Archivo diario: 14 octubre, 2012

Castilla-La Mancha pierde 1.330 beneficiarios dependientes en un año

La Ley de la Dependencia tal y como la hemos conocido hasta ahora va a cambiar y de hecho ya está cambiando. La crisis está haciendo que el Estado revise esta Ley, para que pueda ser sostenible, así lo confirmó el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, en una mesa redonda a finales de septiembre sobre “Cambios en los plazos de aplicación de la Ley de Dependencia y futuro del Sector”.

El Gobierno regional ha reiterado en varias ocasiones que tal y como están las finanzas de la Comunidad Autónoma el sistema de la dependencia no se puede mantener, por lo que se trabaja para la sostenibilidad del mismo. Las claves de por dónde se orienta la estrategia en este ámbito por parte del Gobierno regional las dio Echániz, al señalar que se está priorizando priorice y atendiendo  de forma preferente a quienes más lo necesitan, de tal forma que la prioridad sea atender a la gran dependencia y a la dependencia severa.

En los presupuestos generales del Estado del año 2013 la partida destinada a la dependencia se reducirá en unos 200 millones de euros, lo que obligará a las Comunidades a hacer cuentas para ajustar sus fondos, reduciendo las aportaciones y el número de beneficiarios.

Datos
En Castilla-La Mancha, según los datos extraídos del Portal de la Dependencia, el número de personas beneficiarias a 1 de septiembre de 2012 (últimos datos) -y en relación a 1 de septiembre de 2011 – ha descendido en 1.333 personas, lo que porcentualmente supone un 3,3% menos.

A 1 de septiembre del pasado mes en nuestra región había contabilizadas 38.681 personas, siendo la sexta comunidad autónoma con mayor número. Todo apunta a que en los próximos meses la cifra siga descendiendo de forma más acusada.

Por lo que se refiere a las prestaciones en Castilla-La Mancha se observa una caída –que aunque todavía no es acusada-  sí pone de manifiesto la tendencia que se iniciará a partir del mes de octubre (debido a la modificación en agosto de la Ley).

Así en la comunidad castellano-manchega en septiembre de 2011 se registraban 54.001 prestaciones, y en septiembre del actual ejercicio hay 53.353, 648 prestaciones menos. El ratio de prestación por persona beneficiada se mantiene en el 1,35%.

Rebaja de la paga
Por otra parte desde el 1 de agosto las comunidades autónomas pueden aplicar la rebaja de la paga, como mínimo de un 15%, que percibían los cuidadores no profesionales por atender a personas dependientes en sus domicilios. Se trata de una de las medidas incluidas en la reforma de la ley de dependencia, aprobada por el Gobierno el pasado 13 de julio, que pretende fomentar los cuidados profesionales de los dependientes sobre los familiares.

Una rebaja que en Castilla-La Mancha ya se ha comunicado por carta a los beneficiarios.
Según los datos del portal de la dependencia -Servicio SAAD- a 31 de agosto se contabilizaban 9.914 cuidadores no profesionales -beneficiarios del convenio especial, una cifra que ha descendido pues a partir del 31 de agosto los cuidadores tienen que pagar las cuotas a la Seguridad Social.


Un 21% menos de presupuesto
La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia ha denunciado que el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2013 destina un 21 por ciento menos a las políticas de dependencia. El portavoz de la plataforma, José Luis Gómez Ocaña,  explicó  que, mientras que en 2012 el presupuesto para dependencia era de 167 millones, para el año próximo se han distribuido en dos partidas que en total suman 131 millones, es decir, un descenso del 21 por ciento.

A su entender, esta bajada implica que no solamente no se van a mantener el número de beneficiarios, sino que «se va a expulsar del sistema a mucha gente que viene cobrando», una práctica que, según ha denunciado, se hace desde un año atrás.

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La Junta estudia recortar el coste de las plazas de dependencia

La Consejería de Salud y Bienestar Social ha iniciado un proceso de negociación con todos los agentes implicados en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia con el fin de reducir los costes y «buscar fórmulas que garanticen su viabilidad» ante la difícil situación de tesorería a la que se enfrenta. Aunque ni la administración ni las empresas del sector quieren hablar de porcentajes todavía, fuentes consultadas apuntan a que la Junta estaría planteando reducir la asignación que reciben residencias y unidades de estancia diurna más de un 10%.

La Plataforma en Defensa de la Dignidad de los Mayores, que engloba a trabajadores, familiares y responsables de empresas del sector de la dependencia rechazan que el camino sea la reducción de los precios, ya que esto iría en perjuicio de la calidad del servicio y podría conducir a que las residencias vuelvan a ser asilos «con servicios básicos de hostelería y sin prestaciones sanitarias profesionales». Dicha plataforma destaca además la pérdida de empleo que acarrearía tal medida, debido a la reducción de las ratios de personal que conllevaría su aplicación y aluden a un estudio de la propia Consejería de Bienestar Social que destaca la rentabilidad de este sector, ya que «por cada euro invertido en empleo en dependencia se genera el triple en el conjunto de la economía regional, en forma de retornos fiscales directos (impuestos de sociedades, IVA, IRPF, tributos municipales y seguridad social)».

Asimismo, denuncian la paralización desde hace más de tres meses de la aplicación de la ley, «ya que no se están realizando nuevas valoraciones y las plazas que quedan vacías en residencias y unidades no se renuevan». Una situación que se produce a pesar de que «la mayoría de los centros tienen personas dependientes en lista de espera».

Por su parte, la Consejería culpa directamente de la situación al gobierno de Rajoy, que «ha puesto en serio riesgo la atención a las más de 19.000 personas atendidas en la provincia tras la aprobación unilateral de la reforma de la Ley de la Dependencia». En este sentido, desde la delegación explican que «medidas como la reducción de las aportaciones estatales por persona atendida, la rebaja del número de horas en el Servicio de Ayuda a Domicilio o el descenso del 15% en las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar están causando ya un notable perjuicio a los ciudadanos, a lo que se suma la eliminación del nivel acordado». Para la Junta, «la nueva situación solo es sostenible si los prestadores de servicio asumen los descuentos», algo que choca con la visión de los empresarios, que además de criticar el «constante retraso en los pagos» a que se ven sometidos, aseguran que «existen otras vías para garantizar la atención de calidad si se apuesta por la profesionalización».

El precio estipulado actualmente para una plaza de residencia es de unos 1.500 euros al mes, incluidos los servicios de medicina, psicología o fisioterapia, y en torno a 900 por una plaza en unidad de estancia diurna. La persona dependiente contribuye con el 75% de su pensión.

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La firma del acuerdo zanja el conflicto laboral del servicio de ayuda a domicilio en Ponferrada

El comité de empresa de la concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Ponferrada ya ha firmado el acuerdo con la firma Clece y el propio Ayuntamiento que zanja el conflicto laboral de las últimas semanas. El acuerdo garantiza la continuidad de las 71 trabajadoras del servicio y deja la reducción de horas anuales en 1.250 en vez las 2.500 que se planteaba al comienzo del conflicto.
Las trabajadoras de Clece sufrirá recortes de unas tres horas semanales —vienen trabajando 36— y la empresa dejará de contratar  a sustitutas durante los periodos vacacionales. La plantilla se organizará a partir de ahora para mantener el servicio en vacaciones sin necesidad de nuevos contratos, según explicó el representante de CC.OO en el sector de los servicios sociales, Alfredo Peláez.
La reducción de las horas de prestación será de en torno al 15 por ciento, estimó Peláez, que recordó que la reorganización y el recorte de horas comenzará a aplicarse en el año 2013.
Las trabajadoras que ya han sufrido el recorte que causó el conflicto laboral y que comenzó a aplicarse en el mes de agosto para ajustarse a las nuevas condiciones de la Ley de Dependencia , ya han comenzado a recuperar las jornadas laborales. Y continuarán así hasta finales de año, informó Peláez.
El servicio de ayuda a domicilio que presta la empresa Clece por concesión municipal asiste a 320 personas en Ponferrada.

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