Medio centenar de personas protestan ante Bienestar Social por la «asfixia económica» a centros y programas de menores
Medio centenar de trabajadores y delegados sindicales han protestado este lunes ante la sede de la Conselleria de Bienestar Social en Valencia por los recortes y la «asfixia económica» causada por los «retrasos de más de un año» en los pagos de la Generalitat a centros y programas de atención a menores gestionados por entidades sin ánimo de lucro en la Comunitat Valenciana.
En declaraciones a los periodistas, el coordinador del sector de atención a menores en CCOO-PV, Antonio Jiménez, ha criticado los «recurrentes retrasos en los pagos» a las entidades y ayuntamientos que gestionan los servicios públicos de atención al menor, familia y juventud, así como la supresión de algunos programas comunitarios de prevención que se llevaban a cabo en el ámbito municipal.
El representante de UGT-PV, Antonio Femenía, también ha reprobado que la administración haya «rebajado muchísimo» –un 40 por ciento– su aportación a los ayuntamientos para los Servicios de Atención a Familia e Infancia (Seafis), con lo que duda de «cuántos se van a acoger en 2013 porque no cobran». Además, denuncia que la dotación para servicios de atención a la infancia en municipios que carecen de Seafis «simplemente desaparece» este año, con lo que «la mitad o más de los municipios de la Comunitat se van a quedar sin el servicio de atención a la familia y a la infancia en los momentos de más crisis».
Femenía alerta, en este sentido, de que habrá casos en que «no se detecten maltratos» y otros en los que los servicios municipales no podrán atender a menores de familias desahuciadas porque «no tienen medios suficientes» y, por ejemplo, han tenido que reducir la jornada laboral de sus trabajadores de cinco a tres días semanales, de modo que «les será imposible hacer su trabajo cuando más necesario es».
EL SECTOR RECLAMA «HECHOS, NO PALABRAS»
Así, exigen a la Generalitat que «pague puntualmente a los centros de atención al menor y sobre todo, que no desmantele el sistema de protección a la infancia en los momentos en que más falta hace» y subrayan que quieren«hechos, no palabras». «Regalar fotos no queremos», incide Femenía, quien asevera que por el momento «hay poca interlocución, autismo total», por parte de la Conselleria.
Ambos representantes sindicales señalan que «es difícil saber la deuda exacta en estos momentos» porque la Generalitat, con la llegada del último tramo del FLA a final de año, pagó parte de la deuda de los conciertos aunque esos fondos no llegaron a los trabajadores y todavía «quedan subvenciones por pagar» y «muchos meses» que abonar a «entidades que gestionan servicios públicos y centros de la propia administración para niños tutelados o con medidas judiciales».
Femenía apunta que «se debían decenas de millones de euros» y que, en cualquier caso, «es insostenible que se alarguen durante meses o años los impagos y que trabajadores y entidades hayan sufrido lo insufrible para mantener un sistema público que es responsabilidad de la Generalitat«.
En este sentido, acusa al Consell de hacer que la financiación de estos centros y servicios recaiga sobre las propias entidades y sobre sus trabajadores, a quienes adeudan «muchísimas nóminas», hasta el punto de que algunos han tenido que «abandonar su piso e irse con sus hijos a vivir a casa de sus padres porque ya no aguantan más».
«LIMPIEZA IRREVERSIBLE» EN LA ATENCIÓN A MENORES
El representante de UGT-PV advierte de que esta situación puede conllevar«una limpieza irreversible en este campo de la intervención social», que constituye «el núcleo duro del sistema de protección».
Entre las consecuencias de esa «asfixia económica», cita que menores acogidos en centros propios de la Conselleria «algunos días no tenían ropa interior porque no se dispone de dinero para comprar» mientras que, en otros, «se tienen que limpiar con papel de cocina en vez de papel higiénico» y la ropa «se lava con lavavajillas» porque «los proveedores están desfondados y ya no sirven más».
Según Jiménez, en el último año «se han cerrado diez centros de entidades que, por ahogo, ya no han podido» y se ha recortado un 7,3 por ciento la dotación para programas de acogimiento familiar en 2013, en más de ocho millones de euros. En la actualidad, hay más de 1.800 menores en centros, pero el número de atendidos en este sistema de protección y reforma de la Comunitat Valenciana supera los 20.000, al incluir barrios, centros de día y Seafis.
