Familiares de dependientes ya fallecidos están demandando a la Conselleria de Bienestar Social para poder cobrar las ayudas que tenían aprobadas y que nunca recibieron. Con motivo de la muerte del beneficiario, el departamento dirigido ahora por Asunción Sánchez Zaplana dio por amortizadas estas subvenciones que, según reveló el Tribunal de Cuentas, sí que habrían cobrado del Ministerio de Sanidad.
En una de las demandas a las que ha tenido acceso este periódico, los familiares aseguran que «el fallecimiento del titular de la ayuda no es óbice para considerar que no proceda el pago de la misma, pues los gastos se han causado hasta la fecha del fallecimiento, como en su momento se acreditó con las facturas del coste de la residencia».
Estos familiares defienden que mantuvieron informada a la conselleria en todo momento y que no han recibido respuesta, y eso que la ayuda les fue aprobada desde 2008. «Esta parte desconoce qué actuaciones ha podido llevar a cabo el organismo responsable de la Conselleria de Bienestar Social, por cuanto no se le ha notificado actuación alguna por su parte, habiendo tenido en todo momento conocimiento de la existencia de legítimos herederos por parte del causante, tal y como se ha acreditado en los documentos adjuntos, por lo que no puede haber declarado desconocido el acreedor de las cantidades aprobadas», defienden los demandantes.
Como contó ayer este periódico, el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Generalitat que devuelva 2,1 millones de euros al Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad, por haber cobrado subvenciones de dependientes fallecidos. Se trata de los subsidios de mínima protección aprobados durante cinco años a casi mil dependientes y por los que se habría percibido un dinero que no se entregó a nadie.

EUPV pide una investigación
La diputada de EUPV en las Corts Esther López Barceló anunció ayer que la formación de izquierdas preguntará al Consell por el informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana y que pedirá la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre la gestión de las ayudas por parte del Gobierno valenciano. «Resulta obsceno que el PP haya estado criticando constantemente la falta de financiación para la aplicación de la Ley de la Dependencia cuando el Tribunal de Cuentas le exige 2,1 millones de euros en ayudas a dependientes que murieron antes de recibirlas», denunció la diputada.
Para Esther López, los problemas con la aplicación de la normativa vigente son motivados por «la desidia, la dejadez y el consciente boicot del PP». Para la parlamentaria autonómica, «los derechos sociales en el País Valenciano se están dejando de garantizar» y en aquello referido a la aplicación de la Ley de la Dependencia, «tenemos uno de los ejemplos más palpables de la mala gestión del PP valenciano».

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