Archivo mensual: agosto 2013
El Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara se afianza como destino turístico para personas con discapacidad
La empresa especialista en turismo accesible, Navarra Adentro, ha elegido el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara como escenario principal del programa ‘Huesca sin barreras: Naturaleza y gastronomía en la Sierra de Guara’, dirigido a personas con discapacidad y que además recorre las ciudades de Huesca y Jaca.
El programa ha contado en su organización con la Asociación de empresarios de Guara y con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno aragonés, a través de SARGA. En su primera semana, que comienza el día 12 de agosto, reunirá a medio centenar de personas procedentes de Cataluña.
Según la citada empresa «Guara es hoy en día un destino único en Europa por su grado de accesibilidad. La oferta en el medio natural es amplia y de calidad. Además, como complemento dispone de alojamientos adaptados, hoteles, casas rurales y restaurantes que permiten vivir sin limitaciones la experiencia turística».
El Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, dispone de 12 infraestructuras de uso público certificadas como accesibles. ‘Huesca sin barreras’ ha incluido en su programa visitas guiadas al observatorio de aves de Santa Cilia de Panzano, sobre el muladar del mismo nombre; el Centro de Interpretación de Bierge y su jardín botánico; y el Sendero de la Encina Milenaria de Lecina, árbol singular con más de 600 metros cuadrados de copa.
También, el mirador del Vero, punto emblemático de Guara con sus covachas, buitreras y el cañón que forma el río Vero y finalmente el sendero de Vadiello que conduce a un mirador desde el que observar los Mallos de Lazas.
El programa contiene además visitas guiada al casco antiguo de Huesca y a Jaca y su entorno que incluye su casco histórico, el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, el Centro de Interpretación del Reino de Aragón y el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña.
EL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD DE GUARA
En los últimos años el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha desarrollado un amplio programa para adaptar y hacer accesibles las infraestructuras de uso público, como miradores, centros de interpretación de la naturaleza, senderos y observatorios de aves, que permiten la visita y el reconocimiento de los valores naturales y paisajísticos del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.
Estas actuaciones recogidas en el Plan Integral de Accesibilidad de Guara forman parte de un ambicioso proyecto global de la Dirección General de Conservación del Medio Natural del Gobierno de Aragón que pretende acercar los valores naturales y paisajísticos de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón a todo ciudadano.
Para ello, el Gobierno de Aragón ha invertido en colaboración con otras entidades más de 600.000 euros durante estos últimos años, contando con la enorme participación tanto de los habitantes del territorio como de diferentes administraciones y entidades, públicas y privadas.
RECONOCIMIENTOS A GUARA
El pasado mes de julio el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara ganó el premio EDEN 2012 de Accesibilidad otorgado por la Unión Europea por concebir la accesibilidad turística como un factor intrínseco a la calidad de los servicios ofrecidos por el Parque Natural.
Este reconocimiento europeo se suma al Premio Accesibilidad Universal que ya en 2011 recibió el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara por parte de la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón.
Además, el Parque dispone del sello de la ‘Q’ de Calidad Turística que otorga la Secretaría de Estado de Turismo.
El copago en servicios sociales afectará a 2.350 discapacitados de Castelló
Nadie va a librarse del copago en el ámbito de los servicios sociales. La Conselleria de Bienestar Social ha publicado esta semana el decreto que extiende el copago a los discapacitados no dependientes que necesiten recurrir a residencias, centros de día y de noche, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros de rehabilitación e integración social y viviendas tuteladas. Hasta ahora, los mayores valencianos no dependientes copagaban desde 1993 por los servicios públicos (o concertados) que necesitaban. Los colectivos de Castelló atienden en estos momentos a un total de 2.350 personas con diversidad funcional y emplean a unos 500 trabajadores.
Los dependientes empezaron a estar obligados a sufragar una parte de los servicios a partir del 1 de noviembre de 2012 (aunque en la práctica no se ha aplicado por dificultades técnicas). La nueva normativa, incorpora al copago a los únicos que escapaban de él: las personas con discapacidad que no tienen reconocida la dependencia.
Los precios que deberán pagar los usuarios, dictados en cumplimiento de una normativa estatal se establecerán en función de la renta del usuario y del patrimonio personal. Para Joan Planells del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi), «en la situación económica actual puede pasar que muchas familias no puedan permitirse el gasto». Para la Generalitat, esto pone fin a una «inequidad»: que los dependientes tuvieran que abonar una parte del coste de los servicios sociales y que, en cambio, las personas con discapacidad no soportaran un copago. Era, en palabras del propio decreto, «un tratamiento económico desigual e injustificado».
Jaume Esteban, coordinador de la Plataforma en defensa de la dependencia en el territorio valenciano, afirma que «los recortes y el copago afectan muy negativamente a los servicios que prestan las asociaciones», y denuncia que «primero recorten salvajemente la Ley de Dependencia y ahora, con la excusa de igualar el copago en las plazas públicas, vuelven a recortar otro sector». De la misma manera opina Planells, «en la situación actual, cualquier copago es llover sobre mojado».
Las consecuencias, según Esteban, pueden ser fatales. «Las residencias y centros de día verán como muchos usuarios no pueden copagar los servicios que les están dando ahora mismo». Aún así, el portavoz de la entidad señala que «antes del decreto ya se sabía que se iba a aplicar esta medida».
Sector castellonense
En Castelló, las entidades que trabajan con personas que padecen diversidad funcional no están pasando por su mejor momento. Los impagos de la Generalitat han movilizado a los afectados en diversas ocasiones por el centro de la ciudad exigiendo el pago de la deuda. Actualmente en Castelló hay 2.350 personas, según las entidades, con discapacidad. Desde las organizaciones afirman que estas medidas «no ayudan para nada» a un sector «tan débil» y exigen que «no se dinamiten los pilares del Estado del Bienestar».
Los pacientes españoles con demencia, los que más horas pasan con sus familiares en Europa
Los pacientes españoles con demencia son los que más cuidados reciben de sus familiares, según se desprende de los primeros resultados del proyecto RightTimePlaceCare (RTPC), financiado por la Unión Europea (UE) que apuntan que solo un 4% de estos enfermos viven solos, según ha informado este jueves el Hospital Clínic de Barcelona.
El objetivo del trabajo, en el que han participado ocho países y que se presentará en septiembre, es identificar las mejores prácticas para personas con demencia y sus cuidadores familiares en la atención durante el proceso de transición, desde la atención domiciliaria profesional hasta una residencia.
Aunque en la mayoría de países estos pacientes viven en su domicilio con un cuidador familiar, en España destaca que solo un 4% viven solos y más del 70% habita en el núcleo familiar.
En cambio, en los países escandinavos la cifra de personas que viven en familia es muy inferior, ya que en Finlandia un 43% de los pacientes viven solos en sus domicilios.
El estudio se ha realizado con una muestra de 2.014 personas con demencia de Alemania, Francia, Estonia, España, Holanda, Gran Bretaña, Finlandia y Suecia, liderado por la enfermera Gabriele Meyer de la Universidad de Witten (Alemania) y en España, por la directora enfermera del Hospital Clínic de Barcelona, Adelaida Zabalegui, y su equipo.
Los pacientes que han participado en el estudio, iniciado en 2010, tienen una media de edad de 83 años, de los que el 67% son mujeres, mientras que la edad media del cuidador familiar es de 62 años.
La mitad de la población del estudio manifiesta tener un nivel de ingresos económicos inferior al que correspondería a la media de su país, aunque existen diferencias significativas entre países.
En Estonia, un 80% de la población explica recibir ingresos económicos inferiores a la medía de su país, mientras que en Finlandia y Alemania, la gran mayoría –el 75%– superan la media.
Zabalegui ha explicado que en general, en el ámbito europeo, los cuidadores familiares del estudio han manifestado que la calidad de vida de las personas con demencia que viven en una residencia es más elevada que en casa.
Sin embargo, en España los cuidadores familiares valoran que los pacientes con demencia que viven en sus domicilios tienen mayor la calidad de vida que los pacientes que habitan en geriátricos.
Plataforma Dependencia, preocupada por el futuro de las ayudas a familiares
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha expresado hoy su opinión respecto a la Orden, publicada ayer, que regula la Dependencia en la región, y muestran su preocupación por la eventual desaparición de las prestaciones que reciben los familiares cuidadores.
En un comunicado, este colectivo ha puesto de manifiesto su inquietud por los cuidadores familiares, el más amplio e importante dentro de la Ley de Dependencia, «ante la posibilidad que se pudiera abrir para dejarlos sin las prestaciones económicas que ahora reciben».
También han expresado su sorpresa por la celeridad en la publicación de dicha Orden, «en pleno periodo estival», así como «la falta de consultas y aportaciones» de la citada plataforma, que «quizás, hubieran enriquecido y modulado algunos aspectos de la citada orden».
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha entiende que en la citada Orden de la consejería de Sanidad se «aumentan de forma sustancial el proceso y las condiciones» para el acceso a las prestaciones de posibles nuevos beneficiarios, sobre todo a las personas valoradas como grandes dependientes.
Ello conllevaría, afirman en el comunicado, la práctica imposibilidad de poder ofertarles otros servicios, servicios que en realidad no podrían disfrutar, obviando que el espíritu de esta Ley era mantener a la personas dependientes dentro de su ambiente familiar con todos los beneficios que para ellos esto representa.
Además, han remitido a un estudio por parte de sus servicios jurídicos determinados artículos de esta Orden que «podrían no estar ajustados a derecho».
No obstante, valoran de forma positiva que se potencie en la Orden la prevención de las situaciones de dependencia y la intención de incorporar a los dependientes de grado moderado a algunas prestaciones antes de enero de 2015, aunque se muestran «expectantes».
AERTE solicita una reunión urgente con las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda para buscar una solución
El Gobierno deja fuera del Mecanismo de Pago a Proveedores a los centros de dependencia de titularidad pública al que se comprometió la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas con dependencia y/o discapacidad. El promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior en la Comunidad Valenciana.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ante la exclusión del compromiso por parte de la Generalitat de introducir el pago pendiente a los centros de titularidad pública dentro del primer tramo del Mecanismo de Pago a Proveedores, desea manifestar que:
– La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a los centros de atención a dependientes de titularidad pública. Esta cantidad corresponde a todas las facturas desde octubre de 2012 que, en algunos casos, incluso se remontan a meses anteriores
– Que a pesar de ser debido a directrices del mismo mecanismo de pagos establecido a nivel nacional y de los esfuerzos efectuados desde la misma Conselleria de Bienestar Social por cumplir con el compromiso adquirido con estos centros, la situación en la Comunidad Valenciana es la más grave de toda España, ya que el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces por encima de la media.
– Esta situación supone un importante agravamiento para la continuidad de estos centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y da empleo a más de 3.000 profesionales. Algunos de ellos ya no cobrarán, de nuevo, sus nóminas de agosto y la mayoría de ellos las de septiembre si no se abonan las cantidades comprometidas por Conselleria y ante la dificultad añadida de poder negociar con entidades financieras el adelanto de financiación para la supervivencia de los centros.
– Ante la insostenibilidad total que supone el impago continuado y la falta de ejecución de los diversos compromisos de pago adquiridos por la administración valenciana, Aerte ha solicitado por vía de urgencia una reunión a la consellera de Bienestar Social y al conseller de Hacienda y Administración Pública con el fin de encontrar las fórmulas que permitan un compromiso serio y en firme para poder incluir, tal y como se comprometió la Conselleria de Bienestar Social, la deuda acumulada dentro del Mecanismo de Pago a Proveedores.
– Aerte, patronal del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana y única asociación que representa a las empresas que gestionan centros de titularidad pública, ofrece una vez más la máxima colaboración a la Administración valenciana para trabajar de forma conjunta a favor de la sostenibilidad de un sector que aglutina, solo en la red de Aerte, a más de 10.000 profesionales y más de 200 centros que atienden día a día a más de 22.000 personas.
FAMMA remite a Consumo las denuncias sobre la aplicación de tarifas abusivas a usuarios discapacitados del Eurotaxi
La Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha remitido a la Dirección General de Consumo documentación que acredita que algunos profesionales del Eurotaxi Madrileño han aplicado tarifas abusivas a personas con discapacidad, según ha confirmado la organización en un comunicado.
FAMMA ha asegurado que «se ha denunciado públicamente esta situación a lo largo de las últimas semanas y han tomado esta medida con el fin de poder atajar de raíz las prácticas ilegales que llevan a cabo algunos profesionales del sector del taxi, quienes, en el 100% de los casos analizados por FAMMA, aplicaron a personas con discapacidad una tarifa superior a los 5 euros en el momento de la recogida, cuando, precisamente, éste es el tope máximo legal fijado en los cuadros tarifarios vigentes en este 2013, así como en la Ordenanza Reguladora del Taxi de Madrid».
A su vez, la organización ha añadido que se han detectado que hay incluso casos en los que los taxistas han aplicado una tarifa en el momento de la recogida de 18 euros, «una práctica lamentable que está fuera de norma y que menoscaba los derechos fundamentales de quienes tienen una discapacidad, como personas y como consumidores».
Los usuarios del Eurotaxi que han vivido este tipo de actuaciones, según expone FAMMA en el escrito enviado a la Dirección General de Consumo, «han sido objeto de una situación discriminatoria, dado que se les ha aplicado una tarifa ilegal y fuera de norma que no se aplica al resto de ciudadanos, lo que contraviene numerosos preceptos de la legislación vigente, entre ellos los que establece la Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau) o la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
«Precisamente, sin ir más lejos, en este último tratado, que ha sido rubricado por la Comunidad de Madrid en el pleno celebrado el 19 de junio de 2008, se establece, en su artículo 9, que la Administración debe garantizar la accesibilidad en igualdad de condiciones para todas las personas a las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público, como, en este caso, el transporte», ha declarado la Federación.
Por otra parte, FAMMA también ha asegurado que los conductores «aplican la cuantía máxima de recogida de 5 euros (o tarifas superiores) incluso en trayectos en los que, por proximidad, no se llegaría a ese importe y que, además de la aplicación de tarifas que están al margen de la legalidad, en los casos estudiados se brinda al usuario un servicio que, en muchos casos, no cumple con lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del Taxi como la entrega de tickets que no se ajustan a la norma».
Por último, la Federación ha concluido manifestando que seguirá en actitud vigilante «para denunciar cualquier acción ilegal y discriminatoria que vulnere, como en este caso, los derechos de las personas con discapacidad».
García Ferrer afirma que la nueva ley de dependencia será ‘más sostenible y eficiente’
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, señaló que la nueva ley de dependencia va a ser «más sostenible y eficiente» y va a apostar más por la «prevención que la intervención».
García Ferrer se pronunció así tras la reunión mantenida con la presidenta de la Federación Provincial Alcarreña de Jubilados y Pensionistas de la Tercera Edad, Carmen Hombrados, con el objeto de informar a este colectivo acerca de la nueva normativa que entrará en vigor en breve, según palabras del director general de Mayores.
«Entendemos que era importante regular los servicios de prevención y de promoción de la independencia personal y así lo hemos recogido en la nueva ley», señaló el director general de Mayores, quien destacó que la nueva normativa recoge con detalle los servicios de atención al dependiente, «apostando por un modelo de servicio público y, si con éste no es suficiente, aportar el dinero necesario para que el dependiente contrate a profesionales que le presten dicho servicio».
En este sentido, defendió la profesionalización de la asistencia a los dependientes a la región, con un apoyo en casa en lugar de la asistencia en residencias y la inclusión del dependiente moderado «que con la actual ley no está recogido de forma detallada».
Todas estas medidas recogidas en la nueva normativa, insistió García Ferrer, van encaminadas a un objetivo único que es atender a los que más lo necesiten y de forma proporcionar a sus necesidades.
El director general explicó, asimismo, que la Consejería va a mantener el mismo número de horas de ayuda a domicilio a todos los grandes dependientes, a pesar de que el acuerdo del Consejo Interterritorial contempla que se reduzca su intensidad más de un 20 por ciento.
Para el próximo año, el Gobierno regional tiene prevista una inversión de más de 400 millones de euros para atender a las personas en situación de dependencia, señaló García Ferrer.
Por su parte, Carmen Hombrados manifestó su apoyo a la nueva ley que «no viene a quitar nada» sino a regular los servicios y adaptarla tras ocho años en funcionamiento de la norma. Como representante del colectivo de jubilados y pensionistas de la provincia agradeció a la Junta que «hayan contado con nosotros para saber las necesidades y servicios más adecuados» que la nueva ley debe recoger.
La Ley de Dependencia como fuente de empleo
La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, ha asistido a la clausura del «Curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones», una formación que la Diputación ha orientado a auxiliares en instituciones sanitarias, donde ha manifestado que la Diputación ha manifestado que «cree en la Ley de Dependencia como derecho y como yacimiento de empleo par nuestros jóvenes».
Argota ha asegurado que «a diferencia de lo que está ocurriendo en otros ámbitos de la política, la Diputación cree firmemente en la Ley de Dependencia. Atender a los sevillanos en su dependencia viene a satisfacer un derecho fundamental y, además, consideremos que, hoy, la dependencia constituye un campo de empleabilidad para nuestra juventud, con formación y capacitación pertinente».
Argota ha estado acompañada por la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Aurora Cosano, y por la responsable Provincial de Cruz Roja, Auxiliadora Prieto, entidad colaboradora en la formación. La diputada ha hecho hincapié en «la colaboración que se establece entre Junta, ayuntamientos y Diputación para el desarrollo de estos cursos, y en que esta formación es un preludio para un contrato de cuatro meses, a través de los planes de Empleo Estable».
La consejera de Bienestar Social tacha de «inaceptable» que 50.000 niños catalanes sufran malnutrición
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha tachado de «inaceptable» que 50.000 niños catalanes sufran malnutrición y 751 estén siendo tratados por desnutrición en los centros de atención primaria (CAP), unas cifras reveladas este lunes por el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.
En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, Munté ha sentenciado que Catalunya «no tiene un problema estructural de desnutrición, sino problemas de malnutrición» relacionados con los hábitos saludables y el empobrecimiento de las familias.
Aún así, ha admitido que es «preocupante» que la pobreza infantil afecte ya al 28% de los niños menores de 16 años, aunque ha recordado que el Govern ha impulsado diversas medidas para hacer frente a esta situación.
Ha reiterado que los colectivos más vulnerables, especialmente los niños, son una «prioridad» para el Ejecutivo catalán y ha avanzado que las políticas sociales serán el principal eje de los presupuestos de los próximos años.
Munté también ha defendido a prórroga presupuestaria porque, precisamente, permite «no tener que recortar más» a los sectores con mayores dificultades.
Los mayores que viven en residencias suelen sufrir melancolía durante el verano
Las personas mayores que viven en residencias suelen sufrir melancolía durante el verano, especialmente aquellas que por su patología o su estado general no pueden salir del centro y acudir con los familiares a sus lugares de veraneo.
De hecho, en Lepant Residencial sólo se van de vacaciones tres o cuatro residentes de los 170 que habitan en él aunque suelen regresar a la semana o a las dos semanas. El motivo, según ha informado el centro, es porque muchos dicen sentirse una «carga» para sus familias y consideran que es hora de que disfruten sin ellos.
«La rutina es muy importante para las personas mayores. Cuando se les cambia de entorno y de rutinas, frecuentemente se desorientan y se irritan. Ir de vacaciones acaba siendo para ellos una angustia, se les hace todo una montaña y no saben cómo decir a la familia que prefieren quedarse en el centro», ha comentado la psicóloga del centro, Alba Ribas.
En este sentido, la trabajadora social Natalia Barrientos ha recomendado a los hijos o familiares que se vayan de vacaciones sin «sentirse culpables» de dejar a la persona mayor en la residencia porque, ha asegurado, estará «perfectamente cuidado» durante el tiempo que ellos estén fuera.
«Normalmente las familias son muy entregadas y visitan a los residentes muy a menudo, pero es necesario que también disfruten de un tiempo de ocio para ellos y desconecten de la residencia, aunque sea por unos días. Llevan mucha carga emocional encima», ha zanjado.
La Comunidad de Madrid paga el 80% de los servicios de dependencia y el Estado el 10%
La Comunidad de Madrid costea actualmente al 80 % de los servicios vinculados a la ley de dependencia a pesar de que la legislación recoge que las autonomías tienen que aportar un montante igual al del Estado en la financiación, explica en una entrevista concedida a Efe el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel.
Mientras que en las prestaciones económicas en el entorno familiar la regla del 50 % de aportación de las dos administraciones sí se cumple, admite Fermosel, en las prestaciones por servicios el Gobierno aporta solo «entre un 8 y un 10 %», un porcentaje similar al de los ciudadanos -la ley establece un copago en función de la renta-.
El consejero de Asuntos Sociales aguarda que esta situación cambie, y el que Consejo Inteterritorial acepte una reivindicación antigua como la de que el mínimo garantizado se eleve en el caso de estos recursos «de coste elevado».
Fermosel, que recuerda que Madrid destina más de 900 millones de euros a la dependencia, se queja de que el Estado, que aporta ese mínimo garantizado en función del grado del dependiente, financie «en torno a 250 euros» de una plaza de residencia que cuesta 1.800.
«La inmensa mayoría de las comunidades interpretaron el espíritu de la ley un poco por las hojas», prosigue el consejero, que dice que no atendieron al criterio de que los servicios son prioritarios, y no las pagas.
«El 44 % de los dependientes tienen prestación económica en el entorno familiar en España y en algunas comunidades este porcentaje supera el 60 %. Madrid está entorno al 20 %», añade Fermosel, que remarca que las prestaciones deben ser una «excepcionalidad».
Para ejemplificar el grado de insatisfacción de las comunidades, el consejero remarca que hasta el propio PSOE, cuando gobernaba tanto en Cataluña como en Castilla-La Mancha, pensó en «suspender» la ley por falta de financiación.
«Zapatero mintió en una sola frase dos veces cuando dijo que la ley iba a estar dotada de inicio con 1.000 millones de euros; pues ni inicio, ni 1.000 millones», se queja el consejero, que añade que por ley se atiende a menores de 0 a 3 años gracias a una enmienda del PP.
AERTE certifica en julio a 55 nuevos profesionales de atención socio-sanitaria en instituciones sociales
En lo que va de año, se han acreditado más de 200 auxiliares gracias al programa formativo de la asociación.
La Asociación de Empresas de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, Aerte, ha concluido en julio las prácticas del Curso de Atención Socio-sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. La acción formativa, de 450 horas, iniciada en octubre del pasado año, ha permitido certificar la profesionalidad de 55 profesionales más de los integrados en su red de centros, lo que les habilita para desempeñar las funciones de su cargo a los técnicos en esta materia.
En lo que va de año, se han acreditado más de 200 auxiliares gracias al programa formativo de la asociación. La patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana promueve así su compromiso por impulsar la profesionalidad en el sector, actualizando de forma continua el conocimiento de funciones y competencias socio-sanitarias a los más de 14.000 profesionales cualificados que aglutina y que atienden cada día a 22.000 personas en situación de dependencia.
De este modo, se estimula además su capacidad para generar empleo estable a través de su red asistencial compuesta por 200 empresas en las tres provincias. Y es que, en cada uno de sus más de 250 centros asociados, se crea un puesto de trabajo directo por cada dos personas dependientes que son atendidas.
El ejercicio físico permite a las personas mayores mantener una mente activa
La práctica regular de ejercicio físico permite a las personas mayores mantener una mente activa, además de sentirse ágiles, útiles y dependientes. Sin embargo, según alertan los expertos, son muchas las personas mayores que se olvidan de ejercitarla diariamente y evitar, así, que el paso de los años le afecte.
Los hábitos de vida saludables protegen a la mente del deterioro cognitivo o la falta de memoria. En este sentido, la directora médica del servicio de Promoción de la Salud de Sanitas, Clara Esteban, ha recordado que la mente sana se basa en tres pilares fundamentales: la realización de actividades intelectuales, la práctica de ejercicio físico y una alimentación saludable.
De hecho, las actividades intelectuales o de ocio como ‘sudokus’, sopas de letras o crucigramas consiguen lograr un cierto nivel de agudeza mental, ya que permiten entrenar la agilidad mental sin que suponga un gran esfuerzo para la persona realizarlo.
«Realizando este tipo de actividades, las personas mayores pueden prevenir la aparición de demencias así como la evolución de éstas si ya se hubiesen manifestado. Es más importante la calidad del tiempo destinado a realizar esta actividad que la cantidad de pasatiempos que se realicen, ya que cuánto más se practique estas actividades, combinando los diferentes tipos, la agilidad mental mejorará, y por tanto también lo hará la coordinación, la memoria y, por supuesto, la comprensión», ha comentado la experta.
Por ello, las personas mayores deben completar la actividad intelectual con la práctica de ejercicio físico que permite estimular los músculos y articulaciones, así como mejorar su coordinación y equilibrio. Actividades más veraniegas como fisioterapia en el agua o paseos a primera hora del día, evitando las de mayor calor, harán que las personas mayores estén motivadas a realizarlas, gracias también a las relaciones sociales que se establecen, y, por tanto, que éstas terminen repitiéndose.
LA IMPORTANCIA DE UNA DIETA SALUDABLE Y EQUILIBRADA
Por otra parte, la alimentación también influye a la hora de que las personas mayores mantengan una mente activa, e incluso para prevenir su deterioro. Entre los alimentos que favorece la agilidad mental destaca el pescado azul, que contiene Omega-3; las nueces, que aportan vitamina E; el salvado de trigo ,por su aporte de minerales; o el aguacate, rico en vitaminas, minerales y ácidos grasos.
Asimismo, la leche y los cereales integrales también son productos de consumo recomendado para las personas mayores al fomentar el buen funcionamiento de la mente. Además, en los meses veraniegos, la experta ha recomendado a las personas mayores que en su dieta no se olviden de incluir frutas y verduras, así como moderar el consumo de grasas.
Sanidad asegura que ha satisfecho pagos a Cataluña para financiar dependencia
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que ha satisfecho el pago que cada mes recibe Cataluña para financiar la ley de dependencia, una cantidad que asciende a los 121,5 millones de euros en el primer semestre del año.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio, han respondido de esta manera al anuncio de la Generalitat de Cataluña que ha culpado al Estado de incumplir la financiación prevista en la ley y ha anunciado que suspenderá durante dos meses las nuevas prestaciones para pagar las residencias.
En concreto, la Generalitat ha decidido suspender durante ese periodo y de manera transitoria nuevas entradas de beneficiarios de prestaciones económicas para pagar plazas de residencias geriátricas, previstas en la ley de dependencia, debido a la precariedad de sus finanzas.
Las fuentes de la Secretaría de Estado han insistido en que la parte de la financiación que el Estado debe destinar a las comunidades autónomas, según la legislación, el denominado nivel mínimo, ya ha sido entregada mes a mes a Cataluña.
En concreto, el Estado ha destinado a Cataluña 15,5 millones de euros en el mes de enero; 22,7 millones en febrero; 31,7 millones en marzo; 17,9 millones en abril; 14,9 millones en mayo; y 18,8 millones de euros en junio.
Las fuentes han indicado que la aportación del Estado a las comunidades autónomas depende del número de beneficiarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por lo que si la aportación a Cataluña ha descendido en los meses de abril y mayo ha sido porque esta comunidad no ha incorporado nuevos dependientes.
En total, esta comunidad cuenta con 139.117 beneficiarios.
Cataluña es tras Andalucía la comunidad que más dinero recibe del Estado para financiar la ley, subrayan las fuentes, que han hecho hincapié en que la gestión de la dependencia es competencia «exclusiva» de las autonomías.
En este sentido, subrayan que el autogobierno conlleva marcar prioridades en las políticas de gasto y, en este caso, de políticas de inversión social, por lo que «quizás la Generalitat debería plantearse» reorientar sus fondos «a las personas que más lo necesitan».
Desde el Ministerio, añaden las fuentes, «se hace un esfuerzo» para hacer sostenible la ley de la dependencia y entre otras medidas han señalado que hace pocas semanas se aprobó el plan de pago a proveedores por lo que la deuda de los conciertos con las residencias de ancianos estará cubierta.
