Archivo diario: 5 junio, 2013
El CERMI denuncia el «agravio salarial» que sufren las personas con discapacidad que refleja la estadística del INE
El Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI) denuncia el «agravio salarial que soportan los trabajadores con discapacidad», un colectivo que según ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, percibe entre un 10 y un 23 por ciento menos que sus compañeros no discapacitados.
La organización llama la atención además sobre «la bajísima tasa de actividad y el alto índice de desempleo» que arrojan los datos, porque a su juicio «indican que las personas con discapacidad en España están estructuralmente excluidas del mercado de trabajo y las todavía pocas que acceden al mismo lo hacen en peores condiciones que el resto de población empleada».
En cuanto a las retribuciones, el CERMI recuerda que «las personas con discapacidad presentan una brecha importante», de lo que se deduce que «la situación de desigualdad y discriminación asociadas a discapacidad se extiende a todos los ámbitos del mercado de trabajo».
El CERMI, que saluda esta iniciativa estadística para conocer con más precisión la realidad sociolaboral de las personas con discapacidad, destaca como dato positivo que si bien existe brecha salarial de género entre estos trabajadores, es menor que la registrada en la población activa en general (un 9 frente a un 22%).
Detenidos los gerentes de una residencia de ancianos por apropiarse de más de 400.000 euros de una residente
Los gerentes de una residencia de ancianos de la localidad madrileña de Galapagar han sido detenidos por apropiarse presuntamente de más de 400.000 euros de una residente a la que engañaron para vender su vivienda sin consentimiento y hacerse con la administración de sus cuentas bancarias.
Según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado, los 400.000 euros robados provienen de la venta de un inmueble propiedad de la víctima, del dinero que tenía ahorrado, de depósitos a plazo fijo que tenían tanto ella como su marido así como de numerosas joyas que depositó cuando llegó a la residencia. En concreto, a los detenidos se les imputa delitos de detención ilegal, delito de estafa, de apropiación indebida y delito de hurto.
La investigación se ha iniciado después de que una mujer de avanzada edad pusiera en conocimiento de los agentes que se encontraba retenida en contra de su voluntad en una residencia de ancianos de la localidad madrileña de Galapagar.
La mujer ha asegurado que, mediante el engaño, los gerentes de la residencia donde vivía le habían hecho firmar un poder notarial, a través del cual los autores de los hechos se beneficiaron de 153.000 euros por la venta de un inmueble de su propiedad.
Asimismo, la anciana había firmado una autorización que otorgaba a los autores el poder de administrar y disponer de todo el dinero que existía en sus cuentas bancarias. En este caso, los detenidos llegaron a retirar los 180.000 euros sin consentimiento de la víctima.
Los agentes pusieron los hechos en conocimiento de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que trasladaron a la víctima a otra residencia de mayores. Asimismo, y tras la correspondiente inspección del geriátrico, se procedió a su cierre por irregularidades y por diversas infracciones encontradas en su funcionamiento.
PAGARON MATERIAL GERIÁTRICO CON LAS CUENTAS DE LA VÍCTIMA
Tras recopilar la documentación solicitada a organismos oficiales y las entidades bancarias oportunas, los agentes comprobaron que desde el mes de febrero del año 2011, fecha en que se autorizó al autor principal de los hechos el acceso a las cuentas, había –siempre según la Benemérita– numerosas disposiciones de efectivo y trasferencias de grandes cantidades de dinero. En estos movimientos se ha observado que los autores llegaron a pagar material geriátrico desde una de las cuentas de la víctima.
Asimismo, se ha comprobado, mediante documentación oficial, que los ahora detenidos firmaron la venta de la vivienda propiedad de la víctima y de su marido y que en ningún momento se lo comunicaron de forma que la anciana también desconoce el paradero del dinero recibido por la venta. De hecho, la víctima se ha enterado de la venta del inmueble a través de una vecina de la zona.
De igual manera, la anciana ha asegurado que, tras la muerte de su marido el pasado mes de marzo, los autores se encargaron de tramitar su defunción y que ella desconoce dónde está enterrado y dónde se encuentra la alianza de bodas que él mismo portaba.
Madrid celebra las jornadas «Las personas mayores y la ciudad» para promover un entorno más amigable con los mayores
«Madrid quiere unirse a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Madrid quiere ser una ciudad donde se facilite el envejecimiento activo de sus vecinos de más edad, que representan cerca del 20 % de su población». Así lo ha manifestado la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la inauguración de las Jornadas «Las personas mayores y la ciudad», que se celebran estos días en el espacio CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía (Plaza Cibeles, 1).
Botella ha recordado que la solicitud de adhesión a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores fue un acuerdo del Pleno municipal del pasado mes de marzo, y ha expresado su certeza de que estas jornadas, que organiza la Dirección General de Mayores y Atención Social del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, suponen una buena oportunidad para establecer las bases del proceso de adhesión.
«Una ciudad amigable con los mayores, es la que dispone de las políticas, los servicios y los entornos que facilitan el envejecimiento activo de las personas. Para ello, se precisa tanto un reconocimiento de las capacidades y recursos de las personas mayores como el respeto por sus decisiones y su elección de su estilo de vida y, además, la capacidad para dar una respuesta flexible a las necesidades del envejecimiento», ha dicho la alcaldesa de Madrid,
Pero hay más. «Una ciudad amigable con los mayores es también amigable con todos los vecinos. Porque los edificios y las calles libres de barreras mejoran la movilidad de personas con discapacidad. Un entorno de barrios seguros permitirá a todos salir a la calle con confianza. Y las familias mejoran su calidad de vida cuando sus mayores cuenten con los servicios de salud que necesitan. Además, la economía se beneficia del consumo de nuestros mayores.»
Madrid en cifras
La población de Madrid supera los tres millones de habitantes (3.237.937). De estos, el grupo de mayores de 65 años supone el 19,4 %. Y los mayores de 80 años son más de 200.000 (204.458). El Ayuntamiento de Madrid cuenta con más de 300.000 socios de los 89 Centros Municipales de Mayores; más de 100.000 hogares disponen de teleasistencia; más de 45.000 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio; y más de 7.000 son usuarios de los Centros de Día.
Durante las jornadas «Las personas mayores y la ciudad», se tratarán temas que serán el punto de partida para sumarse al proyecto, con un enfoque participativo, que involucra a mayores y profesionales que trabajan con ellos:
- «Una ciudad sin obstáculos», sobre el entorno físico de la ciudad, la accesibilidad en la calle, en los edificios y el transporte.
- «Servicios para mayores en una gran ciudad», tocando temas relacionados con servicios sociales, salud, seguridad y deporte.
- «Comunicación e información como herramienta de conocimiento», epígrafe que incluye nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos, acceso de los mayores a éstas, teleasistencia, redes sociales, etc.
- «Oportunidades e igualdad en la participación», este cuarto gran tema se refiere a los órganos de participación específicos, como el Consejo Sectorial de Mayores de la Ciudad de Madrid, pero también a la contribución de la opinión de los mayores a través de las encuestas para la mejora de los servicios y el valor en alza del voluntariado.
El Sepad afirma que Extremadura supera la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha defendido su gestión y ha afirmado que Extremadura «supera» la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia.
En relación a un comunicado de UGT, en el que se afirma que la región está «por debajo de la media nacional» en la implantación de la citada ley, el Sepad ha aclarado que, según los datos publicados mensualmente por el Imserso, el 1,75 por ciento del total de la población extremeña es beneficiaria con prestación de la Ley de la Dependencia, mientras que en el conjunto nacional ese porcentaje es del 1,56 por ciento.
Asimismo, con respecto a la gestión de la Dependencia, los datos del Imserso reflejan que Extremadura se coloca entre las tres comunidades autónomas con mayor número de personas valoradas, registrando un porcentaje en este capítulo del 4,09 por ciento, frente a la media nacional que es del 3,22 por ciento.
Extremadura ostenta también el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a porcentaje de solicitudes de la Ley de la Dependencia. Mientras el conjunto del Estado tiene una media del 3,44 por ciento en este apartado, la región alcanza un 4,26 por ciento, señala el Sepad en nota de prensa.
Además, Extremadura se encuentra entre las comunidades autónomas que están apostando firmemente por ofrecer servicios profesionales, frente a las prestaciones económicas en el entorno familiar.
Concretamente, la región ocupa un puesto destacado en el ranking nacional al contar con un 59,17% de servicios, frente a un 40,83 por ciento de prestaciones económicas en el entorno, superando nuevamente a la media nacional, que tiene un 55,98 por ciento y un 44,02 por ciento, respectivamente.
Este balance en «favor» de las prestaciones profesionales «beneficiará» a la región porque el nuevo sistema que aplicará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el reparto de los fondos entre las comunidades autónomas «discriminará positivamente a aquellas que den prioridad a la atención a las personas dependientes mediante servicios profesionales en lugar de ayudas a los cuidadores familiares», añade.
COMPARATIVAS NACIONALES
Por otro lado, el Sepad ha recalcado que a la hora de realizar una comparativa nacional y establecer una media es necesario comparar los datos sobre el porcentaje poblacional de cada comunidad autónoma, porque de otro modo los datos resultantes «no son objetivos».
Según ha detallado, solo ocho de las 17 comunidades autónomas utilizan únicamente el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que es la aplicación nacional para la gestión de la ley, volcando en él los datos en cuanto se inicia un procedimiento.
Este hecho supone que otras nueve comunidades autónomas utilizan programas informáticos paralelos al SISAAD, trasladando los datos al sistema nacional no cuando se inicia el procedimiento, sino en otros momentos del expediente, por lo que el Sepad considera que «de ninguna manera» la comparativa entre territorios puede realizarse sobre estos datos.
Para que la comparativa sea «adecuada, veraz y objetiva», ha añadido, debe utilizarse «siempre» el porcentaje de la población, evitando así «toda serie de equívocos».
VENTAJAS EN EXTREMADURA
A su vez, el Sepad ha destacado el «esfuerzo» del Gobierno de Extremadura para que las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar solo se reduzcan en el mínimo exigido por el Gobierno central, que es de un 15%, no haciendo por tanto uso de la posibilidad que ofrece el Real Decreto Ley de aumentar este porcentaje.
Respecto al régimen de incompatibilidades ha explicado que, pese a que la reforma de la Ley de la Dependencia ha introducido importantes modificaciones, incompatibilizando servicios y prestaciones, en Extremadura el régimen de incompatibilidades permanece en las mismas condiciones que antes de esta modificación legal, ofreciéndose por tanto un nivel de protección adicional.
Asimismo, ha indicado el Sepad que Extremadura «no» va a realizar «por el momento» una revisión de la capacidad económica de quienes ya están cobrando alguna prestación, ni va a tener en cuenta el periodo suspensivo de retroactividad máximo de dos años en los expedientes de niños de 0 a 3 años, garantizando por tanto la atención a estos menores, apunta.
Por todo lo anterior, subraya que Extremadura «no sólo está realizando una correcta aplicación y desarrollo de la Ley de la Dependencia, sino que cree firmemente en ella», poniendo «todos los medios adecuados, tanto de personal, como informáticos y presupuestarios», para continuar con sus líneas de actuación.
