Archivo diario: 6 enero, 2013
Los trabajadores municipales sevillanos de dependencia piden solución a sus despidos
El colectivo de trabajadores sociales y auxiliares administrativos que trabajaban para el Ayuntamiento de Sevilla prestando labores en los servicios sociales y de atención a personas dependientes hasta su reciente cese ha celebrado este jueves una concentración en la plaza de la Encarnación, ante la sede del área de Recursos Humanos. Después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) haya publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente a la asignación de 740.497 euros para la aplicación de la Ley de Dependencia en la ciudad de Sevilla, estos trabajadores consideran que el Consistorio no tiene «excusas» para mantenerles en el paro.
Estos trabajadores, como se ha informado, están sujetos a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyas actuacionescofinancian en la ciudad las administraciones autonómica y local.
En ese sentido, el área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento hispalense resolvió el pasado 31 de diciembre el «cese» de estos empleados, en concreto 31 trabajadores sociales y 18 auxiliares administrativos, a cuenta de los «recortes» anunciados por el Gobierno andaluz en materia de dependencia y la ausencia de datos exactos en cuanto a las aportaciones autonómicas para la aplicación de la Ley de Dependencia en la capital andaluza.
Todo el mismo día
Pero Yolanda Carrasco, miembro de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, ha explicado a Europa Press que el mismo día que se hizo efectivo el cese de estos trabajadores municipales, el 31 de diciembre, el BOJA publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relativo a los créditos asignados por la Administración andaluza para la aplicación de la Ley de Dependencia. En el caso de Sevilla, figura un crédito de 740.497 euros, según el documento oficial recogido por Europa Press.
Yolanda Carrasco ha explicado que esta asignación implica una reducción «del 48 por ciento» respecto a la consignación del año 2012, pero ha advertido de que tras la publicación de este acuerdo del Consejo de Gobierno en el BOJA y la resolución de la incógnita que pesaba sobre la aportación estatal, el Ayuntamiento hispalense «no tiene excusas» para mantener en el paro a estos trabajadores cuyos despidos «han sido innecesarios», pues como ella misma ha señalado, los programas correspondientes a la aplicación de la Ley de Dependencia funcionan «desde 2007» y la publicación de las aportaciones autonómicas surge «siempre a final de diciembre». «Esto es así todos los años», ha enfatizado.
Necesario «ajuste»
Carrasco ha reconocido que la aportación autonómica ha sufrido una caída muy significativa, pero ha defendido que es posible mantener los programas de atención a personas dependientes y los puestos de empleo a través de un «ajuste» de las actuaciones, por lo que ha llamado al Consistorio hispalense a trabajar en la materia. En ese sentido, ha rememorado que el último pleno del Consistorio respaldó «por unanimidad» la continuidad de estos programas con los mismos empleados.
Sanitas Residencial, ganadora del premio La Unió a la Innovación en Gestión por su proyecto “Por unas residencias sin sujeciones”
Sanitas Residencial ha sido galardonada con el reconocimiento a la Innovación en Gestión Asistencial a la Persona en la III edición de los premios a la Innovación en Gestión que otorga La Unió, asociación empresarial de entidades sanitarias y sociales.
El proyecto “Por una residencia sin sujeciones”, puesto en marcha a principios de 2011, ha sido el principal motivo de La Unió para conceder este premio a Sanitas Residencial.
Se trata de un plan con el que se quiere eliminar el uso de las sujeciones en los 40 centros de la compañía para así preservar la dignidad y proteger la integridad de los residentes ofreciéndoles los mejores servicios y cuidados a lo largo de las diferentes fases de la vida de las personas.
De este modo, Sanitas Residencial ha querido compartir su experiencia conforme es viable eliminar las sujeciones físicas en residencias de diferente dimensión, niveles de dependencia y de diferentes comunidades y al mismo tiempo lograr un mantenimiento y algunos casos reducción en el número de caídas que sufren los residentes, así como también en la cifra de las que tienen consecuencias más graves.
Actualmente, doce centros de Sanitas Residencial ya han realizado la acreditación por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores –CEOMA- como libres de sujeciones y cinco más han completado la certificación como centros no sujeción de LIBERA GER. Asimismo, diez centros más se encuentran en proceso avanzado de reducción de las sujeciones, camino de su eliminación.
Los premios La Unió a la Innovació en Gestió responden a la voluntad de reconocer y poner en valor el trabajo de las organizaciones sanitarias y sociales al aplicar innovaciones en gestión de sus instituciones, destacar el valor que aportan en la gestión de las personas y premiar las innovaciones que se traducen e impactan positivamente en resultados para los ciudadanos.
Una empresa del sector de los seguros lanza el primer seguro de Dependencia
Una empresa del sector de los seguros, Previsión Sanitaria Nacional (PSN) directamente relacionada con Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) ha lanzado a bombo y platillo el primer seguro de Dependencia, seguro que juega, sin rubor alguno, con la situación por la que atraviesa el país y el miedo e inseguridad que de forma intencionada se está extendiendo entre todas las personas dependientes con situaciones, en la mayoría de los casos, extremas.
Primero fue la incógnita de las pensiones, después la sanidad y ahora, el pastel de miles de millones de euros se completa con la dependencia. Un negocio redondo a costa de un colectivo que tiene que luchar por seguir viviendo día a día y además deberá lidiar con los euros que le van a demandar los consejos de administración de empresas que ven números de pólizas y nunca personas.
La Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está denunciando la progresiva exclusión del sistema mediante revaloraciones de expedientes antiguos, revaloraciones en la mayor parte de los casos ilegales; está denunciando la constante disminución de beneficiarios y prestaciones; está denunciando el incumplimiento de la llamada «tasa de reposición”… En Castilla-La Mancha se lleva haciendo durante los últimos 15 meses y está siendo el ariete de todo lo que se ha extendido a la mayoría del Estado Español.
Afirmamos, sin margen de error, que la presidenta de la región María Dolores de Cospedal y su lugarteniente José Ignacio Echániz están marcando la política a nivel nacional a la Ministra Ana Mato. Esto se plasmó en el R.D. de 13 de Julio de 2012 en el que se pusieron las cargas en los pilares del Sistema de Atención a la Dependencia y que están produciendo una voladura controlada de la mejor ley social de la historia de nuestro país. Esta voladura progresiva coincide con la aparición de la empresa privada en el reparto del pastel.
Para corroborar todo lo que la Plataforma ley Dependencia en Castilla-La Mancha está denunciando, hace unos días un miembro de la misma se presentó en una oficina de Previsión Sanitaria Nacional y solicitó información y simulación de pólizas que cubrieran una hipotética situación de dependencia.
Resultado, 300 euros anuales durante más de 55 años con un límite de las prestaciones hasta los 85 años, es decir, a partir de esa edad ninguna cobertura. un informe médico extraordinariamente exhaustivo, unas prestaciones que deben esperar al reconocimiento por parte de las administraciones del grado de dependencia, que no hay que olvidar puede extenderse hasta dos años y medio, con lo que además de seguir pagando durante ese periodo no hay derecho a prestación alguna, todo ello con un único argumentario por parte del agente de seguros que propone la póliza, «EL ESTADO NO VA A PODER GARANTIZAR EL CUIDADO DE LOS DEPENDIENTES, NO HAY DINERO, HAY QUE ASEGURARSE DE FORMA INDIVIDUAL SU BIENESTAR”. De todo esto nuestra Plataforma tiene el soporte documental que lo atestigua. (Propuesta de Póliza, Condiciones Particulares, Cuestionario Médico…)
El Director Gerente de esta aseguradora, Sr. Martín Garvín, lo expone muy claramente y sin ningún pudor, estamos hablando de una previsión de casi cuatro millones de dependientes y según su opinión interesada y sospechosamente coincidente con lo que el Sr. Rajoy y sus lugartenientes han manifestado, el Estado no podrá asumir el coste de su cuidado. El negocio con los dependientes está servido. Casi cuatro millones de ellos con una media superior a los 300 euros por póliza nos dá la irrisoria cantidad, si la comparamos con el rescate de la banca, de más de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE EUROS AL AÑO.
En Castilla-La Mancha por ejemplo supondría mas de DIECISIETE MILLONES DE EUROS, curiosamente la misma cantidad del llamado nivel acordado y que la Sra. Mato eliminó de los presupuestos.
Además de todo esto no debemos olvidar que este seguro no cubre situaciones de dependencia ya reconocidas ni situaciones que en función del exhaustivo reconocimiento médico previo puedan inducir a la misma por lo que estaríamos hablando de una clientela y por tanto de un volumen de negocio infinitamente mayor.
En definitiva este seguro, como es lógico al tratarse de un negocio, plantea la situación real a la que este Gobierno quiere llevar a las personas dependientes o a aquellas que pudieran serlo. usted puede pagar, usted tiene cobertura, usted no puede pagar usted queda indefenso. La sociedad española deberá elegir entre un seguro de coche, un seguro de vivienda… o un seguro que les pueda cubrir una vida digna en el caso de sobrevenirle una situacion de dependencia.
La Plataforma Ley de Dependencia en Castilla- La Mancha quiere denunciar ante la sociedad española que, precisamente, los promotores de este negocio y los que les dan cobertura política y legislativa, son los que nunca tendrán problema económico alguno para afrontar una situación de dependencia que para el 90% de la ciudadanía pueden suponer situaciones personales dramáticas.
