Archivo diario: 8 noviembre, 2012
Un juez requiere a una anciana desahuciada en Níjar (Almería) a pagar 261,5 euros por encerrarse en sucursal bancaria
La jueza ha requerido a la anciana de 77 años desahuciada de su casa en Níjar (Almería) hace un año por avalar a uno de sus hijos para que abone «en el plazo de un día»una multa de 60 euros a la que fue condenada por encerrarse en el cajero automático de una de las sucursales de la entidad financiera que procedió a quitarle su vivienda.
Ángeles Belmonte, quien ya fue condenada por una falta de coacciones en abril al pago de 20 euros de multa por encadenarse a otra oficina de esta misma entidad en la capital almeriense, deberá indemnizarla, asimismo, con 201,52 euros que corresponden al coste que tuvo retirar el cristal de la fachada para que pudiese ser desalojada por la Guardia Civil.
La anciana, madre de Miguel Ángel Belmonte, más conocido como el «camionero sin camión», se encerró «bloqueando la puerta con una cadena» el 8 de enero de 2010 en el espacio habilitado como cajero automático en una sucursal bancaria de la barriada de Campohermoso, donde se ubica su casa, en la que reside como ‘okupa’ desde que fue desahuciada en noviembre de 2011.
Según consta en la sentencia del Juzgado de Instrucción número 5, a la que tuvo acceso Europa Press, cuando el personal de la oficina se dispuso a abrirla a primera hora de la mañana «no pudo hacerlo», por lo que finalmente fue desalojada por la Guardia Civil. Para esta actuación, la entidad llamó a una empresa de servicios, que le facturó 201,52 euros por retirar y volver a montar el cristal de la fachada del local.
La jueza, que resalta que Ángeles Belmonte «se negó a abandonar el recinto y a abrir la puerta hasta el director de la sucursal hablase con ella a fin de solventar sus problemas económicos, consideró su actuación una falta de coacciones y la condenó al pago de una pena de multa de diez días con una cuota de seis euros tal y como solicitaron tanto el fiscal como la acusación particular ejercida por la entidad financiera.
El ejecución de la citada sentencia, el Juzgado ha requerido a la anciana para que «haga efectiva» en el plazo de un día tanto la cuantía de la pena de multa como el importe de la indemnización aunque contra el auto cabe recurso de reforma o subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería.
SEGUNDA MULTA
Ángeles Belmonte ya fue denunciada por el director de la oficina de la misma entidad ubicada en el número 67 del Paseo de Almería después de que se encadenase a la barandilla de acceso «negando a abandonar el lugar pese a los requerimientos de los empleados» hasta que fue desalojada por la Policía Nacional a las 14,15 horas.
El juez también consideró en este caso, a la vista del «relato detallado» de los hechos que realizó en sala en representante legal de la entidad financiera, que la conducta de la anciana de 77 años era «enteramente subsumible» en el tipo penal de la falta de coacciones aunque rechazó dictar una medida de alejamiento solicitada por la acusación «ante la escasa entidad de los hechos denunciados, que no suponen en modo alguno peligro para la vida o la integridad física de los empleados de la sucursal», según ahonda.
Ángeles Belmonte reside desde noviembre de 2011 como ‘okupa’ en su propio domicilio después de que la entidad financiera ante la que efectuó su protesta ejecutase la orden de desahucio tras embargar su vivienda en la barriada de Campohermoso, que sirvió de aval a uno de sus hijos.
El ‘camionero sin camión’, quien ha desarrollado numerosas acciones de protesta a lo largo de los últimos meses como la que le llevo a quedarse en pañales ante la sede de los juzgados en la capital, asegura que su familia ha sido víctima de una «estafa» por parte de una empresa de reunificación de deudas que, según explica, no abonó el dinero necesario para pagar la hipoteca de la casa que sirvió para avalar la deuda.
Navarro mantiene una campaña que persigue hablar personalmente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aras de conseguir cambiar «un pequeño matiz» en un artículo de la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque, «que provocaría el fin de los problemas para mucha gente», según sostiene.
Trabajadores del sector de la dependencia se concentran en Valencia y Alicante en protesta por el impago de sus nóminas
Trabajadoresdel sector de la dependencia se han concentrado este miércoles en Valencia y Alicante en protesta por el impago de sus nóminas como consecuencia de la deuda de la Generalitat, que cifran en 150 millones de euros, según ha informado en un comunicado CCOO, que ha convocado la protesta junto con UGT.
El sindicato ha cifrado en «centenares» las personas que han secundado la protesta en Valencia y Alicante, con presencia de trabajadores de distintos centros, que advierten de su situación «límite», y representantes de las dos centrales. Los participantes han reclamado que la administración «pague la gran deuda que tiene con el sector de la dependencia que atiende a la tercera edad y centros de mujeres maltratadas».
La concentración en Valencia se ha celebrado, primero, a las puertas de la Conselleria de Hacienda y más tarde frente al Palau de la Generalitat, con cánticos y gritos para exigir el pago «inmediato» de las nóminas a los trabajadores y defender la permanencia en el tiempo de la atención a las personas en situación de dependencia.
Según CCOO, «son más de 500 los centros y servicios afectados por los impagos» mientras que cerca de 20.000 trabajadores tienen dificultades para cobrar sus nóminas. Actualmente, el 10 por ciento del personal ya no los cobra y ven «peligrar» sus puestos de trabajo «por el alto riesgo de que las empresas entren en concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus deudas».
Para los trabajadores, es «un sinsentido» que la Generalitat «quiera acallar las demandas de la población abonando solo 30 millones de euros para todo el sector cuando en total debe 150 millones».
QUE DEJEN DE «PONER PARCHES»
Los concentrados han exigido el pago «inmediato» de la deuda que tiene la Generalitat con los centros de Atención a la Dependencia y que dejen de «poner parches a una situación dramática y ya desesperante, porque así solo consiguen prolongar más la agonía de todos los afectados».
Según el manifiesto, «no se puede pretender acallar nuestras quejas haciendo pequeños pagos, como ejemplo los de Accesibilidad Social, que arrastra una deuda de diez mensualidades, y solo le han liquidado una».
Las trabajadoras y trabajadores del sector aseguran estar en «situación límite» por el «incumplimiento reiterado de la Generalitat de su obligación económica con los centros dedicados a la atención a las personas con dependencia», ya que los impagos se arrastran a lo largo del año y la deuda «supera ya los 100 millones de euros para la tercera edad».
«Lo que lleva a que, ante la falta de financiación bancaria, las empresas del sector están cerrando centros; despidiendo a trabajadores y, en la mayoría de los casos, dejando de pagar las nóminas», han denunciado, para lamentar la «incertidumbre que existe en el sector, tanto para empresas como para las plantillas».
Los trabajadores califican de «insoportable» los «continuos impagos del Consell; los recortes en dependencia; y las modificaciones en el concierto de las plazas de la Red de Utilización Pública, que están generando que el sistema que teníamos se venga abajo, y mientras se destruye el empleo, el empleo estable y de calidad e, incluso, a la incertidumbre constante de si se va a cobrar la nómina».
CCOO y UGT han pedido «transparencia y claridad» al Consell sobre el «tan anunciado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que llega con cuentagotas y está produciendo situaciones injustas y denigrantes para las personas en situación de dependencia y para las trabajadoras y trabajadores que atienden a este colectivo tan necesitado».
Sin dinero para residencias, un matrimonio separado por la dependencia
Desde que su mujer, Antonia, ingresó en un geriátrico hace un año, Julio Tomás Ruiz, de 90 años de edad, vive solo en un cuarto piso sin ascensor. Cada día sube y baja las escaleras para ir a verla a la residencia. “Ayer hizo 59 años que nos casamos”, recuerda. Asegura que, con su pensión, no puede costearse otra plaza de residencia y está a la espera de la resolución de la ayuda de la dependencia. “Cada vez es más frecuente que personas que quieren entrar en una residencia no puedan hacerlo porque la Generalitat todavía no ha concedido la ayuda y ellos no pueden pagársela”, explica Mónica Lucena, coordinadora del área social de Amics de la Gent Gran, entidad que acaba de cumplir 25 años y que lucha desde el voluntariado contra la soledad de las personas mayores y su marginación social.
El de Julio no es un caso aislado. Hay personas mayores que todavía no han sido valoradas como grandes dependientes aunque tengan problemas que les reste autonomía personal. “Los criterios de la dependencia son muy restrictivos”, comenta Llum Delas, de la Asociación Solidaritat amb la Gent Gran, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona un centro de día con 30 plazas ubicado en Ciutat Vella. Explica que en las valoraciones se tiene en cuenta sobre todo el criterio de la movilidad, la alimentación y la higiene, pero no “el deterioro cognitivo” relativo a la vejez, que según Delas, puede comportar olvidos, «como dejarse el gas encendido», que podrían poner en peligro la seguridad de la persona.
En contra de los impagos a la dependencia
Las fuentes consultadas coinciden en que es poco frecuente que personas mayores que ya están en una residencia la abandonen porque hayan dejado de poder costearla. Sin embargo, cada vez es más habitual que cuando no pueden pagarla, sean trasladadas a una plaza concertada o pública. De hecho, mientras que en muchos centros hay listas de espera para ocupar plazas públicas y concertadas, las vacantes en las privadas van en aumento, tal como se admite desde la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), que denuncia también el impago por parte de la Generalitat de 70 millones de euros correspondientes a los servicios prestados en el mes de mayo.
Por este motivo la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha decidido promover una iniciativa legislativa popular para que la administración catalana priorice por ley los pagos a ancianos dependientes y evitar así que puedan repetirse impagos de conciertos como ocurrió el mes de julio pasado. Piden que se bloqueen de los presupuestos las partidas destinadas a este colectivo.
Por otro lado, el Gobierno español ha aprobado medidas para reducir las partidas de servicios sociales, que ha impedido el desarrollo de la ley de la dependencia tal como fue concebida. Entre algunas de estas decisiones está la prórroga de la atención a las personas con dependencia leve hasta 2015, la reducción del 15% como mínimo de las pagas que recibe el cuidador familiar y la supresión de las cuotas que abonaba el Ejecutivo a la seguridad social.
Los profesionales y voluntarios geriátricos también señalan que cada vez es más habitual que las ayudas a la dependencia que concede la administración no lleguen a cumplir su función porque el dinero va a parar a manos de hijos y nietos en apuros económicos. “La crisis está agravando mucho la autonomía financiera de estas personas”, añade Llum Delas, que relata que algunos de los usuarios del centro de día en que trabaja como voluntaria cobran pensiones de entre 350 euros y 600 euros, “pero a veces este dinero sirve para que vivan familiares que han agotado las prestaciones de desempleo y no encuentran trabajo”.
Ayuda que no se paga
Más allá de las prestaciones administrativas, el sector de servicios sociales dedicados a atender las necesidades de la gente mayor también cuenta con varias organizaciones benéficas cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de este colectivo. Un ejemplo es Amics de la Gent Gran que está conformada por un equipo de 700 voluntarios. “Muchos de ellos son personas paradas que quieren ocupar el tiempo que ahora no dedican al trabajo en tareas de voluntariado”, explica la coordinadora del área social de la entidad sin ánimo de lucro, que, como curiosidad, cuenta con una voluntaria de 90 años.
Los voluntarios visitan una vez por semana a la persona mayor, que también tiene la opción de participar en una red de actividades para relacionarse con gente. Por ejemplo, tertulias a domicilio y excursiones. “Pretendemos que se sientan parte de un grupo y que no estén solas”, comenta Mónica Lucena. Y es que, según ella, la soledad tiene “un impacto directo” en las enfermedades. “La persona que se siente sola puede padecer más hipertensión, tiende a entrar en un estado de tristeza, de aislamiento, lo que genera a veces falta de autonomía”.
