Archivo diario: 16 septiembre, 2013
El paro se ha incrementado un 100% entre las personas con discapacidad desde el inicio de la crisis
El número de parados entre las personas con discapacidad en España se ha incrementado un cien por cien en los últimos cinco años y seis de cada diez son ya parados de larga duración, según un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al respecto que alerta de que «la crisis está incidiendo de manera especial en este colectivo».
En total, 1.262.000 personas en edad laboral tienen un certificado de discapacidad en España, es decir, el 4,11 por ciento de la población de este perfil; el 54,49% son hombres y el grupo más amplio tiene entre 45 y 64 años de edad, conforme los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Según Empleo, al cierre de 2012, 131.514 personas con discapacidad estaban en paro –el 2,71 por ciento de los desempleados del país–, tras registrar un incremento del 19,39 por ciento, muy por encima del que había experimentado en el mismo periodo la tasa general, que creció un 9,64%.
Además, el informe recogido por Europa Press revela que el 60 por ciento son parados de larga duración (más de un año en desempleo), cuando en el conjunto de la población son alrededor del 40 por ciento. «La búsqueda de un puesto de trabajo es más prolongada en el tiempo, dibujando un cuadro poco alentador para los parados que tienen reconocida alguna discapacidad», explica.
En su mayoría, estos parados de larga duración son hombres con una discapacidad física. De hecho, el 55 por ciento de los trabajadores del colectivo presentan este tipo de discapacidades. Existe, además, una relación directa entre la edad y la antigüedad como demandante de empleo, de manera que «a mayor edad, mayor permanencia como desempleado», conforme el estudio del Ministerio de Empleo.
En cuanto al perfil de los desempleados con discapacidad, el informe apunta que son en su mayoría mujeres (51,40%) y revela que en cuatro de cada diez casos, se trata de personas que no han alcanzado la titulación en Educación Secundaria Obligatoria. Por contra, el paro entre quienes poseen una titulación superior es en este colectivo del 9,70 por ciento.
Por sectores, el 66,38% de los parados con discapacidad proceden del terciario, cuando en el conjunto de la población los desempleados de este área no representan ni el 50% del total. Además, «el número de parados en el sector Servicios, en la Construcción y en la Agricultura se haya triplicado desde el año 2008», según el informe.
En paralelo, se ha producido un descenso en la contratación de personas con discapacidad, que el año pasado llegó a ser del 3,32 por ciento, aunque entre el resto de la población la reducción fue del 1,33%. En 2012 se concertaron 150.331 contratos en este colectivo, el 1,06 por ciento del volumen nacional.
Estas cifras cobran mayor relevancia teniendo en cuenta que en la década anterior a 2008 la contratación de personas con discapacidad había evolucionado de forma más favorable que la del resto de la población, llegando a acumular un crecimiento del 27,74 por ciento. No en vano, el primer retroceso en una década se produjo en 2008, tras registrar en 2007 el valor más alto de su historia.
SE ACORTA LA BRECHA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN
Tras cinco años de caídas, en 2012 se ha registrado además la menor proporción en el número de contratos indefinidos para personas con discapacidad de la última década, con un decremento acumulado en el último quinquenio del 36,58%. Mientras, los contratos temporales han aumentado en ambos periodos (32,84% y 4,70%).
Por género, los hombres siguen registrando más contratos que las mujeres (58,36% y 41,64%, respectivamente), pero la brecha se acorta año tras año, pasando de los 31,88 puntos diferenciales en el año 2003 a los 16,71 puntos en el año 2012. En el mercado nacional total hay un mayor equilibrio en el reparto de la contratación, con el 52,93% de los contratos para los hombres y el 47,07% para las mujeres.
En cuanto al perfil profesional, algo más de seis de cada diez contratados con discapacidad tienen un nivel nivel formativo de enseñanza secundaria obligatoria (son el 51,87% en la población general), y en su mayoría trabajan en el sector terciario y la industria, mientras tienen poca presencia en el sector primario y la construcción en comparación con el resto de la población activa.
Además, registran mucha menos movilidad: el 93,58% trabaja en la provincia en la que tiene residencia permanente, mientras sólo en un 6,42 por ciento de los contratos registrados se produce un cambio de residencia. «Se constata que este colectivo es el de menor movilidad laboral de todos los colectivos con dificultades de inserción en el mercado de trabajo», explica el informe de Empleo.
Discapacitados intelectuales protestan contra los recortes en Cataluña
Representantes de la plataforma de discapacitados intelectuales Dincat, que representa a 310 entidades con más de 30.000 usuarios, protestará este miércoles ante la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña contra el recorte del 20% en el Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda, del que se benefician actualmente 650 personas en Cataluña.
El objetivo de la protesta es intentar revertir el tijeretazo, que el Govern ha aplicado con efectos retroactivos desde enero, algo que afecta a la viabilidad de las 44 entidades que actualmente gestionan este programa, ha informado este lunes Dincat en un comunicado.
El Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda es «fundamental» para la plena inclusión de los discapacitados intelectuales ya que les permite independizarse y tener un proyecto de vida propio.
La cuarentena de entidades que llevan a cabo este programa ponen a disposición de los beneficiarios equipos de personas que les ofrecen apoyo en áreas como el cuidado personal, la resolución de trámites y gestiones administrativas y la organización de la economía personal y doméstica, entre otras.
Hasta ahora, la subvención era de 626,35 euros mensuales, que tras el recorte se ha reducido a 500 euros, cifra que «dificulta claramente la viabilidad del programa», según Dincat.
La patronal AERTE sigue a la espera de una solución a los impagos
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), tras haberse reunido esta mañana con las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, sigue a la espera de un compromiso y de la firma de una regulación segura de los pagos comprometidos con el sector de forma equitativa.
La Administración valenciana se compromete a que no aumente la deuda actual con un mecanismo de pago mensual.
Aerte, que había solicitado a las administraciones valencianas un plan de pagos que pueda garantizar la sostenibilidad del sector, sigue sin una contestación clara ni con la seguridad de que se vaya a afrontar la deuda que mantiene con la administración, aunque desde las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda se han comprometido a que no se eleve la deuda contraída desde 2012 mediante un mecanismo de pago mensual que podría estar listo a finales de este mes.
Desde la patronal valenciana le han insistido a las administraciones que el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación muy compleja y delicada al no poder hacer frente por más tiempo a la carga de deuda que mantiene la Generalitat Valenciana y que sólo en los centros de atención a dependientes de titularidad pública asciende a más de 50 millones de euros, correspondientes a las facturas desde octubre de 2012. Cabe recordar que estos centros atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y dan empleo a más de 3.000 profesionales.
Por otra parte, Aerte le ha solicitado una vez más a la Administración que es necesaria la ordenación del sector con iniciativas como la existencia del mismo número de plazas concertadas que de ayudas directas al usuario con un presupuesto que se distribuya equitativamente entre ambos programas, respetando siempre la libertad de elección del usuario. Por último, desde la patronal valenciana han insistido en la necesidad de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, así como la atención de los más de 11.000 personas dependientes, ancianos y discapacitados en su mayoría, que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación.
