Archivo diario: 27 mayo, 2013
Casi la cuarta parte de los mayores de 65 años tiene problemas para salir a la calle y transitar por las calles sin riesgo para su salud
Motos aparcadas en medio de la acera, farolas o papeleras que impiden el paso en sitios estrechos, firme en mal estado… para la mayoría de los viandantes son un fastidio, pero para las personas de más edad son obstáculos a veces insalvables. Casi la cuarta parte de los mayores de 65 años, en concreto un 23,9% declaran tener problemas de accesibilidad, según el Barómetro del Mayor de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP).
El 8,8% de los afectados afirma encontrar los mayores problemas de accesibilidad en las calles de los municipios, seguido del acceso a las viviendas (8,5%), al transporte público (7,2%), a los edificios públicos (4,8%) y a parques o plazas (4,3%).
«Son riesgos potenciales para una persona mayor a sufrir caídas, por lo que pedimos a las administraciones especialmente a las locales que mantengan su inversión en la mejora de las vías de tránsito, así como el acceso al transporte público, cuyos principales usuarios son las personas mayores», señala el presidente de UDP, Luis Martín Pindado, que añade: «No podemos confinar a las personas mayores en su hogar porque carezcan de ascensor o rampas de acceso».
Los problemas de accesibilidad impiden a uno de cada tres (33,1%) afectados mayores de 65 años realizar algunas actividades como acceder a lugares con escaleras, sin rampa ni ascensor (49,3%); realizar la compra (29,4%) o la limpieza doméstica (28,8%); o utilizar el transporte público (10,7%).
Para Pindado es imprescindible seguir trabajando en planes de accesibilidad, y ayudando económicamente a aquellas personas quenecesitan realizar algún tipo de reforma en su vivienda. «Garantizar que las personas mayores vivan en su hogar y en su entorno es una inversión a futuro, tanto por el beneficio económico como social que esto produce», asegura el presidente de UDP.
El 5,4% de las personas mayores tienen dificultad para moverse sin riesgo en sus propias viviendas o en el acceso a su edificio. De éstas, el 82,7% cree que sería necesario realizar obras para mejorar la accesibilidad como la instalación de ascensores o su adaptación (53,1%); de rampas o pasamanos (32,4%). En cuanto a las mejoras en el interior, para el 23,2% sería necesario reformar los cuartos de baño y para el 6,9% la instalación de calefacción o aire acondicionado. Tan sólo el 1,1% se refieren a la mejora de la iluminación.
La mayor parte de los mayores de 65 años (64,2%) afirman no conocer la existencia de ayudas de las administraciones públicas para realizar obras de mejora y accesibilidad en la vivienda, siendo el colectivo con ingresos más reducidos de hasta 750 euros al mes los menos informados (22,3%), frente a quienes ingresan más de 1.250 euros al mes (51,6%).
Sin embargo, más de la mitad (53,2%) afirma que su ayuntamiento sí se preocupa por hacer más accesible su ciudad, percepción que es mayor entre quienes viven en el ámbito rural (62,8%), o en ciudades de más de 100.000 habitantes (58 %), excepto en Barcelona y Madrid con un porcentaje del 34%. La percepción de aquellos que viven en ciudades pequeñas (hasta 100.000 habitantes), es diez puntos menor (48%) que entre aquellos que viven en grandes ciudades.
Expertos coinciden en la importancia de planificar «la etapa de la vejez para tener una calidad de vida digna»
Fundación SERES, Caser y Vodafone han organizado la jornada ‘Envejecimiento, crisis y RSE’, en la que se apuesta por «planificar la etapa de la vejez para tener una calidad de vida digna» y del papel importante que las empresas deben tener en este tema.
Así lo ha manifestado el director general de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE, Miguel Ángel García Martín, al cierre de estas jornadas, que han tenido lugar en el Club Financiero Génova. «Debemos entender que el envejecimiento es una oportunidad gracias al logro del incremento de la esperanza de vida», ha sentenciado.
En la jornada también ha participado la directora general de Fundación Seres, Ana Sainz, que ha instado a «anticiparse a los problemas que atraviesa la sociedad», y añade que «el envejecimiento es uno de ellos en el que están trabajando muchas de las empresas de la fundación».
La empresa de estudios de mercado Feebbo, realizó un estudio para Fundación Seres sobre «hábitos de consumo en mayores de 50 años», en la que se ponía de manifiesto que «los mayores son uno de los colectivo a los que más está afectando la crisis» y que «el 94 por ciento de ellos consideran que las empresas podrían realizar más actuaciones enfocadas al colectivo».
Por su parte, el coordinador General de Cruz Roja Española, Antoni Bruel, ha recordado que el 20 por ciento de los mayores de 80 años tienen alto riesgo de enfermedad y dependencia. «Este colectivo debe diferenciarse del grupo de edades comprendidas entre 65 y 79 años, es un grupo totalmente distinto», ha matizado.
«Nuestras preocupaciones deben centrarse en la permanencia de estas personas en el entorno, en poco tiempo nos encontraremos con un problema de trabajo sumergido en personas mayores de 65 años que hay que solucionar», ha apostillado.
En la segunda parte, con el nombre ‘Retos en materia de RSE. Tecnología, productos y servicios’, han intervenido el director de Sostenibilidad y Calidad de Vodafone, José Manuel Sedes, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales en Caser, Juan Sitges.
En este sentido, Sedes ha explicado que la estrategia de Sostenibilidad de Vodafone está centrada en hacer la vida más fácil a los colectivos desfavorecidos. Así, ha insistido en que «los mayores piden que se hagan productos adaptados para ellos» y, por ello, «se apuesta por dispositivos accesibles, tratando de disminuir la brecha digital que existe en este colectivo».
Por último, Sitges ha hablado de la labor de Caser en el envejecimiento. «La etapa de la vejez no se debe politizar. Las personas mayores son un colectivo que está sufriendo grandes dificultades, hay que planificar la etapa de la vejez para que tengamos una calidad de vida digna», ha sentenciado.
Imputados por estafar a ancianos de una residencia con recetas de fallecidos
Dos responsables de una residencia de ancianos de Roquetas de Mar han sido imputados por la presunta estafa cometida al utilizar las recetas electrónicas de 26 personas fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012, con las que pudieron defraudar al sistema público de salud algo más de 10.000 euros, ha informado la Guardia Civil.
La operación ‘Pegollo’ se inició después de que durante una visita de inspección de las instalaciones de la residencia, los inspectores de la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería detectaran una serie de irregularidades, en cuanto a la facturación de medicamentos dispensados mediante receta electrónica, a pacientes fallecidos de la residencia, hechos de los que informaron a a la Guardia Civil.
En su investigación, los agentes de este cuerpo confirmaron que la residencia continuaba haciendo uso de la tarjeta sanitaria de ancianos con posterioridad a su fallecimiento, con lo que recibía de forma gratuita y durante el periodo de validez del tratamiento los medicamentos y productos sanitarios recetados al paciente, que destinaban a otros residentes.
Este es el segundo caso de fraude con recetas de pacientes fallecidos que se ha descubierto en Almería en 2013, puesto que a primeros de año fueron también imputados los dos responsables de una residencia de ancianos de Vícar. En este caso, los agentes de la Guardia Civil detectaron el uso de las recetas electrónicas de 24 personas, fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012, que supuso un coste de 4.367 euros para el erario público.
Las estafas a la Dependencia se castigan con multa de hasta un 1 millón
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en una medida que se adapta como un guante a los tiempos actuales, aprobó hace días un decreto que modifica el reglamento de funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales y que persigue multar a los que infrinjan la aplicación de los recursos obtenidos con la Ley de Dependencia. En definitiva, acabar con el fraude -si es que lo hay-.
La norma -que recae sobre particulares e instituciones- desarrolla el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la Ley de Dependencia. El texto andaluz consolida el modelo sancionador previsto en la ley estatal y establece para faltas leves multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 a instituciones proveedoras de servicios. Para las graves, las cuantías oscilan entre 300 y 3.000 euros para cuidadores y entre 30.000 y 90.000 euros para entidades, mientras que las muy graves se sitúan entre 3.001 y 6.000 euros para particulares y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores.
Los cambios -anunció el ejecutivo andaluz- se dirigirán sobre todo a vigilar la labor del servicio de ayuda a domicilio, así como las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. En Andalucía, los profesionales de la inspección realizaron el año pasado 74.209 visitas domiciliarias, de las que 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo.
La tarea inspectora se va a reforzar. Aunque sea por el simple hecho de que los trabajadores tienen más tiempo libre: «Los que ejercían de valoradores de los solicitantes para ver si tenían derecho a recibir o no una ayuda han sido destinados a realizar inspecciones. Las altas están paralizadas desde hace año y medio», explica un funcionario granadino. También señala que -ante los recortes del Gobierno central y la escasa disponibilidad presupuestaria de la Junta- el personal encargado de agilizar las prestaciones está ahora destinado a perseguir a los infractores de la norma.
Como consecuencia, la Inspección de Servicios Sociales detectó en Andalucía en el año 2012 un total de 51 infracciones, de las que 15 fueron leves, 35 graves y una muy grave. «En cuanto a recursos asistenciales en Jaén, los inspectores impusieron durante 2012 una falta grave», aseguran en la Junta de Andalucía. La media de las sanciones graves fue de 9.200 euros y las muy graves, 37.000 euros, explican fuentes de Salud y Bienestar Social.
«Nos criminalizan»
Algunos ciudadanos afectados entienden el recrudecimiento de las medidas persecutorias, pero otros las ven como una sinrazón. «A mí me parece maravilloso que se persiga a los infractores, lo que me parece una barbaridad es que el Gobierno esté recortándonos a todos las prestaciones, sin asegurarse primero de quiénes hacemos buen uso de ellas o no. Los gobernantes no se dan cuenta de que esas miguitas de pan que suponen la Ley de Dependencia son un balón de oxígeno para quienes vivimos esta situación. Si nos la quitan, nos asfixian», explicaba ayer Carmen, madre de un niño discapacitado.
«Me parece indigno y descabellado que se criminalice a los ciudadores, una población que tiene a sus espaldas la responsabilidad económica y moral de una persona dependiente, mientras se permiten fraudes como los ERE, Urdangarin o Bárcenas, que no devuelven el dinero robado. Solo con los más de mil millones de los ERE en Andalucía se podrían pagar dos años de la Ley de Dependencia a los andaluces. Nos condenan a los más necesitados», declaraba Natalia Gómez, funcionaria jubilada e hija de una anciana con alzhéimer, que percibe por la atención a su madre 370 euros.
No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, explicó el día que vio la luz verde la norma que se reforzaban los mecanismos de inspección no porque hubiera habido muchos fraudes, sino para que las personas dependientes recibieran la mejor calidad posible en sus cuidados.
La administración autonómica (que financia el 70% frente al 30% del Gobierno central) ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en el 2006 y en los presupuestos de este año se consigna una partida inicial de 1.108 millones.
Nuevo cheque de ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, ha anunciado la creación de un cheque de Ayuda a Domicilio, que permitirá al propio usuario elegir la persona o entidad acreditada que quiere que le preste este servicio.
El director general ha mantenido un encuentro con representantes de asociaciones de mujeres del medio rural, en el que han participado la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, y miembros de la Junta Directiva de cuatro provincias de la región, según ha informado la Junta en nota de prensa.
En este marco, el director general y las representantes de AFAMMER han acordado trabajar «de la mano» en la renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio que la Junta de Comunidades presta a los ciudadanos que lo precisan en Castilla-La Mancha.
Esta «innovadora» propuesta, ha dicho García Ferrer, servirá de vía para que muchas mujeres del medio rural puedan trabajar como autónomas o cooperativas de iniciativa social. «Así favoreceremos la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestros municipios», ha señalado.
Hasta el momento, este servicio lo prestan los ayuntamientos, a través de subvenciones concedidas por la propia Junta de Comunidades. La puesta en marcha de este proyecto vendrá a complementar la estructura del mismo a través de personas o entidades acreditadas. Además, el nuevo modelo de cheque de Ayuda a Domicilio, que comenzará a funcionar a principios del próximo año, permitirá que el ciudadano elija a la persona que le preste este servicio.
Llegar a todos
El motivo que ha llevado a replantearse y modificar la estructura del Servicio de Ayuda a Domicilio «es llegar a los 200 municipios de la región a los que no estamos llegando actualmente. De ellos, 140 corresponden a la provincia de Guadalajara, que en la actualidad no pueden acceder al mismo. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, el Gobierno regional, en colaboración con AFAMMER, logrará llegar a todas aquellas personas que lo necesitan y que en la actualidad por distintos motivos, no reciben la ayuda», ha aseverado García Ferrer.
«Clara apuesta de futuro»
Por su parte, la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha afirmado que este acuerdo es «una clara apuesta de futuro para las mujeres que se encuentran en el ámbito rural. Hemos demostrado que somos emprendedoras y capaces de liderar proyectos de diversa índole en los municipios».Quintanilla ha apuntado que «desde la formación y la profesionalidad, las 15.000 mujeres que forman parte de esta asociación en la región asumirán este compromiso, para ayudar a los mayores y dependientes que requieran de esta atención», ha concluido.
