Por su interés, reproducimos el post de Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en su blog http://www.lawyerpress.com

No hace ni siete años que se aprobaba en España una Ley, la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, así rezaba su denominación oficial, que a pesar de sus muchas insuficiencias parecía inaugurar algo inédito en nuestro país, a saber, el abordaje de las necesidades sociales más básicas de extensas capas de población –personas mayores y personas con discapacidad que precisan apoyos intensos para su autonomía individual- en clave de derechos. Este clase de necesidades no había tenido hasta entonces una respuesta firme en términos de derechos, por lo que con reticencias y aprensiones, que las hubo, y justificadas, tanto por el modo en que se hizo como por el resultado obtenido, fue saludada como un avance social. El lance estaba hecho, y podía concluir más o menos bien, a reserva de la intervención del azar, que como dijo el poeta nunca puede ser abolido.

En estos casi siete años de despliegue, un sino aciago parece haberse apoderado de esta Ley, frustrando amargamente las expectativas de cientos de miles de personas y de sus familias que aguardaban, en una suerte de justicia histórica, tan desacostumbrada para ellas, el comienzo de una cierta reparación a una demanda tan antigua como insatisfecha. Los motivos de este fracaso social, particularmente cruel por lo mucho que prometía y sobre todo por a quienes lo prometía, no son solo económicos, no son ni siquiera principalmente económicos, aunque la aguda crisis de estos últimos años haya precipitado el fracaso que se gestaba.

¿Dónde estarían pues las causas de este resultado adverso? ¿Acaso España como comunidad política es incapaz de un proyecto ambicioso de mejora colectiva destinado a las partes de la ciudadanía más castigadas? ¿Si el fin perseguido suscitaba un amplio consenso social y político, qué ha malogrado su consecución? Las concausas son variadas, como siempre que nos enfrentamos a hechos complejos. Citemos algunas, las más notables. Defectos de origen, como la no incardinación de esta modalidad de protección social en la esfera de la Seguridad Social que por suerte sigue siendo atribución del Estado, y que la hubiera dotado de estabilidad y dirección única. Lejos de eso, el precario título competencial sobre el que se ha desarrollado, ha condenado al naciente sistema a quedar a resultas de la rebatiña permanente entre la Administración central y las Comunidades Autónomas, colocándolo en una tierra de nadie, que más parece cementerio inerte que campo abonado para dar frutos. Defectos de despliegue, producto de una gobernanza anómala sin centro de decisión definido ni participación de aquellas partes de la ciudadanía que son las destinatarias naturales de sus pretendidos beneficios. Falta de buena fe y clamorosa ausencia de lealtad institucional de los operadores políticos llamados a implantarla, que se han desangrado en estos años en disputas partidistas improductivas, como si las miras altas estuvieran vedadas a los responsables públicos. Y la crisis, también la crisis, pero en menor medida y a título de falsa coartada, que todo lo excusa y justifica.

Estos días se anuncian nuevos recortes en materia de autonomía personal y dependencia, y durante un tiempo, esta situación terminal reverdecerá un tanto en los medios y algún eco llegará a la opinión. Pero como los temas sociales carecen de prestigio en nuestra vida pública, el asunto pasará, sin pena ni gloria. El golpe de gracia puede estar avecinándose y quedarían solo los engorrosos trámites de todo deceso, el levantamiento del cadáver, la partida de defunción, la autopsia. Una Ley y un sistema de protección social condenados por las culpas de otros, espera en el corredor de la muerte. La fecha fatídica se acerca o al menos eso parece. Como en las películas norteamericanas, queda una última esperanza, que el Gobernador telefonee comunicando la conmutación de la pena. En esas estamos, con la soga al cuello. ¿Quién nos salvará?

Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

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