Archivo diario: 18 abril, 2013

Directores de Servicios Sociales piden al Gobierno que se preocupe de los dependientes que «morirán sin recibir ayudas»

José Manuel Ramirez  El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha acusado al Gobierno de utilizar el Informe del Tribunal de Cuentas sobre los cobros indebidos para dependencia por parte de las comunidades autónomas y pide que se preocupe por las 227.000 personas que están «en el limbo de la dependencia» y que «morirán sin recibir las ayudas a las que tienen derecho».

   En declaraciones a Europa Press, Ramírez ha recordado que esta son cifras previas al año 2011 e insiste en que se trata de una «maniobra de distracción» por parte del Gobierno «para después poder excusar sus recortes en materia de dependencia». «Se está demonizando a los muertos y a sus familias» cuando «no ha supuesto ningún enriquecimiento injusto ni lucro», según ha apostillado.

En este sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha explicado que «lo que hay que hacer es agilizar el sistema y no entorpecer más». Así, ha añadido que «en el caso de que haya familias que cobren de manera indebida, la comunidad la administración se encarga de incoar un expediente de reintegro, igual que ocurre con las pensiones no contributivas».

«En virtud de esta maniobra preparan un nuevo Decreto donde de manera perversa utilizando la excusa de la transparencia quieren estrangular el sistema», ha sentenciado Ramírez, a la vez que compara esta situación con «la campaña de desprestigio de las cuidadoras no profesionales –en 2012– que sirvió después para recortar la prestación económica y expulsarlas de la seguridad social».

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Prioridad a los pagos a mayores con dependencia severa

Un informe del Govern desaconsejaba su tramitación por su impacto presupuestario, ver noticia.

Parlament La Mesa del Parlamento catalán ha admitido este martes a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a mayores con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.

La decisión de la Mesa –formada por CiU, ERC, PSC, PP e ICV-EUiA– se ha tomado pese a que el Govern emitió un informe desfavorable a la tramitación de la ILP escudándose en el impacto presupuestario que supondría su aplicación.

Esta iniciativa social fue presentada en el Parlamento por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.

Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia –grado 3, niveles 1 y 2–, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton.

Una vez admitida a trámite la ILP y se publique en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), arrancará un proceso en el que los promotores de la inciaitiva trataran de reunir por lo menos 50.000 firmas para que el pleno de la Cámara debata si admite la propuesta o la rechaza.

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El Gobierno extremeño destina 2,7 millones al mantenimiento de 274 plazas para mayores dependientes en centros

Residencia El Gobierno de Extremadura destinará 2.718.075 euros al mantenimiento de 274 plazas para personas mayores en situaciones de dependencia en centros residenciales y de día.

   Para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de convenios con 17 ayuntamientos de la comunidad autónoma para el  mantenimiento de estas 274 plazas.

El presupuesto global que la Consejería de Salud y Política Social destinará a todos estos convenios se eleva a 2.718.075 euros, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.

Los municipios con los que se firmarán estos convenios son Guadalupe, Villanueva de la Serena, Aldeacentenera, Aliseda, Arroyomolinos, Barcarrota, Cabeza del Buey, Calzadilla, Casas de Don Pedro, Deleitosa, Hervás, Quintana de la Serena, Torrecilla de los Ángeles, Valle de la Serena, Mata de Alcántara, Alcántara y Malpartida de Cáceres.

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