Archivo diario: 8 julio, 2013
El Tercer Sector consolida posiciones en el ámbito geriátrico
Las entidades del Tercer Sector continúan año tras año un proceso de profesionalización, que les ha permitido colocarse entre los principales operadores del sector geriátrico. Organizaciones como Edad Dorada-Mensajeros de la Paz, Fundación San Rosendo, Cáritas o Fundación Salud y Comunidad se han colocado ya entre los 20 primeros gestores de residencias de nuestro país.
Actualmente, las entidades del Tercer Sector son titulares de 31 de los 250 proyectos de nuevas residencias que hay en distintas fases de desarrollo en España, un 12,4% del total. Y más aún, la iniciativa no lucrativa aportará 3.282 nuevas camas, en los próximos 2-3 años, el 14,8% de las nuevas plazas residenciales en desarrollo en España actualmente.
Representantes de las principales organizaciones coinciden en señalar que el Tercer Sector no es un todo homogéneo, porque confluyen entidades con orientaciones y formas jurídicas diferentes. La división más evidente establecería hasta tres grandes grupos: las tradicionales entidades religiosas, en muchos casos asociadas aún a la beneficencia; las entidades constituidas fruto de iniciativa de vecinos, colectivos afectados, etc.; y un tercer grupo de fundaciones, asociaciones y cooperativas creadas para la promoción y/o gestión de centros, que operan en las mismas condiciones que las entidades mercantiles, aunque normalmente con un mayor enfoque social. Este grupo participa en los concursos públicos de gestión, sella alianzas con entidades mercantiles y, en su afán de crecer, ha desarrollado nuevas vías de diversificación, como la prestación de servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, la salida fuera de sus comunidades de origen e, incluso, la participación en proyectos en el exterior.
Responsables de un geriátrico estafan 8.900 euros con recetas de fallecidos
La Guardia Civil ha imputado a dos responsables de una residencia de ancianos de Níjar (Almería) por un presunto delito de estafa ya que según la investigación realizada con la colaboración de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, habría estafado 8.984 euros en recetas eletrónicas atribuidas a 19 personas fallecidas entre enero de 2009 y octubre de 2012.
En el marco de la operación ‘Sarani’, los agentes han imputado a estas dos personas en la que es la tercera operación de este tipo en la provincia, ya que anteriormente se han producido imputaciones de responsables en residencias geriátricas de Vícar y Roquetas de Mar por los mismos hechos bajo el mismo ‘modus operandi’
Fue durante una visita habitual de inspección de las instalaciones cuando los inspectores de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería detectaron una serie de irregularidades, en cuanto a la facturación de medicamentos, dispensados mediante receta electrónica, a pacientes fallecidos de la residencia.
Asimismo, según ha puntualizado la Junta en una nota, la Inspección de Farmacia detectó igualmente la existencia de una deficiente conservación de fármacos que requieren condiciones especiales de temperatura y que deben permanecer refrigerados en todo momento, por lo que ha propuesto la apertura de un expediente sancionador por falta de control y precaución en la conservación y custodia de medicamentos.
Tras dar parte a la Guardia Civil, los investigadores vereficaron que con posterioridad a su fallecimiento, los responsables del geriátrico continuaban haciendo uso de la tarjeta sanitaria de ancianos residentes, con lo que la residencia conseguía gratuitamente los medicamentos y productos sanitarios, generando de forma consciente un sobrecoste al sistema público de salud.
En sus indagaciones, los agentes han detectado el uso de las recetas electrónicas de 19 personas, fallecidas entre enero de 2009 y octubre de 2012, lo que ha supuesto un coste de 8.984 euros para el erario público y con la única finalidad, por parte de los responsables de la residencia de ancianos, de hacer acopio de las medicinas y productos sanitarios para facilitarlos a otros residentes.
En anteriores operaciones, los investigadores detectaron el uso fraudulento de las tarjetas sanitarias de 50 personas, con lo que las residencias de ancianos consiguieron medicamentos y productos farmacéuticos por valor de 14.400 euros. Las diligencias han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Almería.
Cospedal se escuda en la lucha contra el fraude para ‘meter’ un tijeretazo en las ayudas a la dependencia
El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, tiene el firme propósito de ‘meter’ un tijeretazo a la Ley de Dependencia. La perfecta excusa sería la lucha contra el fraude.
O, al menos eso se desprende de una carta la que ha tenido acceso EL BOLETIN enviada a la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha por el Gabinete de La Presidencia de la Junta.
En esta misiva se dice textualmente que “se está tramitando un cambio normativo que evitará la posibilidad de cobro por parte de herederos y que la persona fallecida tenga derecho a seguir cobrando hasta el día último del mes en que han muerto”.
O lo que es lo mismo, que las autoridades dejarán sin cobrar la ayuda correspondiente a un mes completo a los cuidadores del dependiente que haya fallecido. Sólo percibirán la cantidad proporcional a los días que permaneció vivo.
Como hemos dicho antes, la Junta justifica el recorte por la necesidad de luchar contra el fraude. En la carta se asegura que, según el IMSERSO, en la comunidad se estaban “constatando pagos indebidos del Estado como consecuencia del mantenimiento de personas fallecidas en el sistema estadístico de dependencia de Castilla-La Mancha”, para justificar los recortes en las ayudas.
Las declaraciones efectuadas ayer a este periódico por el portavoz de las plataformas en defensa de la Dependencia coinciden con lo que dice la carta. Además del criticar este próximo cambio en la ley, José Luis Gómez comentó que quien dirige la política nacional de dependencia por encima de la ministra de Sanidad, Ana Mato y que el recorte sería primero en Castilla-La Mancha y después se aplicaría en el resto del país.
A pesar de que la carta está firmada por la Jefa del Gabinete de Comunicación de La Presidencia de Castilla-La Mancha, María Gema Pérez Abad, desde la Junta se asegura no estar al tanto de ese proyecto de recorte tras los requerimientos de este diario al respecto.
Cataluña pide que retornen a la comunidad 20 millones para asuntos sociales
La consejera de Bienestar Social de Cataluña, Neus Munté, ha pedido hoy al Gobierno que se devuelvan a su comunidad los aproximadamente 20 millones de euros al año que los catalanes destinan a asuntos sociales en la casilla de la declaración de la renta.
Antes de participar en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y del Sistema de Autonomía y de Atención a la Dependencia (SAAD), ha señalado que acudía con la expectativa «de ver como avanza» la cesión de la parte del IRPF que se dedica a asuntos sociales.
Ha recordado que son numerosas las sentencias del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo «que reconocen año tras año la competencia exclusiva» de Cataluña para la gestión de los servicios sociales» y «advierte al Estado de que debe territorializar esos fondos».
Tras insistir en que eso no sucede así, Munté ha dicho que Cataluña es una comunidad muy solidaria y esa solidaridad «no tiene un justo retorno desde el punto de vista económico».
Ha defendido que esas aportaciones «vuelvan de la forma más justa posible», porque son recursos «para las entidades sociales» que realizan proyectos muy importantes, especialmente dirigidos a los colectivos con mayor riesgo de exclusión social y pobreza.
La consejera ha considerado que, «en estos momentos, esto es fundamental».
Respecto al sistema que se iba a discutir sobre el baremo de dependencia, ha considerado que es excesivamente intervencionista desde el punto de vista del control y de la fiscalización.
A su juicio, hay que compartir datos, pero eso «no se puede convertir en una fiscalización o en una desconfianza sobre la gestión de los fondos y del sistema de la dependencia».
Se ha lamentado de que les piden «muchos datos y certificados» que siempre han aportado, pero el nuevo sistema es «excesivamente intervencionista» y complica «el día a día».
