Archivo diario: 29 enero, 2013
El número de pensiones supera en enero los nueve millones por primera vez
El paulatino envejecimiento de la población ha elevado el número de pensiones contributivas que cada mes abona la Seguridad Social por encima de los nueve millones por primera vez en la historia. El aumento de las prestaciones, además, está pasando facturas a las arcas de la institución, que en enero incrementó la partida que destina a estos pagos en un 4,8% pese a la decisión del Gobierno de no compensar a los pensionistas por la inflación. Ante este aumento de las prestaciones y la persistente caída del empleo, la Seguridad Social ya cerró 2012 consu déficit más abultado desde que dejó de financiar la sanidad.
Según los datos que ha publicado esta mañana el Ministerio de Empleo correspondientes al 1 de enero, el número de prestaciones contributivas creció en un 1,5%, hasta los 9.008.348. Por tipo de prestación, fueron las de orfandad, que aumentaron en un 7,3% aunque su peso en relación con el total es pequeño, y las de jubilación, que son las más numerosas y que suponen un mayor desembolso, que repuntaron en un 2%. Así, a principios de año, el organismo público tenía contabilizadas 5.402.863 pensiones por jubilación.
En cuanto al coste de estas prestaciones, el gasto en pensiones contributivas aumentó en enero un 4,8%, hasta los 7.653 millones, con respecto al mismo mes de 2011, cuando sí hubo paga extra para recuperar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. Las previsiones del Gobierno son de destinar un 4,2% a lo largo de todo 2013 en pensiones.
El repunte, que tuvo lugar pese a la supresión de la compensación por el IPC sufrida en 2012, que se solía abonar en una única paga en este mes, y la consolidación de la revalorización en 2013, indica que el gasto se acelera con respecto a los meses precedentes. Esto es debido, explica el departamento que dirige Fátima Báñez, por el incremento en el número de receptores y la subida del 1% aprobada por el Gobierno para este año para las prestaciones de más de 1.000 euros y del 2% para el resto.
A este respecto, la pensión media de jubilación alcanzó los 969,89 euros, un 3,6% con respecto al arranque de 2011. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 849,60 euros al mes, lo que supone un alza interanual del 3,3%.
Frente al crecimiento de los perceptores de prestaciones, el número de trabajadores que pagan mensualmente sus cotizaciones a la Seguridad Social ha caído con más intensidad al sufrir un descenso del 4,57% en 2012. Esto supone que a cierre de 2012 había 787.240 ocupados menos que a finales de 2011, lo que equivale a 16,3 millones de inscritos en el sistema. Esta destrucción de empleo ha provocado que, por primera vez desde 1997, haya menos de dos trabajadores afiliados por cada pensionista, cuyo número a finales de diciembre era de 8,1 millones. Con estos mimbres, la Seguridad Social cerró 2012 con su mayor desfase presupuestario desde que dejó de financiar la sanidad: un déficit de 11.800 millones, sin contar con los intereses del fondo de reserva.
Sanitas Residencial Altanova, el primer centro de Cataluña en obtener la certificación como “centro no sujeción de Libera-Ger”
Sanitas Residencial Altanova ha obtenido la certificación como “centro no sujeción de Libera-Ger” que otorga la Fundación Cuidados Dignos. Se trata del primer centro que consigue esta certificación en Cataluña.
La directora de Sanitas Residencial Altanova, Mónica Peláez, recibirá esta tarde la certificación de manos de la presidenta y fundadora de la Fundación Cuidados Dignos, Ana Urrutia.
Esta certificación supone un reconocimiento al proyecto “Por una residencia sin sujeciones” que puso en marcha Sanitas Residencial Altanova y que ha conseguido eliminar el uso de las sujeciones y cambiar la filosofía de cuidados de la residencia. El resultado de este programa es que del 15 por ciento de los residentes que utilizaban sujeciones en el centro, en la actualidad ninguno los necesita.
La directora de Sanitas Residencial Altanova, Mónica Peláez, está convencida de que “gracias a la formación y el desarrollo de este proyecto se han incorporado nuevos hábitos de trabajo, supervisión y seguimiento”. Durante el proceso de eliminación de las sujeciones, el equipo humano de Sanitas Residencial Altanova optó por realizar una serie de obras y mejoras en el edificio con el fin de evitar posibles barreras arquitectónicas. De este modo, se establecieron controles de acceso en las distintas plantas, cintas antideslizantes, camas de baja altura, butacas reclinables e incluso se reubicaron puntos de control de ordenadores y se procedió al traslado de controles a comedores.
“Después de más de dos años de trabajo e investigación, Sanitas Residencial ha logrado reducir el número de residentes con sujeciones a menos de un 8%, cuando la prevalencia en España supera el 30%”, asegura el director Técnico y de Organización de Sanitas Residencial, Pedro Cano.
Desde que Sanitas Residencial puso en marcha el proyecto a principios de 2011, una docena de centros de la compañía ya han conseguido la acreditación “Centro Libre de Sujeciones” que concede la Confederación Española de Organizaciones de Mayores mientras que otras cinco residencias más han completado la certificación como “centros no sujeción de Libera- Ger”. Asimismo, once centros más de la compañía se encuentran en proceso avanzado de reducción de las sujeciones.
Para la doctora y presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, Ana Urrutia, la gestión de las sujeciones es un tema pendiente en España, por eso la organización que ella misma lidera, creó la norma “Libera-Ger” la cual recoge un conjunto de principios generales que permiten implantar y evaluar el sistema de gestión y control de sujeciones así como garantizar una rigurosa gestión de las sujeciones restrictivas sin abandonar la seguridad de la persona.
Sanitas Residencial apuesta “Por una residencia sin sujeciones”
Sanitas Residencial inició a principios de 2011 un programa de racionalización y eliminación de sujeciones en todos sus centros, “Por una residencia sin sujeciones”. Se trata de un proyecto con el que se pretende preservar la dignidad y proteger la integridad de los residentes ofreciéndoles los mejores servicios y cuidados a lo largo de las diferentes fases de su vida.
El uso de las sujeciones en su momento pretendía prevenir situaciones de riesgo en determinados tipos de pacientes. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha demostrado que su utilización acarrea algunos problemas y que disminuye la calidad de vida de la persona: aparición de úlceras por presión, incontinencia, trastornos conductuales, inmovilidad, atrofia muscular, etc.
Para Sanitas Residencial, las sujeciones no son una alternativa terapéutica. Por ello, se puso en marcha este programa que tiene como objetivo eliminar a medio plazo las sujeciones en todos los centros de Sanitas Residencial.
El método de trabajo establecido por Sanitas incluye formación para todo el personal y un plan de acciones multidisciplinar. En primer lugar se realiza es un análisis exhaustivo de la situación de cada persona porque que la diversidad de los casos requiere de una planificación previa para determinar qué consecuencias ha tenido el uso de sujeciones y cuáles serán los efectos de su eliminación.
Una vez que se han retirado las sujeciones, se lleva a cabo un seguimiento para evaluar si la persona necesita ayudas adicionales como fisioterapia personalizada, terapias no farmacológicas, retirada de la medicación neuroléptica o la adquisición de recursos técnicos como sensores de movimiento o caídas.
El proyecto “Por una residencia sin sujeciones” ha demostrado que obteniendo todos los beneficios de la eliminación de las sujeciones, no ha aumentado el número de caídas que sufren los residentes y se mantienen en la cifra de aquellas que tienen consecuencias más graves, como fracturas o traumatismos cráneo-encefálicos. Incluso, se ha comprobado que en los centros sin sujeciones se respira un ambiente calmado, apacible, donde tanto residentes como trabajadores se sienten cómodos. Un cambio de cultura que incluye la personalización de la atención al residente.
En el programa ha participado todo el personal de Sanitas Residencial, desde los cuidadores y técnicos hasta la dirección de los centros, y se ha contado con el apoyo de las familias que han sido puntualmente informadas sobre las claves del proyecto y las distintas fases del mismo.
Recogida solidaria de alimentos para familias españolas en las inmediaciones del Bernabeu antes del partido Barça- Madrid
- El autobús solidario de Mensajeros de la Paz recogerá alimentos para familias necesitadas junto al Estadio Santiago Bernabeu, coincidiendo con la semifinal de la Copa del Rey.
- La recogida tendrá lugar el próximo miércoles, 30 de enero de las 12’00 h. a las 21’00h.
El próximo miércoles, día 30 de enero, el autobús solidario de Mensajeros de la Paz se instalará en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, entre las 12’00 y las 19’00 h., para recoger alimentos no perecederos que serán distribuidos a través del Banco Solidario creado por esta ONG, entre familias en estado de necesidad, afectadas por la crisis económica.
Los asistentes a la celebración de la semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, podrán dejar en el bus, de dos plantas, tipo inglés, su ayuda solidaria, bien en especie, o bien comprando tickets al precio de 1 euro, que se convertirán en kilos de ayuda alimentaria. Entre los alimentos recomendados para la donación se encuentran: legumbres, pasta, arroz, azúcar, aceite, conservas y alimentos infantiles.
La iniciativa del bus solidario forma parte de la campaña “Alimentando Corazones”, un proyecto de concienciación y movilización ciudadana para paliar los efectos de la crisis entre los más vulnerables a través de la donación de alimentos, que está promovida por el Banco Solidario de Mensajeros de la Paz (www.mensajerosdelapaz.com). El autobús solidario es un modelo inglés de dos plantas perfectamente reconocible por estar rotulado con el logo de Mensajeros de la Paz, y del Banco Solidario y con el eslogan de la campaña: «Alimentando Corazones «.
En el último año, Mensajeros de la Paz la ONG Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha en España toda una Red de Recursos Sociales anti-crisis, reforzando centros y programas ya existentes, y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que palien la situación de precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales. Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de esta nueva Red de Recursos Sociales anti-crisis son: Banco Solidario (www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com), Comedores infantiles, Guarderías Sociales, Aulas de Refuerzo y Apoyo Educativo, Bolsas de Ayudas Materiales y Cesta Solidaria, Voluntariado Social, Proyectos de Socialización e Integración, y Cursos y programas de Formación integral y Capacitación Laboral, entre otros.
Sevilla adjudica a Clece la ayuda a domicilio
La concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco, ha indicado que «ya se ha adjudicado a Clece el nuevo contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que se iniciará a partir del próximo 16 de febrero, tal y como estaba planificado, pues la empresa Claros finaliza la ejecución del anterior un día antes, el 15 de febrero».
«Con este contrato, el Ayuntamiento de Sevilla garantiza la prestación del servicio a más de 3.300 dependientes, a pesar de que la Junta no ingresa ni anticipa el coste autonómico», ha apuntado la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación.
Conflicto abierto en el sector de las residencias de la tercera edad
Las extremas dificultades financieras de la Generalitat afectan a todas sus áreas y el pago a las residencias de la tercera edad no es una excepción. Pero no todos los centros lo están pasando igual de mal. Aquellos bajo la modalidad de concierto denominado de accesibilidad social —la red de residencias que surgió a raíz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que participó la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino— ha recibido un pago selectivo por parte del Consell, que ha dejado al margen a buena parte del resto de centros, como han denunciado estos.
En el escenario de la atención residencial apoyada con fondos públicos hay dos protagonistas principales y varios secundarios. Entre los actores destacados, además de los centros de accesibilidad —agrupados mayoritariamente en torno a la asociación Aecas— se encuentra Aerte, la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia. Esta última ha puesto el grito en el cielo después de sentirse agraviada por haber sido marginada en el último pago realizado por la Generalitat a las residencias.
De la inyección de dinero (437 millones) del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que envió el Gobierno a la Generalitat en diciembre para hacer frente a pagos pendientes, el Consell destinó 63 a cubrir parte de las deudas que mantiene con el sector. Abonó 49 millones a las empresas de accesibilidad. Otros nueve, a entidades sin ánimo de lucro (básicamente entidades religiosas, agrupadas en torno a la asociación LARES, uno de los actores secundarios en este relato) y casi cinco millones a liquidar deudas a empresas que gestionan centros públicos, como ha denunciado Aerte.
Los centros de Aerte, que acogen a beneficiarios del bono residencia, de una modalidad de ayuda que establece la Ley de Dependencia (prestaciones vinculadas al servicio) y entre los que también hay residencias públicas de gestión privada, siguen esperando a cobrar los 60 millones correspondientes a buena parte de las facturas del año pasado. “Es un claro agravio”, sostiene María José Mira, gerente de Aerte. La pasada semana, la Generalitat les comunicó que antes del 31 de enero recibirán seis millones de euros, un 10% de la deuda, lo que “no soluciona nada”, dice Mira. Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la Generalitat.
El segundo motivo de agravio que plantea Aerte es que la Administración “ha potenciado las plazas de accesibilidad”, agrupadas mayoritariamente en Aecas, en perjuicio de los tipos de subvención de los que participan sus asociados. De esta forma, mientras que en 2007, las plazas del bono (en extinción) o de prestación vinculada al servicio eran 4.500, ahora son 3.000. Y mientras en 2007 los beneficiarios que la Generalitat remitía a las residencias con plazas de accesibilidad social eran 1.840, ahora rebasan las 4.000.
Aecas prefiere no entrar en los motivos por los que las empresas que explotan centros bajo la fórmula de accesibilidad social han cobrado antes. “A fecha de 26 de diciembre solo habíamos cobrado el mes de enero de 2012. Sin entrar en detalles, la situación de Aerte era distinta”, explica Marcos Penadés, presidente de Aecas. Respecto a la prioridad que ha podido conceder la Generalitat a sus residencias en el envío de personas, Penadés sostiene que deberían de remitirles más residentes. Para justificarlo, entre otros aspectos, sostiene que sus plazas tienen un derecho de preferencia reconocido por la Generalitat. Y alude a una decisión que tomó la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente del departamento el presidente de las Cortes, Juan Cotino (2007-2009) que les daba prioridad.
El contrato original de la fórmula de las residencias de accesibilidad social (los centros integrados mayoritariamente en Aecas) se elaboró mientras el actual diputado del PP Rafael Blasco, imputado por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a cooperación, dirigía la consejería de Bienestar Social. Ante la falta de residencias públicas ideó en 2001 un plan que consistía en proponer al sector privado la creación de 9.000 plazas nuevas a través de un concurso por el que la Generalitat se reservaba un tercio de ellas. Hasta entonces el modelo de subvención con el sector privado se basaba en el bono residencia, un importe que se entregaba a los beneficiarios para que escogieran una plaza privada. A partir del plan de las 9.000 plazas, entró en escena una nueva modalidad de subvención pública: el tercio de plazas de disponibilidad pública que se reservaba la administración, denominadas plazas de accesibilidad. Finalmente, el número total de plazas no fueron 9.000 sino 6.000, y las reservadas para residentes de la red pública 2.000.
En 2008, el máximo responsable de la Consejería de Bienestar Social, Juan Cotino, cambió las reglas. Firmó un acuerdo con las empresas de accesibilidad para concertar hasta el 100% de las plazas de estos centros. Entre estas compañías estaba Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL. Por entonces (ya no), Savia estaba participada por Sedesa Concesiones —filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)—, ligada a la familia de Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino.
Este pacto es el que quiere hacer valer Aecas, asociación integrada por Savia, Novaire, Solimar, La Saleta, Vergel Sénior, Parqueluz, Gerianna y L’Albereda-Alacuás, que concentran el 93% de plazas de accesibilidad social. “Están potenciando a cuatro empresas, por lo que sea”, explica Mira. “Solo pido que no nos perjudiquen a nosotros para favorecer a otros”, añade.
Fallecidos cobrando la Ley de Dependencia… o cómo un “estafador” puede ser “decente”
Por Patricia Arias
Hace ya varias semanas que llevo escuchando en los medios la cantinela de “malos ciudadanos” que están cobrando la ayuda a la ley de Dependencia aun habiendo fallecido el familiar dependiente. Aquí va mi caso, yo también estoy entre esos “malos ciudadanos estafadores”. Mi abuela falleció el 23 de noviembre de 2012 y cobraba mensualmente la ayuda a la dependencia. El certificado de defunción tardó en llegarnos unos 15 días y, en cuanto lo tuve en mis manos,empecé a hacer llamadas tanto a clases pasivas como a la Comunidad de Madrid para que anularan la ayuda.
La chica que me atendió por teléfono me dio la dirección de envío del certificado, ya que no residimos en Madrid. Le comenté si tendríamos que devolver las transferencias que llegaran a partir de ahora. Me dijo que no lo hiciese, ya que sería más lioso. Le di la opción de cancelar la cuenta (así no llegarían ni a entrar) y me dijo que tampoco, que tenía que aceptar las transferencias y que me llegaría a casa una carta de pago para devolver las transferencias indebidas; aun así, me advirtió que podría llevar bastante tiempo. Sólo quería denunciar que seguro que mi caso no es el único y que seguro que en esa lista de “estafadores” hay gente decente, pero ante la sociedad se nos ve de esa manera, por culpa de la incompetencia o la falta de medios de la administración. Por cierto, estamos ya casi en febrero y aún siguen llegando las transferencias de la Comunidad de Madrid.
