Archivo diario: 18 septiembre, 2013
Mensajeros de la Paz, galardonada con el ‘Madrileño Destacado del Año’ por el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid
El acto de entrega tendrá lugar el 19 de septiembre. El Padre Ángel recogerá el premio.
La Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, celebrada el pasado día 11 de julio, acordó por unanimidad, otorgar a la organización no gubernamental Mensajeros de la Paz el Premio ‘Madrileño Destacado del Año’ por su incansable labor de apoyo, en 50 países, a los sectores sociales más desprotegidos: niños y jóvenes privados del ambiente familiar, mujeres víctimas de violencia doméstica, discapacitados físicos y psíquicos y las personas mayores que viven en soledad, abandono o indigencia.
Con este Premio, el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid quiere homenajear a madrileños -de nacimiento o adopción- o a entidades e instituciones, por su trayectoria profesional o actuaciones sobresalientes que nos hayan hecho sentirnos orgullosos de pertenecer a esta comunidad. Bajo el lema ‘Comprometidos con Madrid’, el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid concede el ‘Premio Madrileño Destacado del Año’ con el objetivo de consolidar su imagen e impulsar la apertura del colectivo a todos los ámbitos de la sociedad madrileña.
La entrega del Premio, en su IV Edición, queda enmarcada en los actos conmemorativos que se celebrarán con motivo de la Fiesta de la Patrona del Seguro, el próximo día 19 de septiembre, en el Hotel Ritz de Madrid. El padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, será el encargado de recoger el galardón.
Más de 10.000 españoles de 75 años vivirán con demencia pero sin diagnosticar
Sanitas ha editado «El Iceberg de la demencia», un informe internacional que pretende animar a los gobiernos, instituciones, profesionales sanitarios, y otros agentes implicados, a dialogar sobre la posibilidad de incorporar métodos de diagnostico precoz de la demencia. Según recoge esta publicación, en España hay 10.115 personas de 75 años que vivirán con demencia pero sin un diagnóstico.
El estudio, realizado por la London School Of Economics and Political Science, examina las implicaciones de la introducción de pruebas de evaluación de la memoria para todas las personas de 75 años en cuatro países: Reino Unido (Inglaterra y Gales), España, Australia y Nueva Zelanda, donde Bupa, empresa matriz de Sanitas, tiene presencia como líder internacional en la atención especializada de la demencia en personas mayores. En España, hay unas 375.000 personas de 75 años, de las cuales se estima que unas 16.600 padecen demencia. De ellas, más de 10.000 no tendrán diagnóstico.
El informe concluye que si se introduce la prueba de evaluación de la memoria a los 75 años en los sistemas de salud, habría más de 3.800 personas diagnosticadas cada año como resultado directo de la prueba. Esto significa que casi 2.300 personas no recibirían nunca un diagnóstico si no fuera por la prueba de detección. En total, en los cuatros países analizados, el número de nuevos casos crecería hasta casi 8.900.
Invertir en el diagnóstico resulta esencial
Para el consejero delegado de Sanitas, Iñaki Ereño, «El Alzheimer y el resto de demencias constituyen uno de los mayores problemas de salud pública a los que se enfrenta nuestra sociedad, un desafío de incidencia mundial. Creemos que el acceso a un diagnóstico precoz, junto a la participación y ayuda de familiares y amigos, puede contribuir a que las personas afectadas puedan planificar adecuadamente su futuro y tomar decisiones para cuando su vida cambie de manera sustancial».
Koldo Aulestia, presidente de CEAFA, asegura que «desde nuestra asociación llevamos varios años reclamando la creación de una Política de Estado para el Alzheimer que incluya desde protección jurídica, hasta formación para los profesionales, pasando por programas de apoyo a las familias. En definitiva, que el Alzheimer se convierta en unaprioridad socio-sanitaria en nuestro país».
Los resultados de este informe confirman la idea de apostar por la creación de un «Plan Nacional de Demencia», que reconozca esta patología como una prioridad en los sistemas de salud, al mismo nivel que otros problemas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades del corazón. Actualmente, únicamente nueve países del mundo disponen de planes nacionales (Reino Unido, Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Corea del Sur, Estados Unidos, Noruega y Países Bajos).
Reclaman una política de Estado
A escala mundial, la mayoría de las personas que sufren demencia nunca va a obtener un diagnóstico formal. En estos momentos, casi 30 millones de personas desconocen que la padecen, lo que les impide tener la oportunidad de planificar su futuro y acceder a una mejor asistencia y apoyo.
En este sentido, Sanitas Residencial ha puesto en marcha un proyecto pionero en España que ofrece un servicio rápido y unificado en un solo centro para saber si una persona padece algún tipo de demencia y en qué grado. Esta Unidad cubre tres aspectos básicos: métodos diagnósticos, consulta con un médico-geriatra y el acceso a un primer estadio de tratamientos especializados.
Según Pedro Cano, responsable del programa «las personas que son diagnosticadas en la actualidad, por lo general reciben un diagnóstico en una etapa relativamente tardía en el curso de la enfermedad cuando los medicamentos contra la demencia, que durante un tiempo hacen más lenta la progresión de la enfermedad, ya no funcionan y la demencia es tan avanzada que es demasiado tarde para involucrar a la persona en las decisiones sobre su futuro, porque ya no se pueden comunicar».
Recomendaciones para las personas con demencia y sus familiares
La reforma del PP supondrá un recorte de 33.000 millones en las pensiones
El Gobierno ya ha cifrado cuánto va a ahorrar la Seguridad Social con la reforma de pensiones en el horizonte más cercano. Serán 32.939,95 millones acumulados entre 2014 y 2022, según la memoria del anteproyecto de la reforma remida al Consejo Económico y Social (CES). De estos números se desprende que en los próximos años —aunque esto no aparece explícitamente en el documento— los jubilados perderán poder adquisitivo, al menos esta década.
El CES recibió este lunes el anteproyecto y la memoria de la reforma, a la que ha tenido acceso este diario, que el Consejo de Ministros estudió el viernes. En él se detalla la doble vía de ajuste del gasto en pensiones que el Ministerio de Empleo quiere tener lista antes de fin de año. Por un lado, se prevé cambiar la fórmula de actualización anual de prestaciones, ahora ligada al IPC, para vincularla a los ingresos y los gastos del sistema, fijando un suelo para los años de déficit (0,25%) y un techo para los de superávit (inflación más el 0,25%). Esta parte debe funcionar ya el año próximo.
Por otro, se pretende crear un nuevo parámetro (como la edad legal de jubilación, los años cotizados o el periodo de cómputo) que contemplaría la esperanza de vida desde los 67 años para calcular la cuantía inicial de la pensión, que comenzaría a actuar desde 2019, y que se actualizaría cada cinco años.
El recorte del gasto en casi 33.000 millones acumulados entre 2014 y 2022 llega por la combinación “respecto de la situación estimada en ausencia de los mismos”, explica el informe en la página 29. No obstante, el ahorro se produce de forma creciente. Para el próximo año, el impacto se notaría muy poco: unos 809 millones (el gasto presupuestado en pensiones contributivas este año es de 106.000 millones). Al siguiente, ya sumaría 1.637,74 millones. La cantidad crece año a año hasta 2020, cuando el recorte asciende a 5.234 millones. Entonces la cantidad se estabiliza.
“Ahorrar no es recortar. Es ahorro sobre el crecimiento previsto”, defiende el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que relaciona los 33.000 millones menos de gasto con el billón que supondrán las pensiones en ese periodo. “Nadie tendrá pensiones más bajas por esto. Lo que hacemos es reordenar el sistema para reequilibrarlo. Entre 2012, 2013 y 2014, el déficit superará los 35.000 millones”.
Para hacer sus números la Seguridad Social prevé que la inflación en estos nueve años sea del 1%. Esto arroja unos resultados bastante conservadores. Solo el plan de estabilidad del Ejecutivo prevé para 2014 una inflación del 1,5%, y del 1,7% para el siguiente año. De tomarse estas cifras, el recorte de gasto futuro sería mayor: solo en 2014, casi el doble.
La práctica totalidad del ahorro procederá de la aplicación del nuevo índice de revalorización. Habrá que esperar hasta 2030 para que el nuevo parámetro ligado a la esperanza de vida tenga impacto sobre el gasto del sistema, un 0,1% del PIB.
Estos resultados evidencian que durante los primeros años los pensionistas perderán poder adquisitivo, al menos durante el próximo lustro. Y que, a tenor del techo propuesto por el Ejecutivo para los años buenos (IPC más el 0,25%), es muy probable que los pensionistas necesiten mucho más tiempo para recuperar el terreno perdido. “Eso no tiene por qué ser así”, defiende Burgos, que no admite que con la reforma se vaya a devaluar las pensiones, lo que supondría un nuevo incumplimiento electoral. Y para sostener su posición afirma: “Esta reforma abre el debate de los ingresos del sistema”. Las palabras de Burgos hacen referencia a la fórmula de actualización anual que contempla tanto gastos como ingresos, y de aumentar mucho estos pueden influir decisivamente en el resultado de la ecuación.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, por su parte, optó este lunes en Onda Cero por mirar a los últimos 15 años pasado para justificar su propuesta de reforma y no por los cinco futuros: “Si se hubiese puesto en marcha en el año 96 ó 97 la revalorización de las pensiones con este nuevo índice, el resultado habría sido que en 16 años se hubiera subido el IPC más el 0,25% en 14 de ellos y sólo en los dos últimos años habrían subido, aunque menos del IPC”. Pero es difícil que ese pasado se repita. Las previsiones económicas inmediatas son lúgubres y auguran altas tasas de paro —el empleo y sus cotizaciones son la fuente de financiación de las pensiones— hasta al menos 2020. El FMI la sitúa por encima del 25%. Además, conforme avancen los años España camina hacia la generación del baby boom, que llevará el número de pensionistas en 2052 hasta los 15 millones desde los nueve millones actuales.
