Archivo diario: 4 abril, 2013
Pamplona firma un acuerdo de inserción laboral con empresas sociosanitarias
El Ayuntamiento de Pamplona ha firmado un convenio con siete centros residenciales que atienden a personas mayores y/o dependientes de la ciudad (entre ellos los gestionados por el Grupo Amma) para que el alumnado del taller de empleo continúe con su formación práctica. Desde mitades de febrero, las quince personas participantes en el curso ‘Atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia en domicilios e instituciones II’ han estado haciendo prácticas durante 140 horas en el Servicio de Atención a Domicilio (SAD), un programa del consistorio pamplonés que atiende en el propio hogar a personas que requieren de apoyo para la realización de tareas domésticas, la atención personal e higiene y el acompañamiento en la integración social.
El taller está dirigido a personas desempleadas mayores de 25 años y los participantes cuentan con la cobertura de un contrato de formación y una retribución del 1,5 del Salario Mínimo Interprofesional. Su principal novedad es que es el primero impartido en Navarra en el que se van a expedir certificados de profesionalidad, en concreto, la totalidad del correspondiente a Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones y un módulo del de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Domicilios.
En la firma de los convenios de colaboración han estado presentes la concejala delegada de Bienestar Social e Igualdad, Ana Lezcano, y la directora del área, María Jesús Vicente, por parte de la Administración, junto con representantes de Amma, Quavitae Servicios Asistenciales, Fundación Aspace, Residencia Landazábal, Residencia Beloso Alto y Residencia La Vaguada.
El gobierno catalán impulsa una ley de protección social
El Gobierno catalán ha empezado a tramitar una ley de protección social para «blindar» el estado de bienestar en Cataluña, después de que en los últimos cinco años se hayan disparado la pobreza y la exclusión, que ya afecta al 30% de los catalanes.
Lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, que ha recordado que esta iniciativa es «inédita en democracia», y que la Generalitat entiende el modelo catalán de cohesión social como una estructura de Estado más que se debe proteger.
La ley, que Munté ha considerado «ambiciosa», se gestó el 16 de marzo, cuando el gobierno catalán celebró una reunión extraordinaria tras truncarse la cumbre anticrisis convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Por ahora, la ley no cuenta con un calendario establecido ni con una dotación presupuestaria, teniendo en cuenta que el Gobierno catalán está «pendiente de que el Estado defina un objetivo de déficit», ha recordado Munté, que ha añadido que las dificultades económicas no deben impedir que se blinde el actual modelo de estado de bienestar en Catalunya.
Ha desvinculado de esta nueva ley la reestructuración del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), que dejará de funcionar como ente autónomo y se integrará a la consejería, porque ahora «lo que se persigue es reorganizar el modelo de prestaciones para hacer lo máximo posible con los recursos actuales», aunque no ha concretado de qué modo se llevará a cabo este proceso.
Sí que ha afirmado que no se eliminarán ninguna de las prestaciones sociales actuales «porque no sobra ni una», aunque ha admitido que es insostenible mantenerlas estructuradas como hasta ahora, después de que la inversión del Estado en este sector ha caído un 92% en los últimos tres años.
MÁS COPAGO
Munté ha apostado por que la nueva ley «garantice la universalidad de los servicios públicos» en Cataluña, aunque ha avanzado que se revisarán los actuales niveles de copago en función de la renta de los usuarios.
«Se trata de potenciar los principios de solidaridad e igualdad», ha dicho Munté, que ha explicado que la nueva ley de protección tendrá incidencia en leyes sectoriales de este ámbito, como la que articula la renta mínima de inserción (RMI) y la de servicios sociales.
La futura ley también irá dirigida a la protección de los ancianos, especialmente después de que hayan incrementado un 6% las denuncias por maltratos a este colectivo, según ha explicado Munté, que ha afirmado que «es un dato muy duro, pero existe».
PACTO CONTRA LA POBREZA
Paralelamente, el Gobierno catalán prevé aprobar durante esta legislatura el ‘Pacto por la lucha contra la pobreza en Cataluña’, un documento que se está consensuando desde hace meses con las entidades del sector para combatir la exclusión a medio y largo plazo, especialmente entre los más pequeños.
El Ejecutivo catalán también está ultimando el ‘Pacto por la infancia’, que desplegará un conjunto de medidas de protección y promoción de los menores, colectivo especialmente castigado por la crisis, teniendo en cuenta que 350.000 pequeños viven en familias que no pueden garantizar su sustento.
Desconvocados los paros de ayuda a domicilio en Sevilla tras alcanzar un principio de acuerdo en el Sercla
Los paros anunciados por los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio para los días 5, 6, 18 y 19 de abril han quedado finalmente desconvocados después de que la plantilla, CCOO y la empresa concesionaria del servicio Clece hayan alcanzado un acuerdo dentro del Sistema Extrajudicial de Resolución de conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).
En una nota, CCOO-Sevilla informa de que este acuerdo supone que la empresa «reconoce» la aplicación del convenio provincial de ayuda a domicilio para todas las trabajadoras, lo que asegura se traducirá en el caso de las 700 eventuales en «el pago de los atrasos salariales desde el 16 de febrero, fecha de incorporación de la empresa Clece, al 31 de marzo». Así, señala que estos pagos se harán efectivos en la nómina de abril y supondrán unos 300 euros para cada trabajadora eventual a tiempo completo. Igualmente, indica que se constituirá una comisión para estudiar la puesta en marcha de un plan de formación.
Con respecto a las trabajadoras eventuales pendientes de renovación, explica que la empresa y el sindicato han acordado constituir una comisión, que se reunirá por primera vez el próximo día 9 de abril, para estudiar cómo renovar estos contratos, así como la posible conversión de algunos de ellos en indefinidos.
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