Archivo diario: 2 enero, 2013

Los centros de dependencia valencianos, en pie de guerra

María José Mira AERTE

La patronal Aerte asegura que empezará a cobrar en enero el coste total a los pacientes porque la Generalitat no ha pagado en todo el año los bonos. Se quejan de que el pago realizado con el dinero del FLA -de 63 millones de euros- sólo ha llegado a los centros concertados, no a los privados.

Las empresas privadas de atención a los dependientes han montado en cólera por la distribución de los pagos pendientes. El sector estima que la deuda de la Generalitat era de 124 millones de euros hasta ahora, y con los fondos recibidos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se acaban de pagar 63 millones.

El descontento en una parte importante del sector viene por los conceptos que se han pagado y los que se han dejado fuera. Aerte agrupa a unas 200 empresas privadas, de las que sólo seis -que trabajan con plazas concertadas- han recibido fondos de este pago.

Sí han percibido el importe pendiente los centros concertados, la mayoría agrupados en la asociación Aecas. También parte de las gestiones integradas, agrupadas en la asociación Lares -de centros de mayores-.

Desde Aerte explican que, de los 67 millones que faltan por cobrar, diez millones

corresponden a los bonos que la Generalitat concede a las personas dependientes, pero que abona directamente a los centros, de manera que los pacientes sólo tienen que abonar una diferencia. La gerente de Aerte, María José Mira, asegura que no se ha pagado nada de los bonos en todo el año 2012. El resto corresponde a gestiones integradas, que son centros públicos gestionados por empresas privadas, a los que se les adeudan diez meses, afirma Mira.

La gerente asegura que hace dos días mantuvieron una reunión con el nuevo equipo de la Conselleria de Bienestar Social, en la que se les aseguró que el pago que se iba a realizar ahora con los fondos de FLA se distribuiría de forma equilibrada en todo el sector de la dependencia, pero consideran que el pago realizado no cumple esas expectativas.

Por ello, Aerte ha comunicado a sus centros que gozan de libertad para comenzar a cobrar las plazas de bono integras, «como medida para no estrangular al sector». Es decir, que el dinero que no está pagando la Generalitat se lo van a cobrar a los pacientes.

Mira afirma que «nosotros no podemos bajar las persinas y hacer una huelga, como las

farmacias, y no dar de comer a los pacientes».

Situación de Aerte
Por otra parte, la propia asociación Aerte atraviesa un momento interno complicado. La semana pasada, la asamblea acordó dar de plazo hasta el 31 de enero a la actual junta directiva para solucionar la situación de los impagos; si esto no se solventa, la cúpula deberá dejar sus puestos.

Mira señala que el equipo ha hecho todo lo posible y que «si otros pueden hacerlo mejor, adelante».

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Consideraciones de Cáritas respecto al nombramiento de Neus Munté como nueva consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya

“Muchas gracias señor Cleries, bienvenida señora Munté”

CàritasDesde el año 2002 hasta el 2012, el departamento de Bienestar Social y Familia ha tenido al frente, con el reciente nombramiento de Neus Munté, a seis personas diferentes.

De los cinco consejeros que han asumido este departamento hasta ahora, se puede resaltar su preparación, la sensibilidad mostrada hacia las personas más pobres y desfavorecidas y la profesionalidad en la gestión del día a día. Desde Cáritas, se valora muy positivamente su dedicación a «pisar la calle» y que, en muchos casos, lo hicieran de forma estrictamente anónima y sin fotos.

Ahora bien, las personas pobres -las que siempre nos recuerdan que no pueden esperar- y que se encuentran hoy en uno de los momentos más duros de la historia reciente, lamentaríamos que ahora tuviéramos que empezar de nuevo, porque “empezar de cero” implica a menudo un desgaste y una dedicación extra de tiempo.

Por ello, desde Cáritas Diocesana de Barcelona queremos expresar las siguientes consideraciones.

-Ante la previsión de recibir, como entidad social, nuevas convocatorias de reuniones, nuevas propuestas de programas para luchar contra la pobreza, nuevos espacios de debate… reclamamos que las cuestiones importantes avancen sin más dilación. Sobre todo hay que evitar -como se menciona en El Gatopardo- que se cambie todo para que todo siga igual (o sumando, incluso, más recortes).

-Lamentamos que el factor humano y la política del bien común no sean el eje central de nuestro Estado del Bienestar para mitigar el sufrimiento extremo de tantas familias y personas.

-Reiteramos que la dureza de la actual situación social requiere una línea de continuidad que ponga las administraciones y la economía al servicio de las personas, y no a la inversa como ha sucedido hasta ahora.

Recordamos que sólo hay una salida: priorizar la recuperación de la dignidad humana, contando con la implicación de todos, agentes políticos, económicos y sociales.

Las entidades como la nuestra, en que el 85% – 90% del gasto se cubre con donativos de particulares, no podemos sustituir, año tras año, una parte del Estado del Bienestar.

Por ello, desde Cáritas Diocesana de Barcelona pedimos políticas activas de ocupabilidad para las personas pobres o en exclusión social y unos objetivos concretos de lucha contra la pobrezacon indicadores de desarrollo social que se deben lograr como país.

Ahora, con el inicio de una nueva etapa, tenemos la oportunidad de demostrar –para la historia- que hemos sido capaces de dar respuestas y de actuar contra la alarmante precarización de nuestra sociedad.

Señora Munté, bienvenida, y quedamos a su disposición.

Cáritas Diocesana de Barcelona 28/12/2012

Servicios Sociales: Cambios en la Ley de Dependencia frente a los cuidados familiares

La crisis obliga a poner en marcha programas no previstos, como el de apoyo contra los desahucios, en un año en el que se unifican los precios y el acceso a los Servicios Sociales

CuidadoresLos cambios en la aplicación de la Ley de Dependencia y la firme apuesta de la Junta por los servicios profesionales frente a los cuidados familiares marcaron 2012 en el ámbito de los Servicios Sociales. El 1 de agosto entró en vigor el nuevo Real Decreto Ley que regula este derecho aprobado por el Gobierno central, que estableció una reducción del 15 por ciento de las prestaciones económicas para los cuidadores familiares, a la que se sumó una rebaja del 15 por ciento acordada por la Junta para esta misma cuestión, paralela a un 20 por ciento de incremento de las cuantías para financiar las prestaciones profesionales, tanto residenciales como a domicilio.

Esto supuso que más de 25.000 castellanos y leoneses que recibían de media 380 euros por cuidar a un familiar dependiente pasaron a cobrar un 30 por ciento menos de media, aunque la cuantía final depende del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario (con más de 60.000 personas con derecho a estas ayudas que ya las están recibiendo).

Por otra parte, dos de las principales novedades de este año en el ámbito de los Servicios Sociales fueron la creación de un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y la integración de los Bancos de Alimentos en la red de recursos contra la exclusión social, dos proyectos no incluidos en la agenda de la Consejería de Familia al comienzo de la legislatura y que tratan de responder a los graves problemas generados por la crisis económica. Puesto en marcha el 1 de noviembre, en su primer mes de funcionamiento más de 300 castellanos y leoneses ya habían pedido ayuda al servicio de apoyo contra los desahucios, en el que además de la Junta y las entidades locales, están implicados Cáritas, los colegios profesionales de Abogados y Registradores de la Propiedad, y diez entidades financieras.

Por lo que respecta a los Bancos de Alimentos, sus responsables acordaron con la Junta aunar recursos con el objetivo de llegar un mayor número de núcleos de población y familias, y elaborar un mapa de distribución de alimentos con una base de datos compartida entre esas entidades, la Gerencia Regional, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, las diputaciones, Cáritas y Cruz Roja, que contemplará las unidades de reparto y de consumo con la idea de mejorar esa distribución de productos básicos.
Precios públicos
Además, el 1 de marzo entró en vigor el Decreto de Precios Públicos en Servicios Sociales que estableció el acceso unificado a una residencia, un centro de día u otros servicios, tanto públicos como concertados, siguiendo los mismos criterios de valoración para mayores, personas con discapacidad o dependientes. Desde entonces, a todos ellos se les aplica el mismo cálculo de su capacidad económica teniendo en cuenta su renta y patrimonio personal para fijar cuánto deben pagar, en lugar del coste fijo que se abonaba antes. Asimismo, este año comenzó a implantarse en la Comunidad el nuevo modelo de residencias para mayores multiservicio.
Otra de las novedades de este año fue la integración de todos los servicios de envejecimiento activo bajo la marca Club de los 60, cuya tarjeta será la llave que dé acceso a todos los servicios de este ámbito que se ofertan en Castilla y León por parte de todas las administraciones y entidades privadas para mejorar el bienestar, la calidad de vida y la autonomía personal de los mayores. En esta área, la Consejería está además elaborando un mapa del envejecimiento activo, que servirá como base para el diseño de un Programa Integral de Envejecimiento Activo.
Igualdad de oportunidades
En el ámbito de la discapacidad, se aprobó de forma inicial el proyecto de ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que se encuentra en estos momentos en el trámite legislativo. Además, la Junta acordó en junio realizar reservas en los contratos de la Administración autonómica para los centros especiales de empleo de personas con discapacidad, que a partir del próximo año se incrementarán notablemente porque Familia quieren convertir todos los centros ocupacionales actuales en centros especiales de empleo.
En cuanto a la igualdad entre los dos sexos, se encuentra en fase de alegaciones el borrador del primer Plan para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de Castilla y León 2013-2018, que por primera vez aborda la desigualdad entre los dos sexos y los malos tratos de forma conjunta con un enfoque integral, desde la prevención y la sensibilización hasta la atención a las víctimas. Respecto a estas últimas, está pendiente la elaboración de un registro unificado con todas las víctimas de la Comunidad, con el que se quiere mejorar la atención que reciben.

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