Alberto Giménez

La patronal de la dependencia y de las residencias de tercera edad, Aerte; el Colegio de Farmacéuticos de Valencia; y la Plataforma de Proveedores de la Conselleria de Sanitat acogieron de forma respetuosa, y con cierta expectación, por los retos mayúsculos pendientes, los nombramientos de Manuel Llombart, como conseller de Sanitat; y de Asunción Sánchez, en Bienestar Social. Sin embargo, les recordaron a ambos que la administración autonómica debe 600 millones de euros a las empresas y profesionales que representan, y que los pagos por los servicios prestados se retrasan en muchos casos hace más de un año.

Por ejemplo, el presidente de Aerte, Alberto Giménez, recordó a Asunción Sánchez que la Generalitat debe 150 millones de euros a las residencias y centros de dependencia de la Comunitat Valenciana. Los representantes de Aerte, que agrupan a 200 empresas y representan al 80% del sector sociosanitario, estaban citados para este martes, día 11, en el despacho del destituido conseller Jorge Cabre, con el titular de Bienestar Social; y con el Secretario Autonómico, Joaquín Martínez. «Nosotros —dijo ayer— Alberto Giménez, estaremos allí, porque nadie nos ha desconvocado a este encuentro de trabajo, en el que íbamos a tratar una serie de cuestiones técnicas del sector, y algo muy importante: un plan de pagos para saldar la gran deuda que la Generalitat tiene con las residencias». Respecto a Cabré, Giménez le puso «un suspenso» por no haber podido resolver «los impagos, que han puesto a nuestro sector en una situación insostenible e injustificable». Sobre la nueva consellera, Asunción Sánchez, Giménez —empresario alicantino— dijo que la conoce de sobra: «Es una persona con una reconocida trayectoria profesional en el Ayuntamiento de Alicante».

Paralelamente, el letrado Vicente Peiró, que representa a la Plataforma de Proveedores de la Conselleria de Sanitat, consideró «un poco paradójico que siendo un acreedor de la institución autonómica —cabe recordar que Manuel Llombart, como directivo del IVO, reclama 58 millones a la administración sanitaria— se haya convertido en conseller». «Supongo —dijo— que ahora el IVO cobrará, aunque entendemos que Llombart es un buen gestor, en su condición de economista».

Respecto a Luis Rosado, extitular de Sanitat, Vicente Peiró calificó su etapa como «muy gris» pues «se ha escapado de los compromisos adquiridos con nosotros». El último, el referente al cobro de los 30 millones de euros que les adeudan de 2012. «Estamos indignados —enfatizó— porque han llegado fondos de liquidez autonómicos del FLA, y han servido para pagar intereses de deuda, retenciones del IRPF de los funcionarios, cuotas de la Seguridad Social, algo a las farmacias y algo a las residencias de dependencias, pero nosotros, ni un euro». Rosado, insistió, «nos ha tratado con deliberada maldad al no querer registrar nuestras facturas», lo que supone que no se han contabilizado ni pagado en el vigente ejercicio y tendrán que cobrarse con cargo al FLA estatal de 2013.
A su vez, la Presidenta de los Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, elevó la deuda actual de la Generalitat con este colectivo profesional a 420 millones de euros. «Confiamos y le pedimos —dijo— que el nuevo conseller cumpla el acuerdo suscrito hace apenas 10 días, en el pleno del Consell, donde se fijó un plan de pagos, que si se cumple, liquidará la deuda con las farmacias, en el mes de marzo», remarcó.

120 millones en deudas al campo
Por su parte, Ramon Mampel, secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, se alegró por el pase de Agricultura a la órbita del vicepresidente José Císcar, «una persona con poder dentro del partido y el Consell». Pero reivindica el pago de lo que se adeuda. Y recuerda que al sector de los productores agrarios se le debe 120 millones desde 2009 en subvenciones. Por último, el presidente de AVE, Vicente Boluda, se felicitó «por la reducción de 10 conselleries a 8, aspecto que en nuestra organización habíamos pedido, porque todos los ajustes son necesarios en los tiempos que estamos».

Hosbec: «Pasamos de tener una conselleria zombi a nada»
Las principales asociaciones hoteleras alicantinas coincidieron ayer en que el sector turístico ha salido especialmente mal parado con la remodelación del Consell. El presidente de la Asociación Empresarial de Hoteles de Benidorm y de la Costa Blanca (Hosbec), Antonio Mayor, aseguró que la fusión ha terminado por aniquilar las políticas turísticas de la Generalitat. «La Conselleria era un zombi y ahora hemos pasado a la nada», sentenció. Consciente de las exiguas posibilidades económicas del Consell, Mayor quiso emplazar al nuevo Ejecutivo a que marque «claramente sus prioridades», ponga en marcha acciones eficientes y apueste de manera decidida «por un sector estratégico». «El turismo puede ser el motor de arranque de la economía», concluyó. Cristina Rodes, de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, remachó: «El Consell ha vuelto a demostrar que no le importa demasiado el turismo».

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