Archivo diario: 6 mayo, 2013

Aerte desaprueba que el Gobierno «pueda siquiera plantearse un nuevo recorte en los derechos de las personas dependientes»

aertePara Aerte, Patronal de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, los nuevos recortes anunciados por el Gobierno en Dependencia impedirían a miles de dependientes vivir con un mínimo de dignida, vulnerando, con esta medida, los derechos de los dependientes y faltando, a su vez, al compromiso que asumió el Estado con la población dependiente, cuyos recortes anunciados de forma unilateral por el Gobierno, son rechazados por Aerte.

Según la patronal de la dependencia en Comunidad valenciana, esta nueva medida de ajuste, junto a los retrasos en los pagos, la disminución de beneficiarios de las prestaciones, el incremento del copago por los dependientes y todos los expedientes bloqueados que dejan sin atención a miles de dependientes con derecho reconocido, certifican la extinción objetiva de la Ley de Dependencia.

Así lo ha manifestado María José Mira, directora general de Aerte, quien ha subrayado la contradicción que supone recortar en la aplicación de derechos fundamentales para las personas Dependientes mientras que, por otro lado, se mantienen estructuras de despilfarro que hacen más injusta e insostenible la situación en la que se encuentran nuestros Dependientes.

Para la directora general de Aerte, no es de justicia que en España se destinen fondos públicos millonarios como grandes obras e infraestructuras que no ofrecen rentabilidad, cuando la alternativa que se ofrece como ahorro sea dificultar, aún más, el día a día de miles de personas dependientes y especialmente vulnerables.

Máxime cuando se ha demostrado con estudios independientes la rentabilidad económica del sector en retornos vía impuestos como IVA o IRPF, recaudación en seguridad social, etc, que suponen los fondos destinados a este sector, así cómo el impacto directo sobre el empleo, dado que se genera un trabajador directo por cada 2 plazas residenciales según la legislación existente.

Obviamente el simple anuncio de aplicación de nuevas medidas de recortes, además de ser socialmente perversas -dado que afectan a aquellos ciudadanos más débiles- conllevarían una destrucción de empleo más elevado que en otros sectores por la misma argumentación anterior. Aun se entienden menos estos anuncios, afirma la directora general cuando los políticos actuales no dejan ocasión para declarar su preocupación por las estadísticas de desempleo.

María José Mira califica estos nuevos ajustes presupuestarios anunciados como “medidas impropias de un sistema democrático comprometido con la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Cuando el pasado julio el gobierno anunció modificaciones en la Ley Dependencia que racionalizaban su aplicación, Aerte inocentemente aceptó dichas medidas por entenderlas como un comienzo de exigencia hacia la profesionalización del sector asumiendo que así, la ley de dependencia, se convertía en una ley de servicios.

Siempre creímos, señala Mira, que con los ahorros que se generaban al aplicar medidas de ajuste, como la modificación en los criterios del copago, se iban a atender a las personas en situación de dependencia que todavía no están asistidas. Nunca imaginamos, comenta la directora general de la Patronal, que los ahorros irían encaminados a recortar presupuesto directamente.

Aerte anuncia demandas judiciales

Ante esta situación y tal y como propusieron y aprobaron los asociados de AERTE en su reciente Asamblea General anual, la patronal de la Dependencia sólo ve una solución a la cegera e incapacidad que muestran nuestros dirigentes y que nunca se ha querido aplicar: aconsejar a los dependientes a que emprendan acciones jurídicas que puedan traducirse tanto en la reclamación del cumplimiento de la Ley de Dependencia en sus plazos, como en el respeto a la libertad de elección del usuario que ésta establece.

Aerte también ha anunciado otras acciones jurídicas como recursos contra las órdenes de Bono (por entender que se tratan de plazas concertadas de centros que deben de tratarse equitativamente que el resto de operadores del sector) y contra la supuesta firma de un contrato que sólo beneficiaría a unas pocas empresas en detrimento de la gran mayoría del sector cuando el coste de dichas plazas es justo el doble que las ayudas de la dependencia; así como contra los concursos públicos del sector que se liciten por debajo del coste legal.

La patronal no ha tenido más remedio que personarse, por tratarse de un tema que afecta a la mayoría de sus asociados, en todos los recursos presentados por algunas empresas que defienden una falsa exclusividad del concierto de sus plazas frente a cualquier otro tipo de financiación pública.

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Clece recibe el Certificado DisCert por su compromiso con la discapacidad

Certificado DisCertEl Grupo Clece ha sido reconocido con el Certificado DisCert, distinción europea que valora y reconoce a las empresas y organizaciones que integran a personas discapacitadas. Este certificado verifica que Clece cumple con los requisitos que establece la ley con respecto a la integración social de personas con discapacidad.

El certificado fue recogido por Iñigo Camilleri, Director de Selección y Desarrollo de Clece,  que, además de agradecer el reconocimiento, compartió con los asistentes en una ponencia posterior la experiencia de la compañía en Responsabilidad Social Corporativa, centrándose principalmente en la  contratación y gestión de personas con discapacidad como parte sustancial del modelo de Responsabilidad Social de Clece.

Clece supera el límite mínimo exigido por la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad –LISMI- que obliga a las empresas de más de 50 personas, tanto privadas como públicas, a reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas con alguna discapacidad. En la actualidad cuenta con más de 2.600 personas con alguna discapacidad.

Compromiso social con colectivos en riesgo de exclusión

Dentro de sus políticas de responsabilidad social (RSE), Clece cuenta con acuerdos con diversos organismos, tanto a nivel nacional como regional, para la integración de personas con discapacidad. Una labor cada vez más activa y que complementa con el trabajo de técnicos especializados en inserción laboral.

Este compromiso de la compañía con colectivos vulnerables, no sólo se limita a personas con discapacidad sino también a personas en riesgo de exclusión social y mujeres que sufren violencia de género. En este sentido, Clece colabora con más de un centenar de asociaciones y entidades sociales como fuente de reclutamiento de estos colectivos.

Igualmente, el compromiso de Clece con la igualdad de oportunidades llevó a la compañía, en 2007, a incorporar a su red su propio Centro Especial de Empleo. Adquirió entonces Integra CEE, cuyo objetivo es facilitar la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad. El centro cuenta hoy con cerca de 1.000 trabajadores, donde más de un 90% tiene una discapacidad superior al 33%.

El Certificado DisCert©se obtiene después de una verificación por entidades homologadas, en función del cumplimiento no sólo de la legislación vigente sino también de otras acciones que mejoran el compromiso real de la empresa con las personas discapacitadas. Según Discapanet (informe 2009) el 84% de las empresas españolas incumple la legislación actual y un 90% de las entidades públicas o de participación pública.

Acerca de CLECE

CLECE es una empresa de multiservicios, líder en servicios integrales a empresas. Con 61.400 personas y presencia en todo el territorio nacional, CLECE ofrece servicios de limpieza, mantenimiento, energía, logística, aeroportuarios y servicios sociales, así como otros servicios profesionales, para todo tipo de instituciones y empresas en todos los sectores.

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Las plataformas por la Ley de Dependencia plantan cara al “hachazo” del Gobierno

PlataformaLa Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia se ha sumado a las críticas de varias organizaciones hacia los recortes que el Plan Nacional de Reformas 2013 (PNR), presentado el 26 de abril tras la reunión del Consejo de Ministros, contiene en materia de dependencia. En palabras de la asociación, la rebaja en el gastosupondrá una «condena a la exclusión social, e incluso a la muerte» para miles de personas.

De acuerdo con las estimaciones del PNR, los recortes en atención a personas dependientes ascienden a un total de 1.108 millones de euros sobre lo presupuestado para este año. Dado que la partida inicialmente consignada era de 1.087,18 millones de euros, los cuidados que costea el Estado no podrían ser financiados, ya que el saldo sería negativo: -20,82 millones de euros si el Ejecutivo cumple al máximo el objetivo de ahorro. «Es un hachazo definitivo a la Ley de Dependencia yun acto de profundo desprecio hacia la vida humana«, asegura al respecto el portavoz de la coordinadora, José Luis Gómez-Ocaña.

Sobre el fondo de la cuestión, Gómez-Ocaña opina que se trata de una cuestión ideológica: «Es evidente que la Unión Europea le ha pedido al presidente Rajoy una cabeza, y Rajoy, en un acto de valentía suprema, ha ofrecida la cabeza de la dependencia, de los más débiles, que pasan a tener cero medios», afirma, y añade que en ningún caso pueden señalarse los recortes como una cuestión económica: «Antes de julio de 2012, la dependencia suponía un gasto del 0,6% del PIB. No era una cantidad importante. Lo que ocurre es que quieren trasladar el negocio de los cuidados al sector privado».

Así, la plataforma asegura que «en paralelo al desmantelamiento de la ley» han surgido varias compañías aseguradoras privadas que ofrecen prestaciones para dependientes. «El objetivo es que el que pueda pagarse un seguro tenga un seguro de dependencia. El que no, quedará en manos de la beneficencia, como en los años 60 o 70«, señala Gomez-Ocaña.

Recortes a los beneficiarios y freno a las altas

Los dependientes denuncian además la puesta en marcha de diversas estrategias encaminadas a reducir el gasto a costa de empeorar sensiblemente la atención y las prestaciones que reciben. Así, Gómez-Ocaña explica que son frecuentes las «reevaluaciones». Se trata de someter al beneficiario a una nueva evaluación médica que, según su versión, acaba frecuentemente en una rebaja del nivel de la prestación reconocida: «Son reevaluaciones en silencio, de oficio. Es gente que obviamente ha empeorado con el tiempo y a la que ahora se le dice que su dependencia es menor para dejarla sin prestación», dice.

También se ha frenado el proceso de evaluación para nuevos beneficiarios: «Se ha creado interesadamente un embudo de hasta 18 e incluso 20 meses para las valoraciones», explica. Los dependientes no pueden acceder a ninguna de las prestaciones de la ley hasta que no cuentan con ese dictamen, y la situación ha empeorado recientemente, pues se ha vinculado la prestación de servicios de asistencia social por parte de los Ayuntamientos a esa misma evalución médica. Sin ella, las personas afectadas no pueden optar ni a las medidas de la Ley de Dependencia, ni tampoco a los programas que ponen en marcha los municipios.

«El Gobierno quiere dejar morir la ley a medida que mueran los actuales beneficiarios. La idea es no reconocer nuevas prestaciones, no cubrir la tasa de reposición, y eso es lo que se está haciendo», cree Gómez-Ocaña. «Es impropio de un Gobierno digno cargar el pso de la crisis en los más débiles. El Partido Popular ha mostrado su verdadera ideología e intenta negar el derecho a una vida digna de los afectados», dice.

Nada que perder

Ante esta situación, «la gente está muy asustada porque no ve cómo va a poder hacer frente al cuidado de los dependientes«, dice el portavoz de la coordinadora, que señala como especialmente alarmantes son los supuestos de «gran dependencia», en los que la persona requiere cuidados continuados y asistencia para realizar cualquier actividad cotidiana. «Los familiares tienen miedo de no poder seguir cuidando a sus seres queridos. Con el recorte en las prestaciones, hay gente que tendrá que elegir entre comer o costear su tratamiento médico«, asegura.

Las diferentes plataformas en defensa de la Ley de Dependencia a nivel nacional han decidido coordinarse y organizar diversas acciones de protesta. «Puedo asegurar que no tenemos nada que perder. Preferimos morir de pie que de rodillas», explica Gómez-Ocaña. El portavoz añade que actos como manifestaciones suponen un importante reto para el colectivo, puesto que se trata de un grupo de personas «muy difícil de movilizar»: «La mayor parte está en cama o en una silla de ruedas, por eso tenemos que ser todos los demás los que salgamos a dar la cara», comenta.

Aún no hay cerrado un calendario definitivo de acciones. La coordinadora señala que busca «medir muy bien las protestas» en un momento en el que el Ejecutivo «está aplicando una política represiva en cuanto a manifestaciones». Por su parte, Gómez-Ocaña está convencido de que la movilización social es la única opción que tienen los dependientes para «defender sus intereses y defender, sobre todo, su vida». «Nunca podrán quitarnos la capacidad de lucha y la dignidad de la que carece este Ejecutivo», concluye.

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El CERMI da por muerta la Ley de Dependencia si se aplican los nuevos recortes

CermiEl Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alertado de que aplicar nuevos recortes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia supondría «la defunción de la norma y un gran fracaso social».

En este sentido, el CERMI ha asegurado que el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia «languidece desde hace muchos meses, por lo que someterlo a nuevas medidas de contención y ahorro sería frustrar las expectativas de atención de cientos de miles de personas mayores con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual». «Recortar más la Ley constituiría un acto fallido del Estado y de la sociedad en su conjunto, que significaría dejar a su suerte a los segmentos más vulnerables, en términos de derechos y bienestar del país», ha precisado en un comunicado.

Asimismo, ha subrayado que la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia «es un valor social inmenso que no puede estar continuamente en juego». Por ello, ha expresado que «requiere el apoyo explícito y permanente con hechos y decisiones de las Administraciones responsables, del Gobierno central y de las comunidades autónomas».

Finalmente, ha reclamado que todas las fuerzas políticas y los sectores sociales de mayores y discapacidad suscriban «un gran pacto para salvar la Ley y el Sistema, que permita alcanzar las previsiones con las que surgieron y que les dote de estabilidad institucional y financiera».

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Más de 12.800 valencianos tienen ya la tarjeta del mayor

Asunción Sánchez ZaplanaLa Conselleria de Bienestar Social ha emitido desde que se inició el programa en junio del pasado año un total de 12.871 tarjetas del mayor, un documento que permite a los portadores, mayores de sesenta años, beneficiarse de un sinfín de ventajas en numerosos establecimientos de la Comunitat Valenciana.

Según los datos actualizados del Departamento que dirige Asunción Sánchez, en la provincia de Valencia hay 8.870 beneficiarios, en la Alicante, 2.798 y en la de Castellón, 1.503. Además, el 51 por ciento del total son mujeres y el 49 por ciento, varones.

En cuanto a las solicitudes, dicha área recibió un total de 13.672. La mayoría de ellas, de personas de edad comprendida entre 65 y 75, el 55 por ciento, lo que se traduce en 7.583 ciudadanos. Rellenaron también los papeles 2.711 menores de 65 años y 2.879 entre 75 y 85 años. Mayores de 85, tan solo registraron 499 peticiones.

La tarjeta del Mayor es una iniciativa de la Generalitat que tiene por objetivo que sus titulares puedan acceder a una serie de ventajas y descuentos en establecimientos y servicios sociosanitarios como ópticas, clínicas dentales, agencias de viajes o casas rurales. En total, hay adheridas al programa 312 entidades.

Pese a que destaca la participación de empresas ortopédicas, ópticas y odontológicas, en el catálogo hay establecimientos de todo tipo. Desde funerarias hasta panaderías, pasando por una tienda de informática.

De la tarjeta pueden beneficiarse todas aquellas personas que hayan cumplido ya 65 años o que sean pensionistas mayores de 60. Además, han de residir en alguno de los municipios de la región valenciana. Las solicitudes deben presentarse en las direcciones territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las oficinas Prop de la Comunitat, en los centros Especializados de Atención a mayores o en los servicios sociales de los Ayuntamientos.

La directora general de Acción Social y Mayores, Pilar Albert, mostró su satisfacción por la acogida del proyecto, «como muestra el número de documentos acreditativos expedidos y de las empresas y comercios que participan».

En esta línea, aseguró que las personas mayores «merecen» todo este esfuerzo del Consell, «para mejorar su calidad de vida».

«Se trata de una iniciativa muy importante de apoyo a nuestros mayores, el Gobierno valenciano es consciente del papel tan importante que están jugando en la sociedad por su inestimable experiencia y porque, en una época complicada como la actual, están siendo el pilar y apoyo de muchas familias y cualquier descuento o ventaja que puedan obtener es una gran ayuda».

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