Archivo diario: 6 junio, 2013
ACRA denuncia que la Residencia Can Serra de Sant Esteve Sesrovires está en una situación límite por la deuda del Ayuntamiento con el centro
Además de los casi medio millón de euros de esta deuda generada por retenciones irregulares realizadas por la Sociedad Municipal, la empresa gestora de este centro concertado todavía está esperando cobrar los 110.228,43 euros del impago del ICASS de julio del año pasado
Si no se soluciona el problema, la emprensa Innovación y desarrollo asistencial S.L. (IDEA), que atiende a los 130 usuarios del servicio público de este consistorio del Baix Llobregat, no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 60 trabajadores
ACRA denuncia que el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires está trayendo al límite el equilibrio financiero la Residencia y Centro de día Can Serra en no abonar en el centro el 100% del que recibe del ICASS en concepto de atención a usuarios del sistema público de atención a la dependencia. La entidad Innovación y desarrollo asistencial S.L. (IDEA), ha alertado a *ACRA que a los 465.000€ que los debe de la Sociedad Municipal se tienen que añadir los 110.000€ del impago del ICASS de julio del año pasado.
Si los actores públicos implicados en el centro no reaccionan pronto ante el alerta de la entidad gestora, muy pronto esta no podrá hacer frente a sus responsabilidades con trabajadoras y proveedores, poniendo en una en una situación límite también la atención de los 130 usuarios del servicio. Por estos motivos, ACRA apoya a IDEA a la hora de reclamar en este Ayuntamiento del Baix Llobregat que restablezca el equilibrio económico financiero de la concesión abonando el 100% del que recibe del ICASS y regularizando los saldos pendientes, así como la facturación de las plazas de respiro que factura directamente.
Igualmente, la empresa pide a la ICASS que intervenga el contrato existente para asegurar que el pago correspondiente al servicio asistencial desarrollado lo reciba la entidad que gestiona el equipamiento para el pago de nóminas y proveedores. Además, y ante la gravedad de una posible repercusión en el servicio a los usuarios del centro, IDEA ya ha denunciado el asunto al defensor del pueblo de Cataluña pidiéndolo que intervenga para asegurar el derecho de las
personas que ocupan plazas concertadas a ser atendidas y que restablezca que el perjuicio empresarial que está sufriendo por la falta de respuesta de las Administraciones Públicas.
748.235 dependientes, beneficiarios de la Ley de Dependencia
Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la ‘limpieza’. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.
Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).
En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», ha afirmado.
MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS
En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.
En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.
El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.
De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).
En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.
Sanidad asegura que el nuevo Estatuto del mayor garantizará las prestaciones y servicios de Dependencia
El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha asegurado este lunes que el nuevo Estatuto del Mayor, cuya redacción se encuentra casi terminada, es «una conquista de toda la sociedad» porque, además de estrechar la cooperación intergeneracional, asegurará a los mayores una adecuada atención sociosanitaria, garantizará las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia y se ocupará de los más vulnerables.
Durante un acto de reconocimiento a los voluntarios que ayudan en el Centro de Mayores de Moratalaz (Madrid), Moreno ha indicado que el Estatuto contendrá diez epígrafes con medidas y propuestas entre las que destaca la garantía de atención sociosanitaria de calidad, la puesta en marcha de los servicios sociales, las relaciones familiares basadas en el respeto y la solidaridad, la formación y educación, la participación y las cuestiones relacionadas con la bioética.
Estos ejes se completan con la inclusión de medidas para la asistencia a los mayores en situación más vulnerable y para la prestación de servicios a personas que viven en entornos rurales, según ha precisado Moreno, que también ha aprovechado para destacar «la tarea que los abuelos están ejerciendo en una época de crisis como vehículo de unión con hijos y nietos, y en muchos casos, como soporte económico».
De esta forma, según ha indicado Moreno, el Estatuto del Mayor recogerá algunas de las «prioridades» del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tales como la viabilidad del Sistema de Dependencia, la activación de un Plan de Inclusión Social «muy centrado en los recursos de las personas a las que más gravemente afecta la crisis» y la aplicación, previsiblemente a finales de año, de un Plan de Familia.
