Archivo diario: 3 abril, 2013
La consejera valenciana de bienestar social recuerda que se han pagado 32 millones a asociaciones en las últimas semanas
La consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, recordó hoy en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea que durante esta semana y la pasada el Gobierno autonómico ha realizado pagos por valor de casi 32 millones de euros que tenía pendientes de abonar a asociaciones y empresas dedicadas a la discapacidad, un sector con el que el Consell mantiene una importante deuda a pesar de que dichos gastos forman parte de los capítulos de gastos corrientes de la Generalitat.
Sánchez Zaplana explicó que desde que su equipo desembarcó en la Consejería de Bienestar Social el pasado mes de diciembre, después de la última reestructuración del Consell de Alberto Fabra, el trabajo que hemos estado haciendo con la Consejería de Hacienda es pagar los servicios y prestaciones de organizaciones y empresas del ámbito de los servicios sociales.
Tenemos que ser capaces de que las empresas que prestan los servicios sociales del ámbito de la discapacidad, las personas mayores, o cualquier familia, mujer, etcétera, puedan cobrar en tiempo y forma, subrayó la consejera durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.
COMPROMISO CON EL SECTOR SOCIAL
Sánchez Zaplana, que estuvo acompañada en el acto por numerosos representantes del ámbito social, además de compañeros de partido, gobierno y otras administraciones públicas, adquirió un compromiso firme con el sector, al borde del colapso ante los impagos del Consell de Alberto Fabra: Voy a trabajar para que tengan garantizado el pago de los servicios. Creo en ello, aseguró la consejera del ramo.
En este punto, y para concluir su intervención al respecto, Asunción Sánchez Zaplana destacó el papel indispensable que juegan las ONG y el Tercer Sector en general.
Las ONG», manifestó la consejera, «son un reflejo de nuestra sociedad, prestan servicios fundamentales y desempeñan una valiosa articulación de la sociedad civil.
Echániz critica que la Plataforma de la Ley de la Dependencia quiera decir «quién debe» recibirlos
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha criticado este lunes «las amenazas» de la Plataforma de la Ley de la Dependencia –que anunció que le seguirían donde fuera necesario para entregarle sus escritos– y que sus integrantes quieran ser los que decidan «quien debe» recibirlos, cuando esa es una decisión que no les compete a ellos, sino a los servicios de la Consejería en sus distintos «órganos y ámbitos de competencias».
Echániz, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante la inauguración del quirófano número 13 del Hospital General Universitario de Ciudad Real, ha recordado a los miembros de la Plataforma que el Gobierno regional dispone de distintos registros en los que pueden entregar «la documentación que quieran».
Ha asegurado que desde la Consejería se han mantenido ya más de una «docena de reuniones» con esta plataforma en las que los «diferentes directores generales y secretarios conocen perfectamente lo que piden», por lo que ha dicho no entender esta actitud.
Finalmente, Echániz ha hecho hincapié en que el ámbito de la Dependencia ha sido uno de los mejor tratados por el actual Gobierno regional, «ya que se ha mejorado el presupuesto en un 300 por ciento y se les ha dado voz y voto en el Parlamento, con la creación de una comisión gubernamental donde todas las consejerías del Ejecutivo autonómico tienen relación directa con este sector a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)».
HUELGA DE AMBULANCIAS
En otro orden de cosas, y preguntado sobre los servicios mínimos que la Consejería de Sanidad ha establecido de cara a la huelga de ambulancias convocada en Ciudad Real todos los miércoles de abril, ha asegurado que como administración pública responsable de la salud de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma tienen que velar por «las personas que necesitan diálisis o transporte sanitario urgente o no urgente, y por eso se han fijado esos servicios mínimos».
En este sentido, el consejero de Sanidad del Ejecutivo autonómico ha insistido en que el objetivo y el criterio con el que se han fijado estos servicios mínimos es el de «tratar de equilibrar el derecho a la huelga de los trabajadores con el derecho a la salud de todos los ciudadanos de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha».
El Gobierno prepara un decreto para enterrar la dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de «estrangular» la gestión de la Ley de Dependencia.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero y acusan al Ejecutivo de “estrangular” la gestión de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia a través de un Real Decreto en el que está trabajando a espaldas de las Comunidades Autónomas. Afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero.
En 2012, el Ministerio suprimió la aportación estatal para el nivel acordado, lo que supuso en el conjunto del país una reducción de 283 millones. A ello se unió en julio del pasado año la modificación de la Ley, que incluía otro hachazo en la aportación ministerial para el nivel mínimo de 87,7 millones de euros, es decir, un 13,24% menos de lo que aportaba en 2011.
Para 2013, el presupuesto que maneja el Ministerio según la Memoria del análisis de impacto normativo del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, contempla un recorte para el conjunto de las Comunidades Autónomas de un 22,6% con respecto al presupuesto final de 2012, es decir, 317,3 millones, a los que hay que añadir los 283 que aportaba por el nivel acordado suprimido ya el pasado año. Y es que mientras en 2012 el Imserso destino 1.404.493.590 €, para el nivel mínimo, este año el presupuesto previsto es de 1.087.179.320 euros.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aseguran que en 2012 y 2013 el Estado dejará de aportar a las Comunidades Autónomas más de 600 millones de euros, lo que representa un porcentaje muy importante de lo que recibían las Comunidades Autónomas.
El real decreto contempla aspectos que de aprobarse, supondrían, según la asociación, “un estrangulamiento total”, afirman que, “supondría la paralización prácticamente total de la tramitación de expedientes, al tener que trabajar en la incorporación de millones de datos de personas que han estado atendidas desde la entrada en vigor de la Ley, cuyo cumplimiento pretende exigirse para que el Imserso no deje de pagar a las Comunidades Autónomas suspendiendo la liquidación del nivel mínimo. Todo ello teniendo en cuenta que con la eliminación del nivel acordado se ha eliminado también la aportación económica a las Comunidades para la gestión”.
Añaden que las estadísticas oficiales desde hace siete meses se relacionan con los fallecimientos tanto de los beneficiarios, como de las personas en situación de dependencia que se encuentran en la lista de espera, “esto indica que al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido. Si a todo ello le unimos los recortes económicos y las condiciones leoninas como las que se quieren incluir en el real decreto que pretende aprobar el Imserso, parece que esa fecha está marcada y se corresponde con la fecha de publicación en el BOE del citado real decreto”.
La asociación denuncia que sólo en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, entre otros servicios, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del sistema de atención a la dependencia –un 90% mujeres-. Además 3.649 cuidadores familiares han dejado de recibir una ya mermada prestación económica.
