Archivo diario: 4 febrero, 2013
El envejecimiento afecta a la memoria involuntaria
Investigadores de la Universidad Nacional de Educadores a Distancia (UNED), en colaboración con el Beckman Institute de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), han mostrado que el envejecimiento afecta a la memoria involuntaria, aquella de la que no hay conocimiento consciente y que se activa ante estímulos repetidos.
Esta investigación choca con otros estudios que aseguraban que este tipo de memoria permanece invariable con el paso del tiempo. «Nuestros resultados cuestionan la noción mantenida hasta ahora de que la memoria inconsciente no se encuentra afectada por la edad», ha explicado Soledad Ballesteros, investigadora del departamento de Psicología Básica II de la UNED y primera autora del trabajo, publicado en la revista ‘Neurobiology of Aging’.
De esta forma, los científicos han demostrado que la relación entre la función cerebral y la memoria involuntaria que hay en las personas jóvenes se encuentra alterada en los mayores. No obstante, según han apostillado, estos cambios en la actividad cerebral no afectan a la conducta, puesto que mayores y jóvenes responden con mayor rapidez a estímulos repetidos frente a los mostrados una única vez, reflejando la misma facilidad con la repetición.
«El cerebro en la vejez se adapta para rendir igual que cuando era joven pero con un mayor esfuerzo», ha puntualizado la investigadora, quien ha explicado que para llevar a cabo esta investigación se entrevistaron a 19 jóvenes de 20 y 32 años y a 18 adultos de entre 61 y 72 años.
Todos ellos realizaron una actividad dentro de un escáner, mientras se registraba su actividad cerebral. Los científicos les mostraron imágenes de seres vivos familiares –como un oso o un árbol– y de objetos inanimados –como un silbato o un frigorífico– presentados una o tres veces.
En concreto, la tarea consistió en pulsar un botón lo más rápidamente posible si se trababa de un ser vivo, y otro, si era un objeto inanimado. En este sentido, los expertos observaron que ambos grupos respondían de forma más rápida ante objetos repetidos comparados con los no repetidos, mostrando una memoria involuntaria similar.
Sin embargo, apreciaron diferencias importantes en la actividad cerebral. Y es que, aunque ambos grupos manifestaron reducciones de la actividad cerebral con la repetición de estímulos en una amplia red de regiones cerebrales anteriores y posteriores sensibles a esta repetición, las personas de edad avanzada mostraron una menor reducción de la actividad y en un menor número de zonas que los adultos jóvenes.
En definitiva, los datos revelan que las personas de edad avanzada consiguen actuar como los jóvenes a costa de presentar una mayor activación cerebral y de mantenerla con la repetición de estímulos. «El cerebro de las personas mayores pone más esfuerzo ante los estímulos visuales, lo que se interpreta como una forma de actividad neural compensatoria», ha concluido Ballesteros.
Los beneficiarios de prestaciones de dependencia ascienden a 770.945 personas en 2012, un 6% más que el año anterior
El número de beneficiarios de prestaciones de dependencia en 2012 ascendió a un total de 770.945 personas (el 77 por ciento de las personas con derecho a prestación), una cifra que supone un 6 por ciento más en relación con el año anterior y un balance neto positivo de 18.944 personas, según datos del avance de la evaluación anual de 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Además, las personas que durante 2012 se han incorporado como nuevos beneficiarios de alguna prestación ascienden a 129.847. Por otro lado, de las 305.941 personas pendientes de recibir prestación a diciembre de 2011 (casi el 30 por ciento del total) se ha pasado a 230.203 personas a diciembre del año pasado (un 24,8 por ciento), lo que supone «el porcentaje más bajo» desde la implantación de la Ley de Dependencia –hace seis años, desde 2007–, según ha destacado a Europa Press el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales(Imserso), César Antón.
Respecto a los datos económicos, el presupuesto destinado en 2012 y transferido a las comunidades autónomas ha aumentado en 122 millones más respecto a 2011, hasta los 1,4 millones de euros (un 9,5% más que en 2011).
Antón ha detallado que una de las prioridades de la ley durante el año pasado ha sido la de atender «primero a los que más tiempo llevan esperando y a los que más dependencia tienen». Además, ha subrayado de que, en este año, ha seguido aumentando «tanto el número de beneficiarios como la financiación del Estado», ya que, a su juicio, «más allá de los números y las estadísticas, hay personas y familias». En cualquier caso, ha pedido «no generar expectativas» y, de cara al futuro, ha apostado por «el orden, la simplificación y la mejora de la transparencia».
Por comunidades autónomas, Navarra, Andalucía, Cantabria y La Rioja fueron las que menos dinero recibieron en 2012 por la revisión a la baja de los grados de dependencia o por el estancamiento en la entrada de usuarios, o por ambos motivos.
Así, en Navarra, el número de beneficiarios con prestación ascendió a 8.612 (frente a los 8.129 de 2011), con 12,5 millones de euros designados (frente a los 13 millones de 2011); en Andalucía, 192.532 beneficiarios con prestación (frente a los 191.330 de 2011), con 345,8 millones de euros designados (frente a los 356,6 millones de 2011); en Cantabria, 14.090 beneficiarios con prestación (frente a los 15.227 de 2011), con 19,4 millones de euros designados (frente a los 20,5 de 2011) y en La Rioja, 7.474 beneficiarios en 2012 (7.716 en 2011), con 13,4 millones en 2012 (13,7 millones en 2011).
Por el contrario, el resto de las comunidades ha recibido más dinero respecto a 2011. En concreto, Madrid recibió 141,9 millones de euros (134,5 millones de euros en 2011) y tuvo un total de 81.158 beneficiarios con prestación (76.674 el año pasado); País Vasco recibió 92 millones de euros (66,1 euros en 2011), con 39.506 beneficiarios (43.541 en 2011); Asturias, 26,3 millones de euros (23,6 euros en 2011) y 14.643 beneficiarios (13.890 en 2011); Baleares, con 18,7 millones de euros (17,7 millones de euros en 2011) y 9.534 beneficiarios (10.404 en 2011); Galicia, con 78,9 millones de euros (58,6 millones de euros en 2011) y 89.139 beneficiarios (34.092 en 2011); Extremadura, con 36,4 millones de euros (frente a 33,7 millones de euros en 2011) y 19.482 beneficiarios (18.249 en 2011); y Cataluña con 243,5 millones de euros (210,2 millones de euros en 2011) y 139.220 beneficiarios (118.890 en 2011).
Además, en Canarias se destinaron 28,8 millones de euros (21.989 millones de euros en 2011) y hubo 11.926 beneficiarios (10.505 en 2011); en la Comunidad Valenciana, con 43.145 beneficiarios (42.960 en 2011) se percibieron 82,5 millones de euros (78,1 millones de euros en 2011); en Castilla y León, 103,1 millones de euros (86,4 millones de euros el año pasado) y 62.108 beneficiarios (60.090 en 2011); en Castilla-La Mancha 67,1 millones de euros (64,6 millones en 2011), con 38.620 beneficiarios (39.081 en 2011) y Aragón, con 41 millones de euros (34,6 millones en 2011) y 21.413 beneficiarios (22.473 en 2011).
Un millar de trabajadores de la dependencia pierden su empleo cada mes
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que «todos los meses», un millar de personas que trabajan en el sector de la dependencia se quedan sin empleo, ya que se están cerrando residencias y «desmantelando el sistema».
Ramírez hizo estas consideraciones durante su intervención en una jornada parlamentaria sobre Servicios Sociales y Dependencia, organizada por el Grupo Socialista y celebrada hoy en la Cámara Baja. El presidente de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales comenzó su intervención aclarando que, para él, la Ley de Dependencia es «el mayor avance que ha habido en España en los tres últimos lustros», ya que refuerza el sistema público de servicios sociales, entre otros aspectos positivos. Dicho esto, Ramírez puso sobre la mesa una serie de denuncias que a juicio de su colectivo hay que hacer por el cariz que está tomando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (SAAD).
Así, se quejó de que haya muchos beneficiarios que se encuentren actualmente «en el limbo de la dependencia», de que se haya acabado con el sistema de niveles, dentro de los grados establecidos por la ley, o de que haya «caído en picado» el número de planes individuales de atención (PIA) elaborados. Con este panorama, los gerentes de servicios sociales estiman que el Gobierno, si no adopta otras medidas, podría tardar unos 11 años en atender a todas las personas en situación de dependencia que tienen el derecho ya reconocido.
Ramírez se expresó así en una mesa redonda enmarcada en las citadas jornadas parlamentarias titulada ‘Situación y perspectivas de la implantación de la Ley de Dependencia» y moderada por Rosa Aguilar, portavoz de Servicios Sociales del Grupo. En la mesa, participaron también Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social; Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO; Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, y Jaime-Esteban García, coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia.
«Desmantelamiento» de los Servicios Sociales
Lima aprovechó su intervención para hacer una defensa de los servicios sociales y para mostrar su preocupación por el «desmantelamiento» que, a su parecer, están sufriendo por culpa de los recortes. Apostó por un modelo de bienestar basado en la «igualdad, cooperación y solidaridad» y que garantice los derechos sociales a todos los ciudadanos, independientemente de su aportación a la Seguridad Social. Ese modelo, prosiguió, ha de «dar voz y empoderar a la gente», que debe expresar lo que le pasa para poder recibir una mejor atención y no recortar derechos, como está ocurriendo en algunas CCAA, donde se están «recrudeciendo» requisitos para acceder a él.
Y es que, aseguró, en la actualidad «hay un ataque» a los servicios sociales básicos, es decir, los que se prestan desde los ayuntamientos, que, en muchos casos, están viendo cómo desaparecen apoyos tales como el de la ayuda a domicilio, que solo se presta a personas en situación de dependencia, y no a todas. Igualmente, denunció la eliminación progresiva del plan concertado para los servicios sociales, que, aunque con una financiación «ridícula», suponía un acuerdo importante entre las tres administraciones.
Consecuencias «graves»
Por su parte, las representantes de CCOO y UGT se centraron en analizar las consecuencias que están teniendo las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Dependencia, que, dijeron, son «graves», como lo son también los cambios del Ejecutivo en educación y sanidad. Para Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, la de la Dependencia es una «reforma integral» que sigue el mismo patrón que orienta los cambios en el resto de pilares del Estado de bienestar, que se aborda de forma unilateral, sin trasparencia y con «opacidad». A su parecer, los objetivos de la reforma del Ejecutivo son «recortar drásticamente» el gasto social público y «debilitar la naturaleza pública y universal» con la que nació el Sistema de Dependencia, para conducirlo hacia otro de carácter «mercantilista».
Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, evidenció también su «preocupación» por el curso de la norma de la Dependencia y abogó por buscar un sistema de financiación estable y sostenible, desde el punto de vista económico, pero también social, y por redactar una ley que garantice el acceso a los servicios sociales a todas las personas. Finalmente, el coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia indicó que la reducción de prestaciones económicas, el aumento del copago en los servicios, el hecho de que los cuidadores no profesionales tengan que pagar su Seguridad Social y el retraso hasta 2015 de la entrada en el sistema de los dependientes moderados son, a su parecer, los aspectos de las reformas del Gobierno que más están afectando a los beneficiarios del SAAD.
