Archivo diario: 28 febrero, 2013
Problemas en el SAD del ayuntamiento de Sevilla gestionado por Clece
La portavoz adjunta de IU-CA en el Ayuntamiento de Sevilla, Josefa Medrano, ha culpado este martes al Gobierno local del PP del empeoramiento de las condiciones laborales que está sufriendo la plantilla de ayuda a domicilio del Consistorio hispalense, dependiente de la empresa ‘Clece’, y ha exigido a la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco, su intervención inmediata para solucionar una problemática que «repercute negativamente en la prestación de este servicio tan esencial».
Medrano ha realizado estas declaraciones después de mantener una reunión con el comité de empresa y con los responsables de Sanidad del sindicato CCOO, al objeto de conocer de primera mano la situación por la que atraviesa este colectivo integrado por 1.700 trabajadores, de los cuales el 99 por ciento son mujeres. Al término de este encuentro, la concejal de IU ha expresado su preocupación por la reducción del personal emprendida por la nueva concesionaria del servicio que, según denuncia la plantilla, pretende desligarse del convenio provincial del sector para acogerse directamente al estatal, lo que implicaría una considerable rebaja de sus salarios de hasta un 25 por ciento.
Al hilo de esto, la edil de la federación de izquierdas ha advertido de la eliminación de una veintena de puestos de trabajo entre coordinadores, ayudantes de coordinación y personal técnico-administrativo, además de un aumento de la jornada laboral que no ha sido negociado ni consensuado con el comité. La adopción de estas medidas «supondrá una merma importante en la atención especializada que en la actualidad reciben más de 3.200 personas mayores y dependientes en la ciudad».
«En Izquierda Unida ya avisamos lo que podía suceder», ha aseverado Medrano, tras referirse al pliego de condiciones elaborado por el PP para adjudicar este servicio, un documento en el que «se abría la puerta a unamayor precarización de este colectivo, como estamos comprobando ahora», al ampliarse sustancialmente la ratio de usuarios por cada coordinador, que pasa de 130 a 170.
«Si a esto añadimos que el Ayuntamiento ha primado la oferta económica frente a cualquier otro tipo de criterio, hasta el punto de aceptar una bajada cuasi temeraria del seis por ciento con respecto a la licitación de partida, nos encontramos con este lamentable panorama», ha apostillado la concejal de IU. Y es que, según ha precisado, «estamos hablando de un ahorro cercano a los dos millones de euros que, seguramente, la empresa va a procurar cobrarse atornillando, más si cabe, las condiciones laborales de la plantilla mediante bajadas de salarios, la no subrogación de profesionales, etcétera».
Así las cosas, Medrano ha instado a Dolores de Pablo-Blanco a «no mirar más para otro lado» y le ha exigido que se implique de lleno en la resolución de «este conflicto en ciernes». «El Gobierno municipal no puede seguir desentendiéndose de este asunto, alegando que se trata de un problema exclusivo entre empresa y trabajadores», ha manifestado la concejal de IU, quien ha recordado que el Ayuntamiento es el titular del servicio y, en consecuencia, el responsable de lo que le ocurra a sus trabajadoras y usuarios.
Por último, Medrano ha reiterado el «apoyo incondicional» de IU a la plantilla de ayuda a domicilio, destacando «la dura labor» que estas trabajadoras desempeñan y la «enorme paciencia» que están demostrando ante los continuos incumplimientos protagonizados, primero, por Claros y, ahora, por Clece.
Patronales y Sindicatos cierran el convenio de residencias de mayores y centros de día de la Comunidad de Madrid
Miercoles, 27 de febrero de 2013, las Patronales AMADE, AESTE, PAD y Lares Madrid y los sindicatos CCOO y UGT firmaron el VI Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de la Comunidad de Madrid con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2013.
Después de meses de negociación, se ha cerrado el convenio de residencias de mayores y centros de día de la Comunidad de Madrid para los años 2012 y 2013.
Reunidos en la sede de CCOO, la comisión negociadora del Convenio Colectivo firmó el texto que regirá los próximos dos años. El proceso de negociación se inició el pasado mes de marzo y después de casi un año se ha cerrado el texto que será publicado en el BOCM, si todo sigue su tramite, en fechas próximas.
La estabilidad en el empleo y los recortes económicos a las empresas han estado muy presentes en esta negociación. Tanto el banco patronal como el sindical han trabajado por el mantenimiento de puestos de trabajo y la viabilidad de las empresas, a la espera del cambio de la situación económica.
Los puntos clave de la negociación han estado en el articulo 5 de convenio estableciendo un periodo de dos meses de antelación para la denuncia del Convenio, una vigencia de dos años, con el mantenimiento de las tablas salariales de 2011 y en caso de prorroga del mismo se incrementarán todos los conceptos económicos por el IPC, siempre que el PIB de la CAM haya tenido un incremento del 1,25% o superior en el año anterior.
Un acuerdo razonable y responsable que supone un punto de inflexión en el capítulo de la negociación colectiva de los centros de la Comunidad de Madrid.
Aerte reclama a la Generalitat Valenciana un plan de creación de empleo y atención a dependientes
La Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) va a mantener un encuentro este miércoles con el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, para transmitirle una batería de propuestas que palien la situación que atraviesa el sector y que cuenta con el aval de la propia Consejería de Bienestar Social.
Según ha explicado a Redacción Médica la gerente de Aerte, María José Mira, el punto principal sobre el que gira su propuesta es el desbloqueo de los expedientes que están pendientes desde 2009 y que afectan a personas en situación de dependencia que cuentan con valoración positiva pero a los que, “según la Generalitat, no se les adjudica la prestación por falta de presupuesto”. La propuesta de Aerte pasa por resolver estos expedientes y poner en marcha de un plan de empleo y de creación de plazas, “porque los retornos que supondrían para la administración la creación de esas plazas son más elevados que lo que gastaría”. En este sentido, Mira recuerda que según un informe elaborado por la propia patronal “cada euro que invierte la administración en dependencia, el retorno es de 1,3 euros, además de la generación de empleo”.
Así, Aerte propone “equilibrar las plazas existentes entre las concertadas, con un mismo número de plazas con prestaciones que reciben los usuarios”. Esta medida supondría el establecimiento de alrededor de 1.000 nuevas plazas en un tiempo prudencial, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, medida que para Aerte generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo estables, evitaría la destrucción de empleo actual en los centros, así como unos retornos económicos vía tributaciones que revierten en la administración.
“Hay 11.000 personas en la Comunidad Valenciana con prestación vinculada al servicio profesional reconocida, pero que no la reciben”, explica Mira. De ellas, “solo 2.000 o 2.500 tendrían acceso a una prestación residencial, el resto son prestaciones vinculadas a centros de día o ayuda a domicilio”. Pero además, “hay otras 8.000 que tienen reconocida una prestación de cuidador no profesional y que también están sin resolver”. “Creemos que esta propuesta, además de solventar la situación de unas personas a las que están obligados a atender porque tienen el grado de dependencia reconocido, supondría no asfixiar a las empresas más de lo que están”, explica Mira.
Y es que la deuda de la Generalitat con las empresas de Aerte es muy elevada, hasta 50 millones, y viene, en algunos casos, desde 2011. “La deuda no es solo de 2012, sino también de 2011 y todo 2013”, recalca Mira, que asegura que cuando llegó a Valencia el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico se produjo un agravio con ciertas empresas, porque lo que se pagó “fue las plazas de accesibilidad social” que ofrecen “solo 10 empresas”. Es decir, la administración regularizó la deuda que mantenía con esas empresas hasta octubre, mientras que “el resto de empresas no cobró”. En este sentido, Mira considera que “no fue un problema de Bienestar Social”, que de hecho, les ha asegurado que tiene intención de “regularizar toda la deuda hasta diciembre de aquí a junio, y a partir de entonces comenzar a pagar la deuda de 2013”. El problema es que la resolución del problema no corresponde a la Consejería que dirige Asunción Sánchez, sino que depende de Hacienda.
