Un estudio revela que la aplicación de la Ley de Dependencia costó el triple de lo previsto

AES   Los recursos movilizados para la aplicación de la Ley de Dependencia triplicaron las previsiones que contemplaba el Libro Blanco de la Dependencia en su memoria económica, según un estudio que se ha comunicado durante las XXXIII Jornadas de Economía de la Salud, que se celebraron en Santander.

   En total, la cifra ascendió a 6.420 millones de euros, lo que supone un 0,60% del PIB de España, tal y como constata un estudio de evaluación realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.

El estudio se ha presentado en la cita anual que organiza la Asociación de Economía de la Salud (AES), que este año congrega a más de 400 expertos nacionales e internacionales, con el lema ‘Crisis y horizonte de reforma de los sistemas sanitarios’. Dentro de él, una mesa específica ha analizado las políticas de discapacidad y dependencia, dentro del objetivo de AES de evaluar con datos científicos y académicos las políticas sanitarias.

En concreto, se trata del estudio ‘¿Cuánto cuesta la Ley de Dependencia en España? Una aproximación al coste agregado y promedio individual en 2011’, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.

En este trabajo, se aprecian diferencias significativas entre comunidades autónomas, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid las que mayores recursos emplearon en políticas de dependencia, según se ha informado en las Jornadas de Economía de la Salud.

Además, desde el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada han constatado la existencia de un ‘efecto llamada’ ligado a la efectividad en la tramitación de los expedientes. Así, las comunidades autónomas con más rapidez en la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia reciben un efecto llamada que se traduce en un aumento en el número de solicitudes que, a su vez, acaba por provocar un retraso en el tiempo de respuesta.

El estudio, difundido también en las Jornadas de AES, establece que las comunidades con una mayor eficiencia técnica en la aplicación de esta ley son Andalucía, Murcia y La Rioja; y las que menos, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias, sin que se vea una relación con factores como el envejecimiento de la población.

COSTES Y PROBLEMAS DE LOS CUIDADORES

Los estudios también se centran en la figura de los cuidadores informales (aquellos que no son profesionales de la atención): sus costes oscilan entre los 21.717 y los 52.004 euros anuales, en función del grado de dependencia de los afectados. El número de horas medias anuales de cuidados informales fue de 4.349.

La situación de los cuidadores también se ha analizado desde la perspectiva de su salud, ya que, por ejemplo, casi la mitad de los cuidadores informales de pacientes con ictus sufrieron también problemas de salud. En concreto, un 45,7%, a los que se suman otros problemas, ya que un 22,3% tiene problemas económicos y un 78,4%, familiares.

Además, la probabilidad de que un cuidador de una persona que ha padecido un ictus presente problemas de salud es de entre un 22 y un 41 por ciento mayor si la persona cuidada padece dependencia severa o gran dependencia, respectivamente, frente a una persona no dependiente. La probabilidad de presentar problemas económicos es de entre un 14 y un 20 por ciento mayor si las personas cuidadas padecían dependencia grave o gran dependencia, respectivamente.

Y, finalmente, la probabilidad de que aparezcan problemas familiares fue de entre un 11 y un 24 por ciento más**en los grados de mayor dependencia.

EMPLEO Y DISCAPACIDAD

Otros estudios se refieren a la situación laboral de las personas con discapacidad, poniendo de manifiesto aspectos relacionados con su discriminación salarial o con la adaptación a su situación de los puestos de trabajo que se les ofertan.

Así, de un lado, se establece que los trabajadores con incapacidades permanentes tienen un 9% menos de posibilidades de encontrar trabajo que los que no padecen esta situación, según un estudio de la Universidad de Barcelona, que añade que estas diferencias afectan más a los hombres.

Uno de los motivos que se apunta es la existencia de diferencias salariales que no están relacionadas con la productividad en su puesto de trabajo, y que contribuyen, entre sus consecuencias, a desincentivar la participación de este colectivo en el mercado laboral.

Por tanto, el citado estudio concluye que las políticas orientadas a favorecer la participación laboral de las personas con incapacidad permanente deberían considerar como un elemento prioritario estas diferencias salariales no justificadas, bien compensándolo con otras medidas o regulándolo.

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