Archivo diario: 19 febrero, 2013

1.300 mayores madrileños se forman en Internet y redes sociales

Fundación Updea y Fundación VodafoneFundación Updea y Fundación Vodafone España pondrán en marcha en nueve municipios madrileños, cursos de formación gratuitos dirigidos a personas mayores, sobre el uso de Internet y las redes sociales. Con este nuevo proyecto, ambas instituciones quieren formar a 1.300 mayores residentes en alguno de los nueve ayuntamientos que colaboran, mediante la cesión de los espacios necesarios, habilitados con conexión a Internet y equipos informáticos, además de coordinando las inscripciones. Estos ayuntamientos son Alcobendas, Alcorcón, Daganzo, Hoyo de Manzanares, Navalcarnero, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes y Valdemoro.
El 12 de febrero comienzan a impartirse los cursos cuyo objetivo principal es que los mayores de 50 años descubran los múltiples usos de Internet, y cómo su uso puede facilitar la vida cotidiana e incrementar sus posibilidades de ocio y comunicación.
El formato de los talleres es presencial, con una duración de 18 horas. Se ofrecen dos niveles: uso básico de internet y el innovador curso de Comunicación y Redes Sociales, cada vez más demandado por los mayores.
Ambas instituciones vienes colaborando en la puesta en marcha de diferentes cursos de formación, para acercar las TIC a los mayores madrileños, desde octubre de 2011, cuando se inició el proyecto “Usos de Internet  para la Vida cotidiana”. Desde entonces, más de 140 cursos y de 30 conferencias interactivas se han impartido en centros de mayores y bibliotecas de la Comunidad de Madrid,  del Ayuntamiento de Madrid, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón y Alcobendas, llegando a más de 2400 beneficiarios.

Los senior madrileños y las nuevas tecnologías
Según el informe de Fundación Vodafone España “TIC y mayores, conectados al futuro”, sobre el uso que nuestros mayores hacen de las TIC, las personas con edades comprendidas entre los 56 y 70 años en la Comunidad Madrid, se sitúan muy por encima de la media nacional en el uso de la telefonía móvil e Internet y en el uso de la e-administración y lo hacen ligeramente en el uso de las redes sociales. Este estudio forma parte del observatorio permanente que la Fundación Vodafone lleva a cabo, con el objetivo de identificar las necesidades de este segmento de población ante las TIC, y poder compartir con el resto de implicados los resultados obtenidos.
El estudio pone de manifiesto que la utilización del teléfono móvil en la Comunidad de Madrid se sitúa en el 96,1%, frente al 91,1% del conjunto nacional lo que permite hablar de universalización de uso de la telefonía móvil.
En cuanto a Internet se refiere, para los madrileños con edades comprendidas entre los 56 y los 70 años, el porcentaje de usuarios se sitúa nuevamente por encima  del resto de españoles con un 53,5% frente al 42,7%. Estos datos  suponen una buena noticia para los madrileños y demuestra el interés y el esfuerzo realizado por las administraciones y diversas empresas, instituciones y asociaciones para que nadie quede fuera de la era digital.
Por su parte, en la Comunidad de Madrid  se usan las redes sociales ligeramente por encima del promedio del país, siendo los más jóvenes, los de 56 a 60 años del segmento de edad analizado, los que más las usan.
Y por último, según el citado informe, en cuanto a la utilización de la e-administración, el total de usuarios en la Comunidad de Madrid de la e-administración es superior al del conjunto del país en casi 16 puntos porcentuales (76,5% frente a 60,94%).

Ambas entidades
La Fundación Updea es una institución privada sin ánimo de lucro fundada en 1.999. Su finalidad es contribuir a impulsar y favorecer el desarrollo personal a través de la educación continua (Lifelong Learning) especialmente dirigida a las personas mayores.
Por su parte, la Fundación Vodafone España contribuye al impulso de la innovación y la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación para mejorar la calidad de vida de las personas y, especialmente, facilitar la integración social de colectivos vulnerables.

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Entra en vigor el decreto que incluye la teleasistencia entre los servicios a retribuir mediante precio público

Teleasistencia   Este miércoles, día 20 de febrero, entrará oficialmente en vigor el Decreto que incluye el servicio de teleasistencia entre los que se retribuyen mediante el sistema de precio público.

   La nueva regulación modifica el Decreto de junio de 2012 por el que se regulan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia.

Dicho decreto contemplaba, como prestaciones y servicios para personas mayores y personas con discapacidad a retribuir mediante precio público, el servicio de ayuda a domicilio; el de comida a domicilio, y el de transporte adaptado desde el domicilio habitual a los Centros de Día/Noche, de empleo y ocupacionales.

Según explica el nuevo decreto, consultado por Europa Press, entre los servicios que se incluían en el ámbito de aplicación de esta norma jurídica no figuraba el servicio de teleasistencia, que sí forma parte del Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Y ello porque la Ley de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales de marzo de 2007 lo configuraba como servicio garantizado y gratuito para las personas que tengan reconocida la situación de dependencia según los términos establecidos en la legislación estatal en esta materia.

Sin embargo, con posterioridad, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha configurado el sistema retributivo de los servicios del SAAD, incluyéndolo en el Acuerdo para la mejora del Sistema.

Dicho acuerdo contempla el servicio de teleasistencia como servicio retribuido, posibilidad que recientemente se ha habilitado en la Comunidad Autónoma de Cantabria por la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que ha modificado la de Derechos y Servicios Sociales del año 2007.

Por ello se modifica el Decreto de junio de 2012 por el que se regulan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia, al objeto de incluir el servicio de teleasistencia entre los que se retribuyen mediante el sistema de precio público.

Se trata de un servicio que, mediante un sistema bidireccional de comunicación ininterrumpida, permite a las personas mantener contacto, a través de diferentes medios tecnológicos, con un centro de atención capaz de prestar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento, y al centro de comunicación atender y conocer el estado de la persona usuaria.

RESERVA DE PLAZA

El nuevo decreto también reduce el periodo máximo permitido para el disfrute de días de vacaciones de los usuarios de centros de servicios sociales, con el fin de «garantizar una adecuada utilización de los recursos públicos asignados».

Así, en los casos de vacaciones, la reserva de plaza tendrá una duración máxima de 45 días por año natural, frente a los 60 establecidos en el anterior decreto. En caso de superarse este período, el usuario abonará el precio de la plaza en su totalidad.

La reserva de plaza se produce únicamente por ausencia temporal del usuario motivada por hospitalización o vacaciones, debiendo computarse desde el primer día en que se produzca.

Finalmente se aclara el contenido de la Disposición Adicional Primera, relativa al ámbito de aplicación de la norma, estableciendo que los precios públicos determinados en el Decreto serán aplicables a las personas mayores o con discapacidad que, aunque no tengan derecho a la protección del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, sean usuarias de los centros y servicios regulados en el mismo, por haberle asignado dicho recurso el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

Los usuarios que no tengan reconocida la situación de dependencia abonarán los precios públicos en la cuantía que se establezca para las personas en situación de dependencia moderada.

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Más de 1.000 salmantinos hacen uso del servicio municipal de Ayuda a Domicilio

Cristina Klimowitz   Más de 1.000 ciudadanos han hecho uso durante el último año y «sin lista de espera» del servicio de Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento de Salamanca, según ha informado la delegada del área de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz.

   De los 1.087 usuarios que estaban dados de alta a 31 de diciembre de 2012, 259 tenían la calificación de dependiente y los 828 restantes carecían de este certificado.

La edil ha destacado que el usuario tipo de Ayuda a Domicilio es mujer con una edad media de 82 años. En concreto, ha detallado que el 53,82 por ciento de los usuarios tiene entre 80 y 90 años; el 20,61por ciento, entre 65 y 80 años; el 18,03 por ciento, más del 90; y el 7,54 por ciento restante, menos de 65 años. En relación al sexo, el 80 por ciento de los usuarios es mujer y el 20 por ciento restante es hombre.

Cristina Klimowitz ha informado también de la distribución según la zona de acción social de las personas en alta en el en el servicio de Ayuda a Domicilio. El 22 por ciento de las altas se han gestionado a través del Centro de Acción Social de El Rollo; el 15,82 por ciento de Garrido Norte; el 14,81 de San Bernardo; el 12,88 de Pizarrales; el 11,22 de Garrido Sur; el 10,58 de San José; el 7,36 de Centro; y el 5,24 de Buenos Aires.

Este servicio tiene un presupuesto en 2013 de 3.663.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Salamanca aporta unos 800.000, y el resto se suman de las aportaciones de los usuarios y de la Junta de Castilla y León.

HORARIOS

La edil ha indicado que el Ayuntamiento de Salamanca, tras la modificación de la Ley de la Dependencia para la mejora del sistema y su sostenibilidad aplicada desde el pasado 1 de octubre, adaptó las nuevas intensidades horarias «en el sentido más favorable para los usuarios», llegando al máximo de horas permitidas.

En este sentido, ha explicado que las personas calificadas como dependientes recibieron en 2012 una media de 42 horas al mes, 25 minutos menos al día respecto al año anterior, y las no dependientes 14 horas, una hora menos al mes.

Otro de los aspectos que ha destacado Cristina Klimowitz ha sido la «alta satisfacción» de los usuarios, como corrobora que la permanencia en el servicio supera cinco años y medio.

BENEFICIARIOS Y TRABAJADORES

El 22,53 por ciento de los usuarios, según ha apostillado la concejala, se beneficia gratuitamente de este servicio al no llegar a los ingresos mínimos establecidos en la Ordenanza y el resto paga dependiendo de su capacidad económica.

Además de estos datos, de los que ha informado también al Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Bienestar Social, la concejal ha recordado que el Ayuntamiento de Salamanca, la empresa y los sindicatos CC.OO y UGT suscribieron en septiembre del pasado año un acuerdo para «blindar» los 181 empleos vinculados al servicio de Ayuda a Domicilio al estar «obligado» a aplicar a partir del 1 de octubre las modificaciones aprobadas en Ley de la Dependencia para «la mejora del sistema y su sostenibilidad».

Finalmente, Klimowitz ha indicado que a Ayuda a Domicilio se suman Teleasistencia y Comida a Domicilio como servicios en el entorno del hogar para personas dependientes.

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Ninguna empresa puja por la gestión de la residencia de Navaleno

residencia de Navaleno

La Diputación de Soria recibió ofertas para la adjudicación de la gestión de tres de las cuatro residencias públicas que actualmente gestionan y que se ubican en Ágreda, El Burgo de Osma, Navaleno y El Royo. En concreto quedó desierto el pliego de la residencia de Navaleno.
Para la residencia de Los Milagros de Ágreda se presentaron dos ofertas: Sar Residencial y Asistencial S.A.U y Clece S.A; para la residencia San José de El Burgo de Osma se presentó Cecle S.A y para Nuestra Señora de las Mercedes de El Royo otras dos Clece S.A y Aralia Servicios Sociosanitarios S.A, según informa Ical.

En los próximos días, la Diputación de Soria procederá a la apertura de las ofertas que serán estudiadas y analizadas por los servicios técnicos para su posterior resolución, indicó la institución. El pasado viernes 15 de febrero a las 14.00 horas concluyó el plazo para presentar las propuesta por parte de las empresas interesadas a cada uno de los pliegos correspondientes a cada centro asistencial.

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Sánchez Zaplana considera «necesaria» la colaboración entre Generalitat y las entidades del sector de la discapacidad

Asunción Sánchez Zaplana   La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha considerado este lunes «necesaria» la colaboración entre la Generalitat y las entidades representativas del sector de la discapacidad en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico.

   Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su presencia en Petrer (Alicante), donde ha visitado el Centro de Atención Integral (CAI) para grandes dependientes, «un recurso que es ejemplo de trabajo conjunto entre las administraciones central, autonómica, provincial y local, las obras sociales de Caja Madrid e Ibercaja, y gestionado por la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría».

En el mismo sentido, ha recordado que el Consell invirtió 2,5 millones de euros para su construcción y puesta en marcha, y destinó otros 400.000 al mantenimiento de sus plazas en 2012. «El CAI de Cocemfe Alicante responde a las demandas trasladadas por la entidad a Conselleria y, además, se ha constituido como un centro de referencia nacional por su accesibilidad y diseño, domótica y control del entorno», ha agregado.

El recinto tiene una capacidad para 40 personas en régimen residencial y para 30 en centro de día. Es un recurso de alojamiento especializado y dirigido a personas con discapacidad física u orgánica de gran dependencia, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.

La Generalitat ha indicado que la Comunitat dispone en la actualidad de 10.733 plazas residenciales y diurnas en 295 centros de diferentes tipologías, destinados a personas con discapacidad. De ese total de puestos, el 86,8 por ciento son financiadas por el Ejecutivo valenciano.

AUMENTO DE LOS RECURSOS

Sánchez Zaplana ha subrayado que en los últimos cinco años «han aumentado en un 33 por ciento los recursos dirigidos» a este colectivo, y ha enfatizado que «desde los distintos departamentos del Consell se están volcando todos los esfuerzos para atender las necesidades» de estas personas.

Así, ha recalcado que se preservarán los equipamientos disponibles y se hará «un uso eficiente» de los mismos, «trabajando de forma coordinada y transversal entre los servicios de discapacidad y los de asistencia sanitaria».

Durante su visita a las instalaciones de Petrer, ha expresado su felicitación a Cocemfe por la labor que desarrolla, «haciendo valer los derechos y trasladando las demandas» de este colectivo. Además, ha resaltado la profesionalidad del personal del centro, «por el magnífico trabajo que realizan día a día en la atención que ofrecen a quienes acuden a ellos».

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Aplazado el desahucio de una octogenaria en La Coruña por impago de un mes de alquiler

Aurelia Rey   La comisión judicial ha aplazado el desahucio de una octogenaria en La Coruña por impago de un mes de alquiler, previsto para este lunes, una decisión comunicada por los representantes de la Plataforma Stop Desahucios que desde primera hora de la mañana se concentraron ante su domicilio.

   Media hora antes de la hora prevista para el desalojo, a las 10.00 horas, numerosas personas se congregaban ya ante el inmueble donde reside Aurelia Rey, el número 9 de la calle Padre Feijoo de La Coruña, portando pancartas con lemas como «Casas sin gente, gente sin casas» o «Corrupción Justicia cómplice».

Finalmente, unas 200 personas se han concentrado ante la vivienda de la mujer, que lleva residiendo más de 30 años en el inmueble, y a la que arroparon con lemas como «Aurelia no se va, Aurelia se queda» o «Vivir es un derecho, tener casa también», proclamas que, junto a otros, como «Sí se puede» que se volvieron a repetir cuando, sobre las 13.00 horas, se comunicó la decisión de la comisión judicial.

Durante toda la protesta, la mujer ha permanecido en su casa, que abandonó a primera y última hora de la mañana para reiterar sus denuncias sobre la actuación de los propietarios del inmueble. Así les ha acusado de «querer» echarle de su vivienda, situada en el centro de la ciudad y por la que paga 126 euros con una pensión de 356 euros.

También ha calificado de «abuso» su posicionamiento en las negociaciones que representantes de la Plataforma Stop Desahucios han mantenido con ellos para evitar el desalojo, tras la sentencia de un juzgado.

APOYO POLÍTICO

En las últimas semanas, la Plataforma Stop Desahucios de A Coruña ha llevado a cabo distintas concentraciones ante el domicilio de Aurelia, sin familia y que se ha negado a irse para una residencia, opción que le ofrecieron desde el Ayuntamiento herculino.

En ellas, ha pedido que, por «humanidad» y dada su avanzada edad, se le permitiese en la casa, alegando también que los dos problemas de impago que tuvo –uno en 1999 y otro en marzo de 2011, el que originó la sentencia judicial– fueron abonados con posterioridad.

En la protesta de este lunes, han participado tanto miembros de la Plataforma como ciudadanos anónimos y representantes políticos, entre ellos la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en el Parlamento gallego, Yolanda Díaz; el portavoz del BNG, Francisco Jorquera y concejales del Ayuntamiento de A Coruña como José Manuel Carril (BNG); César Santiso (EU) o las socialistas Gloria Vázquez o Yoya Neira.

UNA «INJUSTICIA SOCIAL»

«No son desahucios, son asesinatos», «No es una crisis, es una estafa» han sido algunos de los lemas que se han coreado durante la concentración. Durante la misma, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha calificado de «indecencia» el intento de desalojo de esta mujer, mientras que el portavoz del BNG en el Parlamento gallego, Francisco Jorquera lo ha calificado como una «injusticia social».

Además, ha manifestado que espera que la admisión de la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso no sea «una maniobra de distracción» por parte del PP «y luego se paralice en la tramitación», ha advertido al defender la dación en pago u otras alternativas, como la moratoria de los plazos en el pago, para evitar «este drama», ha añadido.

NUEVA PROTESTA

Tras tres horas de espera, con presencia de Policía Nacional y Local en la calle donde reside Aurelia y hasta cinco vehículos policiales en las proximidades, finalmente no se llevó a cabo el desalojo. Al no conocerse la noticia del aplazamiento, Aurelia Rey se mostró agradecida y así lo transmitió a los participantes en la protesta bajando de nuevo a la calle.

Para el martes la Plataforma Stop Desahucios tiene previsto secundar una nueva concentración, en esta ocasión ante los Nuevos Juzgados de La Coruña, a partir de las 09.30 horas.

Sobre el caso de Aurelia, su portavoz en La Coruña, Joaquín Díaz, ha criticado la actitud del edil de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, al que ha acusado de «dejación de funciones» por «su gran amistad», ha dicho, con familiares de los propietarios del inmueble, de los que ha asegurado que buscan «especular» con el piso donde reside la anciana.

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