Archivo diario: 12 abril, 2013
Los trabajadores sociales asturianos arremeten contra la política de la Consejería de Bienestar
Peligro de desigualdad en el acceso a las prestaciones sociales, riesgo de «discrecionalidad política» a la hora de otorgar las ayudas, falta de líneas claras de actuación, colapso administrativo e, incluso, un «estilo de liderazgo» poco adecuado. Los trabajadores de los Servicios Sociales públicos del Principado han arremetido con dureza contra la política de la Consejería de Bienestar Social, en una carta dirigida al presidente regional, Javier Fernández, que también ha sido enviada a los grupos políticos con representación parlamentaria, a la Procuradora General del Principado, a los sindicatos y a la Federación Asturiana de Concejos, que precisamente hoy celebrará una reunión para analizar el problema de implantación del plan concertado de servicios sociales de este año.
La carta sale a la luz en plena polémica entre la Consejería de Bienestar Social y varios municipios dirigidos por los conservadores (PP y Foro) por los cambios introducidos en el plan que debe financiar las prestaciones sociales básicas, tras los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los empleados públicos -avalados por otros asistentes sociales asturianos- acusan a la Consejería de implantar una política que «sigue fielmente» las directrices marcadas por Madrid, en contra del programa electoral de los socialistas y que puede acabar «con el desmantelamiento progresivo del actual sistema público de Servicios Sociales». Los trabajadores expresan en la carta «preocupación por el contenido, la trascendencia y las formas de las decisiones» que se adoptan en la Consejería. Unas decisiones, añaden, que se deben «a la inexistencia de un marco conceptual que defina y concrete de forma clara las principales líneas de la política social».
Una de las inquietudes que expresan los trabajadores se centra en el plan concertado de 2013. «Los riesgos de la desigualdad para el acceso y distribución de los recursos a los ciudadanos(…) preocupan a los profesionales responsables de su gestión, pues ante la carencia de directrices técnicas e incertidumbre del escenario económico, pudiera interponerse la discrecionalidad política» para otorgar las prestaciones sociales básicas. También afirman que el nuevo plan concertado «pone en juego la pervivencia de los equipos de profesionales de los Servicios Sociales municipales».
Los asistentes sociales también muestran su inquietud por el recorte a un máximo de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, ya que consideran que desvirtúa el objetivo del plan, que es «mantener a las personas en su medio habitual de vida y convivencia».
Respecto a la implantación de la ley de Dependencia, critican que desde su aprobación, hace 6 años, se ha desarrollado de forma ajena al sistema público de Servicios Sociales, con el que compite por los recursos económicas. «No sólo no se ha planteado la integración de ambos sistemas, sino que se continúa avanzando» en su implantación «a costa del desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales», afirman.
El colectivo de trabajadores concluye su escrito asegurando que, a su juicio, los responsables de la Consejería, de la que es titular Esther Díaz, ex alcaldesa de Langreo, «no han demostrado tener capacidad ni estar a la altura de momentos tan difíciles. Prueba de ello es el colapso de la gestión administrativa en las prestaciones de dependencia y salario social; la maraña jurídico-administrativa existente, la proliferación de instrucciones contradictorias y el menosprecio a la labor de los técnicos y sus propuestas.
CERMI afirma que los receptores de prestaciones de la ley de dependencia son víctimas de una pésima gestión de las administraciones
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha aclarado, ante las informaciones que apuntan a la recepción de fondos de procedencia estatal por parte de las comunidades autónomas para atender a personas en situación de dependencia que habrían fallecido, que «las personas y familias que reciben prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia no cometen fraude, son víctimas de una pésima gestión de las administraciones».
El Cermi señaló en un comunicado que «no se trata de fraude o abusos cometidos por personas mayores o con discapacidad o de sus familias, beneficiarias de las prestaciones de la ley, que se habrían aprovechado indebidamente de las ayudas públicas».
Agrega que los desfases que señala el Tribunal de Cuentas en su informe entre los fondos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas y el número de personas beneficiarias realmente con vida, no son achacables a estas personas, «que no han participado en ninguna mala práctica, sino a las administraciones públicas que intervienen en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».
Por ello, el Cermi afirma que la responsabilidad es de las administraciones «y de las graves deficiencias que en materia de información y seguimiento del despliegue de la ley ha padecido esta desde el comienzo de su aplicación».
El Comité concluye señalando que, como representante de la discapacidad organizada, se rebela «contra la idea de que la opinión pública se quede con la impresión de que las personas que reciben prestaciones de la ley comenten fraude generalizado, cuando son víctimas inocentes de la pésima y hasta caótica gestión con la que las distintas administraciones han desarrollado este sistema de protección social, que ha supuesto una enorme decepción para las legítimas expectativas de contar con apoyos públicos suficientes para atender necesidades básicas de autonomía personal».
