Archivo diario: 11 abril, 2013

El 81% de los españoles cree que las personas con dependencia necesitan cuidados profesionales

CuidadorEl 81% de los españoles cree que las personas con dependencia necesitan cuidados profesionales, según los resultados del tercer estudio internacional ‘Bupa Health Pulse 2012’.
El estudio se ha realizado por Bupa, empresa matriz de Sanitas, y en la muestra han participado 14.000 personas de 13 países diferentes. Los resultados del estudio muestran que el 81% de los consultados cree que es fundamental ofrecer unos servicios profesionales a las personas con algún tipo de dependencia. De hecho, el 41% opina que el grado de dependencia de las personas mayores avanza más despacio si estas viven en un centro especializado, cifra que aumentó en 4 puntos respecto a 2011.
Según la doctora de Sanitas Residencial El Viso, Pilar Soler, las personas dependientes con demencia necesitan unos cuidados individualizados y profesionales, como la higiene personalizada para disminuir la ansiedad que genera el baño en las personas con demencia, menús adaptados con utensilios que les ayuden a mantener su autonomía y terapias innovadoras como la musicoterapia.
El estudio también desvela que siete de cada diez encuestados temen perder la memoria cuando lleguen a una edad avanzada. En este sentido, Soler declaró que en España más de 800.000 personas padecen ya algún tipo de demencia e indicó que, debido al envejecimiento poblacional y a la falta de tratamientos curativos, esa cifra aumentará en los últimos años.
Asimismo, el trabajo muestra que la sociedad española es consciente de que cuando una persona requiere de los cuidados de otra, necesita vivir acompañada y en un servicio asistencial. En relación a esto, el 25% de los encuestados ha reconocido que estas personas son más felices y viven mejor en una residencia que en su propia casa.
El 68% también cree que es posible ralentizar el proceso de las demencias con terapias que incluyan la creación de unos planes específicos de cuidados, los cuales son considerados como ‘muy útiles’ por el 95% de los encuestados.
AATENCIÓN DE LOS MAYORES EN ESPAÑA
En relación a la atención que reciben los mayores en España, el 34% de los encuestados afirmó que es necesario que mejoren. De la misma manera, el 88% de los consultados reconoce que es necesario contar con equipos multidisciplinares con formación especializada para ofrecer una mejor atención a los dementes.
“La calidad en la atención de la demencia no se obtiene exclusivamente con los avances médicos, sino a través de todas aquellas actividades cotidianas del cuidado realizadas con creatividad, cariño y compromiso”, manifestó la doctora Soler.
Asimismo, confirmó que los especialistas ya optan por incorporar recursos tecnológicos a sus terapias. Prácticas que resultan muy beneficiosas para la salud de los mayores, según el 95% de los participantes en al encuesta.
El estudio también muestra que, desde el punto de vista económico, el 27% de los encuestados está preocupado por cómo pagarán los cuidados asistenciales que necesiten cuando lleguen a mayor, mientras que el 32% tiene claro que pagará la residencia a sus padres.
No obstante, los españoles (82%) consideran imprescindible la cooperación entre los organismos públicos y privados para asegurar a todas las personas dependientes el acceso a unos cuidados profesionales.

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Las CC.AA. deben 46,8 millones por cobros indebidos para dependencia

Tribunal de Cuentas   El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Estado ha transferido «en exceso» fondos a las comunidades autónomas en concepto de ayudas a la dependencia, una cuantía que asciende a un total de 46,8 millones de euros aunque estuvo por encima de los 185 millones de euros, según se desprende del informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de 2006 de la Dependencia, al que ha tenido acceso Europa Press.

   Así, la entidad fiscalizadora ha observado diversas incidencias en relación con el abono de la liquidación del nivel mínimo de protección a las diferentes comunidades autónomas, por ejemplo con beneficiarios fallecidos que estaban dados de alta en el Sistema informático para gestionar los datos relativos al Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SISAAD), así como expedientes duplicados, DNI incorrectos o duplicados, o beneficiarios recogidos en el SISAAD pero no recogidos en las bases de datos de las comunidades autónomas.

De hecho, en el SISAAD figuraban «indebidamente» como beneficiarias del sistema de dependencia 12.055 personas que estaban muertas, «provocando la financiación indebida», por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), de un importe estimado por este Tribunal en, al menos, 29,4 millones de euros, a fecha de 30 de abril de 2011.

Eso sí, al detectar la existencia de numerosas personas muertas beneficiarias de las prestaciones durante el ejercicio de fiscalización, la institución avisó al IMSERSO y a las comunidades autónomas, y ya se han logrado recuperar de 140,3 millones de euros, de 41.205 personas que figuraban como fallecidas, quedando pendientes los 29,4 millones antes citados.

Según la institución, que aprobó su informe el pasado 21 de marzo, el director general del IMSERSO manifestó en sus alegaciones que un total de 2.809 expedientes ya se encuentran dados de baja en la aplicación informática del SISAAD y que, con respecto al resto, se está analizando la información remitida por este Tribunal y, en el supuesto de que se detecten personas realmente ya fallecidas, se procederá a reintegrar las cantidades que, en su caso, se hubieran abonado de forma incorrecta en concepto de nivel mínimo de protección.

ABONOS INDEBIDOS A LAS CC.AA.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas resalta que el Instituto de Mayores abonó «indebidamente» un importe, cuantificado en 5,2 millones de euros, como consecuencia de la existencia de un total de 1.363 expedientes que se encontraban duplicados en la mencionada aplicación informática, generando, en consecuencia, un doble abono a las comunidades autónomas.

Igualmente, ha verificado que el IMSERSO liquidó «indebidamente» un importe cuantificado en 1,9 millones de euros como consecuencia de, al menos 2.642 expedientes que tenían reconocido únicamente el servicio de teleasistencia y, dado que este servicio tiene un carácter complementario, no debería haber generado dicha liquidación.

Es más, ha averiguado que este Instituto de Mayores minoró «indebidamente» a las comunidades autónomas un importe de 9,8 millones de euros, como consecuencia de un total de 6.631 expedientes que presentaban un importe acumulado negativo en este concepto, provocando un déficit de financiación en dichas comunidades por el mencionado importe.

El Tribunal de Cuentas ha detectado a su vez que el IMSERSO abonó «de forma indebida» un total de 20 millones de euros como consecuencia de 3.115 expedientes cuyo importe total liquidado, desde el 23 de abril de 2007 hasta la nómina correspondiente al mes de abril de 2011, era «superior» al máximo establecido legalmente para cada beneficiario en ‘Grado III, nivel II’ (12.604 euros).

A 31 de diciembre de 2010, el IMSERSO tampoco tenía reconocido en sus estados contables un importe total de 65,9 millones de euros, derivados del aplazamiento y periodificación del abono del nivel mínimo de protección garantizado a las comunidades autónomas, como consecuencia de la modificación introducida en el decreto ley de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público en relación con el aplazamiento y periodificación del abono de las prestaciones económicas recogidas en la Ley de Dependencia de 2006.

AUMENTA EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS SIN PRESTACIÓN

De acuerdo con la información del SISAAD, la entidad fiscalizadora apunta que, a 31 de diciembre de 2010, existían un total de 231.055 personas con derecho a recibir estas prestaciones que, sin embargo, no recibían nada, lo que equivale al 25,68 por ciento del total de personas con derecho a estas prestaciones, siendo especialmente significativa en Canarias, donde ese porcentaje ascendía a un 58,46 por ciento, Valencia con un 43,12 por ciento y Galicia con un 39,49 por ciento.

A fecha de 31 de diciembre de 2011, el Tribunal detecta igualmente que el número total de personas beneficiarias con derecho a prestación se elevaba a 1.057.946, siendo beneficiarias de prestación tan sólo 752.005, es decir, un total de 305.941 personas no percibían ningún tipo de prestación, que supone un 28,91 por ciento.

Igualmente, ve «importantes deficiencias» en el procedimiento establecido para el reconocimiento del derecho a la situación de dependencia, así como en el cálculo de prestaciones derivadas de la misma, en función del territorio de residencia del solicitante.

Según cita, en algunas comunidades autónomas el patrimonio del solicitante no se tiene en consideración a efectos del cálculo de la citada capacidad económica y, en otras, no se tiene en consideración la totalidad de las rentas percibidas por los solicitantes.

Además, subraya que 14 comunidades autónomas han incumplido el plazo máximo de seis meses establecido en la normativa de Dependencia para el reconocimiento del derecho a la prestación de dependencia, dado que, a fecha de 31 de diciembre de 2010, el plazo medio de resolución se elevaba a nivel nacional a un total de 262 días (casi nueve meses), siendo especialmente significativo en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Aragón, Valencia, Madrid, Murcia, donde este plazo superó los 300 días (casi diez meses), y en Canarias, donde se elevó el plazo a 577 días (casi 20 meses).

De la misma forma, apunta a la falta de identificación en los presupuestos de gastos de las comunidades fiscalizadas, de la totalidad de los créditos destinados a financiar las prestaciones derivadas de la situación de dependencia, que sí deberían publicarse.

RECOMENDACIONES

Con ello, recomienda al IMSERSO, como responsable del SISAAD, analizar la información de las distintas aplicaciones informáticas, con el fin de homogeneizar el contenido y evitar la posible financiación indebida derivada del pago del nivel mínimo de protección.

En su caso, pide también modificar el procedimiento de justificación y posterior libramiento de financiación del nivel mínimo de protección, exigiendo a los órganos competentes de las comunidades una certificación en la que se acredite que la información del SISAAD se corresponde fielmente con los beneficiarios de las prestaciones derivadas de la situación de dependencia.

Al mismo tiempo, cree que el IMSERSO debe proceder, con carácter inmediato, al procedimiento de reintegro de 6 millones de euros derivados de la diferencia existente entre los créditos totales asignados con cargo al Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y las obligaciones reconocidas con cargo al mismo, con respecto a aquellas comunidades que no justificaron la aplicación finalista de estos recursos.

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Antonina Sánchez: “Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia»

Antonina SánchezLa teniente alcalde de Sanidad y Servicios Sociales de Valdepeñas, Antonina Sánchez, afirmó este martes que los recortes de servicios y el incremento de las tasas a los usuarios de la Ley de Dependencia por parte del gobierno regional, “suponen un brutal retroceso. Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia. Los efectos de las políticas del PP son devastadores. Ha habido cambios en la normativa y recortes que dejan en la calle a los dependientes. Han recortado sus prestaciones”.
Enumeró recortes como el reflejado en el Decreto 174/2011 que modifica el baremo a través del cual una persona se considera dependiente. “Dependientes de grado 3 ahora son de grado 1 y los de grado 2 y 1, la Junta ha dejando de considerarlos dependientes. Supone una pérdida de derechos. También se ha disminuido el número de horas al mes de ayuda a domicilio que recibían los dependientes y se ha establecido la incompatibilidad entre servicios que recibe una persona dependiente, excepto en la tele-asistencia, lo que hace que el dependiente deba elegir entre ir al centro de día o el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo. Esto supone una situación de desprotección”.
Sánchez apuntó que “otra medida sangrante” es que las personas que tienen reconocido el grado 1-nivel 2 y que tenían derecho a todas las prestaciones y servicios a partir del 1 de enero del presente año, han visto retrasada la atención hasta julio de 2015. Es igual que si una persona que sufre cáncer y necesita quimioterapia le retrasan el tratamiento dos años, es probable que no llegue a recibirlo porque muera. Miles de personas morirán esperando recibir ese servicio que necesitan, porque la esperanza de vida de estas personas dependientes es muy corta”.
Otro recorte es dejar de financiar la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el ámbito familiar y otro, reducir las prestaciones económicas para dependientes en un 15%.
En cuanto al incremento de las tasas, Antonina Sánchez recordó que las prestaciones dependen ahora de las rentas y el patrimonio. También indicó que el servicio de Ayuda a Domicilio que antes era gratuito, ahora oscilará entre 56 y 186 euros en Valdepeñas.
Asimismo se ha incrementado la tasa del Centro de Estancias Diurnas del Lucero más de un 80%, no se concede el Transporte Adaptado, el gobierno central ha disminuido un 30% desde 2012 el presupuesto para dependencia y la Junta lo ha reducido un 11,17% (93 millones de euros), se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo suprimiendo 178 puestos (93 dentro del ámbito de la dependencia) y se ha aprobado la Ley de Tasas, con lo que el dependiente debe pagar por la gestiones de la administración, como 40 euros por revisar el grado de dependencia o 30 por la revisión del grado de discapacidad.

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