Archivo diario: 23 abril, 2013
Doce comunidades siguen sin aclarar el paradero de 44 millones euros para dependencia
Doce comunidades autónomas no han facilitado todavía al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad información sobre los expedientes irregulares en materia de dependencia que detectó en su último informe el informe del Tribunal de Cuentas. El plazo para hacerlo termina a final de mes y solo cinco gobiernos autonómicos han facilitado los datos. En total, esta situación afectaría a 5.398 expedientes y a 44 millones de euros.
El pasado mes de marzo el tribunal desveló que había 25.806 expedientes de personas que figuraban como beneficiarias de la Ley de Dependencia en los que se habían detectado fallos, como fallecimientos, DNI erróneos, duplicados, ayudas incompatibles con otras prestacionesetc. Por ejemplo, detectó que había 12.036 personas ya fallecidas que constaban aún como beneficiarias: algunas de las comunidades con mayor número de fallecidos eran Madrid (1.666), Cataluña (1.469) y Andalucía (1.343).
El IMSERSO comenzó a comprobar datos y a 31 de marzó de 2013 había «regularizado» un total de 13.110 expedientes,quedando pendientes los otros 12.696. Fuentes del Ministerio explican ahora que quedan por aclarar las circunstancias de 5.398 expedientes irregulares, a los que correpondería la cantidad de 44 millones de euros entregados por el Estado a la docena de autonomías que aún no han aportado la información correspondientes.
De ellas, una tercera parte han aportado ciertos datos con fallos constatables y las demás han mostrado su «rebeldía» a la hora de entregar una documentación que consideran reservada al ámbito de sus competencias. Las ayudas para la dependencia estipulan un mínimo de 1.400 millones de euros anuales por parte del Ejecutivo central, con el que se dota a las comunidades en función del número de dependientes beneficiarios.
La Secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad se ha negado a facilitar a20minutos.es la lista de las comunidades que no han aclarado sus cifras alegando que aún no ha concluido el plazo y que se trata de un asunto delicado. Fuentes de este departamento aseguran que acabado el mes «todas cumplirán».
Falta de transparencia
El director general del IMSERSO, César Antón, remitió una carta tras el informe del Tribunal a cada uno de los gobiernos regionales comunicando el número de expedientes afectados en su territorio y solicitando información para ‘limpiar’ las posibles irregularidades y aclarar el destino que habían recibido los fondos públicos destinados a atender esos casos, presupuesto que se atribuye al nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia.
Esta falta de respuesta no es extraña en materia de dependencia y de hecho, la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, se ha referido en diversas ocasiones a la «falta absoluta de equidad y transparencia» en la aplicación de la Ley por parte de las administraciones públicas desde que la propia norma entró en vigor.
El Ejecutivo «confía en la buena voluntad» de las Comunidades Autónomas, de modo que se vayan sumando al propósito de lograr el fraude cero en la distribución de estas partidas, en un momento de crisis económica, en el que especialmente relevante garantizar la sostenibilidad del sistema.
El ministerio también quiere evitar que las ayudas para la Dependencia, que siguen siendo la partida más grande de los presupuestos del departamento, se conviertan en una «especie de subsidio». Actualmente, el 48 % de ellas van dirigidas directamente a las familias con algún miembro dependiente mientras que hay 45.000 plazas públicas de residencias vacías.
La razón de esta situación podría tener su base, según estas fuentes, en que a las comunidades autónomas «les sale más barato» la ayuda familiar directa que el coste de una plaza residencial, si bien su uso generaría una «importante actividad económica». El Gobierno detecta que hay «cierta picaresca» en esta situación y que «algo se está haciendo mal» porque, en algunos casos, el coste de los centros públicos duplica o triplica el de las residencias privadas, con parámetros de asistencia y calidad equiparables.
Sanidad ha dado de plazo hasta junio a las autonomías para poner en orden sus datos y alcanzar un acuerdo sobre el qué y el cómo se debe informar sobre el uso que hacen de los fondos públicos que reciben del Ejecutivo para atender a personas de dependientes. Para materializarlo, está trabajando en un sistema informático «compatible» con los diversos métodos estadísticos que ha desarrollado cada gobierno regional a fin de poder facilitarles la labor.
Las siete claves de la Dependencia en Andalucía
El Consejo de Gobierno ha hecho públicas las últimas cifras de la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía.
1. En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas, el 27% del total nacional
2. En total hay 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 25% del total nacional.
3. El Servicio de Ayuda a Domicilio atiende a 48.002 andaluces , el 40% del conjunto de España (124.920).
4. 177.000 personas son beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).
5. La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006.
6. Los presupuestos de 2013 consignan una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía,
7. Los recortes estatales supondrán este año una merma presupuestaria de 125 millones de euros.
Residencias de mayores sin ánimo de lucro eligen al sacerdote Julián de Armas como nuevo presidente
Lares Federación, que engloba a 17 organizaciones autonómicas de residencias y servicios de atención para la tercera edad, ha elegido al sacerdote Julián de Armas como su nuevo presidente para los próximos cuatro años.
De Armas, que se define a sí mismo como un «hombre de Iglesia», ha presidido la asociación en las Islas Canarias desde 2008, año en que él mismo la llevó a la comunidad autónoma, y que hoy cuenta con doce residencias para mayores (que ofertan 1.073 plazas) y cinco centros de día que atienden a 40 personas, según ha explicado la federación.
Fue ordenado sacerdote en 1968 y dedicó diez años de su sacerdocio a atender la capellanía del Hospital Universitario de Canarias, donde también impartía clases de ética en la escuela de enfermería. Más tarde, formó parte del comité ejecutivo encargado de construir la casa de Acogida ‘Madre del Redentor’, de la que asumió la dirección dos años más tarde.
Asimismo, ha sido vicario Episcopal para Asuntos Económicos y en la actualidad es deán de la Santa Iglesia Catedral de la Laguna. También preside la comisión para la celebración del primer centenario del templo.
4 de cada 5 mayores de 55 años no ha previsto una posible dependencia
Cuatro de cada cinco mayores de 55 años no ha tomado ninguna medida para afrontar una posible situación de dependencia en el futuro y sólo un tercio de quienes actualmente están cuidando de personas que no pueden valerse por sí mismas se está preparando por si las ayudas públicas desaparecen o menguan, aunque ambos colectivos tienen «asumido» que en el futuro habrán de pagar por la atención sociosanitaria.
Estas son dos de las principales conclusiones del ‘Análisis predictivo y escenarios en la atención sociosanitaria en España: Horizonte 2022’ editado por la Universidad Europea de Madrid que han elaborado Julio Sánchez Fierro y José María Sansegundo, y que ha sido presentado este viernes por el director General de la Fundación AstraZeneca, Federico Plaza.
El informe dibuja los perfiles del dependiente actual y el dependiente potencial a partir de 800 encuestas realizadas a cuidadores y personas mayores de 55 años, ante el «cambio cualitativo» en empeoramiento de salud –8 de cada 10 dependientes se encuentra hoy regular o mal– y «cuantitativo» en aumento de personas mayores y dependientes que se va a producir, según los expertos, en un horizonte superior a diez años.
«La dependencia es una cuestión de vital importancia para la sociedad española y se entiende que terminará siendo un problema mayor en el futuro porque se cree que los servicios públicos no podrán cubrirlo adecuadamente y que no habrá recursos suficientes para abordarlo, por lo que la gente asume que habrá que buscar vías de financiación adicional (…) y pese a que nadie parece dispuesto a pagar más impuestos, saben que habrá que pagar algo y creen que merece la pena hacer el esfuerzo», ha señalado Sansegundo, resumiendo las conclusiones del estudio.
En este sentido, el 98,3 por ciento de los cuidadores entrevistados están mucho o bastante preocupados por la posibilidad de que en el futuro pueda darse una carencia o insuficiencia de servicios públicos para la dependencia, preocupación que comparten el 96,8 por ciento de las personas que hoy tienen más de 55 años, según lso resultados de la encuesta.
Ante esta perspectiva, hay quien ya está tomando medidas, fundamentalmente de ahorro, y quien de momento, «no ha movido los pies». «No somos suficientemente conscientes del problema», opina Sansegundo, para quien la atención sanitaria no puede entenderse como una responsabilidad exclusiva del Estado, ya que «es clave, pero el Estado sólo no llega». «Venimos de una cultura de cobertura, aunque empezamos a ver que el Estado no podrá cubrirlo», ha añadido.
En concreto, el 75,8 por ciento de los mayores de 55 años no ha adoptado ni tiene previsto adoptar medidas para prevenir que ante una situación de dependencia en el futuro pueda encontrarse ante una falta o insuficiencia de servicios públicos. El 22 por ciento que sí lo está haciendo se ha centrado en ahorrar dinero, recurrir a la ayuda familiar, contratar un seguro médico o buscar plaza de residencia, entre otras medidas.
Respecto a los familiares de dependientes, el 62,1 por ciento no está adoptando medidas de cara a este posible futuro de escasez y el 34,4% que sí lo ha hecho, piensa recurrir a ayuda familiar (35,5%), ahorrar dinero (23,9%) y solicitar ayudas públicas (21%).
PREFIEREN HABLAR DE TASAS QUE DE COPAGO
En cuanto a la posible necesidad de pagar por los servicios, Fierro ha destacado que los ciudadanos prefieren hablar de tasas (56,1%) que hablar de copago, entendiendo esta como el pago por el uso particular de un servicio público y establecida en función de la renta, así como de impuestos finalistas (49,6%), asociados directamente a políticas concretas de cobertura sociosanitaria. Subir los impuestos en general (34,2%), fijar el copago de algunos servicios (20,7%) o excluir servicios de la cartera (8,5%) convencen a menos ciudadanos.
El perfil del dependiente en España que dibuja el estudio es el de una mujer (72,8%) mayor de 80 años de edad (70%), con ingresos inferiores a 900 euros al mes (46,9%), que reside en su domicilio (90,3%), en la mayoría de los casos presenta problemas de movilidad (33,7%) y/o enfermedades tales como el Alzheimer (18%), problemas vasculares (18%) o artrosis (13,7%) y que es cuidada por otra mujer (67,6%) que en la mayoría de los casos (81%) es su hija o nuera.
Un 52,1% de estos dependientes encuestados recibe algún tipo de ayuda pública y la atención domiciliaria es la que se destaca como imprescindible. El 38,2% se encuentra en un estado de salud malo o muy malo de salud y un 43,1% está «regular», por lo que el estudio vaticina que en 10 años, el 80,9% de dependientes estarán mal o muy mal y, en general, habrán ido perdiendo autonomía en su vida cotidiana.
Aunque el 61,8% de los cuidadores sostiene que en un futuro el domicilio seguirá siendo el mejor lugar para atender a su familiar dependiente y por lo tanto, demandarán servicios que así lo permitan, el 32 por ciento de los encuestados ha señalado que requerirá una residencia el día de mañana y más de la mitad, espera que sea un centro público.
