Archivo diario: 13 mayo, 2013

Sanitas Residencial Zaragoza obtiene la certificación como ‘Centro no sujeción de Libera-Ger’

Cristina Santín  Sanitas Residencial Zaragoza ha obtenido la certificación como ‘Centro no sujeción de Libera-Ger’ que otorga la Fundación Cuidados Dignos. Se trata del primer centro que consigue esta certificación en Aragón.

   Esta certificación supone un reconocimiento al proyecto ‘Por una residencia sin sujeciones’ que puso en marcha Sanitas Residencial Zaragoza y que ha conseguido eliminar el uso de las sujeciones y cambiar la filosofía de cuidados de la residencia. El resultado de este programa es que de los 37 residentes que utilizaban sujeciones en el centro, en la actualidad ninguno los necesita.

En este sentido, la directora de Sanitas Residencial Zaragoza, Cristina Santín, ha asegurado que cada caso ha sido estudiado de forma individual estableciéndose un plan de acción específico en función de las características del residente. De hecho, su progreso era estudiado en cada reunión de forma individual, aplicándose un tratamiento y unas pautas que eran transmitidas a todo el equipo de geriatría.

Desde que Sanitas Residencial puso en marcha el proyecto a principios de 2011, el número de residentes con sujeciones a menos de un 8 por ciento, cuando la prevalencia en España supera el 30 por ciento.

Además, trece centros de la compañía ya han conseguido la acreditación ‘Centro Libre de Sujeciones’ que concede la Confederación Española de Organizaciones de Mayores mientras que otras cinco residencias más han completado la certificación como ‘Centros no sujeción de Libera-Ger’.

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Aerte recurre el bloqueo de los expedientes aprobados que no reciben prestación

AERTEAerte ha reclamado un acuerdo estatal que implique tanto a Gobierno Central como a CCAA, y en general, a todos los agentes involucrados en el sistema para evitar la desaparición de la Ley de Dependencia y con ello, el abandono en que entrarían miles de personas cuya atención no es compatible con los recortes que aplica el Gobierno, ni con los retrasos en los pagos, ni con la ausencia de resolución de expedientes que  han sido aprobados.

Esta es la posición fijada por Aerte, en un contexto de recortes aplicados sin contar con los agentes del sector que, contradiciendo los argumentos esgrimidos por el Gobierno, no suponen una aplicación de la Ley de Dependencia con criterios de calidad y racionalidad, ni implican una derivación hacia la contratación de servicios profesionales, ni tampoco la incorporación de dependientes reconocidos al  sistema,  más bien al contrario, se han disminuido a los dependientes las cuantías de las prestaciones sin justificación aparente alguna.

Frente a esta situación, calificada como grave error por Aerte -a tenor de la rentabilidad que supone para la arcas públicas  la inversión en Dependencia- en la última Asamblea de Aerte, se aprobó la ejecución de acciones jurídicas en contra de la actual política en materia de dependencia llevada a cabo por la Administracion Valenciana consistente en una actuación pasiva en la resolución de los expedientes, algunos de ellos desde el año 2009. Esto provoca que en algunos casos, personas dependientes fallecen sin haber visto resuelta su ayuda.

En respuesta a esta situación,  la patronal ha pedido a sus asociados que soliciten a la Administración una interpretación del silencio administrativo en aquellos expedientes con un plazo superior al que establece la Ley, esto es, de los seis meses desde el inicio del mismo sin haber recibido resolusión de la PVS a pesar de tener derecho a ésta según establece la Ley de la Dependencia.

A su vez, Aerte ha puesto a disposición de los Dependientes, un servicio de asesoramiento jurídico para aquellos que se encuentren en esta situación de desamparo por incumplimiento de la ley por parte de la Administración y que posteriormente puedan interponer un Recurso Contencioso Administrativo en contra de la Consellería.

Con respecto a la minoración de las cuantías de las PVS sin comunicación previa, Aerte esta trasladando cada una de dichas disminuciones al Sindic de Greuges, teniendo en cuenta además que la Comunidad Valenciana ha sido la única autonomía donde se han aplicado recortes  sin notificación ni aclaración previa a la población dependiente, dejando en una situación de indefensión a los receptores, de pleno derecho, de dichas ayudas.

Para Aerte, las medidas de “ahorro” anunciadas por el Ejecutivo no están alineadas con la voluntad de potenciar la Atención Profesional en el sector de la Dependencia, sino que tal y como se han planteado, suponen un claro recorte muy perjudicial para la población en situación de dependencia, y a su vez, insostenible para el sistema.

Así lo ha manifestado la Directora General de Aerte, María José Mira, para quien el Gobierno aplica medidas en teoría más racionales y equitativas pero al mismo tiempo, la Comunidad Valenciana no resuelve las prestaciones vinculadas al servicio de los dependientes con expedientes aprobados desde hace años, y disminuye las cuantías de los que ya tenían un derecho reconocido por tener una resolución administrativa, sin comunicarlo previamente, hechos que sumados a los retrasos que ha experimentado y aún experimenta el sector, hacen insostenible la atención profesional.

Frente a esta situación de dificultades económicas que sufre el sector y el bloqueo en la resolución de expedientes, Aerte considera necesarios acuerdos políticos, económicos y sociales que hagan viable el sistema de atención a la dependencia, que afecta a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Ayer se puso en marcha en IESE la Mesa de Debate sobre Dependencia, promovida por la Federación Empresarial de Asistencia a la Depenencia (FED) y la Fundación Economía y Salud. Un espacio de reflexión de carácter itinerante que contó con la presencia de César Antón, Director General del Imserso, quien negó la existencia de nuevas medidas de ahorro en el sistema de dependencia, en alusión a los 1.108 millones anunciados en el Plan de Reformas que, según el Director del Imserso, proceden de actuaciones acordadas en el Consejo Territorial de Junio 2012.

En el curso de su intervención, César Antón transmitió su intención y compromiso de impulsar y continuar con la profesionalización de los servicios para atender a las personas en situación de dependencia”.

Estas palabras han sido valoradas positivamente por María José Mira, Directora General de AERTE, para quien ha calificado de contradictorio que la Comunidad Valenciana sea la única autonomía que no sigue las directrices del Imserso relativas a salvar la Ley de Dependencia mediante resoluciones de Prestaciones Vinculadas al Servicio, el tratamiento igualitario de personas con mismo nivel de dependencia y capacidad económica y en particular, reconociendo a todas  estas personas los servicios profesionales acreditados como dentro de la red de servicios sociales y no sólo a una parte de esta población dependiente.

Frente a la necesidad de establecer unas reglas igualitarias en el sector que redunden en un mejor servicio global al dependiente, la directora general de Aerte ha aludido a un contrato que ha aportado a diez empresas importantes beneficios, concertándoles 2. 000 plazas que deberían haber salido a concurso público y que por ello, está llevando a la muerte de las empresas del sector y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.

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El Ayuntamiento de Ourense adjudica el servicio de teleasistencia domiciliaria a la empresa Clece

Ayuntamiento de Ourense   La junta de Gobierno local de Ourense ha acordado adjudicar la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria a la empresa Clece, S.A, que «presentó la oferta más económica cumpliendo con las prescripciones del pliego, siendo este el único criterio de la adjudicación».

   De ello ha informado el Consistorio en un comunicado en el que ha indicado que Clece prestará este servicio por un importe de terminal/mes de 17,58 euros –IVA incluido–, lo que significa una bajada de 18,23 por ciento respecto al presupuesto de licitación.

Con este acuerdo, el Consistorio ha señalado que «da continuidad» a este servicio de atención a las personas mayores, que hasta el año pasado prestaba la Diputación provincial, a través de un convenio con el Imserso y que desde este año el Ayuntamiento deberá prestar en solitario en la ciudad, financiando en la totalidad su coste, de unos 60.000 euros anuales, que permiten dar atención gratuita a un total de 237 personas mayores.

SEÑALIZACIÓN DEL COMPLEJO DE EIROÁS

En la reunión de este jueves, la junta de gobierno local también ha aprobado cuatro medidas de mejora de la señalización y aparcamiento en el entorno del complejo deportivo de As Eiroás a propuesta de la concejalía de Policía Local y Tráfico que atendía a una petición vecinal.

Además, en la misma sesión, se han desestimado cinco reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que solicitaban indemnizaciones por daños y pérdidas que, supuestamente, se les irrogaron a consecuencia de la anulación por sentencia judicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense del año 2003.

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El TC anula la ley autonómica que denegó la dependencia por silencio administrativo

impagosEl Tribunal Constitucional (TC) obliga a la Generalitat a notificar personalmente a quien deniegue una prestación que haya solicitado en amparo a la ley de Dependencia. El alto tribunal ha declarado inconstitucional la disposición adicional número once de la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008 que rezaba: «en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimanción de la solicitud formulada por silencio administrativo». El Consell ya rectificó esta norma en 2009, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Bienestar Social.

La norma impulsada por el Consell en 2007 y aprobada por las Corts el 27 de diciembre del mismo año fue recurrida por el Defensor del Pueblo. El Consell defendía que la medida era necesaria para ahorrar, argumento que tumba el Tribunal Constitucional al entender que «el eventual ahorro se produciría únicamente cuando la denegación fuera firme, no bastando para ello su desestimación inicial». Los magistrados anulan la norma pero su decisión no afectará a las situaciones que hasta la fecha de hoy se hayan denegado así.

Para el TC la disposición adicional que denegaba ayudas por silencio administrativo «se encuentra fuera del contenido constitucionalmente admisible de una ley de presupuestos autonómica». Además de tumbar el argumento de la Generalitat, el TC considera que «la norma se reputa contraria al artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica)».

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) anunció ayer la interposición de recursos contencioso-administrativos por el bloqueo de los expedientes aprobados que no han recibido prestación. La patronal de la dependencia pide un acuerdo «estatal» que implique al Gobierno y a todos los agentes competentes para evitar que desaparezca la ley de Dependencia.

Más de 3.000 personas contra los impagos
Miles de personas recorrieron ayer las calles de Valencia para denunciar el retraso por parte del Consell en el pago de servicios y entidades que atienden a personas con discapacidad, centros cuya situación consideran «dramática» debido a que algunos trabajadores llevan cinco meses sin cobrar. La manifestación fue convocada por la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia (CDD) y fue desde la estación del Norte de Valencia hasta la Conselleria de Bienestar Social y la Generalitat. Más de 3.000 personas, según fuentes de la organización, participaron en una marcha que iba encabezada por una pancarta con la frase «Por el respeto, la dignidad y la justicia social» y durante la cual se gritaron frases como «la dependencia no se vende» o «dignidad para la discapacidad».

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