigente».
Esto, «unido a la reitera falta de atención e incumplimiento a los sucesivos requerimientos realizados por los equipos de inspección para la subsanación de las deficiencias observadas, tanto en las condiciones, requisitos y obligaciones como en las prohibiciones que se establecen en la normativa reguladora de la atención, seguridad y protección de los derechos de las personas usuarias de estos establecimientos».
El alpinista de 73 años Carlos Soria inicia su nuevo reto con el objetivo de escalar el monte Dhaulagiri
La Expedición BBVA-Carlos Soria Dhaulagiri 2012 al completo ha partido desde el aeropuerto de Madrid Barajas con destino Katmandú, en el inicio del nuevo reto del alpinista abulense de 73 años. Carlos Soria pretende coronar la séptima montaña más alta de la Tierra, el Dhaulagiri (8.167 metros), en la cordillera del Himalaya.
Carlos Soria ha explicado sus planes y estrategia de subida, “descartadas otras vías casi inaccesibles, seguiremos la ruta noroeste, una vía abierta en la primera ascensión en 1960 y que es la más utilizada, aunque técnicamente es un camino muy complejo”.Prudente y consciente de que las condiciones meteorológicas marcarán el calendario, Carlos Soria no ha concretado una fecha de ataque a la cumbre, “una vez alcancemos el Campo Base, en torno al 11 de septiembre, buscaremos una adecuada aclimatación e intentaremos la cumbre lo antes posible siempre que se den las condiciones adecuadas, porque permanecer a mucha altura deteriora tremendamente el cuerpo”, ha declarado.Zabaleta defiende un modelo de atención a las personas mayores donde el domicilio sea el lugar preferente para los cuidados
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha inaugurado esta mañana en Santander un curso de cuatro días sobre
envejecimiento y dependencia organizado por la Fundación Pilares para
la Autonomía Personal, en el marco de los cursos de verano que lleva a cabo la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP). El acto se ha desarrollado en el Palacio de La Magdalena.
Las nuevas perspectivas sobre el cuidado a las personas que necesitan ayuda han de tener en cuenta, necesariamente, “el respeto a su autonomía personal y su libertad para tomar sus propias decisiones”, ha señalado la consejera. “Por lo tanto, deberíamos pensar en lo que las personas necesitan y no sólo en lo que desde los servicios podemos ofrecer. Se trata de articular un sistema de atención en el que el
centro sea la persona y no los servicios, y éstos sirvan a sus necesidades y sus preferencias”.
La población vasca es una de las más longevas del mundo, con una esperanza media de vida que ronda los 77,2 años para los hombres y los 84,3 años para las mujeres. Este hecho, junto al bajo índice de fecundidad de 1,2 hijos, conduce a Euskadi hacia una sociedad cada vez más envejecida donde casi uno de cada cuatro vascos será mayor de 65 años en el año 2025.
Frente a los recortes del Estado en la Ley de Dependencia, la consejera Zabaletaha propugnado un nuevo modelo de atención a las personas mayores basado en la colaboración entre las áreas sociales y sanitarias (lo que se conoce como espacio sociosanitario), la creación de empleo (el sector de los servicios sociales es un nicho de empleo) y la rehabilitación de la vivienda habitual, el domicilio en el que viven las personas mayores. Todo ello se engloba en el proyecto Etxean ondo, que puso en marcha el Gobierno vasco el año pasado y que es un modelo integral centrado en las personas y orientado a conseguir mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, a sus intereses y preferencias, y contando con su participación.
“Debemos poner a su disposición una oferta que traspase las fronteras de lo meramente asistencial, una atención personalizada que permita a las personas ser atendidas conforme a sus gustos, sus preferencias y su historia vital”, ha recalcado la consejera durante su intervención. Las encuestas muestran que el 80% de las personas mayores están satisfechas con su proyecto vital, se encuentran en plenitud de condiciones físicas y mentales, y tienen ilusión y ganas de emprender proyectos.
El modelo Etxean ondo otorga prioridad al mantenimiento de estas personas en su entorno de vida habitual, donde el domicilio se convierte en el lugar preferente de atención porque lo que la gran mayoría de estas personas desea es envejecer en sus propios domicilios o en una residencia lo más parecido posible al entorno en el que han vivido siempre. Ésta es la clave del proyecto un plan que “pretendemos siente las bases del futuro modelo vasco de atención a las personas mayores”, ha apuntado Zabaleta.
Uno de los rasgos de identidad de Etxean ondo es la integración de la atención sanitaria y la de servicios sociales. El sistema de servicios sociales se ha ido configurando con el tiempo como un sistema de derecho, y eso contribuye a que el ámbito sociosanitario pueda ser un lugar de trabajo común entre los dos sistemas, una forma de abordar la atención centrada en la persona de manera integral.
Además, es muy importante la accesibilidad en la vivienda y entorno para la supresión de barreras de accesibilidad en el hogar, y recomendaciones individualizadas para el conocimiento y la utilización de productos de apoyo y de nuevas tecnologías que resulten adecuadas, según cada caso, con el fin de favorecer el máximo de independencia y de autonomía y reducir riesgos de accidentes. El edificio es el mayor foco de obstáculos y barreras físicas para la movilidad, ya que presenta problemas de accesibilidad al 18,8% del conjunto de la población de Euskadi.
Fuente: Gobierno Vasco
Trabajadores de Servicios Sociales se encierran en centros de discapacitados
Trabajadores de la residencia y del centro de día que atienden a unos 120 discapacitados se han encerrado hoy en el edificio de estas instalaciones en Gijón en protesta por la decisión de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de Asturias de reducir el personal.
La protesta se mantendrá inicialmente hasta el próximo viernes cuando los sindicatos tienen prevista una nueva reunión con las autoridades del Principado, según ha informado hoy el Comité de Empresa.
La Consejería tiene la intención de reducir casi un 25 por ciento el personal auxiliar educador y eliminar más del 70 por ciento de los educadores de uno de los centros, según han informado fuentes sindicales.
La residencia de internado y el centro de día, ubicados en un mismo edificio en Cabueñes, atienden a unos 120 discapacitados con un personal de 150 empleados para los tres turnos.
Trescientas familias recurren al Supremo contra la reforma de la Dependencia
Representantes de 300 familias españolas han presentado este martes un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la anulación del decreto que reforma la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia, aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio, porque consideran que «vulnera derechos fundamentales», según informa Europa Press.
Así lo ha explicado a los medios de comunicación en la puerta del Alto tribunal el portavoz de la Entidad por los Derechos Civiles de la Discapacidad y sus Familias, Antonio Moreno, que se ha identificado como padre de un menor en situación de dependencia.
«Buscamos que se anule el Real Decreto, porque una cosa son los derechos adquiridos que tienen las familias con anterioridad al Decreto y otra las familias de nueva incorporación», ha explicado. En su opinión, sí sería posible aplicar la norma a las nuevas incorporaciones al sistema, pero no a los ciudadanos que ya tienen «derechos adquiridos».
Con esta demanda, las familias solicitan la anulación del real decreto que, según alertan, elimina los derechos adquiridos de los beneficiarios de la Ley de Dependencia, al recortar las ayudas a cuidadores, eliminar su cotización a la Seguridad Social y restringir el acceso al sistema de los dependientes moderados.
En concreto, consideran que se vulneran los artículos 4, 31, 33 y 49 de la Constitución Española, pero no pueden pedirle al Tribunal Constitucional que intervenga porque es una capacidad reservada al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, un grupo de cincuenta diputados o de cincuenta senadores, los gobiernos y los parlamentos autonómicos.
Aunque han acudido a la Defensora del Pueblo instando a la Alta Institución a recurrir el real decreto, aún no han obtenido respuesta, conforme ha explicado Moreno. «Estamos decepcionados porque la Oposición no ha interpuesto este tipo de recurso, y son los que tienen la potestad reglamentaria para hacerlo», ha añadido.
Además de esta vía del recurso por vulneración de derechos de la asociación, las familias que la componen recurrirán el Real Decreto de forma individual, a fin de conseguir una paralización de la nueva norma en cada uno de los casos y mantener el mayor tiempo posible las ayudas que hasta ahora estaban recibiendo.
Centros multiservicios, la apuesta de Castilla y León por un nuevo modelo de centros residenciales para personas mayores
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha presentado ante aproximadamente un centenar de profesionales el nuevo modelo de centros residenciales para personas mayores por el que apuesta Castilla y León: los centros multiservicios. Se trata de «adaptar la oferta a las nuevas demandas de los ciudadanos» y de «garantizar la viabilidad y supervivencia de la red de centros», así como de los servicios que prestan a sus residentes y los servicios a domicilio, tal y como ha explicado la consejera en la inauguración del encuentro »Envejecimiento, fragilidad y dependencia», patrocinado por la Fundación Pilares para la Autonomía Personal y que se celebra hasta el jueves en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
Este modelo resulta «más necesario que nunca», ha resaltado Milagros Marcos, una vez que Castilla y León pactó con el sector y con el Diálogo Social, a finales del mes de julio, potenciar los servicios profesionales y de calidad frente a las ayudas por cuidados en el entorno familiar, tras la reforma de la Ley de Dependencia decretada por el Gobierno de España. Así, se acordó aumentar en un 20% las cuantías máximas para acceder a un servicio y, en paralelo, reducir de forma progresiva las cuantías de los cuidadores familiares.
Con estos acuerdos, la Consejería se comprometió a garantizar a todas aquellas personas dependientes que ahora son cuidados por sus familias el cambio voluntario a otros servicios tanto en el domicilio -teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día- como de atención residencial. Y, para garantizarlo, la idea es facilitar el acceso a estos servicios en todo el territorio de la comunidad fomentando el desarrollo de los centros multiservicios.
La Consejería de Familia ha elegido un modelo de centro «vivo, abierto, más atractivo y flexible, y de mayor calidad», que gire alrededor de la persona y que permita estrechar los lazos de convivencia entre las personas mayores. Desde estos centros se podrán proporcionar diversas prestaciones: teleasistencia, promoción de la autonomía personal, ayuda a domicilio, catering, lavandería, comedor, centro de día, asistente personal y atención residencial. De esta forma, con el nuevo modelo de centros, el usuario que lo desee podrá vivir de forma permanente y los no residentes tendrán la oportunidad de acudir a él a tomar un café, dormir un fin de semana o dos semanas, permanecer durante el día o sólo por la noche, o incluso llevar su ropa a la lavandería del centro.
El servicio residencial también experimentará un cambio sustancial. En lugar de las tradicionales habitaciones dispuestas alrededor de un pasillo, se plantean unidades de convivencia, donde aproximadamente 12 personas convivirán como si se tratara de su verdadero hogar. Tendrán sus habitaciones, pero compartirán dentro del mismo módulo sala de estar, cocina, comedor, salas multiusos y una sala para los auxiliares de enfermería. La idea es que los residentes puedan personalizar su entorno, decorar la habitación de forma hogareña o tener espacio para compartir momentos con sus familiares. En definitiva, que conciban el centro como «su propia casa».
Cada uno de los residentes contará con un coordinador personal de referencia, que tendrá una visión global de la persona mayor y será el encargado de desarrollar el Plan de Vida de la persona asignada. Le prestará una atención directa y estable, y hará un seguimiento individualizado de sus rutinas y cuidados, pero además mantendrá informado de forma constante a sus familiares, ya que uno de los objetivos es que la familia participe más en la atención de sus personas mayores.
Y junto a estas novedades, los centros multiservicios también incluirán unidades de convalecencia sociosanitaria, destinadas a personas en situación de dependencia que, de forma transitoria o definitiva, o por razones de carácter social, no puedan ser dados de alta o no se pueda garantizar la continuidad de los cuidados en su domicilio.
El nuevo modelo de residencias para personas mayores ha tenido una buena acogida entre los centros públicos y privados de Castilla y León, como lo demuestra el hecho de que ya son 35 las residencias que han ofrecido a la Consejería pilotar en su centro este modelo pionero en España y seguir así los pasos emprendidos por la residencia pública Los Royales, en Soria.
Razones de estos cambios
Castilla y León ha optado por este modelo, ya probado en los centros de Protección a la Infancia y Discapacidad, tras detectar que las personas mayores y los profesionales del sistema de Servicios Sociales demandan un modelo de atención residencial alternativo, que huya del modelo hospitalario y que se aproxime a un verdadero hogar. Se trata de un «cambio de enfoque».
Estos cambios, semejantes a los desarrollados con éxito en países europeos, persiguen además favorecer la sostenibilidad de las residencias, especialmente en el medio rural, después de que la crisis económica esté dirigiendo a las familias hacia otros servicios para la atención a sus mayores y esté provocando que las residencias privadas tengan más de un 20 % de plazas vacantes. A eso ha contribuido también el hecho de que Castilla y León disponga de más de 43.400 plazas residenciales y una ratio de 7,44 plazas por cada 100 mayores de 65 años, frente al 4,43 de la media de España, y 2,4 puntos por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (5%).
Entre los objetivos de la Consejería figura garantizar la viabilidad económica actual y futura del sistema, así como la supervivencia de la red de Servicios Sociales, pero también evitar la pérdida de puestos de trabajo en un sector que emplea en Castilla y León a 35.000 profesionales, de los que 19.300 se corresponden con los servicios destinados a personas mayores.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León ha compartido hoy el acto inaugural con la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta. Ambas tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias el pasado 11 de mayo, precisamente en la residencia soriana de Los Royales, con la intención de lograr la excelencia en la atención a las personas mayores y tratar de mantener el liderazgo en el desarrollo de los Servicios Sociales.
Los perceptores de ayudas por dependencia lo tendrán más difícil en Cataluña
La Generalitat de Cataluña envió una carta en agosto informándo a los cuidadores de dependientes que, en aplicación del real decreto ley 20/2012 de 13 de julio, “nos hemos visto obligados a minorar el importe de la prestación económica por cuidador no profesional a partir de la nómina de agosto de este año. Lamentamos las molestias que esta medida le pueda ocasionar y quedamos a su disposición”.Según la Generalitat, los recortes del Gobierno central han provocado esta situación, con el agravante de que “centrifuga las responsabilidades hacia las comunidades”. El Gobierno catalán se queja abiertamente de que está sufragando los gastos que debiera pagar el Ejecutivo central. En el año 2011, por ejemplo, la Generalitat aportó 906 millones de euros y el Estado sólo 258 millones, cuando la ley establece que ambas administraciones han de aportar el 50% cada una. Para 2012, según las previsiones del consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, el Estado rebajaría aún más su aportación hasta los 128 millones.
