Archivo diario: 6 marzo, 2013
Mujeres con discapacidad alertan de que su situación es «dramática» como consecuencia de la crisis
La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) alerta de que su situación es «dramática» como consecuencia de la crisis económica y pide al Gobierno que cumpla y haga cumplir la normativa nacional e internacional para no incrementar la precariedad y pobreza de este colectivo.
«El Estado de Bienestar es una importante conquista alcanzada a través de la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que nos precedieron y que no debemos dejar que desaparezca solamente porque se insista en que se trata de un modelo insostenible», argumenta esta organización con motivo de la celebración este viernes del Día Internacional de la Mujer.
Por ello, insta a los dirigentes políticos de todos los niveles que remuevan los «obstáculos» existentes, ya sean legislativos o sociales, para el «ejercicio real» en la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres con discapacidad.
Asimismo, pide que se mantenga una red de servicios públicos especializados en materia de prevención y tratamiento de casos de violencia que tengan en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, se garantice la existencia de un sistema sanitario universal, público y gratuito, «totalmente accesible» para las mujeres con discapacidad y un sistema público de pensiones que permita a estas mujeres llevar una vida digna, sin tener que recurrir a modelos privados.
Por último, CEMUDIS pide al Ejecutivo que cuente con los recursos necesarios para dar «plena efectividad» a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, «pilar fundamental para la emancipación y la vida independiente de las mujeres con discapacidad».
ACRA reclama en el Parlamento el pago de la deuda de julio
La presidenta de la Asociación también señaló la necesidad de las empresas y entidades asistenciales de cobrar inmediatamente, de lograr un pacto con las entidades bancarias para todo el sector, y del mantenimiento de los presupuestos de Servicios Sociales
ACRA compareció ayer ante la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, a petición del grupo socialista y conjuntamente con otras organizaciones del sector, para informar respecto de la afectación del impago del ICASS de las cantidades previstas por julio del 2012 por los centres colaboradores, concertados y de gestión. Respecto de esta deuda, que asciende a los 70 millones de euros al conjunto de colectivos de Servicios Sociales, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, apuntó como esenciales las siguientes reclamaciones: Definir el calendario de pago de la deuda de julio, el pago inmediato del resto de atrasos, así como de los nuevos ingresos, que se haga público el detalle de la deuda real con los diferentes colectivos, el establecimiento de una relación más apretón entre el sector y el Departamento de Economía y Conocimiento a partir de la creación de una mesa con reuniones periódicas y el logro de un pacto con las entidades bancarias para todo el sector.
Igualmente, y en relación con la sostenibilidad presente y futura del sector, la representante de ACRA compartió con los grupos parlamentarios asistentes una serie de propuestas prioritarias, de entre las que destaca el mantenimiento de los presupuestos del Servicios Sociales por este 2013, la reclamación al Gobierno central que haga efectiva a la Generalitat la parte que le corresponde (33%) de la financiación de la LAPAD, que los centres colaboradores, concertados y de gestión, tengan la misma consideración que los servicios públicos. Además, Pascual recordó dos medidas por las cuales ha sido trabajando desde la pasada legislatura, como son la flexibilzación de las ratios de los profesionales (para adaptarlas a las necesidades de las personas grandes usuarias de los servicios) y la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4% para todos los servicios, sea cual sea su naturaleza.
Por otro lado, la presidenta de ACRA expuso que si el 50% de las actuales ayudas al cuidador profesional se destinaran a la transformación de nuevas plazas de residencia y de centro de día dentro del sistema público se podrían reducir las actuales listas de espera solucionando la problemática de las plazas privadas vacías que hay al sector (12,5%), generando hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo al país. Igualmente, también propuso que se optimicen los recursos existentes para actuar como verdaderas plataformas de servicio.
Contexto y efectos del impago de julio
Pascual, que inició su ponencia recordando la composición del sector catalán de la atención a la gente mayor y haciendo especial mención al hecho que se trata del colectivo con más número de servicios y la partida presupuestaria más importante de la ICASS, enmarcó el impago de julio en un complicado contexto para las empresas y entidades asistenciales que ya arrastraba una congelación tarifaria desde el año 2010, unos importantes incrementos en cuanto a los costes de la actividad (especialmente en cuanto al capítulo laboral con un aumento del 9%), el cierre de crédito por parte de las entidades bancarias, así como también atrasos por parte de la Administración en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se empiezan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS.
En este escenario, el impago de julio generó nuevas dificultades por los centros y sus trabajadores como que, en determinados casos, todavía queden pendientes de pago nóminas de los profesionales de los centros afectados. Aun así y a partir de los datos del IDESCAT, la representante de ACRA explicó la perspectiva de crecimiento poblacional en Cataluña, en concreto en cuanto al incremento exponencial del grupo de edad de personas mayores de 80 años, cosa que hará todavía más insostenible el actual sistema catalán de atención a la Dependencia.
Precisamente, en respuesta a las preguntas de los diputados asistentes, Pascual expuso que un modelo sostenible es aquel en el cual el coste del servicio no es más alto que su precio y, concretamente, se refirió a la delicadísima situación de los centros de día para gente mayor catalanes, la viabilidad de los cuales se complica cada vez más a causa, entre otros aspectos, de las insuficientes tarifas públicas, el incremento en las obligaciones en cuanto al horario de atención y el nuevo perfil de los usuarios, unas problemáticas que ACRA no ha dejado de reivindicar tanto en el pase, como en la actual legislatura.
Trabajadores de 36 centros del Servicio Regional madrileño de Bienestar social se encierran para protestar por su situación
Trabajadores de 36 centros dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social están realizando encierros desde las 8 horas de este miércoles en protesta por la aplicación de la jornada de 37,5 horas y la situación en la que se encuentra este servicio público a causa de las medidas de ajuste que aplica el Gobierno regional.
Según han indicado desde CSIT-UP, trabajadores de los centros de toda la red del Servicio Regional de Bienestar Social, tanto centros de mayores como los centros de atención para personas con discapacidad, por estos motivos.
Por otro lado, UGT en un comunicado ha criticado la «nula negociación» de la administración para tratar de recoger las reivindicaciones de los trabajadores y que, después de un mes de protestas «diarias», parece que la administración «no se da por enterada».
Los centros en los que se realizan encierros son el Reina Sofía en las Rozas, en Colmenar Viejo, Nuestra Señora del Carmen y Doctor González Bueno en la Carretera de Colmenar, Santiago Rusiñol en Aranjuez, Arganda del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Alcorcón, Getafe, Parla, San Fernando, Gastón Baquero, Torrelaguna, Cisneros y Francisco de Vitoria en Alcalá de Henares.
También destacan el San José, La Paz, Goya, Manoteras, Vallecas, La Gran Residencia y Vista Alegre, junto con los Centros Ocupacionales Ciudad Lineal, Barajas, Carabanchel, Juan de Austria, Nazaret, Angel de la Guarda y Juan Ramón Jimenez, junto a los centros de atención a personas con discapacidad (grandes dependientes) Dos de Mayo, Mirasierra, Arganda, Getafe y Reina Sofía en San Martín de Valdeiglesias.
Las residencias públicas están mejor valoradas que las privadas
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio que pone de manifiesto que «las residencias públicas están mejor valoradas que las privadas», según el grado de satisfacción mostrado por los familiares de personas mayores que han estado en alguna residencia durante los últimos cinco años.
El texto, que está publicado en la revista ‘Dinero y Derechos’ del mes de marzo, concluye que «la mayoría de los encuestados se sienten satisfechos, aunque la satisfacción es mayor entre quienes estuvieron en residencias públicas que en las concertadas y privadas, independientemente del grado de dependencia del residente».
Los aspectos mejor valorados fueron el buen estado de la habitación, la seguridad de las zonas comunes y la inexistencia de barreras arquitectónicas. Por el contrario, el número de cuidadores, la posibilidad de menús alternativos o de hacer más actividades físicas y, sobre todo, las escasas opciones para decidir el horario de despertarse y acostarse fueron los aspectos peor valorados.
El estudio de la OCU también revela que, a pesar de ser las residencias públicas las que más satisfacción generan, «no es fácil el acceso a una plaza». El 75 por ciento de los que accedió a una plaza pública tuvo que esperar y en el 16 por ciento de los casos la espera fue de más de dos años. Por su parte, para el acceso a una plaza concertada el 40 por ciento tuvo que inscribirse en una lista de espera, lo mismo que en el 20 por ciento de los que accedieron a una privada.
El precio es otro elemento fundamental a la hora de elegir un tipo u otro de residencia. Así, el coste medio mensual para una persona con dependencia moderada es de 1.700 euros al mes en una residencia privada. En el caso de una concertada y pública se reduce hasta los 1.500 euros, si bien en estas últimas cabe la posibilidad de que a las personas que no puedan sufragar este importe se les cobre un porcentaje entre el 65 y el 80 por ciento de sus ingresos, dependiendo de los casos.
Para la realización de este estudio, la OCU ha recabado la opinión de 600 personas de entre 50 y 65 años, y que en los últimos cinco años hubieran tenido un familiar en una residencia, sobre diversos aspectos del servicio prestados.
