Archivo diario: 9 enero, 2013
Las residencias cántabras tendrán que asumir el transporte de todos sus usuarios dependientes
Los centros concertados tendrán que realizar directamente el servicio de transporte adaptado de todos sus usuarios con dependencia reconocida, incluidos los de grado III, de los que hasta ahora se encargaba la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social en virtud de una encomienda de gestión que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria acaba de revocar parcialmente.
El departamento que dirige la vicepresidenta, María José Sáenz de Buruaga, publica este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución de revocación, que tiene efecto a partir del 31 de diciembre.
Ello supone que a partir del 1 de enero, el servicio de transporte adaptado para los usuarios de centros concertados con dependencia reconocida de grado III pasará a ser realizado por los propios centros concertados, mediante la extensión del servicio que actualmente ya prestan a las personas con dependencia reconocida de grados I y II.
En la misma resolución, la Consejería también revoca la encomienda de gestión relacionada con el servicio de transporte adaptado y del servicio de catering en el Centro de Día de Castro Urdiales, en este caso con efectos desde el 16 de diciembre.
Como consecuencia de la privatización de la gestión del Centro de Día de Castro Urdiales, el adjudicatario del contrato tendrá que asumir entre sus obligaciones la prestación de los servicios de transporte adaptado y de manutención de los usuarios.
Todo ello supone la modificación del convenio de abril de 2008, por el que se encomendó a la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas en situación de dependencia y de otras prestaciones derivadas de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales, entre las que se encuentra el servicio de transporte a las personas en situación de dependencia.
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, anuncia el pago pendiente con APADIS antes de final de mes
En la tarde de ayer el alcalde, el primer teniente de alcalde y los cuatro portavoces de los grupos políticos con representación municipal se reunieron en Valencia con la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. El objetivo de este encuentro era trasladar a la nueva consellera las reivindicaciones de APADIS, tal y como se comprometió por consenso la corporación en el Pleno de diciembre. En esta reunión, que alcalde y concejal de Bienestar Social han definido como “cordial, interesante e intensa”, tuvieron también ocasión de reclamar a Sánchez el pago de la deuda que su Conselleria mantiene con el Ayuntamiento de Villena, y que asciende a 1.600.000 euros.
Los detalles de este encuentro han sido aportados esta mañana por Javier Esquembre, alcalde de Villena y Fulgencio Cerdán, concejal de Bienestar Social, que destacaban la unidad y el consenso de todos los grupos políticos sobre este tema y el haber sido el primer municipio recibido por Asunción Sánchez tras el cambio de conseller de Bienestar Social, en sustitución de Jorge Cabré.
De la reunión volvieron con el compromiso de la consellera de regularizar el pago pendiente de APADIS, que asciende a 528.000 euros. En un primer momento se establece el 21 de enero -o en su defecto el 31- como tope para actualizar los pagos con las asociaciones de discapacidad de toda la Comunidad, aunque esta fecha quedará mejor definida tras la reunión que durante el día de hoy mantendría Sánchez con el conseller de Hacienda.
En esta misma reunión con Hacienda, la consellera prometió incidir en la particularidad de nuestra ciudad con el CRIS, que en el caso de Villena es de titulariadad municipal pero que en la mayoría de municipios asume directamente Conselleria. Esto supone un importante incremento de la deuda que la entidad autonómica mantiene con el Ayuntamiento, y que asciende a 1.626.130,62 euros, una cifra que según el alcalde “asombró” a la Consellera, y que le llevó a comprometerse a subrayar esta singularidad en la valoración de prioridades de pagos.
Tanto Esquembre como Cerdán coincidían en la “satisfacción” con la que salieron de la reunión, al haber podido profundizar en las cuestiones que interesan a Villena y percibir el compromiso de la nueva consellera con el bienestar social, pues Asunción Sánchez fue durante años concejala de este ámbito en el Ayuntamiento de Alicante. “Conoce el área y es consciente de que el apoyo del entorno es fundamental para que el pilar se los servicios sociales se mantenga”, indicaba el alcalde.
Por su parte Fulgencio Cerdán facilitó a la consellera el listado de la deuda que su administración mantiene con las diferentes asociaciones sociosanitarias de Villena. Del mismo modo le recordó las cantidades pendientes de pago con el Ayuntamiento, a las que corresponden 140.000 euros de 2010, 200.000 euros de 2011 y unos 500.000 euros de 2012. La consellera se comprometió a agilizar las gestiones con el conseller de Hacienda para que el Consistorio pueda cobrar pronto lo correspondiente a 2010, 2011 y un 60% de 2012.
El edil de Bienestar Social avanzaba que esta misma mañana se reunía con el CRIS para trasladarle las impresiones de esta reunión y estudiar cómo afrontan la difícil situación económica que está atravesando el centro. Aunque anuncian un pago próximo desde el Ayuntamiento, Cerdán avanzaba que el departamento de Intervención advierte de que será difícil que Villena siga adelantando estos pagos si no son correspondidos por Conselleria.
Cerdán valoraba el talante cercano y dialogante de la consellera, pero subrayaba que el problema actual es fruto de “la gestión de los últimos años de la Generalitat y las Consellerias”, al tiempo que esperaba que “el PP sea capaz de rectificar esta mala gestión de muchos años”. En la reunión también estuvo presente la Secretaria Autonómica de Bienestar Social y la villenense Mª José García Herrero, diputada autonómica del Partido Popular.
Hachazo a la ley de Dependencia
El sistema de dependencia se desmorona y la última reforma de la ley aprobada por el Gobierno vaticina lo peor: su desaparición. Los recortes en las prestaciones y el aumento del copago hacen insostenible el sector, que sufre colapsos, retrasos en los pagos de las nóminas de los trabajadores y lo más importante, deja a los dependientes desatendidos.
Francisco Jesús Gil, presidente de la Asociación Española de Padres con Niños con Nutrición Parenteral (AEPANNUPA), tuvo que abandonar su empleo para poder atender a su hija dependiente, que presenta un 66% de minusvalía. «En 2008, se le valoró como gran dependiente grado 3, con 90 puntos de dependencia. En 2011, cuando cambió el Gobierno, volvieron a reevaluar a la niña y pasó a ser considerada no dependiente», asegura.
Pero el drama familiar que sufre Gil no termina ahí: su cuñada, que padece una discapacidad psíquica y física, también vive con él. «Se le valoró como grado 2-nivel 2, también con prestación económica y yo como cuidador. Se le suprimió la prestación. Tengo a dos grandes dependientes en mi casa: una necesita una máquina para vivir y la otra tiene discapacidad física y psíquica y está en silla de ruedas«, denuncia.
El futuro de los dependientes se encuentra en un limbo desde el pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo aprobó a través de decreto ley, una serie de medidas que cuestionan la conservación del sistema. El golpe es duro. Las prestaciones económicas a los cuidadores familiares se han reducido un 15%, es decir que la baja podría superar los 50 euros al mes. Además, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social y se les exige cumplir con unos conocimientos básicos para atender al dependiente. También se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia y el copago podría alcanzar hasta el 90% del pago en el servicio recibido. Estas son, a grandes rasgos, las medidas que inquietan a las asociaciones, a la patronal de los dependientes, a los sindicatos y que han generado un rechazo social absoluto.
José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), explica a este diario que actualmente hay «un millón de personas que dependen de la ley, que nos necesitan para levantarse, para asearse, para comer, nos necesitan para realizar las actividades básicas de la vida diaria».
Desde FED son incapaces de encontrar explicación a este hachazo que propone el Ejecutivo y consideran que el duro trance económico que vive nuestro país «bajo ningún concepto justifica el recorte en dependencia». Echevarría asegura que «está firmemente convencido de que puede ser un motor de la economía, porque es un sector que genera oferta y demanda, más oferta que demanda y se podrían crear 38.000 puestos de trabajo»
La ley de dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la finalidad de reconocer por fin un derecho social, un sistema gratuito y universal que garantiza todos los servicios necesarios para las personas dependientes. Por eso desdeUGT señalan que otro de los problemas que supone el severo recorte en la ley es el atraso social que podría generar. Ana Sánchez Cobo, responsable de Políticas Sociales del sindicato, explica a este diario que una de las consecuencias de la reforma de la ley es la regresión social:«Volvemos otra vez a lo que ha pasado toda la vida en este país y es que las mujeres se tienen que quedar en su casa sin poder desarrollar su vida laboral para atender a las personas dependientes que hay en el hogar».
Tanto FED como UGT coinciden en que el ataque que se produce es directamente a un derecho adquirido. Echevarría se lamenta y denuncia que la situación es «gravísima, tenemos un compromiso moral con estas personas, nos necesitan, son las personas más frágiles de la sociedad, estamos atendiendo a nuestros padres». Y ahí es donde UGT considera que está el problema. Sánchez Cobo cree que «los temas sociales siempre se han visto como problemas individualizados puesto que no existía una ley a nivel de estado que garantizara este derecho» y aclara que «para que la gente tenga interiorizado que es un derecho ciudadano, tiene que pasar mucho tiempo».
Por el momento se desconoce cuántas personas quedarán desatendidas con el endurecimiento de la ley. Según UGT, sólo en Madrid 20.000 personas dependientes ya padecen los recortes y más del 50% de las empresas y trabajadores del sector sufren «retrasos tremendos en el pago de sus nóminas». FED, convencido de que la conservación de la ley es posible, ha intentado contactar con el Gobierno central para demostrar «con cifras, estudios y números» que sí es posible, pero todavía no han recibido respuesta.
Descubren en ratones un gen esencial para mantener la memoria en personas mayores
Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el Instituto de Neurociencias de Alicante (INA) y otros centros del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, han descubierto en ratones un gen esencial para mantener la capacidad de aprender y recordar en personas mayores.
Según han explicado los autores de la investigación, publicada en la revista ‘PLoS ONE’, las células poseen dos mecanismos fundamentales para reparar las roturas DSB que se producen en el material genético como consecuencia del metabolismo celular, el envejecimiento y las agresiones externas. El mecanismo más importante es el denominado NHEJ.
«La nueva función que hemos caracterizado, la polimerasa de ADN pol, forma parte precisamente de este mecanismo», han explicado los investigadores, quienes han recordado que en un trabajo previo se mostró que ratones deficientes en el gen pol presentaban una capacidad reducida de reparación del daño celular y eran radiosensibles. «Era algo de esperar puesto que se había eliminado una función que participa en los procesos de reparación celular», han recalcado.
No obstante, en esta nueva investigación, los expertos han descubierto que los ratones carentes del gen pol presentan una extensión en su vida media y poseen mejores condiciones fisiológicas y metabólicas que los ratones control. Además, los ratones deficientes en este gen tienen una mayor capacidad de aprendizaje asociativo a edades avanzadas, así como una más fácil potenciación de los circuitos neuronales corticales, un mecanismo que constituye el sustrato nervioso de la capacidad de aprender y recordar.
Y es que, tal y como también han señalado los autores, el envejecimiento del organismo está determinado por cambios fisiológicos deletéreos, universales, progresivos y fundamentalmente irreversibles, asociados a un daño acumulativo en todo tipo de moléculas, células, tejidos y órganos, que incrementa la probabilidad del desarrollo de patologías.
Por tanto, este trabajo demuestra que los animales que carecen del gen pol presentan un nivel significativamente reducido de la actividad reparadora, propensa a la introducción de errores sobre daños de tipo oxidativo del ADN, además de una actividad mitocondrial más eficiente.
Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Alicante deberá cerrar si el Consejo no paga la deuda de 500.000 euros
Más de un centenar de personas convocados por la Asociación de Familiares y de Enfermos Mentales de Alicante (Afema) han realizado este martes por la mañana una protesta a las puertas del edificio Prop en Alicante para reclamar el pago de los 500.000 euros que la Generalitat les adeuda, sin los cuales este colectivo se verá abocado al cierre a partir del día 21 de enero, según ha explicado el presidente deAfema, Alfonso Rodríguez.
El impago de las cantidades pendientes ha llevado a que los trabajadores de la asociación lleven «cuatro meses sin cobrar», e incluso la falta de recursos de los que dispone esta entidad hace que su actividad se encuentre «al borde del cierre».
Alfonso Rodríguez ha remarcado que desde este lunes Afema ha suspendido sus servicios, salvo aquellos programas que son «estrictamente necesarios en cada centro», y ha calculado que, si la Generalitat valenciana no les paga ya no podrán seguir con su actividad «a partir del próximo 21 de enero».
Este cierre generalizado afectará a todos los ámbitos de actuación de Afema, a excepción de los centros de día y los pisos tutelados que gestiona esta asociación.
«Hemos llegado al límite. Hemos tenido que comenzar por cerrar nuestros programas y reducir servicios porque no podemos pagar a nuestros trabajadores ni a nuestros proveedores, ni garantizar las atenciones de los usuarios de las viviendas tuteladas», ha lamentado Rodríguez, en el manifiesto leído este martes a las puertas del Prop.
Al respecto, además ha subrayado su «decepción» por el trato que ha recibido este colectivo por parte del Consejo, y ha subrayado que «si duele que no te paguen, más duele que te prometan fechas una y otra vez».
PROGRAMA DE PROTESTAS
La situación económica «es tal», según ha añadido, que desde este martes el colectivo ha instalado una mesa petitoria ante el Prop para recaudar fondos con los que atender las necesidades básicas de comida, luz y agua de sus instalaciones.
Así mismo, Afema ha organizado realizar protestas en este mismo punto todos los días, entre las 11.30 y las 13.00 horas, para dar a conocer su situación entre la ciudadanía. Además, este viernes presentarán un queja ante el Síndic de Greuges para comunicarle la situación «insostenible» en la que se encuentra este colectivo.
Igualmente, Afema mantendrá sus reivindicaciones de las marchas por la discapacidad y la salud mental, que pasan por el pago de todas las deudas a centros y servicios de la discapacidad, enfermedad mental, enfermedades raras, centros especiales de empleo, atención temprana, así como la paralización del nuevo modelo de financiación para centros de discapacitados en 2013.
En esta línea, reclama también que el Consejo retire la reducción presupuestaria del 35 por ciento en la Orden de ayudas a los Centros Especiales de Empleo, el cumplimiento en los plazos de pago de estos, y la creación de una mesa negociadora representada por todas las partes para resolver el futuro del sector.
Detenidos por echar de casa a sus padres, ancianos y enfermos, en Nochebuena
Una pareja ha sido detenida por la Policía por echar de su domicilio en Nochebuena a los padres de uno de ellos, un matrimonio de ancianos que tuvo que dejar su casa en Altura (Castellón) y fue encontrada en una parada de autobús de Sagunto (Valencia).
Fuentes policiales y municipales han confirmado a Efe que los dos ancianos fueron hallados por una patrulla de la Policía Local sobre las cuatro de la madrugada del día de Navidad cobijados en la parada de autobús de la calle del País Valencià de Sagunto.
Según relataron los ancianos a los agentes, su hijo y la pareja de éste los habían echado de casa en Altura y ambos se habían desplazado a Sagunto porque anteriormente vivían en este municipio.
Los agentes dieron parte del suceso al Cuerpo Nacional de Policía, que en la mañana del día 26 detuvo al hijo del matrimonio y a su pareja por un delito de abandono y maltrato en el ámbito familiar.
El matrimonio fue trasladado al hospital de Sagunto donde pasó la noche, debido a que la mujer era diabética y necesitaba medicación, y ninguno de ellos había comido nada desde la siete de la tarde, según ha explicado a Efe la concejala de Servicios Sociales del ayuntamiento de esta localidad, Davinia Bono.
La concejala ha afirmado que los ancianos pasaron el día 25 de diciembre en un hotel del Puerto de Sagunto, ya que al ser Navidad no se podía realizar ninguna gestión, y al día siguiente fueron instalados en una residencia en Estivella, en la que todavía se encuentran.
Bono ha destacado que el ayuntamiento había intentado en varias ocasiones ayudar al matrimonio, que hace más o menos un año se había trasladado a Altura a vivir con su hijo, pero siempre se negó a ser atendido.
Además, ha indicado que al parecer era una pareja problemática, ya que entre 2010 y 2011, el ayuntamiento había recibido varias quejas de vecinos por malos olores y por la presencia de cucarachas.
