Archivo mensual: enero 2013
La Conselleria de Bienestar Social valenciana abre el plazo para solicitar el Bono Respiro residencial para 2013
La conselleria Bienestar Social ha abierto el plazo para solicitar el Bono Respiro residencial para 2013, un sistema de ayudas para financiar estancias de carácter temporal en residencias para personas mayores dependientes, “cuando por circunstancias especiales necesiten la atención en un centro especializado que sustituya los cuidados que de forma habitual reciben en el ámbito familiar”, según ha explicado la secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Nela García.
La secretaria autonómica ha subrayado que en muchos casos “es la familia quien asume el cuidado de sus mayores dependientes, y desde la administración debemos apoyar a las familias a través de programas como el Bono Respiro, que permite sustituir de forma temporal al cuidador principal de la persona mayor dependiente”.
En este sentido, Nela García ha señalado que la Generalitat, “teniendo como prioridad la atención de las personas mayores y de sus familias, busca soluciones nuevas a través de servicios y recursos que mejoren las condiciones de vida de todos, sin olvidar por supuesto a los cuidadores, de forma que la atención a sus familiares no implique un desgaste físico y emocional”.
Este tipo de recurso benefició el pasado año a un total de 452 personas, utilizándolo en las tres modalidades que contempla: mensual, de fin de semana o diario. Por provincias, se concedieron 325 bonos respiro en la provincia de Valencia, 86 en la de Alicante y 41 en la provincia de Castellón. Para este año, la conselleria de Bienestar Social destinará 510.000 euros para financiar el programa.
Modalidades del Bono Respiro
El Bono Respiro está encaminado a satisfacer las siguientes necesidades: sustitución del cuidador principal cuando, de forma temporal y por necesidades sanitarias, sociales o laborales, no pueda realizar las actividades habituales que exige el cuidado de la persona mayor; cuidados del anciano tras altas hospitalarias en periodos de convalecencia; descanso del cuidador principal; o por otras necesidades que impidan o dificulten a las familias, transitoriamente, la atención a personas mayores dependientes a su cargo.
Se establecen varias modalidades del Bono Respiro: Mensual o Bono Verde que consiste en una estancia durante un mes consecutivo, cuando por las necesidades sanitarias o sociales la persona mayor necesite la atención integral en un centro especializado. Esta modalidad podrá hacerse efectiva durante un mes natural o bien de fecha a fecha en dos meses consecutivos, siempre que su disfrute se realice con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.
Bono Respiro Días o Bono Azul: consistirá en 20 bonos diarios para la atención en residencias que podrán hacerse efectivos a lo largo de 2013, durante 20 días consecutivos o agrupados, en cuyo caso el mínimo será de dos días consecutivos.
Y por último Bono Respiro Fin de semana o Bono Blanco: 12 bonos para su disfrute en una residencia de tercera edad, en los fines de semana que el interesado elija. Podrán disfrutarse en un horario que se establece a partir de las 9 horas del viernes hasta las 17 horas del domingo.
Requisitos y plazos de presentación
La orden que regula el programa para el presente año establece como requisitos para poder obtener la ayuda:
Tener 65 años o más en el momento de presentar la solicitud y haber cesado en la actividad laboral o profesional por jubilación o incapacidad. También podrán beneficiarse las personas de 55 años o más con la enfermad de Alzheimer y otras demencias.Estar empadronado en cualquiera de los municipios de la Comunidad Valenciana.Tener la consideración de persona dependiente, acreditada mediante el correspondiente informe médico.Acreditar la necesidad social y económica que establece la orden.De forma excepcional y con el objeto de mantener la unidad familiar, podrá solicitar el ingreso conjunto con el solicitante principal, las personas mayores o menores de 65 años que acrediten ser cónyuge o pareja de hecho, o ser discapacitado conviviente con el solicitante, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
Las solicitudes pueden presentarse en la Dirección Territorial de la conselleria de Bienestar Social de la provincia del solicitante. El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de esta orden en el DOCV, hasta el 28 de febrero de 2013, ambos inclusive.
La Generalitat de Cataluña unifica en una ley las normas sobre barreras arquitectónicas y discapacidad
La Generalitat de Cataluña ha aprobado este martes el proyecto de ley de accesibilidad, iniciado en la anterior legislatura, para «simplificar» el conjunto de normas actuales relacionadas con las barreras arquitectónicas y la discapacidad y dar un paso más allá, ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Neus Munté.
En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, ha destacado que el proyecto que ahora iniciará su trámite en el Parlamento autonómico agrupará la amplia normativa actual –de «díficil aplicación»— e irá más allá de una regulación sobre las barreras arquitectónicas, que la consejera admite que aún existen.
Se trata de un marco de referencia, cuya concreción deberá llegar una vez aprobada la normativa en la cámara, y que «no bajará el listón en la mejora de las oportunidades» de los discapacitados de todo tipo, ha asegurado.
Más de 476.000 personas sufren alguna discapacidad legalmente reconocida en esta comunidad autónoma, lo que representa el 6 por ciento de la población, aunque entre los mayores de 75 años se supera el 10 por ciento, debido a la tendencia al envejecimiento de la sociedad.
Munté, que ha recordado que Cataluña ya fue «líder con la aprobación del Decreto de Supresión de Barreras Arquitectónicas» en 1995, ha destacado que la norma se propone ahora un abordaje más integral para avanzar con medidas sobre la accesibilidad en el territorio –también en edificios municipales y de la Generalitat–, productos y servicios.
Ha resaltado también que el texto se ha trabajado en «colaboración activa» con las entidades representantivas del sector de la discapacidad, que habían reclamado una normativa de estas características, ha constatado.
PLAN DE JUVENTUD 2020
Además, ha anunciado que se ha aprobado el Plan de Juventud 2020, que plantea nuevos retos, como el de mejorar la trayectoria educativa y laboral de los jóvenes.
El éxito en la emancipación de los jóvenes, la promoción de una vida saludable y la universalización de la cultura son algunos de los retos del plan, que viene a actualizar el Plan de Juventud de 2010 que ya había quedado desfasado, y ahora se ha revisado y evaluado, ha declarado.
La crisis obliga a abandonar la residencia a uno de cada 10 ancianos
Al menos una de cada diez personas mayores ha dejado la residencia y los expertos aseguran que lo hacen empujados por la crisis económica. Las alternativas son volver a casa y pedir ayuda a una ONG o vivir con la familia a cambio de aportar la pensión para ayudar a cubrir los gastos del hogar.
Nuestros ancianos recurren al servicio de voluntarios para suplir sus carencias. La crisis del sector aumenta con los retrasos en los pagos de la administración, mientras, los estudios duplican la población mayor en 2050.
En el vídeo de laSexta Noticias pueden conocer a Carmen, de 90 años y atendida por una ONG. «Yo no voy a robar», afirma esta anciana, que no tiene recursos para permitirse acudir a una residencia para su cuidado.
«Lo que antes eran listas de espera ahora son camas vacías», asegura el gerente de la residencia ‘Ave María’, de Madrid.
Los huertos elevados en las residencias de mayores favorecen la actividad medioambiental en este colectivo
El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Luis Asúa, ha visitado este viernes la residencia ‘Las Camelias’ de Móstoles, donde el Gobierno regional ha colaborado en la instalación de un huerto terapéutico para que los mayores trabajen de manera amena en una actividad medioambiental, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.
«Crear hábitos saludables y comportamientos ambientales mediante actividades familiares y atractivas es el objetivo del proyecto de instalación de estos huertos de ocio elevados en residencias de la tercera edad impulsado por la Comunidad de Madrid junto con la Obra Social ‘la Caixa'», ha destacado Asúa durante su visita a la residencia.
Asúa ha añadido que el fomento de la agricultura ecológica es «una de las prioridades de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio». «Si esto además se conjuga con una actividad que mantenga activos a nuestros mayores de una forma que les guste y les permita seguir aprendiendo nuevas técnicas de trabajo y disfrutar después de unos alimentos cultivados por ellos mismos y de primera calidad, no podemos esperar mejores resultados para un proyecto», ha explicado.
Este plan desarrollado por el momento en cuatro residencias de la tercera edad situadas en el entorno del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama ofrece la posibilidad de acercar materiales y programas de trabajo adaptados a personas mayores, a personas con movilidad reducida o con problemas de espalda sin necesidad de grandes espacios.
ASESORAMIENTO TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA
«Se trata de una iniciativa que pretende mejorar la calidad de vida de los residentes, mediante la lucha contra el aislamiento y el encierro fomentando las salidas a los espacios exteriores, potenciar las capacidades personales para favorecer la autonomía y la autorrealización. Al tiempo crea espacios de trabajo que rompan la rutina y estimulen la ilusión», ha destacado.
Los huertos de ocio, didácticos, de carácter terapéutico y asesorados en todo momento por técnicos de la Consejería, persiguen la recuperación del legado histórico y cultural de la Comunidad de Madrid vinculado a la agricultura.
Asimismo, también pretenden incorporar conocimientos y tecnologías actuales relacionadas con la agricultura ecológica y el ahorro de agua; la recuperación de cultivos tradicionales de hortalizas, plantas medicinales y tintóreas; y, siempre que sea posible, la utilización de energías alternativas, así como la reducción y recuperación de residuos.
Estos huertos instalados en las residencias, también denominados mesas de cultivo, son estructuras de madera tratada rellenas de sustrato.
Se trata de recipientes idóneos para hacer crecer plantas hortícolas en espacios reducidos, y perfectamente accesibles para personas mayores o con movilidad reducida. Tienen la ventaja de que son ecológicos ya que posibilitan un ahorro de agua, y ergonómicas, puesto que no es necesario que el personal a cargo del huerto se agache. Además, el sustrato no se compacta, por lo que no es necesario cavar y apenas tiene costes de mantenimiento.
El número de pensiones supera en enero los nueve millones por primera vez
El paulatino envejecimiento de la población ha elevado el número de pensiones contributivas que cada mes abona la Seguridad Social por encima de los nueve millones por primera vez en la historia. El aumento de las prestaciones, además, está pasando facturas a las arcas de la institución, que en enero incrementó la partida que destina a estos pagos en un 4,8% pese a la decisión del Gobierno de no compensar a los pensionistas por la inflación. Ante este aumento de las prestaciones y la persistente caída del empleo, la Seguridad Social ya cerró 2012 consu déficit más abultado desde que dejó de financiar la sanidad.
Según los datos que ha publicado esta mañana el Ministerio de Empleo correspondientes al 1 de enero, el número de prestaciones contributivas creció en un 1,5%, hasta los 9.008.348. Por tipo de prestación, fueron las de orfandad, que aumentaron en un 7,3% aunque su peso en relación con el total es pequeño, y las de jubilación, que son las más numerosas y que suponen un mayor desembolso, que repuntaron en un 2%. Así, a principios de año, el organismo público tenía contabilizadas 5.402.863 pensiones por jubilación.
En cuanto al coste de estas prestaciones, el gasto en pensiones contributivas aumentó en enero un 4,8%, hasta los 7.653 millones, con respecto al mismo mes de 2011, cuando sí hubo paga extra para recuperar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. Las previsiones del Gobierno son de destinar un 4,2% a lo largo de todo 2013 en pensiones.
El repunte, que tuvo lugar pese a la supresión de la compensación por el IPC sufrida en 2012, que se solía abonar en una única paga en este mes, y la consolidación de la revalorización en 2013, indica que el gasto se acelera con respecto a los meses precedentes. Esto es debido, explica el departamento que dirige Fátima Báñez, por el incremento en el número de receptores y la subida del 1% aprobada por el Gobierno para este año para las prestaciones de más de 1.000 euros y del 2% para el resto.
A este respecto, la pensión media de jubilación alcanzó los 969,89 euros, un 3,6% con respecto al arranque de 2011. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 849,60 euros al mes, lo que supone un alza interanual del 3,3%.
Frente al crecimiento de los perceptores de prestaciones, el número de trabajadores que pagan mensualmente sus cotizaciones a la Seguridad Social ha caído con más intensidad al sufrir un descenso del 4,57% en 2012. Esto supone que a cierre de 2012 había 787.240 ocupados menos que a finales de 2011, lo que equivale a 16,3 millones de inscritos en el sistema. Esta destrucción de empleo ha provocado que, por primera vez desde 1997, haya menos de dos trabajadores afiliados por cada pensionista, cuyo número a finales de diciembre era de 8,1 millones. Con estos mimbres, la Seguridad Social cerró 2012 con su mayor desfase presupuestario desde que dejó de financiar la sanidad: un déficit de 11.800 millones, sin contar con los intereses del fondo de reserva.
Sanitas Residencial Altanova, el primer centro de Cataluña en obtener la certificación como “centro no sujeción de Libera-Ger”
Sanitas Residencial Altanova ha obtenido la certificación como “centro no sujeción de Libera-Ger” que otorga la Fundación Cuidados Dignos. Se trata del primer centro que consigue esta certificación en Cataluña.
La directora de Sanitas Residencial Altanova, Mónica Peláez, recibirá esta tarde la certificación de manos de la presidenta y fundadora de la Fundación Cuidados Dignos, Ana Urrutia.
Esta certificación supone un reconocimiento al proyecto “Por una residencia sin sujeciones” que puso en marcha Sanitas Residencial Altanova y que ha conseguido eliminar el uso de las sujeciones y cambiar la filosofía de cuidados de la residencia. El resultado de este programa es que del 15 por ciento de los residentes que utilizaban sujeciones en el centro, en la actualidad ninguno los necesita.
La directora de Sanitas Residencial Altanova, Mónica Peláez, está convencida de que “gracias a la formación y el desarrollo de este proyecto se han incorporado nuevos hábitos de trabajo, supervisión y seguimiento”. Durante el proceso de eliminación de las sujeciones, el equipo humano de Sanitas Residencial Altanova optó por realizar una serie de obras y mejoras en el edificio con el fin de evitar posibles barreras arquitectónicas. De este modo, se establecieron controles de acceso en las distintas plantas, cintas antideslizantes, camas de baja altura, butacas reclinables e incluso se reubicaron puntos de control de ordenadores y se procedió al traslado de controles a comedores.
“Después de más de dos años de trabajo e investigación, Sanitas Residencial ha logrado reducir el número de residentes con sujeciones a menos de un 8%, cuando la prevalencia en España supera el 30%”, asegura el director Técnico y de Organización de Sanitas Residencial, Pedro Cano.
Desde que Sanitas Residencial puso en marcha el proyecto a principios de 2011, una docena de centros de la compañía ya han conseguido la acreditación “Centro Libre de Sujeciones” que concede la Confederación Española de Organizaciones de Mayores mientras que otras cinco residencias más han completado la certificación como “centros no sujeción de Libera- Ger”. Asimismo, once centros más de la compañía se encuentran en proceso avanzado de reducción de las sujeciones.
Para la doctora y presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, Ana Urrutia, la gestión de las sujeciones es un tema pendiente en España, por eso la organización que ella misma lidera, creó la norma “Libera-Ger” la cual recoge un conjunto de principios generales que permiten implantar y evaluar el sistema de gestión y control de sujeciones así como garantizar una rigurosa gestión de las sujeciones restrictivas sin abandonar la seguridad de la persona.
Sanitas Residencial apuesta “Por una residencia sin sujeciones”
Sanitas Residencial inició a principios de 2011 un programa de racionalización y eliminación de sujeciones en todos sus centros, “Por una residencia sin sujeciones”. Se trata de un proyecto con el que se pretende preservar la dignidad y proteger la integridad de los residentes ofreciéndoles los mejores servicios y cuidados a lo largo de las diferentes fases de su vida.
El uso de las sujeciones en su momento pretendía prevenir situaciones de riesgo en determinados tipos de pacientes. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha demostrado que su utilización acarrea algunos problemas y que disminuye la calidad de vida de la persona: aparición de úlceras por presión, incontinencia, trastornos conductuales, inmovilidad, atrofia muscular, etc.
Para Sanitas Residencial, las sujeciones no son una alternativa terapéutica. Por ello, se puso en marcha este programa que tiene como objetivo eliminar a medio plazo las sujeciones en todos los centros de Sanitas Residencial.
El método de trabajo establecido por Sanitas incluye formación para todo el personal y un plan de acciones multidisciplinar. En primer lugar se realiza es un análisis exhaustivo de la situación de cada persona porque que la diversidad de los casos requiere de una planificación previa para determinar qué consecuencias ha tenido el uso de sujeciones y cuáles serán los efectos de su eliminación.
Una vez que se han retirado las sujeciones, se lleva a cabo un seguimiento para evaluar si la persona necesita ayudas adicionales como fisioterapia personalizada, terapias no farmacológicas, retirada de la medicación neuroléptica o la adquisición de recursos técnicos como sensores de movimiento o caídas.
El proyecto “Por una residencia sin sujeciones” ha demostrado que obteniendo todos los beneficios de la eliminación de las sujeciones, no ha aumentado el número de caídas que sufren los residentes y se mantienen en la cifra de aquellas que tienen consecuencias más graves, como fracturas o traumatismos cráneo-encefálicos. Incluso, se ha comprobado que en los centros sin sujeciones se respira un ambiente calmado, apacible, donde tanto residentes como trabajadores se sienten cómodos. Un cambio de cultura que incluye la personalización de la atención al residente.
En el programa ha participado todo el personal de Sanitas Residencial, desde los cuidadores y técnicos hasta la dirección de los centros, y se ha contado con el apoyo de las familias que han sido puntualmente informadas sobre las claves del proyecto y las distintas fases del mismo.
Recogida solidaria de alimentos para familias españolas en las inmediaciones del Bernabeu antes del partido Barça- Madrid
- El autobús solidario de Mensajeros de la Paz recogerá alimentos para familias necesitadas junto al Estadio Santiago Bernabeu, coincidiendo con la semifinal de la Copa del Rey.
- La recogida tendrá lugar el próximo miércoles, 30 de enero de las 12’00 h. a las 21’00h.
El próximo miércoles, día 30 de enero, el autobús solidario de Mensajeros de la Paz se instalará en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, entre las 12’00 y las 19’00 h., para recoger alimentos no perecederos que serán distribuidos a través del Banco Solidario creado por esta ONG, entre familias en estado de necesidad, afectadas por la crisis económica.
Los asistentes a la celebración de la semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, podrán dejar en el bus, de dos plantas, tipo inglés, su ayuda solidaria, bien en especie, o bien comprando tickets al precio de 1 euro, que se convertirán en kilos de ayuda alimentaria. Entre los alimentos recomendados para la donación se encuentran: legumbres, pasta, arroz, azúcar, aceite, conservas y alimentos infantiles.
La iniciativa del bus solidario forma parte de la campaña “Alimentando Corazones”, un proyecto de concienciación y movilización ciudadana para paliar los efectos de la crisis entre los más vulnerables a través de la donación de alimentos, que está promovida por el Banco Solidario de Mensajeros de la Paz (www.mensajerosdelapaz.com). El autobús solidario es un modelo inglés de dos plantas perfectamente reconocible por estar rotulado con el logo de Mensajeros de la Paz, y del Banco Solidario y con el eslogan de la campaña: «Alimentando Corazones «.
En el último año, Mensajeros de la Paz la ONG Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha en España toda una Red de Recursos Sociales anti-crisis, reforzando centros y programas ya existentes, y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que palien la situación de precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales. Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de esta nueva Red de Recursos Sociales anti-crisis son: Banco Solidario (www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com), Comedores infantiles, Guarderías Sociales, Aulas de Refuerzo y Apoyo Educativo, Bolsas de Ayudas Materiales y Cesta Solidaria, Voluntariado Social, Proyectos de Socialización e Integración, y Cursos y programas de Formación integral y Capacitación Laboral, entre otros.
Sevilla adjudica a Clece la ayuda a domicilio
La concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco, ha indicado que «ya se ha adjudicado a Clece el nuevo contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que se iniciará a partir del próximo 16 de febrero, tal y como estaba planificado, pues la empresa Claros finaliza la ejecución del anterior un día antes, el 15 de febrero».
«Con este contrato, el Ayuntamiento de Sevilla garantiza la prestación del servicio a más de 3.300 dependientes, a pesar de que la Junta no ingresa ni anticipa el coste autonómico», ha apuntado la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación.
Conflicto abierto en el sector de las residencias de la tercera edad
Las extremas dificultades financieras de la Generalitat afectan a todas sus áreas y el pago a las residencias de la tercera edad no es una excepción. Pero no todos los centros lo están pasando igual de mal. Aquellos bajo la modalidad de concierto denominado de accesibilidad social —la red de residencias que surgió a raíz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que participó la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino— ha recibido un pago selectivo por parte del Consell, que ha dejado al margen a buena parte del resto de centros, como han denunciado estos.
En el escenario de la atención residencial apoyada con fondos públicos hay dos protagonistas principales y varios secundarios. Entre los actores destacados, además de los centros de accesibilidad —agrupados mayoritariamente en torno a la asociación Aecas— se encuentra Aerte, la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia. Esta última ha puesto el grito en el cielo después de sentirse agraviada por haber sido marginada en el último pago realizado por la Generalitat a las residencias.
De la inyección de dinero (437 millones) del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que envió el Gobierno a la Generalitat en diciembre para hacer frente a pagos pendientes, el Consell destinó 63 a cubrir parte de las deudas que mantiene con el sector. Abonó 49 millones a las empresas de accesibilidad. Otros nueve, a entidades sin ánimo de lucro (básicamente entidades religiosas, agrupadas en torno a la asociación LARES, uno de los actores secundarios en este relato) y casi cinco millones a liquidar deudas a empresas que gestionan centros públicos, como ha denunciado Aerte.
Los centros de Aerte, que acogen a beneficiarios del bono residencia, de una modalidad de ayuda que establece la Ley de Dependencia (prestaciones vinculadas al servicio) y entre los que también hay residencias públicas de gestión privada, siguen esperando a cobrar los 60 millones correspondientes a buena parte de las facturas del año pasado. “Es un claro agravio”, sostiene María José Mira, gerente de Aerte. La pasada semana, la Generalitat les comunicó que antes del 31 de enero recibirán seis millones de euros, un 10% de la deuda, lo que “no soluciona nada”, dice Mira. Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la Generalitat.
El segundo motivo de agravio que plantea Aerte es que la Administración “ha potenciado las plazas de accesibilidad”, agrupadas mayoritariamente en Aecas, en perjuicio de los tipos de subvención de los que participan sus asociados. De esta forma, mientras que en 2007, las plazas del bono (en extinción) o de prestación vinculada al servicio eran 4.500, ahora son 3.000. Y mientras en 2007 los beneficiarios que la Generalitat remitía a las residencias con plazas de accesibilidad social eran 1.840, ahora rebasan las 4.000.
Aecas prefiere no entrar en los motivos por los que las empresas que explotan centros bajo la fórmula de accesibilidad social han cobrado antes. “A fecha de 26 de diciembre solo habíamos cobrado el mes de enero de 2012. Sin entrar en detalles, la situación de Aerte era distinta”, explica Marcos Penadés, presidente de Aecas. Respecto a la prioridad que ha podido conceder la Generalitat a sus residencias en el envío de personas, Penadés sostiene que deberían de remitirles más residentes. Para justificarlo, entre otros aspectos, sostiene que sus plazas tienen un derecho de preferencia reconocido por la Generalitat. Y alude a una decisión que tomó la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente del departamento el presidente de las Cortes, Juan Cotino (2007-2009) que les daba prioridad.
El contrato original de la fórmula de las residencias de accesibilidad social (los centros integrados mayoritariamente en Aecas) se elaboró mientras el actual diputado del PP Rafael Blasco, imputado por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a cooperación, dirigía la consejería de Bienestar Social. Ante la falta de residencias públicas ideó en 2001 un plan que consistía en proponer al sector privado la creación de 9.000 plazas nuevas a través de un concurso por el que la Generalitat se reservaba un tercio de ellas. Hasta entonces el modelo de subvención con el sector privado se basaba en el bono residencia, un importe que se entregaba a los beneficiarios para que escogieran una plaza privada. A partir del plan de las 9.000 plazas, entró en escena una nueva modalidad de subvención pública: el tercio de plazas de disponibilidad pública que se reservaba la administración, denominadas plazas de accesibilidad. Finalmente, el número total de plazas no fueron 9.000 sino 6.000, y las reservadas para residentes de la red pública 2.000.
En 2008, el máximo responsable de la Consejería de Bienestar Social, Juan Cotino, cambió las reglas. Firmó un acuerdo con las empresas de accesibilidad para concertar hasta el 100% de las plazas de estos centros. Entre estas compañías estaba Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL. Por entonces (ya no), Savia estaba participada por Sedesa Concesiones —filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)—, ligada a la familia de Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino.
Este pacto es el que quiere hacer valer Aecas, asociación integrada por Savia, Novaire, Solimar, La Saleta, Vergel Sénior, Parqueluz, Gerianna y L’Albereda-Alacuás, que concentran el 93% de plazas de accesibilidad social. “Están potenciando a cuatro empresas, por lo que sea”, explica Mira. “Solo pido que no nos perjudiquen a nosotros para favorecer a otros”, añade.
Fallecidos cobrando la Ley de Dependencia… o cómo un “estafador” puede ser “decente”
Por Patricia Arias
Hace ya varias semanas que llevo escuchando en los medios la cantinela de “malos ciudadanos” que están cobrando la ayuda a la ley de Dependencia aun habiendo fallecido el familiar dependiente. Aquí va mi caso, yo también estoy entre esos “malos ciudadanos estafadores”. Mi abuela falleció el 23 de noviembre de 2012 y cobraba mensualmente la ayuda a la dependencia. El certificado de defunción tardó en llegarnos unos 15 días y, en cuanto lo tuve en mis manos,empecé a hacer llamadas tanto a clases pasivas como a la Comunidad de Madrid para que anularan la ayuda.
La chica que me atendió por teléfono me dio la dirección de envío del certificado, ya que no residimos en Madrid. Le comenté si tendríamos que devolver las transferencias que llegaran a partir de ahora. Me dijo que no lo hiciese, ya que sería más lioso. Le di la opción de cancelar la cuenta (así no llegarían ni a entrar) y me dijo que tampoco, que tenía que aceptar las transferencias y que me llegaría a casa una carta de pago para devolver las transferencias indebidas; aun así, me advirtió que podría llevar bastante tiempo. Sólo quería denunciar que seguro que mi caso no es el único y que seguro que en esa lista de “estafadores” hay gente decente, pero ante la sociedad se nos ve de esa manera, por culpa de la incompetencia o la falta de medios de la administración. Por cierto, estamos ya casi en febrero y aún siguen llegando las transferencias de la Comunidad de Madrid.
«Las personas con demencia pueden mejorar su vida»
El grupo de residencias gerontológicas Ballesol, que en Gijón tiene representación en la calle de Velázquez, en Montevil, puso en marcha en marzo de 2010 el programa ‘Personas Siempre’, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de pacientes con demencias severas. Ayer, la coordinadora de Psicología del Grupo Ballesol, Leticia Pérez, expuso en el Aula de Cultura de EL COMERCIO los resultados obtenidos.Sanitas Residencial Luz se convierte en el segundo centro navarro libre de sujeciones
El proyecto Por una residencia sin sujeciones se comenzó a trabajar en Estella en 2011 con los 92 residentes que utilizaban estos sistemas. Según expuso ayer la directora, Esther Pinillos, no fue una tarea sencilla. «Desde el comienzo, nuestro trabajo se presentaba complejo debido, en gran parte, al alto porcentaje de residentes que eran dependientes y necesitaban sujeciones. Concretamente, un 60% de nuestros mayores, pero teníamos como objetivo claro eliminar el uso de las sujeciones físicas», indicó y recordó que las sujeciones nacieron como un mecanismo de prevención. «Sin embargo, en la práctica, acarrean riesgos como úlceras de presión, incontinencia, atrofia muscular o cambios en la conducta. Acaban limitando la movilidad de la persona y a su vez reduce su calidad de vida», indicó. En este centro se dieron cuenta de que era en las horas de la comida cuando más caídas se producían por lo que el siguiente paso fue diseñar un plan para evitarlas. Tras realizar un seguimiento vieron las necesidades de apoyo que necesitaba cada anciano como rehabilitación o terapias no farmacológicas, entre otras. Además, adquirieron recursos técnicos, como sensores de caídas, que han ayudado para que al final ningún residente tenga sujeciones.
USO NOCIVO. Maribel Perea, de Ceoma, recordó «el uso nocivo» de las sujeciones y de los fármacos y felicitó a Luz de Estella por haber conseguido eliminar las sujeciones físicas. Además, entregó la acreditación en un acto en el que también estuvo el director general de Sanitas, Doménec Crosas. «Es un gran día, algunas cosas van bien y este centro es una de ellas», indicó él.
Cuando los familiares recibieron la propuesta de eliminar las sujeciones, algunos como Ana Urbiola Pérez, hija de la residente Ana María Pérez Azcona, se preocuparon. «Cuando me dijeron que iban a quitar las sujeciones me disgusté porque mi madre es muy activa y tenía miedo a que se hiciera daño. Lo han conseguido y la verdad es que está mejor, se mueve pero no se cae. Hace un año no me hubiera imaginado que diría que mejor sin sujeciones», señaló.
En el acto también estuvo el consejero Íñigo Alli que felicitó a la residencia por este logro y señaló que «hay realizar políticas dirigidas a que las personas tengan autonomía y logren una vida plena». La alcaldesa Begoña Ganuza destacó que es muy satisfactorio para la ciudad el programa que ha desarrollado Sanitas en la ciudad del Ega.
Demolición de la Ley de Dependencia: Las ayudas caen a la mitad en cuatro años
«La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición». Así de tajante se mostró el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. Y es que la ley considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar sufre serios problemas de financiación. En el estudio se denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros en el último año, el aumento del plazo para recibir la prestación -supera los dos años legales- y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos que han «expulsado» a los dependientes moderados.
Una de las principales (si no la principal) disputa entre comunidades autónomas y Gobierno en las reuniones sobre Dependencia se resume en una pregunta: ¿Quién sufraga la ley? En el informe la respuesta está clara. «El Estado ha decidido retirarse de esta ley», lamentó Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4% en 2012.Esto supone que el Estado aportó 1.404 millones de euros de los 6.570 millones totales en el último ejercicio. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas, muy maltrechas económicamente y obligadas a duros ajustes para cumplir con el objetivo de déficit. Los gobiernos regionales han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012. Es decir, hasta 4.114 millones del total. También deben pagar más los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%. «Se está demoliendo desde la falacia de que la ley es insostenible», mantiene el informe.
Otra de las polémicas tiene que ver con el denominado ‘limbo de la Dependencia’, es decir, la lista de espera de los beneficiarios. El Gobierno anunció hace unas semanas que los dependientes con derecho a una prestación económica que todavía no la habían recibido se redujeron en seis puntos porcentuales en 2012. Pasaron de un 29% a un 23%. Esto supone 230.000 personas figuran en la lista de espera. Sin embargo, según criticó Ramírez, esta disminución se debe a la eliminación de algunas subdivisiones de los grados de dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirmó en su momento, que este cambio obedecía a motivos de simplificación para mejorar la gestión de los recursos. Desde esta asociación aseguran que con ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015. Y es que el Ejecutivo también retrasó hasta ese año la ayuda a los dependientes moderados. «Es un espejismo estadístico producido por las personas que perdieron el derecho a ser atendidos», afirmó Ramírez.
Menos grandes dependientes
El Gobierno siempre ha mantenido que la finalidad de todas las modificaciones legales era priorizar los recursos en tiempos de crisis y primar a los grandes dependientes frente a los moderados. Sin embargo, según el estudio, todas las comunidades autónomas redujeron el número de beneficiarios más graves en el último año salvo Madrid. Pero ha habido más cambios. «El decreto aprobado por el Gobierno en julio supuso la demolición controlada de la propia ley», explicó el presidente de la asociación. Y ha puesto como ejemplo el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. El Ministerio de Sanidad se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social en el convenio especial a 146.000 cuidadores.
En cualquier caso, el desarrollo de la normativa es muy dispar en función de cada comunidad autónoma. El informe destaca la labor sobresaliente de Castilla y León y la notable de País Vasco, Andalucía y La Rioja. Las peores notas son para la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia y Madrid.
El estudio también destaca la repercusión productiva de la normativa. «Gracias a esta ley se han creado 200.000 puestos de trabajo», aseguró Ramírez. Según sus datos, por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables». Además, los retornos directos a las arcas públicas se estiman en 1.371 millones.
Gipuzkoa extiende la aplicación de la Ley de Dependencia
Mientras la Ley de Dependencia se resquebraja por los recortes en algunas comunidades, en Gipuzkoa la Diputación ha decidido extender su aplicación, en lugar de meter la tijera. En concreto, 12.442 guipuzcoanos valorados como dependientes severos (grado II) y moderados (grado I, nivel 2) podrán acogerse al derecho a percibir la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), hasta ahora limitada a los grandes dependientes (grado III). Esta ayuda económica, de entre 300 y 462 euros al mes en función del nivel de dependencia, está pensada para sufragar la contratación de un asistente personal –sin lazos de parentesco– que facilite la estancia autónoma en el propio domicilio, «con el fin de retrasar lo más posible su acceso a otro tipo de recursos, como los residenciales», explica el diputado de Política Social, Ander Rodriguez. El Consejo de Diputados aprobará este martes el decreto foral que regula esta ampliación. Las solicitudes pueden empezar a tramitarse ya en los servicios sociales municipales. La ayuda podrá cobrarse con carácter retroactivo al mes de septiembre.«Potencia esta prestación»
Las prestaciones económicas para familiares que cuidan de una dependiente se pensaron en la ley como una fórmula excepcional y, sin embargo, se han convertido en la norma habitual. Nueve de cada diez perceptores de una ayuda económica por dependencia se han acogida a esta fórmula, que suponen a su vez el 31% de los recursos sociales destinados a este colectivo.El 70% de la inversión social
El creciente peso de las prestaciones económicas
El Observatorio de la Dependencia denuncia el «desmantelamiento» de la ley
El Observatorio de la Dependencia ha denunciado este jueves en su último dictamen el «desmantelamiento» de la aplicación de la Ley que están llevando a cabo algunas comunidades y ha calificado con un suspenso la actuación de Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón, que suspende por primera vez.
«A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la Ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sino en el retroceso en los principales indicadores que ya no mantienen en los últimos cuatro meses ni la tasa de reposición, siendo alarmante el ritmo de desmantelamiento que presentan en esos indicadores algunas CC.AA.», ha señalado el observatorio en su último dictamen.
En este sentido, el informe destaca «el empecinamiento» de la Comunidad Valencina, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con calificación de muy deficiente, «en no aplicar las prestaciones y servicios» que la Ley de Dependencia contempla, «poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica».
Asimismo, destaca el descenso en el ranking de alguna comunidad, como es el caso de Aragón, que por primera vez en los seis años suspende, o Castilla La Mancha, que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado. Por el contrario, el observatorio destaca que Castilla y León, País Vasco y Andalucía destacan de manera notable en la aplicación de la Ley, y reconoce el esfuerzo de mejora de Navarra y Galicia, que reciben un aprobado.
Además de estos «graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras comunidades», el observatorio destaca que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo, lo que considera «preocupante».
Para el observatorio, este «frenazo» en la financiación del SAAD se percibe en el gasto por habitante/año para esta política social, «estancado» en 113 euros por habitante y año, así como en la reducción del aporte por dependiente atendido, que se ha reducido hasta los 7.000 euros por año y dependiente atendido.
CRITICA LA «OBSESIVA» PRESIÓN A LAS CC.AA.
Respecto a la política del Gobierno, el observatorio critica las llamadas «reformas para la mejora del sistema», y especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio, que, a su juicio, «no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas», así como «la obsesiva presión a las CC.AA. para que reduzcan el gasto público». «El SAAD se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible», ha señalado.
De hecho, según la asociación, los datos oficiales indican que «de la paralización del sistema se está pasando a su involución». Así, a 31 de julio de 2012, figuraban como atendidas (con PIA) un total de 780.536 personas, mientras que el último dato publicado (1 de diciembre) constata un total de 770.949 personas con atención. Es decir, en los cinco meses que han pasado desde la aprobación del Real Decreto-ley, se han caído 9.587 personas del sistema.
230.203 EN EL «LIMBO DE LA DEPENDENCIA»
Esta reducción en el número de personas atendidas se traduce en 230.203 personas en el «limbo de la dependencia» (personas con derecho a atención pero que no la reciben), que ya representa el 23 por ciento de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas. Esta cifra representa una reducción respecto a 2010, lo que, según la asociación, el Gobierno ha tratado de «vender» como un descenso en más de 75.000 personas en este «limbo» fruto de las reformas del sistema.
Sin embargo, el observatorio razona que la reducción es «un espejismo estadístico» producido por las bajas resultantes por una parte de la modificación del calendario de la Ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015 y de la baja de aquellas personas que durante todos esos meses han ido falleciendo. «El limbo no se ha reducido por atender a más personas, sino por abandonarlas», señala el dictamen.
Este limbo también varía considerablemente de unas comunidades autónomas a otras. Así, las Comunidades de Castilla y León (4,4%), Ceuta y Melilla (6,8%), La Rioja (10,7%), Cantabria (10,7%) y Navarra (12,1%) son los territorios que menos porcentajes de lista de espera presentan actualmente. Mientras, en otras comunidades el porcentaje del limbo de la dependencia está muy por encima de la media estatal. Es el caso de Canarias (50,9%), Baleares, (41,2%) Galicia
(37,1%), C.Valenciana (33,4%) y Aragón (30,4%).
En el plano positivo, el observatorio señala que se constata que muchos territorios autonómicos están llegando al techo de reconocimientos de dependencia. Para la asociación, esto quiere decir que «la lógica implantación progresiva» de la Ley ha dado como resultado que en este momento se disponga de la información necesaria y actualizada de la situación de 1.272.846 personas en situación técnica de dependencia.
Huelga de hambre de los trabajadores de un centro social por los impagos de Consell
Uno de los trabajadores del Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot ha iniciado una huelga de hambre con el fin de que la Conselleria de Bienestar les pague los casi 119.000 euros que adeuda a este centrode atención a personas con discapacidad psíquica.
Vicente Gasó, de 36 años, es el trabajador que ha iniciado este miércoles la huelga de hambre frente a la sede de la Consellería de Bienestar Social en Valencia, al que en las próximas horas se unirá Carmen, de 71 años, madre de uno de los usuarios del centro, y este jueves Julián Oviedo, de 37 años y director del Centro Ocupacional.
«Estaremos aquí hasta que el cuerpo aguante o la Conselleria nos pague«, ha asegurado a EFE Julián Oviedo, quien ha recordado que la Conselleria les adeuda el 40 por ciento de la subvención correspondiente a 2012, que equivale a seis meses de impagos.
Por su parte, la Conselleria de Bienestar Social ha sido consultada por la Agencia EFE por esta protesta pero aún no ha ofrecido su versión al respecto.
Los trabajadores de este centro ocupacional ya amenazaron con iniciar la huelga de hambre el pasado 10 de enero, pero decidieron aplazar la protesta tras una reunión con representantes de la Conselleria que les comunicaron su intención de «dar respuesta a la situación» en un plazo de nueve días.
«Pasaron los nueve días y el dinero no apareció», ha señalado Julián Oviedo, quien ha indicado que Bienestar Social les ha dicho que el próximo viernes les pagará el 15% de los casi 119.000 euros que les adeuda, una cantidad que «solo cubre la Seguridad Social de diciembre y el pago a Hacienda de retenciones».
Oviedo ha explicado que el pago de esa cantidad permitirá al centro social solicitar la orden de ayudas de 2013 pero «no soluciona las consecuencias dramáticas para la estabilidad y funcionamiento del centro».
Durante el día permanecerán en sillas plegables y tapados con mantas frente a la Conselleria, pero pasarán la noche dentro de una furgoneta que han aparcado junto a este departamento de la Generalitat.
Vicente Gasó está siendo apoyado por trabajadores, usuarios del centro y sus familiares, que portan carteles con lemas como «Conselleria quiere cerrar los centros para esconder a las personas con discapacidad, basta ya», «Siete meses sin cobrar» o «Mientras vosotros engordáis vuestras cuentas, nosotros perdemos nuestras casas».
Julián Oviedo ha recordado que a principio del mes de febrero vence la póliza de crédito que avalaron con sus propios bienes, aunque ha indicado que han hablado con el banco «y va a tratar de ampliar plazos».
El Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot atiende a 40 discapacitados psíquicos adultos, según ha explicado Julián Oviedo, quien ha agregado que en las instalaciones trabajan ocho personas, «seis de ellas socios, que somos los que tenemos en peligro nuestros bienes».
Jubilación Siglo XXI de Ricardo Moragas
Ha caído en nuestra manos un estupendo libro y no queremos dejar pasar la oportunidad de compartirlo, Jubilación Siglo XXI de Ricardo Moragas. Enrique Velasco Vargas, Profesor de D. del Trabajo de la Universitat de Barcelona, escribe lo siguiente sobre el libro:
«El subtítulo en el presente libro de Ricardo Moragas ilumina de forma extraordinaria al título del mismo.
La jubilación, término estrictamente jurídico-administrativo, de alcance muy determinado, y de resonancias más bien tristonas, aparece aquí tratado en su acepción más amplia, más poética y más esperanzadora.
El autor, colega en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona; compañero en el área juslaboralista, él como Inspector de Trabajo, yo como abogado en esa especialidad (buscadores ambos de caminos más practicables para los trabajadores en ese árido terreno); trotamundos incorregible (buscador incansable en corregir situaciones de desvalimiento social); este autor, digo, consigue presentar esta fase de nuestras vidas, normalmente complicada, como una oportunidad para conseguir la mejor calidad vital.
Como docente, utiliza una prosa llana para introducirnos en problemática cada vez más presente en nuestras sociedades, como es la utilización positiva de las prestaciones personales que ya no nos requiere el trabajo y que ocupaban el centro de nuestra vida.
Su larga experiencia le hace abordar las diversas vertientes del territorio estudiado desde la evidencia de que el núcleo duro del problema es la actitud personal ante el mismo; siendo constante, en consecuencia, su invitación a la consideración serena y circunstanciada de una realidad, como es ésta, inesquivable.
Recorre así los diversos escenarios (salud física, mental, social, económica, medio ambiente hogar, enfermedad) en los que ventilamos la nueva situación; desgranando con su particular competencia y su fácil método expositivo (en el que se trasluce su larga estancia en las Universidades norteamericanas) las posibilidades reales, y normalmente escondidas, de una práctica diaria en la mejora de la calidad vital en cualquiera de los supuestos considerados.
Se trata, en consecuencia, de un libro, de un ambicioso alcance en su contenido, de una clara exposición, y de una innegable utilidad en amplios sectores de la realidad laboral de nuestras sociedades.»
Y también el Dr. Salvador Altimir. Médico Geriatra. Jefe de la Unidad de Geriatría del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, hace la siguiente reseña del libro:
«Tanto tiempo que se dedica a preparar ciudadanos para la vida activa y tan poco para contarles lo que pueden hacer tras la jubilación. El profesor Ricardo Moragas, gerontólogo esencial, es un pionero, no solo en preocuparse por el tema. Durante años ha dirigido e impartido cursillos sobre preparación para la jubilación en las más importantes empresas españolas y latinoamericanas. Las que son sensibles al problema, claro.
Su último libro, Jubilación siglo XXI, seguro que será de ayuda para todas aquellas personas que empiezan a tener cerca ese momento de su vida. También, para los que ya se jubilaron. Y, en definitiva, para cualquier persona sensible e interesada por esa etapa. Por suerte cada vez es más larga. Un triunfo que nos hemos dado entre todos.»
Ricardo Moragas tiene treinta años de experiencia como profesor y director en Programas de Preparación para la Jubilación (PPJ) en empresas y administraciones públicas de Europa y ambas Américas, que visita anualmente.
Asimismo, es consejero individual y de organizaciones sobre la transición trabajo-jubilación. Ha publicado Rehabilitación: Un enfoque integral con varias ediciones, traducido al portugués e italiano. Es autor de seis obras individuales y del estudio «Prevención de la Dependencia-Preparación para la Jubilación», en el que se demuestra el ahorro en gastos sanitarios y la mejora de la calidad de vida a través de la preparación.
Doctor en Derecho, abogado, MBA U. California Berkeley, especialista en Recursos Humanos, profesor de Sociología, ha dirigido el Máster en Gerontología y actualmente el Grupo de Investigación del Envejecimiento del Parque Científico, Universidad de Barcelona
Mato afirma que la Ley de Discapacidad «garantizará la igualdad de oportunidades»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha afirmado este miércoles que la Ley General de Discapacidad «garantizará la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la dignidad y la integración de todas las personas».
Mato se ha expresado en estos términos durante su intervención en la entrega del premio nacional del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) concedido al Ayuntamiento de Elche (Alicante) en la categoría de Mejor Iniciativa Municipal. Al acto también han asistido el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, la alcaldesa de la localidad, Mercedes Alonso, además de otros representantes políticos autonómicos y locales.
A las puertas del consistorio ilicitano, en el que se ha desarrollado la ceremonia, se han concentrado a modo de protesta una decena de personas pertenecientes a varios colectivos de los servicios sociales, que han hecho sonar bocinas y han lanzado gritos contra los recortes y los impagos a asociaciones y trabajadores del sector.
En su turno de palabra, la ministra ha resaltado que el «avance» en la integración«de todos» es un objetivo «compartido, que precisamente garantizará la futura Ley General de Discapacidad». Igualmente, ha añadido que esta norma asegurará la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la dignidad y la integración de todas las personas».
Mato también ha resaltado que es «necesario» ofrecer respuestas «eficaces» a las personas con discapacidad en aspectos como «educación», donde ha apuntado que«un mayor conocimiento permite unas mayores cotas de libertad y desarrollo personal»; en empleo, «un instrumento esencial para una vida autónoma e integrada»; y en «accesibilidad» de entornos, bienes y servicios, «para que puedan ser disfrutados por todos en igualdad de condiciones».
Para la titular de Sanidad, el «objetivo último» es «construir una sociedad enriquecida con el talento y el conocimiento de todos, al tiempo que ha manifestado que, mediante las subvenciones con cargo al IRPF, se dedicarán más de 203 millones de euros a los programas de acción social, entre los que ha hecho referencia a la promoción de la autonomía personal, la adaptación de viviendas, los centros de atención diurna, los residenciales y las viviendas tuteladas.
Por otra parte, y dirigiéndose a Fabra, ha considerado que el jefe del Consell demuestra «un gran esfuerzo para que todos los afectados por la crisis puedan salir adelante todos los días, con decisiones a veces difíciles, pero siempre responsables».
«Gracias a ese trabajo, miles de familias y personas con discapacidad encuentran en ti el apoyo de un Gobierno comprometido y de una política social garante de los derechos de quien más lo necesitan. Enhorabuena, me pongo a tu disposición», ha enfatizado.
Finalmente, ha incidido en que frente a quienes pretenden hacer de las cuestiones relacionadas con la Sanidad y los Servicios Sociales «una confrontación partidista», el Gobierno trabajará «desde el diálogo, la moderación y el consenso». «Mantengo mi objetivo de lograr un pacto por la Sanidad y por losServicios Sociales que ofrecí a principios de legislatura para garantizar estos derechos esenciales y su correcta coordinación», ha concluido.
«DERECHO A LA PLENA INTEGRACIÓN»
Por su parte, el presidente de la Generalitat ha hecho hincapié en el «derecho a la plena integración de todos los ciudadanos», que ha definido como una«prioridad esencial del Consell». En este sentido, ha expresado su intención de que las personas, «con independencia de sus capacidades o de sus habilidades, puedan conseguir en igualdad de condiciones la plena integración» en la sociedad, «que necesita a todos sus miembros».
Fabra ha destacado que la «mejor» política de integración social es «garantizar» el desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad, así como su integración «efectiva» en la Comunidad.
«En el Consell sabemos que son muchas las capacidades de las personas con discapacidad que no podemos ni debemos desaprovechar y, por ello, todos los días ratificamos nuestro compromiso para hacer realidad esa igualdad de oportunidades», ha apuntado.
En su intervención, además ha recordado que en la Comunidad Valenciana aproximadamente 400.000 personas presentan algún tipo de discapacidad, si bien, gracias al Ejecutivo valenciano, más de 5.000 «aprenden y desarrollan técnicas profesionales que les ayudan en su integración laboral» en los 90 centros ocupacionales existentes en la región.
Por último, ha señalado que la política «social» en materia de función pública de la Comunidad es de las «más avanzadas» de España, y ha afirmado que se ha logrado que la reserva real de plazas en función pública para personas con discapacidad «sea superior al 10 por ciento, lo que coloca a la Comunidad entre las comunidades con mayor reserva de puestos para personas con discapacidad», ha explicado.
