Archivo mensual: marzo 2013
La renta familiar cae a niveles del año 2001, el 6.4% de españoles al borde de la exclusión
La crisis y los recortes están golpeando con tal dureza a la sociedad española que las rentas se han desplomado a niveles de hace diez años. Ya hay tres millones de personas en una situación de pobreza extrema, la antesala de la exclusión. Y la capacidad adquisitiva, 18.500 euros de promedio por español en 2012, es inferior a la del año 2001. Los detalles de este retroceso los presentó ayer Cáritas en un informeque habla de una década perdida.
El escenario que dibuja el estudio Desigualdad y Derechos Sociales. Análisis y Perspectivas 2013, elaborado por la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) a partir de diferentes fuentes oficiales, es de una situación de dureza sin precedentes recientes, según la entidad humanitaria. El descenso en la cantidad de dinero que manejan las familias obedece al efecto combinado de la caída de los ingresos (un 4%) y la subida de los precios (10%). Y se traduce en un empobrecimiento que “avanza a la carrera”, añade Carlos Susías, de la Red Contra la Pobreza y la Exclusión Social España (EAPN). Especialmente entre los más desfavorecidos. “Es una verdadera barbaridad la evolución de los últimos años”.
El retroceso de los ingresos afecta de forma especialmente cruenta a las rentas más bajas, una categoría que no deja de reclutar ciudadanos. El 21,8% de los españoles vive en pobreza relativa —en 2008 la tasa estaba en 19,6%—. Son 10 millones de personas. Este índice (que fija Eurostat) corresponde al 60% de la mediana de la renta nacional. Es decir, una persona es pobre si vive con menos de 7.300 euros anuales. Por cada adulto que se suma a la unidad familiar, habría que incluir la mitad de esta cantidad, y un 30% por hijo. De esta forma, una pareja con dos hijos está por debajo del umbral de la pobreza si cuenta con menos de 15.330 euros para pasar el año.
La situación de pobreza severa (30% de la renta mediana, 3.650 euros anuales) también crece, y ya alcanza al 6,4% de la población —4% en 2008—. En total, unos tres millones. Para José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, este último dato es especialmente preocupante. La pobreza extrema es el peldaño anterior a la exclusión social. “Recuperar a estas personas exige una media de 10 años de una intensa intervención social, y esto supone un enorme coste humano y de recursos”, añade este especialista en servicios sociales.
Hay datos sobre los que el informe presta especial atención. Por ejemplo, el que indica que un 38% de los hogares monoparentales con un hijo o más vive por debajo del umbral de pobreza y el 11,7% de pobreza extrema, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2011. O que el porcentaje sea similar (48% bajo el umbral de pobreza) en el caso de familias con dos adultos y tres hijos a su cargo. “No hay que olvidar que la pobreza es el acelerante que lleva a la exclusión”, insiste Susías, “y que esta es mucho más compleja de combatir”.
Hasta hace un año, los informes Foessa, destinados a diseccionar la realidad social del país, no tenían una periodicidad fija. Tras el de 2008 se elaboró el de 2011. Sin embargo, dada “la velocidad de la evolución” de la crisis, sus responsables decidieron no dejar pasar más de 12 meses antes de volver a tomar el pulso de la situación, explicó ayer el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, durante su presentación. “Si el anterior informe revelaba que la pobreza en España era más intensa, más extensa y más crónica, hoy se puede decir que ese proceso de empobrecimiento se ha profundizado en extensión”, añadió Mora.
Una de las consecuencias de la crisis y el desempleo es el intenso incremento de la miseria. Otra, “el aumento sin precedentes de la desigualdad de su distribución” en la sociedad. Desde 2006, los ingresos de las personas con menos recursos han caído año tras año un 5% mientras en los hogares más acomodados la tendencia ha sido la inversa. El resultado de ello es que desde el inicio del hundimiento económico, en 2007, la diferencia entre los más ricos (el 20% de personas con mayores rentas) y los más pobres (el 20% con menos ingresos) ha aumentado un 30%.
Esta es la sombría fotografía de la crisis hoy en día. Pero el futuro, una vez vayan desapareciendo los nubarrones y repunte la actividad económica, podría ser igual de malo o incluso peor para los ciudadanos más desprotegidos. Cáritas advirtió que la contundencia y la multiplicación de los recortes sociales están sentando las bases para que el impacto de la crisis se cronifique entre los más desfavorecidos. Y que los “ajustes en bienes básicos, la reducción de prestaciones sociales y la exclusión de grupos de ciudadanos de servicios elementales” pueden convertirse en un obstáculo insalvable a la hora de sacar de la pobreza a la legión de ciudadanos que han quedado atrapados en ella. “Los recortes en los servicios públicos de bienestar pueden suponer una ruptura definitiva para los más pobres”, insiste el informe. “Corremos el riesgo de abandonar a su suerte a las personas más desprotegidas”, concluyó Sebastián Mora.
La Comunidad de Madrid exige el 25% de su pensión a ancianos que cobran 360 euros al mes para que puedan conservar su plaza en pisos tutelados
En el acogedor apartamento de Ildefonso Gallardo, una docena de pensionistas se reúne una tarde. “Me llamo Ada Romo, pero sin hache, porque si fuera un hada cogería mi varita y me pondría a arreglar todo lo que está mal”, se presenta una de las asistentes. Ada, Gisela, Reina, Héctor, Magdalena, Isabel e Ildefonso son algunos de los 135 ancianos que viven en los pisos tutelados que la Comunidad de Madrid tiene en Leganés, destinados al alojamiento y supervisión de las personas mayores que carecen de una casa adecuada donde vivir.
Ninguno de los presentes es menor de 65 años y todos viven entre el temor y la indignación desde que supieron que a partir de abril tendrán que pagar el 25% de su renta para continuar viviendo en este centro. Ellos y el resto de los 595 usuarios de los seis edificios que mantiene el Gobierno regional pagaban, hasta ahora, solo lo que gastasen de luz, agua y gas: unos 100 euros al mes.
La mayoría cobra pensiones de entre 300 y 400 euros, pero tras aplicarles una nueva tasa aprobada por la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012, les quedará unos 200 para pagar sus gastos de comida, higiene, limpieza, ropa, transporte o medicamentos. “Ya no podré ni darme el gusto de comprar un jersey porque no me va a quedar nada”, lamenta Ada, que tendrá que pagar 80 euros de una pensión de 370 con la que se mantienen ella y a su marido.
La Consejería de Asuntos Sociales asegura que los gastos del suministro (luz, agua, calefacción…) irán a partir de abril incluidos en la nueva tasa, pero estos ancianos afirman no haber sido informados de ello. “Al contrario, yo le he preguntado a la directora del centro y me ha dicho que le extraña mucho”, precisa Ildefonso. Tiene 77 años y vive en un apartamento individual. Antes de jubilarse fue guía turístico, habla cinco idiomas y ha trabajado en España, Suiza y Alemania. “En Canarias ganaba bien, pero en 1979 mi madre se puso enferma y me tuve que volver a Madrid”, recuerda.
Desde entonces, solo pudo ganarse la vida haciendo trabajillos de traducción que cobraba en negro. Ahora dispone de una pensión no contributiva de 364 euros. Al restar los gastos y desde el 1 de abril, 106,94 euros más por el piso, de 40 metros cuadrados, le quedarán algo más de 150 euros para comer.
La horquilla de la tasa se sitúa entre un 15 y un 25% en función de los ingresos de cada usuario y de si ocupan un piso con otra persona o en solitario. A Ildefonso le toca el porcentaje máximo porque vive solo y cobra más de 320,19 euros. Este pensionista denuncia la falta de transparencia de la Comunidad porque, calculadora en mano, demuestra cómo le cuentan las 14 pagas anuales para luego dividir el total entre 12 meses, con lo que al final abonará un 29% de su sueldo. “Me salen 91,24 euros pero me han dicho que tengo que pagar 106”. El resto de sus compañeros también abonarán el 25%.
“Lo único que hacemos es equiparar este servicio con el que da el Ayuntamiento, que cobra un precio público desde que lo puso en marcha”, indica una portavoz de la consejería. También recuerda que estas personas no son dependientes y que pueden buscar “otras opciones para vivir” si no están conformes.
Las más combativas son Reina Fernández y Gisela Nodarce, dos cubanas que no pueden ser más distintas y más iguales. La primera, de 73 años, es rubia y de piel rosada —“es que soy hija de asturianos”, dice— y la segunda es mulata y tiene 76. Cobran los poco más de 300 euros de la Renta Mínima de Inserción, y con su inconfundible acento insisten en que no podrán afrontar otro gasto. “Tengo hepatitis C y la glucosa alta, solo puedo tomar una alimentación especial en la que me gasto unos 200 euros al mes, por no hablar de los medicamentos”, relata Gisela. “No nos negamos a pagar una tasa, pero el 25% es demasiado”, completa Reina. “Si fuera un 10% podríamos asumirlo, o si nos incluyeran los suministros”. Ahora esperan que la Comunidad les diga cuándo tienen que dejar su piso.
Los mayores también denuncian con unanimidad presiones de la dirección para firmar los impresos y un procedimiento que consideran una intromisión en su intimidad. Aseveran no haber recibido ninguna información oficial de la consejería. “Podrían enviar una carta como hacen cada año para saber si seguimos vivos”, reprocha Ada. En vez de eso, se enteraron por la directora de los pisos, que no forma parte del personal de la Comunidad de Madrid sino de Eulen, la subcontrata que gestiona el centro. “Nos ha llamado uno a uno a su despacho y nos ha pedido las cartillas para ver nuestro número de cuenta”, advierte Ildefonso. Sus 11 compañeros le dan la razón y se preguntan por qué deben mostrar sus datos bancarios a la empleada de una empresa privada cuando ya aportaron información sobre su renta a la Comunidad al solicitar su plaza.
Según explican estos mayores, una vez en el despacho, la directora les entrega un impreso que informa de los baremos y que avisa de que “la negativa dará lugar a la perdida de condición de usuario”. “La directora nos dice cuánto tendremos que pagar una vez que firmamos, y eso es todo, yo tengo copia del documento porque lo pedí”, dice Ildefonso, al tiempo que señala su fotocopia con el importe que le toca abonar apuntado a bolígrafo en una esquina del folio. Preguntada por este procedimiento, la consejería detalla que Eulen hace la gestión y que ellos supervisarán los datos que reciban, y recomiendan a los mayores pedir copia de todo y resolver sus dudas en la Dirección General del Mayor.
Al día siguiente de la reunión, Ildefonso está apesadumbrado. La directora le ha llamado a capítulo por haber realizado el encuentro en su piso con tanta gente y con una periodista, pese a que el reglamento permite las visitas de amigos y familiares de 10 de la mañana a 10 de la noche. “Dice que he cometido una falta grave y que espera que la Comunidad no tome represalias”. La directora se niega a hablar con EL PAÍS. “Los residentes de los pisos y yo no podemos hablar con la prensa sin permiso de la Comunidad”, espeta antes de colgar. Asuntos Sociales aclara que solamente la directora del centro es quien no está autorizada a hablar.
Ese día, Ildefonso acude al Defensor del Pueblo a pedir ayuda. “Sabemos que no vamos a sacar nada, pero vamos a luchar por nuestros derechos y supervivencia. Quieren ponernos un bozal, pero no lo van a conseguir”.
Las autonomías avisan al Gobierno de nuevos errores en el copago
El sistema que gestiona el porcentaje de aportación de los ciudadanos sobre los medicamentos sigue generando errores. Seis meses después de la entrada en vigor de la norma que incrementó el copago farmacéutico, hay cientos de usuarios mal clasificados: algunos pagan más y otros menos de lo que les correspondería por su nivel de renta. Las comunidades alertan al Gobierno para que subsane los fallos. Algunas temen, además, que la implantación de nuevos tramos —como el Ministerio de Sanidad plantea hacer ahora para quienes ganen entre 18.000 y 100.000 euros (ahora pagan el 50%)— desajuste aún más una estructura informática compleja y se repitan las numerosas incidencias registradas durante las primeras semanas de aplicación. Sanidad asegura que los errores son puntuales y que su resolución es rápida.
Con su reforma sanitaria, el Gobierno de Mariano Rajoy decretó el pasado abril un cambio histórico: los pensionistas deberían pagar por primera vez por los fármacos. Desde julio, cubren un 10% de estos productos, con un tope mensual de 8, 16 o 60 euros, según sus ingresos. Juan Francisco González, madrileño de 63 años, está jubilado desde hace casi cuatro meses. Pero cuando el médico le recetó varios fármacos hace apenas dos semanas para tratar una infección de orina, descubrió que figuraba en el sistema como un trabajador en activo con una renta de entre 18.000 y 100.000 euros. Debía, por tanto, abonar el 50% de las medicinas. “Me extrañó, pero lo pagué”, relata. González ha puesto una reclamación en el Servicio Madrileño de Salud; está a la espera de que le contesten.
El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, reconoce que puede haber “casos de discrepancias” con la clasificación que se les ha asignado a los ciudadanos, por su renta; una catalogación por códigos que se recoge en una base de datos, que cruza información del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Hacienda y los servicios de salud regionales. Sanidad explica que ha establecido un circuito para que las Administraciones autónomas puedan comunicar los errores, se comprueben y, en su caso, se subsanen.
A Asturias le preocupa que, seis meses después de que el Gobierno pusiera en marcha el sistema, se sigan produciendo errores. Esta autonomía —que ha recurrido al Constitucional la reforma sanitaria de Rajoy en varios puntos, entre ellos, el aumento del copago— ha advertido a Sanidad de los fallos. También Andalucía —otra de las seis que ha recurrido la ley—, que además de informar al ministerio a través del circuito específico, alertó del desorden a la Delegación del Gobierno. Pero, los errores, precisa una portavoz de la consejería, se siguen dando. En Murcia, los errores son menores que durante los primeros días de aplicación de la ley. Esta región, ha desarrollado un sistema propio para recoger incidencias.
En Navarra no se ha detectado una avalancha de casos, pero su Administración ha hallado un sistema para resolverlos hasta que la base de datos estatal los subsane. “Cuando detectamos un fallo clasificamos a ese usuario en el nivel más bajo de aportación para que no se vea perjudicado por ese error”, explica una portavoz de la Consejería de Salud.
A Lorenzo M., el código que le da el sistema no le desfavorece, pero sí le irrita. La empresa de este toledano hizo hace varios meses un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por el que suspendía el contrato con sus trabajadores durante un plazo. Desde entonces, Lorenzo y otros compañeros son, para el sistema que gestiona el copago, parados de larga duración. Por tanto, no pagan los fármacos. “Me indigna. Mis padres, jubilados, pagan y yo no. No sé cómo han hecho la norma, pero está plagada de agujeros”, critica, teniendo en cuenta, además, que en la actual situación de crisis se producen dramáticos cambios en la renta familiar —para bien y para mal— en espacios muy cortos de tiempo.
Sanidad y Seguridad Social —que incide en que se limita solo a gestionar la base de datos— no aclara si la clasificación de Lorenzo es un error. El caso es similar al de los prejubilados: un concepto que no refleja el sistema. Muchos de ellos —independientemente del acuerdo económico al que llegaran con su empresa— constan en la base de datos como activos pasan a ser parados. Por tanto, cuando se les agota la prestación por desempleo, dice una portavoz de Sanidad, tienen la gratuidad para los fármacos.
“Nos estamos encontrando con casos muy chocantes”, critica Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes, que exige al Gobierno que, ya que no dan marcha atrás en esta medida “injusta que grava a los más vulnerables”, resuelvan los fallos. Toledo añade que la medida ahonda las desigualdades entre autonomías. Cada una ha adoptado un sistema y un plazo para devolver a los pensionistas el dinero que pagan de más por sus fármacos, cuando superan el tope que determina la ley. En Andalucía, por ejemplo, dejan de pagar cuando han llegado a esa cifra. En Valencia o Extremadura se lo devuelven cada seis meses. Muchos pensionistas, de hecho, todavía no lo han cobrado. El copago y la devolución de los topes están provocando, según Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que algunos pensionistas dejen de comprar fármacos que necesitan. El 17% de ellos no ha retirado algunas medicinas que el médico les ha recetado porque no podía pagarlo, según un estudio de esta entidad.
Los mayores de Amma Arganzuela plantan nuevos árboles en su jardín, elegido en 2012 como el mejor de todas las residencias de Madrid
La residencia para personas mayores Amma Arganzuelaconsiguió el año pasado alzarse con el primer premio del concurso al mejor jardín de residencias convocado por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. El jurado destacó como uno de los puntos fuertes la implicación y participación de los propios mayores en el cuidado del jardín.
Y volviendo a dar muestras de esta implicación, y como en años anteriores, los mayores del centro, ayudados por los trabajadores, se han puesto manos a la obra ahora que se acerca la primavera para volver a poner el jardín a punto y demostrar una vez más el cuidado y mimo que ponen en mantenerlo en perfecto estado y cada vez con más variedad de plantas.
Así, cada año plantan un nuevo árbol, algo que desde hace tres años se ha convertido ya en una tradición en el centro. En ocasiones anteriores fueron un magnolio y un naranjo y este año se ha puesto un limonero y también un Galán de Noche. Además, en cuanto empiece el buen tiempo, se empezarán a plantar flores y los mayores podrán hacer actividades en el jardín, como por ejemplo cuidar el huerto, del que tan buenos frutos se han recogido otros años.
Todas estas actividades cuentan con mucha aceptación por parte de los residentes. Les sirve como terapia y también como fuente de sociabilización, además de mantenerlesactivos. Por otro lado, hay muchos residentes que en juventud se dedicaron a la agricultura y pueden así recordar experiencias que vivieron en el pasado.
Las consecuencias de la crisis: Geriátricos al límite
“La veo mejor del resfriado. Me voy a casa tranquila”, comenta Mercè Gómez al salir del geriátrico Les Palmeres. Esther, su madre de 97 años, vive allí desde hace seis. Otros 26 ancianos, mayoritariamente mujeres, habitan en esta casa en Santa Maria de Martorelles (Barcelona). Les atiende un equipo de 18 trabajadores (médicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de geriatría…) dirigido por Quima García y la propietaria, Manolita Catalán. Llevan 22 años gestionando geriátricos. “Es mi vida y mi profesión, pero estoy al borde del colapso. He puesto mis ahorros y los de mi madre en el negocio. Aun así, debo parte de la nómina a los trabajadores y facturas a proveedores. Lo voy aplazando y los intereses me crujen, porque tiro de Visa. No sé cuánto aguantaré”, dice Manolita, que en verano se llevó un disgusto. La directora le informó de que la Generalitat no podía pagar la factura de junio. La deuda de la Generalitat con Les Palmeres a finales de 2012 era de 68.000 euros.
El impago de conciertos y subvenciones a los proveedores de servicios sociales, que asciende a 70 millones de euros, mantienen al límite a los geriátricos catalanes. Sus representantes aseguran que el 80% corresponde a los servicios que prestan. A finales de 2011 había 61.966 plazas para ancianos (34.907 públicas y 27.059 privadas). Las últimas incluyen las 10.728 en régimen de prestación económica vinculada (PEV), la ayuda personal que recibe el dependiente por ocupar una plaza privada. Esta ayuda debe cubrir los gastos de la plaza (entre 1.384 y 1.864 euros). El pago se reparte, en teoría, en tres partes. Un tercio lo abona el dependiente. El resto, la Generalitat y el Estado, mitad cada uno. En realidad, “pagamos el 79% y Madrid solo el 21%”, se queja el departamento de Bienestar y Familia.
No es el único dolor de cabeza de los geriátricos. Hay que añadir el retraso en cobrar las ayudas a los dependientes. En Cataluña están atendidas en geriátricos, bajo la ley de dependencia, 17.639 personas según el Ministerio de Sanidad. Cuando el dependiente entra en el centro, la Administración “tarda hasta siete meses en abonar el primer pago”, explica Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales. ACRA calcula en otros 50 millones de euros más estos retrasos. “Ahora, además, se han puesto de moda los anticipos”, explica Susanna Santías, directora de la residencia Nature de Castellterçol. Por ejemplo, “si una anciana es muy dependiente (grado III), el coste de su plaza es de 1.864 euros. Si paga 600 euros, los 1.200 restantes los abona la Administración. Sin embargo, anticipa 1.000 y sigue debiendo 200, que se van acumulando”. El Gobierno catalán reconoce el retraso, pero dice que es de entre dos y cuatro meses.
Los 25 trabajadores del geriátrico que dirige Santías cuidan a 52 ancianos (44 en plazas públicas y ocho en privadas). Un empleado por cada dos residentes. “Somos un centro colaborador y por ello cumplimos los mismos requisitos de los públicos en ratio de personal, espacios comunes, medidas de las habitaciones, barreras arquitectónicas…”. La Generalitat debe a la residencia Nature casi 90.000 euros. Santías asegura su cajón para imprevistos “está agotado” y negocia con sus proveedores para reducir gastos como el mantenimiento del ascensor o los extintores, porque hay “cuestiones intocables, como la calidad del servicio asistencial y las nóminas, impuestos y suministros”. Desde 2010 los costes laborales han subido un 9% mientras que el precio por plaza está congelado.
El asunto es “preocupante porque está en juego el impago de la ayuda a los dependientes fijado por ley”, sostiene Iñaki Antón, vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD). Añade que “la deuda asciende a 1.850 euros por plaza pública en centro colaborador”. El ICASS lo niega, dice que tras los problemas de tesorería de julio la situación se ha normalizado. Esta semana el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, anunció que pedirá un plan ICO para “eliminar” la deuda pendiente con proveedores.
ASCAD también denuncia el retraso en la gestión, desarrollo y resolución del PIA. La organización presentó el pasado 21 de febrero una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlament que pide que se prioricen los pagos a los ancianos dependientes. Los consultados también se quejan de que los recortes han llegado a los medicamentos como laxantes y mucolíticos y pañales. Santías, en cambio, considera lógico que se haya racionalizado.
Sector sin planificación
En 2012 cerraron 22 centros, según datos Bienestar y Familia, que rechaza que sean atribuibles al impago de julio y los retrasos, porque la media en años anteriores es “similar”: entre 18 y 25 al año desde 2008. Los 106 cierres en cinco años “se produjeron por decisión del centro o por orden judicial. Entre otros casos por incumplimientos contractuales”.
Las residencias también han vivido su burbuja. Durante la época de crecimiento económico, surgieron como setas, algunas con servicios de alto nivel que ahora la Administración ni está dispuesta a pagar ni puede hacerlo. Tampoco hubo planificación, se crearon en lugares sin demanda. Santías subraya la necesidad de racionalizar el gasto y que las plazas públicas sean para las familias sin recursos.
“El sector”, en palabras de Pascual, “trabaja con gente mayor y hay mucha, lo que es una ventaja, pero si no alcanza el 90% de ocupación no es rentable”. Antes la ocupación estaba garantizada, pero ahora pocas familias se lo pueden permitir. Los privados tienen un 12% de plazas vacías. Mientras, hay 15.000 esperando, según el sector. ACRA propone que la mitad de las ayudas a cuidadores no profesionales se destinen a las residencias. Se cubrirían todas las plazas públicas en espera y se crearían 10.000 empleos, aseguran.
El tercer sector denuncia que le deben 600 millones y estudia reclamar intereses
La presidenta de la Mesa de entidades del Tercer Sector de Catalunya, Àngels Guiteras, ha dicho que las administraciones les deben 600 millones de euros, de los que 400 millones corresponden a la Generalitat, y ha asegurado que se están planteando reclamar los intereses correspondientes.
En declaraciones al canal 3/24, Guiteras ha señalado que hasta ahora no se han planteado reclamar los intereses correspondiente a la deuda que las administraciones tienen con estas entidades, «y lo tenemos que hacer». El tercer sector atiende actualmente 1,7 millones de usuarios y la falta de apoyo financiero complica su actuación.
Guiteras ha recordado que en Cataluña hay 300.000 familias con hijos que no tienen ingresos, una cifra que se ha quintuplicado desde el 2007. La presidente de la Mesa del Tercer Sector ha denunciado cambios en los criterios de los concursos públicos de las administraciones para adjudicar servicios sociales y ha insistido en que en la atención a las personas ha de «primar la calidad del servicio».
Carlos Soria, 74 años: «No me pongo límites»
Carlos Soria aterrizó el sábado en la bulliciosa Katmandú, una ciudad que ya es como su segunda casa. De Moralzarzal, en la sierra de Guadarrama, a la intensa capital de Nepal. Penetrantes olores, contaminación, aventureros, yoguis… Y también muchos alpinistas que preparan el material y contratan a los sherpas que les guiarán hasta el techo de un ochomil. Soria, recién cumplidos los 74 años, se reunirá con viejos amigos, como Muktu, el sherpa que le ha acompañado en anteriores expediciones y que cuida de él como si fuera su padre. Esta primavera intentarán coronar el Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo, de 8.586 metros, entre Nepal y India. Si lo consigue sólo le faltarán tres para completar su proyecto de conquistar 1os 14 ochomiles.
A algunas personas las pretensiones de Soria les parecen una temeridad. ¡Cómo un abuelo se juega así el tipo! Soria ha demostrado que la prudencia es su mantra, que sabe decir no y dar marcha atrás cuando intuye que el riesgo no vale una cima. «Amo la vida y procuro conservarla, por eso sé cuándo debo bajarme de las montañas», contaba antes de volar a Nepal. Menudo y jovial, contagia vitalidad cuando cuenta sus planes para las próximas semanas. Primero, empezará la aclimatación en el Khumbu, el valle a través del cual se accede al campo base nepalí del Everest, y después se dirigirá al Kanchenjunga, en la frontera con India. Esta es su primera vez en este pico, después de los intentos fallidos del Dhaulagiri y el Annapurna del año pasado. «No volví decepcionado; ¡en día y medio me cayeron tres avalanchas en el Annapurna! Cuando vea que no estoy por encima de la media de la gente que sube ochomiles lo dejaré, soy consciente de que eso puede pasar en cualquier momento. Procuraré no hacer nunca el ridículo, no quiero ser el ancianito que tiene achaques».
Soria no tiene reparos en volver a casa sin la foto de cumbre. Si no logra su objetivo a la primera regresa cuantas veces sea necesario. Fue en el quinto intento cuando coronó su montaña preferida, el Manaslu (8.156 metros); entre la primero y la última tentativa transcurrieron 37 años. También a la quinta fue a la vencida en el Broad Peak y ya ha ido cinco veces al Dhaulagiri. Tampoco reniega de utilizar, si es necesario, oxígeno embotellado. «La montaña es libre, yo he subido tres con oxígeno artificial. Lo único que no tolero es la mentira».
Aunque en principio había previsto regresar esta primavera al Annapurna, finalmente ha optado por el Kanchenjunga: «Me apetecía cambiar de aires, despejar la cabeza; además, ahora no iba ninguna otra expedición, hubiéramos estado solos, y en cambio sí irá un grupo internacional al Kanchenjunga, en el que estará Òscar Cadiach».
Cuando está en su casa de la sierra, Carlos, muy meticuloso y disciplinado, dedica la mañana al entreno y cuida la alimentación. No bebe ni fuma. A las 6 ya está en pie para saborear un desayuno a base de copos de avena con frutos secos; no perdona su hora de siesta, y a las 21.30, si los compromisos lo permiten, se acuesta. «Este invierno he hecho bastante musculación; ejercicios de equilibrio; estiramientos y trabajo aeróbico, bici, esquí de fondo y escalada en hielo, en Noruega. Me encuentro muy fuerte, animado, pero luego la montaña pone a cada uno en su sitio. Lo que más problemas me han dado son las rodillas y la espalda, aunque cuando estoy en el monte se me olvida, en cambio, al salir del coche parezco un viejecito…»
¿Y qué le dicen los médicos sobre subir ochomiles a su edad? «Me animan, están encantados. Me invitaron a un congreso para que diera una charla y un médico me preguntó que qué tal andaba mi corazón; le respondí que se lo preguntase a mi cardióloga. Ella dijo: ‘Carlos no tiene el corazón de un triatleta, lo que Carlos tiene bien es la cabeza’.»
Desde que cuenta con el patrocinio del BBVA afronta con más desahogo y comodidad sus aventuras. «Ahora tengo el lujo de viajar con un médico pero quien da vía libre a lo que hago soy yo mismo y no el doctor. El cuerpo te avisa y hasta ahora ha funcionado».
Su mujer, Cristina, con la que hace años compartió muchas vías de escalada; y sus cuatro hijas, Sonsoles, Mónica, Cristina y Patricia, con las que practica esquí de fondo, le apoyan. Ya tiene cuatro nietos, a dos de los cuales ve a menudo pues viven en el mismo pueblo. Se siente a gusto con los jóvenes, en parte porque los de su edad no pueden seguir sus pasos. «La juventud se contagia, cuando estoy en los picos del Himalaya no me siento mayor, se me olvida la edad. No me pongo límites, pienso en el momento; si acabo los 14 ochomiles me gustaría hacer sietemiles en Pakistán». Las cuestas son duras, pero disfruta del camino, esas cumbres infinitas del Himalaya le inyectan oxígeno e ilusión.
Parece que su evolución ha discurrido a la inversa que la de la mayoría de mortales. Aunque empezó muy joven con la escalada, los retos más exigentes los ha ido afrontando tras jubilarse (trabajaba como tapicero), en esa edad en que se echa el freno, se aparca el piolet y se buscan deportes más pausados. Fue a los respetables 65 años cuando coronó el K-2, el mismo día que Juanito Oiarzábal y Edurne Pasabán. De aquella ocasión recuerda que Juanito bajó con los dedos congelados; él salió entero. Y hacia los 70, cuando acabó las Siete Cimas (las montañas más altas de cada continente), ya se planteó seriamente culminar también los 14 ochomiles.
Que conserve todos los dedos, a diferencia de algunos alpinistas con los que ha compartido ascensiones, no quiere decir que haya llegado a los 74 sin un rasguño. Pero han sido pocos los sustos, una pierna rota y un pinzamiento a causa de una caída en la que se golpeó con el arnés. «Fue en el 2005, a los 66 años, tenía un dolor terrible pero no quise operarme. Estuve tres meses sin poder andar, con la ayuda de fisioterapeutas y ejercitando el resto de cuerpo para que no se quedara blando me recuperé. Ese mismo año subí la cumbre central del Shishapangma». Tampoco esconde, tal como cuenta en alguna de sus conferencias, que tiene el síndrome de Ménière: no oye del todo bien y sufre episodios de vértigo.
El apoyo de su mujer y de sus hijas es un plus, también el afecto que le muestran sus compañeros y el público que acude a sus conferencias. «A mi me gusta hablar y si a la gente le interesa lo que cuento me crezco, últimamente hablo sobre ‘mis mejores fracasos’, el Annapurna y el Dhaulagiri». Lo reclaman tanto en clubs de excursionismo como en librerías de viajes, festivales de cine, laboratorios, joyerías…
Le va la marcha, pero también sueña con tener tiempo para pasar una temporada en el pequeño pueblo de Sama, en Nepal, y compartir tardes con su amigo lama, que ya ha superado los 90 años.
Sanitas Residencial Gerunda, acreditada como ‘Centro Libre de Sujeciones’
El director de Sanitas Residencial Gerunda, Roger Busqué, ha recibido la acreditación de manos del vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organización de Mayores (CEOMA) Antonio Segura. El acto también ha contado con la presencia del director de Operaciones de Sanitas Residencial, Pedro Sánchez.
Busqué, ha destacado que “el éxito del proyecto se debe principalmente al exhaustivo estudio que se ha realizado en cada uno de los casos a través de reuniones interdisciplinarias en las que se ha elaborado una valoración integral en cuanto a tratamiento, sujeciones, diagnóstico, caídas, conducta, etc.”.
Para Segura, “es evidente que existe un uso elevado de sujeciones físicas y de fármacos psicotrópicos en residencias y que su uso tiene efectos nocivos en las personas mayores, somos conscientes de que con formación y asesoramiento se puede cambiar esta realidad”.
Por su parte, Sánchez se ha referido a que “gracias al proyecto puesto en marcha por la compañía, actualmente menos del ocho por ciento de los residentes necesitan utilizar mecanismos de sujeción, cuando la prevalencia en España supera el 30%”.
Actualmente, doce centros Sanitas Residencial son ya Centros Libres de Sujeciones, acreditados por CEOMA. Asimismo, cinco residencias más han completado la certificación como centros no sujeción de LIBERA GER y once centros más se encuentran en proceso avanzado de reducción de las sujeciones.
Entidades catalanas avisan de una «emergencia social» al límite de una «tragedia»
En 1929 se suicidaron «banqueros y ejecutivos, pero ahora lo hacen trabajadores y personas de clase media», dice la presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras, ha avisado este miércoles que se está en una situación de «emergencia social«, al borde de convertirse en «una tragedia«, a la vez que ha destacado que en el crack financiero de 1929 se suicidaron «banqueros y ejecutivos, pero ahora lo hacen trabajadores y personas de clase media».
Guiteras ha expuesto hoy en el Foro Europa-Tribuna Catalunya la «difícil» situación que viven las entidades sociales catalanas que garantizan cohesión social y la asistencia a 1,7 millones de ciudadanos y ha instado a «parar la hemorragia social» con cambios en la fiscalidad, haciéndola más equitativa, y con una regeneración democrática y de valores que incluya la honestidad en la política.
La presidenta de las entidades sociales de Catalunya ha pedido que los servicios de las empresas del tercer sector se beneficien de una reducción del IVA, «que tendría que ser del 0%» y ha animado a luchar contra el fraude fiscal.
Para ello, ha solicitado al Estado y al conseller de Economía y Empleo catalán, Andreu Mas-Colell, que se hagan «más inspecciones a las grandes fortunas y a las grandes empresas». «Si se recaudase una cuarta parte de lo que se defrauda en Catalunya, obtendríamos 4.000 millones de euros y no haría falta hacer más recortes», ha dicho la presidenta de la Mesa del Tercer Sector, que en Catalunya representa el 2,8% del PIB y emplea a más de 100.000 personas y 250.000 voluntarios.
«Estamos en una situación de emergencia social: cada día hay más personas sin trabajo, familias que sufren para llegar a final de mes, más pobreza, sobre todo infantil, uno de cada cuatro catalanes ya es pobre, los desahucios no paran y muchas de estas situaciones acaban en tragedia», ha dicho Guiteras.
Tras recordar que en España la carga fiscal es un 7% menor a la media europea, ha explicado que uno de cada cuatro euros se genera en la economía sumergida y que los deberes tributarios recaen con más dureza en las capas más bajas de la sociedad, por lo que ha pedido un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal.
Guiteras ha enumerado una serie de propuestas del tercer sector para «parar la hemorragia social»: ampliar las líneas de crédito a las entidades sociales, hacer un parque social de viviendas, que los servicios sociosanitarios pasen a depender de Bienestar Social, y reducir el IVA de los servicios sociales al 0%, entre otras cosas.
UGT advierte de que la reforma del subsidio de mayores de 55 años tendrá consecuencias «demoledoras»
UGT ha advertido este miércoles de que el endurecimiento de las condiciones de acceso al subsidio para mayores de 55 años tendrá una repercusión «demoledora» sobre las pensiones de estos desempleados, pues este subsidio es el que cobran y por el que cotizan estos parados hasta que les llega la edad de jubilación.
El sindicato ha criticado la «absoluta falta de sensibilidad» de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde ha señalado que el 80% de los nuevos beneficiarios de este subsidio no tendrán problemas para cobrarlo al cumplir todos los requisitos exigidos.
UGT considera «inaceptables» estas declaraciones de la ministra y le recuerda que el 20% de los posibles beneficiarios se quedarán fuera del sistema «y en riesgo de exclusión social» al haberse incluido las rentas de toda la unidad familiar, y no sólo las del perceptor, en los criterios de acceso a este subsidio.
La organización dirigida por Cándido Méndez ha recordado además que el pasado mes de julio ya se «recortó» esta prestación, al elevar desde los 52 hasta los 55 años la edad mínima de acceso a este subsidio.
Cáritas alerta de que España «es ya una sociedad fracturada»
El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, ha alertado sobre la realidad social que vive España y ha asegurado que «la sociedad española es ya una sociedad fracturada como consecuencia del severo incremento de la desigualdad», según recoge el informe anual de la Fundación Foessa ‘Desigualdad y Derechos Sociales. Análisis y perspectivas 2013’, presentado este miércoles en la sede de la ONG en Madrid.
En este sentido, Mora ha señalado que el hecho más significativo que se recoge en este documento –que muestra la evolución de España desde el año 2006 hasta 2012 en relación a la renta y la desigualdad, el empleo, la pobreza y los derechos y servicios sociales– es el incremento severo de la desigualdad social. «La brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y los que tienen acceso a bienes y servicios es cada vez mayor, es alarmante porque en estos momentos la desigualdad y la fractura social en España son de una importante proporción –ha precisado–. La desigualdad es un escándalo ético y político».
Ante esto, ha criticado la disminución que se ha llevado a cabo en las políticas de protección social, tanto con medidas suprimidas como con medidas fiscales, educativas o sanitarias. Para Mora «estas medidas tomadas de una en una pueden ser medidas que pidan un sacrificio incluso razonable, pero tomadas todas en su conjunto hacen la vida muy difícil de vivir y no permite a las personas vivir en igualdad».
Así, entre las principales diferencias sociales el texto hace hincapié en las desigualdades que se han producido desde el comienzo de la crisis entre las rentas más altas, que cada vez son mayores; y las más bajas, que, por el contrario, no dejan de disminuir. El texto refleja que desde el año 2006 las rentas más bajas han ido bajando cerca de un 5 por ciento cada año, hasta 2011, lo que significa que la diferencia entre las más altas y las más bajas se ha incrementado en un 30 por ciento, dando lugar a que «las rentas mayores sean siete veces más altas que las más bajas».
En cuanto a las familias, el secretario general de Cáritas ha indicado que «si hace un año, el anterior informe revelaba que la pobreza en España era más intensa, más extensa y más crónica, hoy se puede decir que ese proceso de empobrecimiento se ha profundizado en extensión». «Esto se demuestra con el dato que señala que el 41,6 por ciento de familias con tres hijos están ya bajo el umbral de la pobreza y casi un 16 por ciento de estas familias están sufriendo pobreza severa», ha destacado.
Respecto a la pobreza que afecta a la sociedad española, el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas, Francisco Lorenzo, ha subrayado que según los datos del INE (2011) hay un 26,8 por ciento de personas en situación de pobreza o exclusión social en España, de los que un 21,8 por ciento sufren pobreza ‘relativa’ y un 6,4 de ellos padecen pobreza ‘severa’.
Francisco Lorenzo ha expuesto que en 2012 la sociedad española ha asistido a «los peores resultados de la etapa democrática». «Se ha pasado de 300.000 hogares sin ingresos en 2007 a 630.000 en 2012, además los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos pasan del 30 por ciento al 44,5 por ciento y se han incrementado en más de 1,8 millones, los hogares con todos los miembros de la familia activos en paro, frente a los 380.000 hogares que tenían esta situación antes de la crisis», ha agregado.
«España es una sociedad pobre»
Con estos datos sobre la mesa, Mora ha manifestado que lo que este informe demuestra es que «quienes realmente se han ajustado tres botones del cinturón son los más pobres». Además, ha alertado de que «la pobreza más severa y los colectivos en máxima exclusión están siendo eclipsados, ocultados por la pobreza tan amplia que vive el país». «España era una sociedad con muchos pobres, siempre ha tenido una tasa de pobreza relativamente alta y ahora estamos siendo una sociedad pobre», ha asegurado
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Por ello, ha lamentado que «la fractura social, que se ha instalado en España, con el tiempo va a hacer más difícil que las personas que sufren pobreza y exclusión puedan pasar a una situación de normalidad sociológica. No obstante, ha animado a que hay que tener «la convicción profunda de que esto no es lo que hay, que tenemos que construir un haber nuevo entre todos». «Los análisis deben ser comienzos de un camino, no meras estadísticas sin alma», ha añadido.
Por su parte, Lorenzo ha criticado que los recortes en los servicios públicos del bienestar «están dando paso a una ruptura definitiva que está abandonado a los más pobres a su suerte y se están dejando descolgados a los hogares más pobres de las sociedad». «Hay que tener en cuenta que las decisiones que tomemos en estos momentos marcarán una tendencia concreta que se fijará en nuestra estructura social, seremos una sociedad u otra diferente dependiendo de la apuesta que hagamos por los derechos sociales», ha advertido.
En último lugar, Mora ha advertido de que para lograr que esta situación cambie habría que «garantizar un sistema de ingresos mínimos para todas las personas; tomar conciencia de que se adoptan muchas medidas de ajuste; tener en cuenta a los más pobres en la elaboración de las políticas de ajuste; y tener en cuenta las iniciativas legislativas que ayudarían a la vida familiar, en materia hipotecaria o de acceso igualitario a la educación o la sanidad».
Fundadeps y Sanitas Residencial trabajarán para mejorar la calidad de vida de las personas mayores
La Fundación de Educación para la Salud (Fundadeps) del Hospital Clínico San Carlos y Sanitas Residencial se han comprometido a trabajar de forma conjunta en el desarrollo de acciones de investigación y promoción de la salud dirigidas al colectivo de personas mayores. El convenio, suscrito por la presidenta de Fundadeps, María Sáinz, y el director regional de la zona centro y sur de Sanitas Residencial, Guzmán Bordallo, establece como prioridades el fomento de la educación para la salud a través de la formación de profesionales socio-sanitarios; el impulso de la investigación y aplicación de nuevas tecnologías; y la colaboración en proyectos de investigación sobre la calidad de vida y la promoción de la salud de las personas mayores.
Según ha destacado la presidenta de Fundadeps, este acuerdo “refuerza nuestra convicción de que todos los sectores de la sociedad tenemos que colaborar en el desarrollo de investigaciones y programas preventivos y de promoción de la salud para las personas mayores, un colectivo fundamental en una sociedad cada vez más envejecida como la española”. En ese sentido, Sáinz ha señalado que “el verdadero desafío que tenemos no es que las personas vivan más años, porque afortunadamente en eso hemos evolucionado mucho en las últimas décadas, sino en que todos lleguemos a la vejez con una buena calidad de vida y la mayor autonomía posible”.
Por su parte, Guzmán Bordallo ha explicado que “con este acuerdo, la compañía de atención a mayores quiere mostrar su apoyo incondicional a proyectos de investigación científica en donde se potencie la formación y especialización en el área de las ciencias de la salud para poner en marcha acciones que mejoren la calidad de vida de las personas mayores”. Así, el convenio, que tiene una duración inicial de tres años, incluye la organización de charlas divulgativas, cursos de formación y talleres de reducción del estrés.
Estudio sobre longevidad
La primera acción conjunta de este convenio de colaboración será la participación de Sanitas Residencial en una investigación sobre los factores que intervienen en la longevidad de los mayores de 80 años que viven en la Comunidad de Madrid, puesta en marcha por Fundadeps y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem).
El estudio tiene como objetivo determinar cuáles son los factores socioculturales y psicológicos que influyen para tener una vida longeva y cómo impactan en su calidad de vida, y se espera que aporteconclusiones que contribuyan a la elaboración de planes de prevención orientados a alcanzar y mejorar la calidad de vida más allá de los 80 años. En ese marco, el equipo de investigación entrevistará en los próximos meses a más de 130 personas mayores de 80 años que residen en alguno de los 13 centros que Sanitas Residencial tiene en la Comunidad de Madrid.
Los colegios vascos de trabajo social piden dar prioridad el bienestar social
Los colegios oficiales de Trabajo Social del País Vasco han reclamado hoy «a todas las personas con cargos de responsabilidad» en esta materia que den prioridad «el bienestar social y los derechos de las personas, familias y ciudadanía en general».
Los colegios de trabajo Social de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava hacen este emplazamiento en una nota que han hecho pública con motivo de la celebración mañana del Día Internacional del Trabajo Social.
En su comunicado, estas entidades recuerdan que la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) «en la mayoría de las oficinas de Lanbide» está siendo «muy lenta en su resolución», ya que «en muchos casos» es preciso «esperar hasta más de seis meses», «sin tiempo para realizar un acompañamiento personalizado de cara a hacer un diagnóstico para su inserción más adecuada».
Denuncian asimismo que el Anteproyecto de Ley sobre «racionalización y sostenibilidad de la Administración local», que «está actualmente en la agenda política», «elimina de lleno el derecho a la cobertura de servicios sociales básicos» y no garantizará «servicios que se vienen ofreciendo a la población» como la ayuda a domicilio, la prevención e intervención familiar en casos de riesgo de maltrato, el acompañamiento en procesos de inclusión, y la atención a personas con discapacidad y dependencia, entre otros.
En cuanto a los profesionales de Trabajo Social, los colegios vascos consideran «de gran importancia» su preparación de forma integral para un ejercicio de calidad ya que «se trata de una disciplina que requiere la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, así como de la investigación científica en todos sus ámbitos, garantizando así una atención a la ciudadanía acorde con las transformaciones sociales, el bienestar y la igualdad económica y social».
Los mayores de Sanitas Residencial participan el Programa Terapéutico «Vivo cantando, vivo bailando» para potenciar sus capacidades físicas y cognitivas
Los mayores de Sanitas Residencial de toda España participarán los próximos días 19, 20, 21 y 22 de marzo en el programa “Vivo Cantando, Vivo Bailando”. Con esta iniciativa terapéutica, los residentes podrán mejorar sus capacidades físicas y cognitivas además de evitar su aislamiento social y potenciar un envejecimiento activo.
Este programa incluye tres niveles de actividades dependiendo del deterioro cognitivo de la persona. Así, los mayores sin ningún tipo de patología cognitiva, participarán en un “Concurso de Talentos” interpretando canciones populares de su juventud. Empleados y familiares acompañarán a los residentes en sus actuaciones.
Por su parte, las personas que padecen un nivel moderado cantarán y bailarán con el método “Stop and Go” siguiendo una selección de vídeos musicales de ritmos regionales españoles, y para las personas con un deterioro avanzado se proyectarán fragmentos de películas musicales del pasado para trabajar la reminiscencia.
Los 40 centros de Sanitas Residencial en España acogerán el programa terapéutico “Vivo Cantando, Vivo Bailando”. Concretamente, en Madrid, en Sanitas Residencial Las Rozas y Sanitas Residencial La Moraleja, la sesión tendrá lugar el martes 19 de marzo a las 17 horas. En este último, con motivo del Día del Padre también habrá una chocolatada.
Catalunya cierra 107 geriátricos en los últimos cinco años
Un total de 107 geriátricos han cerrado desde 2008 en Catalunya, con una media anual de 20 clausuras que se ha mantenido estable pese a los impagos de la Generalitat, que aún adeuda a los centros los conciertos correspondientes a julio de 2012, según datos de la Conselleria de Benestar Social i Família.
Fuentes del departamento que lidera Neus Munté han explicado a Europa Press que se han cerrado algunos centros pero también se han abierto otros, y han desvinculado los cierres de la crisis y de los retrasos en los pagos de la Generalitat, después de que las patronales del sector lo hayan achacado a la deuda de la administración pública catalana. «La cifra de cierres no ha variado de un año a otro, por lo que no es posible vincularla a la crisis o a los retrasos», sostiene la Conselleria, que ha añadido que cuando un geriátrico cierra es por decisión propia, o bien por orden judicial por deudas acumuladas o irregularidades en los pagos.
En 2008 cerraron 19 residencias; en 2009, 20; en 2010, 21; en 2011, 25, y en 2012, 22, lo que supone una reducción de dos respecto al año anterior, aunque la cifra se ha mantenido estable desde el inicio de la crisis.
La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), Cinta Pascual, cifró en su última comparecencia en el Parlament en 50 millones los retrasos en los pagos de la Generalitat, aunque la Conselleria asegura que «cuando se aprueba una prestación económica vinculada (PEV) para que un residente ingrese en un centro, hay un margen de dos o tres meses hasta regular el pago, que se acaba haciendo con carácter retroactivo».
Deuda no reconocida
El presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias catalanas Upimir, Vicente Botella, ha alertado a Europa Press de que «la Generalitat no reconoce las residencias los retrasos correspondientes a las PEV», ya que es una modalidad de prestación que se abona directamente a los usuarios, aunque la mayoría de veces se dirige a los centros para agilizar trámites.
Por eso, algunas residencias han empezado a entregar facturas simbólicas a los usuarios en que se les informa de la deuda que acumula la Generalitat por su plaza: «A los residentes les pagan con tres o cuatro meses de retraso, pero a los centros nos pagan hasta un año más tarde», ha afirmado Botella.
Deuda por plaza
Botella también han explicado que la Generalitat adeuda 1.600 euros de media por cada plaza colaboradora y 1.900 por cada una de las concertadas, por lo que ha alertado de la «asfixia» del sector. Además, ha cifrado la deuda acumulada en entre un 12% y un 20% de la facturación anual de los centros: «Es muy difícil sobrevivir así. Tenemos beneficios pero no liquidez, porque la Generalitat no nos paga».
El número de usuarios de servicios asistenciales a domicilio alcanza los 1,2 millones, según un informe de DBK
El número de usuarios de servicios asistenciales a domicilio se sitúa en los 1,2 millones y el mercado alcanza los 1.600 millones de euros en 2012, lo que supone «una tendencia de desaceleración en el crecimiento en los últimos tres años», según un informe de DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE).
«La desfavorable coyuntura económica, la contención del gasto público en este tipo de servicios y la ralentización en el desarrollo de la Ley de Dependencia han sido los principales frenos al crecimiento del mercado», ha sentenciado el Informe.
Este texto incide en que la mayor parte del volumen de negocio total –el 86,6 por ciento– correspondió a la prestación de servicios de ayuda a domicilio, cuyo valor alcanzó en 2012 los 1.385 millones de euros, un 0,7 por ciento más que en 2011, año en el que se había registrado un crecimiento del 6,6 por ciento.
Por su parte, los servicios de teleasistencia alcanzaron un valor de 215 millones de euros, el 13,4 por ciento del total, participación que ha ido en aumento en los últimos años. En cuanto al número de usuarios, a finales de 2012 se situaba en 1,2 millones, cifra que también ha también mostrado en los últimos años una tendencia de desaceleración. Así, tras crecer un 8 por ciento en 2010 y un 4 por ciento en 2011, en 2012 registró un aumento del 1,4 por ciento.
El grado de cobertura de los servicios sobre la población mayor de 65 años se situó en el 5,32 por ciento en el servicio de ayuda a domicilio y en el 9,25 por ciento en el de teleasistencia, según ha añadido el estudio.
Por su parte, el número de empresas que prestan servicios asistenciales a domicilio se situaba en unas 950 a finales de 2012, cifra que se ha reducido en los últimos años como consecuencia de la desaceleración en el crecimiento de la demanda, que ha motivado el cese de pequeñas compañías y la integración de empresas.
El informe concluye que a pesar del progresivo envejecimiento de la población, que seguirá generando una creciente necesidad de servicios asistenciales a domicilio, otros factores como el recorte del gasto público, las últimas modificaciones introducidas a la Ley de Dependencia, que retardará el desarrollo de la misma, y la alta tasa de desempleo existente, afectarán negativamente a la evolución del negocio.
Por ello, se estima que en 2013 el número de usuarios se mantendrá prácticamente estancado respecto a 2012, mientras que el valor del mercado podría descender un 2 por ciento, hasta los 1.565 millones de euros.
La OMS confirma que España tiene la mayor expectativa de vida de Europa
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles que España tiene, con una media de 82,2 años, la mayor expectativa de vida de Europa, si bien este estatus podría cambiar en base a cómo se gestionen factores de riesgo como el tabaco.
En declaraciones a Efe, la doctora Claudia Stein, una de las autoras del Informe sobre Salud en Europa 2012 de la OMS presentado hoy en Londres, explicó que los factores que determinan la expectativa de vida «son variados y variables», pero en general es importante que haya un índice bajo de mortalidad infantil y materna.
España «ha tenido durante años poca mortalidad» de ese sector de la población, al igual que otros países como Francia o Italia, que ocupan el segundo y tercer lugar en la tabla de longevidad, elaborada con datos de 2010.
Según las estadísticas de la OMS, de 53 países analizados, el que tiene una expectativa de vida más baja es Kirguistán, con 68,7 años -una diferencia de 13,5 años respecto a España-, mientras que también se sitúan en esas cotas Turquía y Rusia.
Algunos factores que contribuyen a alargar la vida en el continente son la mejora en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y circulatorias, que suelen ir ligadas a hábitos perniciosos y son más frecuentes también entre las personas de bajos ingresos.
El informe denota diferencias entre hombres, que viven unos 72,5 años de media, y mujeres, que llegan a los 80, lo que se explica en parte por diferentes estilos de vida y empleo.
En España se vive muchos años pese a que, en comparación con otros países, se fuma mucho, pero Stein avisó de que «lleva unos años desarrollar las enfermedades, así que esta situación podría cambiar en el futuro».
En los 53 países analizados -cada Estado miembro de la OMS elige a qué continente se adscribe-, al menos un 6,5% de las muertes son debidas al alcohol, que, con el tabaco, sigue siendo el principal factor de riesgo en el continente. «En Europa se fuma y se bebe más que en cualquier otro lugar del mundo», afirmó Stein.
En la presentación de su informe, la oficina europea de la OMS destacó también el envejecimiento de la población del continente, un 15% de la cual tenía en 2010 más de 65 años, proporción que llegará al 25% en 2050 a no ser que lleguen más inmigrantes jóvenes.
Aunque esto supone un triunfo de la medicina, por otra apunta a un estancamiento de la población, cifrada ahora en 900 millones de habitantes, debido «a la caída del índice de fertilidad». «Las muertes no se están sustituyendo con nacimientos», declaró a Efe la doctora, quien señaló que los países europeos deben hacer «lo posible» por promover medidas que faciliten a las mujeres tener bebés.
La mortalidad en Europa ha caído en general en las últimas décadas pero varía de este, donde hay más muertes, a oeste, debiéndose un 80% de los fallecimientos a enfermedades no infecciosas como las circulatorias o el cáncer.
Aunque tienen menos incidencia que en otras regiones el mundo, las enfermedades infecciosas, como el sida, la tuberculosis u otras de transmisión sexual, «son aún motivo de preocupación», por lo que, según la OMS, no se puede bajar la guardia.
Europa tiene la mortalidad infantil más baja del mundo (7,9 por cada mil nacimientos de niños vivos), gracias a una reducción del 54% entre 1990 y 2010, mientras que la mortalidad materna descendió un 50% después de 1990 hasta 13,3 muertes por cada 100.000 partos de niños vivos.
Las muertes en accidentes de tráfico se redujeron un 50% en ese periodo gracias al descenso de accidentes por consumo de alcohol. Otro dato es que, mientras que los suicidios bajaron mucho en Europa después de los años 90, entre un 24 y un 40%, el ritmo de descenso ha disminuido desde el estallido de la crisis crediticia en 2008.
La oficina europea de la OMS, que en 2013 empezará a medir también «el grado de bienestar» de los europeos, admite que «existe el riesgo» de que las medidas de austeridad aplicadas por la crisis económica en el continente afecten a sus buenos indicadores, según dijo a Efe Stein.
Montserrat Fontané, 76 años: «Si te detienes, pierdes la ilusión»
Es Jefa de cocina Dirige su restaurante, Can Roca, y se ocupa de los estudiantes que aprenden en el triestrellado de sus hijos | «Si no haces nada, tienes demasiado tiempo para cavilar y eso no es bueno para la salud»
Es una cocinera de las de toda la vida. Desde primera hora de la mañana ya está bregando entre fogones. Entregada, sagaz y generosa, Montserrat Fontané quiere ser la primera que entra en la cocina del restaurante. «Me gusta seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida. Para mí es fundamental. El trajín culinario me ayuda a no perder mi objetivo y me revitaliza», asegura.
Nacida en Sant Martí de Llémena, empezó a servir los sábados y las fiestas de Sant Narcís en un conocido restaurante de Girona a la edad de trece años. Tras vivir una dura posguerra y alguna que otra vicisitud, a sus 76 años ahí está. Vestida con uniforme blanco, no sólo prepara la comida, sino que además dirige su equipo de cocina, supervisa y diseña los menús que se sirven en su negocio, Can Roca, situado a escasos metros del de sus hijos: el prestigioso restaurante El Celler de Can Roca, considerado el segundo mejor del mundo y galardonado con tres estrellas Michelin.
«Cuando te despiertas y ves que te duele la espalda, las piernas y el día se presenta con dificultades, apetece mucho quedarse en la cama…, pero no hay que hacerlo. Si te detienes, pierdes la ilusión por vivir», subraya.
Sus platos estrella son los calamares a la romana, el arroz a la cazuela y los canelones. Fontané los prepara con la misma ilusión del primer día. «Es necesario sobreponerse y ser valiente. Si no haces nada, tienes demasiado tiempo para cavilar y eso no es bueno para la salud. Yo donde mejor estoy es en la cocina. Cada uno debe encontrar su lugar y no renunciar a sus metas a pesar de la vejez».
En su establecimiento come a diario un centenar de personas. A las 12 horas empiezan los estudiantes que hacen un stage en El Celler de entre tres y seis meses. Actualmente son una veintena de jóvenes. Con ellos, también hay el personal de Can Roca, una veintena más. Después, ya viene el resto de los comensales: comerciantes, vecinos de la zona, algún trabajador de obra y profesores de escuelas e institutos próximos, entre otros.
Son muchas bocas que alimentar. Una dura faena que la madre de los hermanos Roca lo afronta precisamente como un estímulo. «Si te superas, aún te sientes más valiente. ¡Ánimo, lucha! Yo lo he hecho toda mi vida».
Can Roca es el resultado del sacrificio, el trabajo y la humildad. Unos valores que ha transmitido a sus tres hijos, Joan (cocinero), Josep (sala y sumiller) y Jordi (repostero) desde que eran pequeños. «Ellos también trabajan mucho. Llenan cada día. Incluso tienen reservas hasta finales de año. Eso sí, comemos juntos a diario. Lo hacemos de pie en la cocina de Can Roca. Es nuestro momento», detalla.
Detrás de la vocación de estos tres hermanos, de proyección internacional, está sin duda su madre. Fontané explica orgullosa que de vez en cuando le piden la opinión sobre sus creaciones, a pesar de que su gastronomía es muy distinta.
«Probé unos calamares y les dije: ‘¿Qué es esto? Sabe a calamar pero son migas. ¡Venid a casa, por favor, a comer calamares de verdad!», recuerda. O en otra ocasión le dijeron a su padre que probara un destilado de pollo a l’ast. «Al jefe, que es como llamamos a mi marido, no se le ocurrió otra que decir que no jugaran con el pollo a l’ast porque durante muchos años había dado de comer a esta familia. Pero es normal, se juntan los tres y lo hacen. Como niños…», añade.
Algunos de los platos típicos de Can Roca han sido fuente de inspiración para los reconocidos hermanos. Es el caso del parmentier de bogavante. «Se parece mucho, pero ellos ponen el pescado sin piel ni espina. Yo, la patata cortada a trozos, y mis hijos triturada. El trabajo que hacen es más minucioso. Es otro mundo», expone. «El Celler tiene más de un centenar de empleados para dar comida a 50 comensales y, en cambio, nosotros en Can Roca somos 25 para alimentar a 100 personas. ¿Se ve la diferencia?», puntualiza sonriendo.
Los estudiantes que hacen prácticas en el triestrellado restaurante provienen de Australia, Japón, Francia, Italia, América del Norte y del Sur, entre muchos otros países, y también del País Vasco, Andalucía, Valladolid o Alicante. Algunos acuden porque han terminado la escuela, otros porque están en un establecimiento con menos estrellas y quieren aprender nuevas técnicas.
Ella se convierte para estos jóvenes en todo un referente. No en vano la llaman la madre. «El coordinador les dice que al llegar a la estación de tren o en el aeropuerto, cojan un taxi, vayan a Can Roca y pregunten por la señora Montserrat. Yo, sin embargo, les digo a los chicos y chicas cuando los veo que con que me llamen Montse ya basta».
Tras darles la bienvenida, se encarga de entregarles las llaves de las habitaciones y les enseña sus estancias, situadas en la planta superior de Can Roca y construidas hace años para ofrecer pensión completa a los clientes. «Ahora son para ellos. Aquí comen, duermen, se les lava la ropa y las sábanas. Mi lema es orden, silencio y limpieza, aunque no me hacen mucho caso», confiesa.
Fontané hace lo que haga falta en el restaurante. «Si viene el recadero con un paquete y nadie puede atenderlo, salgo yo. Cuando hay que guardar albaranes o hacer pedidos, también. Si alguien está enfermo, ocupo su lugar. Soy la correturnos. Además, en ocasiones me llaman para hacer de jurado en concursos gastronómicos. O sea que todavía me tengo que jubilar».
De joven se marchó del campo para trabajar en las Termes Victòria de Caldes de Montbui, de ocho de la mañana a once de la noche. Años más tarde, volvió a Girona al restaurante de su hermana mayor, Can Lloret, donde aprendió a cocinar de verdad. Al casarse, emprendió su propio negocio. «Montar un bar en las afueras de Girona era muy arriesgado. Pero lo hicimos», explica. Su marido, con quien este año celebra su 50 aniversario de casados, era conductor de autobús y nunca se metió en la cocina. «Él siempre ha sido muy manitas, ayudaba cuando se rompían las cosas, igual que ahora», aclara. Llegó la fábrica Nestlé y la construcción de la autopista, y el éxito les permitió ampliar Can Roca. «Sabían que aquí se comía bien y barato». Después, sus hijos abrieron El Celler al lado. «Venían a nuestra cocina a por más espacio». Finalmente, se trasladaron al nuevo Celler.
Por la noche, en Can Roca sólo se sirve la cena al personal y a los estudiantes. El establecimiento baja la persiana a las 21 horas. El silencio gana protagonismo. Un momento de reflexión para esta septuagenaria: «Doy gracias por lo que el día de hoy me ha traído y deseo que para mañana no me falte la salud ni tampoco las ganas de trabajar para seguir ganando la batalla a la vejez».
