Archivo diario: 28 octubre, 2012

El sector de la Dependencia hará acciones conjuntas por los impagos del Consell

Las patronales del sector de la dependencia Aerte y Lares y los sindicatos CCOO y UGT han anunciado acciones conjuntas para protestar por la «situación límite» a la que los impagos de la Generalitat, que les adeuda cerca de 100 millones de euros, ha llevado a los centros que atienden dependientes y a sus trabajadores.
Además, los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV han convocado para el próximo 31 de octubre una huelga en el sector de atención a personas con discapacidad, ya que a consecuencia del impago del dinero adeudado hay trabajadores que llevan más de cuatro nóminas sin cobrar.
En un comunicado conjunto, Aerte, Lares, CCOO y UGT han denunciado que se prevé el cierre de centros y la desatención a dependientes «si continúa la situación de impagos que está llevando a las empresas a la quiebra y la pérdida de empleo de trabajadores».
«El pago inmediato de la deuda es el único remedio para evitar lo que será una realidad dentro de muy poco», han advertido estas entidades.
Ante esta situación, sindicatos, empresas del sector, familiares, trabajadores y otras entidades sociales realizarán acciones de protesta conjunta, que no han precisado, ante la «inviable situación económica para intentar evitar el cierre de los centros».
Según afirman, «nunca, desde la aprobación de la Ley de Dependencia, el sector que da servicio al conjunto de personas en situación de dependencia se ha visto en una situación tan límite como la actual».
En el comunicado señalan que la «hipotética tabla de salvación» para el sector que suponían los recursos que pudieran llegar al sector de la Dependencia por parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) «también se difumina».
Afirman que el anuncio del aplazamiento de los recursos del FLA al menos de dos semanas, «ha supuesto otro jarro de agua fría para un sector que comienza a ver en el cierre de centros y el despido de personal la única solución a su situación».
Patronales y sindicatos han informado de que los trabajadores llevan meses sin cobrar, los proveedores comienzan a dejar de servir productos de primera necesidad y los dependientes y sus familiares se muestran cada vez más pesimistas por esta situación.
Los sindicatos han exigido el pago inmediato de la deuda y un calendario de pagos estable para el próximo año y han llamado a la unidad de todo el sector y de todos los ciudadanos en su «justa reivindicación».

La Defensora del Pueblo recomienda apoyar a los cuidadores de la Dependencia para que no se queden fuera del sistema

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Gobierno la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores de personas en situación de dependencia para evitar que aquellas personas que «no puedan hacer frente al pago de las cuotas por falta de capacidad económica queden fuera del sistema».

En el marco de una serie de recomendaciones para mejorar la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, Becerrill ha realizado una serie de sugerencias para paliar los efectos que este Real Decreto-Ley pueda tener para los dependientes y sus familias.

En este sentido, recomienda la revisión del sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores en el entorno familiar, en línea con la propuesta de revisión formulada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

También recomienda establecer medidas de apoyo para la inclusión de los cuidadores no profesionales en el sistema de la Seguridad Social, teniendo en cuenta posibles situaciones de dificultad como la edad, las cargas familiares o el historial previo de cotización.

Para la Defensora del Pueblo los cuidadores no profesionales están realizando «una función social que representa un considerable ahorro de fondos públicos en materia social y sanitaria, por lo que considera que habría que facilitar que estas personas permanezcan dentro del sistema».

En cuanto a las condiciones que establece el Real Decreto-Ley para acceder al programa de Renta Activa de Inserción (RAI), la Defensora propone al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que detalle «claramente» en el reglamento los supuestos en los que los solicitantes pueden salir al extranjero sin perder su condición de demandantes de empleo y con ello la prestación.

Tal y como está redactada esta norma, el programa establece que el solicitante debe buscar trabajo activamente durante doce meses consecutivos y que una salida al extranjero «por cualquier motivo o duración» anula la inscripción como demandante de empleo.

Esta exigencia, que «para algunos supone vulnerar la libertad de circulación de las personas, aparece matizada en una instrucción que detalla seis supuestos en los que se permite una salida al extranjero de hasta tres meses».

Para la Defensora, estos supuestos deberían estar detallados en el Reglamento que regula el Real Decreto-Ley y la Administración debería asegurarse que los solicitantes de la RAI tengan suficiente información que advierta claramente sobre «los términos, circunstancias y límites temporales» que se fije para los viajes al extranjero.

En este mismo ámbito, Becerril pide que se incluya a las personas discapacitadas entre las que no tienen la obligación de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio por desempleo de nivel asistencial para acogerse al programa de Renta Activa de Inserción, al igual que ocurre con las víctimas de violencia de género o con los inmigrantes retornados.

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