Archivo mensual: septiembre 2013
CEOMA pide a la Defensora del Pueblo que «proteja» a los mayores
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) se ha reunido con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para pedir una «mayor protección» para las personas mayores frente al uso de sujeciones «innecesarias».
Así, en el marco de la próxima conmemoración del ‘Día Mundial del Alzheimer’, que se celebra este sábado, la organización ha presentado el programa ‘Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer’ en el que advierte de que, por el hecho de ser más vulnerables, las personas de este colectivo necesitan «mayor amparo» y «otros deciden por ellos, pero no siempre en su mejor beneficio».
De hecho, CEOMA ha recordado que España es el país en que más se recurre a sujeciones o fármacos tranquilizantes en residencias de atención a la tercera edad.
En este sentido, la asociación ha mostrado su preocupación por el hecho de que estos medios «se puedan utilizar impunemente por conveniencia de terceros o para imponer disciplina», según ha indicado el presidente de la confederación, José Luis Méler.
El informe, que incluye una consideración sobre los aspectos éticos del uso de estas técnicas y una publicación que analiza la legislación navarra en la materia, se ha presentado, además de a Becerril, a la adjunta segunda, Concepción Ferrer y al responsable del Área de Sanidad y Política Social, Bartolomé José Martínez.
Por su parte, la Defensora del Pueblo se ha comprometido a dar una respuesta «en un plazo razonable de tiempo» a la confederación tras haber estudiado los informes y documentos aportados.
Alzheimer: claves para la salud del cuidador
«Pieza fundamental» en la atención del enfermo de Alzheimer, son, sin embargo, los grandes olvidados. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de la salud del cuidador, así como en lo «esencial» de sus cuidados. «Tenemos dos tipos de enfermos dentro de una misma patología: el que sufre el trastorno neurodegenerativo -alzheimer, parkinson, etc.- y la enfermedad que va generando en el cuidador, que cada vez dedica más tiempo a la otra persona, lo cual le genera trastornos de ansiedad y otro tipo de lesiones derivadas de la movilización de estos pacientes», detalla el doctor Sergio Merino, especialista en Neurología del Complejo Asistencial de Palencia.
Tres son las claves para el cuidado del cuidador, en opinión de este experto. Primero, «comprender bien qué es la enfermedad y que sus síntomas van más allá de la pérdida de memoria». Consecuencias como los trastornos de conducta son «incluso, más estresantes» para el cuidador que la propia pérdida de memoria, asegura el doctor, por ello considera «imprescindible» que estas personas pregunten a los facultativos cómo enfrentarse a la enfermedad y sobre todo, «que no se culpen de que la enfermedad vaya avanzando». En segundo lugar, es necesario que el cuidador «busque un respiro»: «Es fundamental que tenga tiempo para él y su vida, actividades que le relajen porque así cogerá fuerzas para seguir atendiendo al enfermo», asegura el doctor. Por último, el neurólogo destaca la importancia del aspecto clínico: «Podemos ofrecer distintas terapias a la hora de ayudar, aconsejar cómo hacer los traslados de los pacientes que se mueven peor, posturas para evitar lesiones y tratamientos de fisioterapia o acuaterapia para recuperarse de algún daño».
Las previsiones hablan de que las cifras de enfermos de Alzheimer se duplicarán en 2020, algo que el doctor considera inevitable dado el envejecimiento de la población. Además, añade otro factor a tener en cuenta: «La pirámide de la población se está invirtiendo, así que habrá menos gente joven para cuidar a estos pacientes». Por ello, considera que en un futuro se necesitarán «más ayudas, gente y recursos», y urgen a las autoridades sanitarias a realizar una planificación con el fin de evitar que una mayor demanda de atención «pille desprevenido» a los servicios sanitarios. No obstante, destaca la importante labor que realizan en este sentio las asociaciones de enfermos de Alzheimer, quienes recuerdan que se han visto afectadas por el descenso de las ayudas de la Ley de Dependencia.
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebrá el próximo 21 de septiembre, el doctor Merino participará este jueves a las 19.30 horas en unas jornadas de sensibilización sobre la enfermedad que acogerá la Clínica Hedner de Valladolid.
El Consejo General de Farmacéuticos desarrollará una aplicación móvil con información accesible sobre medicamentos
El Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF) colaborará con la Fundación ONCE y la Fundación Vodafone España en una ‘app’ con información accesible sobre los medicamentos al objeto de desarrollar una aplicación móvil que facilite el acceso a este tipo de contenidos entre las personas con discapacidad y los mayores.
Este proyecto, que lleva por lema ‘Accesibilidad Universal de la Información sobre los medicamentos en tu móvil’, pretende mejorar el acceso de los ciudadanos, en especial, personas con discapacidad y personas mayores, a la información sobre medicamentos, aprovechando el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación.
Con el acuerdo suscrito este martes, dicha aplicación incorporará la información de Bot PLUS, la base de datos de los medicamentos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con distintas opciones de búsqueda, asistente para la lectura de información dirigida a pacientes, y otros servicios de interés para los usuarios. Bot PLUS contiene toda la información actualizada y acumulada de más de 22.000 medicamentos de uso humano y 2.000 principios activos.
Así, las tres entidades trabajarán en el desarrollo de esta aplicación, compatible para sistemas operativos Android e iOS. Antes de su lanzamiento para su descarga gratuita en Google Play y en Apple Store, así como en otros espacios públicos de interés, se realizará una experiencia piloto para la validación de la solución con un grupo representativo de los usuarios finales.
La firma del convenio ha contado con la presencia de la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña; el director general de la Fundación Vodafone España, Santiago Moreno; y el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez.
Por otro lado, en el marco del convenio firmado, se llevará también a cabo la adaptación del portal web del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Portalfarma.com, a criterios de accesibilidad universal.
Mejora la detección precoz del alzheimer
Una noticia buena y otra mala. La buena es que ya es posible diagnosticar precozmente la enfermedad de Alzheimer cuando sus síntomas aún son leves e incluso años antes de que surjan las primeras señales de deterioro cognitivo. La mala es que aún ningún tratamiento ha demostrado ser capaz de frenar la progresión de la enfermedad y que el último fármaco experimental que se ha ensayado ha fracasado.
Lo cual plantea un debate médico y ético. ¿Deben ofrecerse a pacientes con deterioro cognitivo pruebas de diagnóstico precoz si aún no se les puede ofrecer un tratamiento? ¿Debería cubrir la sanidad pública estas pruebas, que son complejas y costosas, aun a costa de recortar otras prestaciones? ¿O bien estas pruebas de diagnóstico precoz sólo deben emplearse con fines de investigación, por ejemplo para estudiar si un fármaco es eficaz en las fases iniciales de la enfermedad?
“Yo, personalmente, si tengo alzheimer preferiría saberlo –declara José Luis Molinuevo, coordinador de la unidad de alzheimer del hospital Clínic–. Preferiría ser diagnosticado antes de llegar a la demencia para tomar decisiones sobre mi vida, por ejemplo para terminar proyectos, decidir cuestiones de herencias, decir cómo quiero ser atendido en la fase terminal…”.
“En las fases avanzadas de la enfermedad, tener un diagnóstico claro suele ser mejor para el paciente, para su familia y para sus cuidadores. Pero en las fases iniciales, cuando aún se conservan las facultades casi intactas, hay gente que prefiere no saberlo. Es una cuestión muy personal”, añade Jesús Ávila, investigador del Centro de Biología Molecular de Madrid.
Hay dos nuevas pruebas que detectan directamente algunos de los cambios que el alzheimer produce en el cerebro. Las pruebas de diagnóstico actuales se basan en indicios indirectos, como tests que evalúan el deterioro cognitivo o resonancias magnéticas que miden la actividad cerebral. “Estas pruebas son buenas; hoy día permiten diagnosticar el alzheimer con precisión”, recuerda Rafael Blesa, jefe del servicio de neurología del hospital de Sant Pau.
Pero detectar directamente los cambios que la enfermedad produce en el cerebro permite tener un diagnóstico aún más certero y, sobre todo, más precoz, sostiene José Luis Molinuevo. “Es importante porque, cuando surgen los primeros síntomas, la enfermedad ya lleva más de diez años dañando el cerebro”, afirma.
Una de las pruebas consiste en extraer líquido del interior de la columna vertebral (el líquido cefalorraquídeo, que baña las neuronas de la médula espinal) y analizar la presencia de proteínas que cambian con el alzheimer.
Se sabe que, desde el principio de la enfermedad, una proteína llamada betaamiloide empieza a acumularse en el cerebro formando placas. En fases más avanzadas, el deterioro de las neuronas conlleva una secreción masiva de otra proteína llamada tau. Por lo tanto, un nivel bajo de betaamiloide en el líquido cefalorraquídeo indica que esta proteína, en lugar de ser liberada por el cerebro, ya está quedando atrapada en forma de placas, lo cual es indicativo de que el alzhéimer se ha iniciado. Y un nivel alto de la proteína tau –y de su pariente fosfotau– es indicativo de que ya se está produciendo un daño neuronal masivo.
Un estudio con 416 voluntarios de más de 70 años publicado el 10 de agosto en la revista Archives of Neurology ha observado que todos aquellos que tenían un trastorno cognitivo leve y además niveles alterados de las proteínas fueron diagnosticados de alzheimer en los cinco años siguientes. Y, al revés, que casi todos los que tenían alzheimer tenían niveles alterados de las proteínas. “Es necesario revisar los criterios de diagnóstico actuales de la enfermedad de Alzheimer, por lo menos en sus fases iniciales”, concluyeron los investigadores, de la Universidad de Gante (Bélgica). “En el Clínic estamos observando resultados similares”, informa Molinuevo, quien también defiende que el diagnóstico de alzheimer se base en la detección directa de las proteínas betaamiloide y tau.
La segunda prueba también detecta cambios en la betaamiloide, en este caso en el cerebro. Consiste en observar directamente las placas de betaamiloide en el cerebro con una técnica de imagen llamada tomografía por emisión de positrones (PET).
A diferencia del análisis de líquido cefalorraquídeo, que ya se realiza en algunos hospitales, el diagnóstico de alzheimer por PET es hoy una técnica experimental que solo se puede utilizar con fines de investigación. Este estatus de experimental no es porque se dude de la eficacia de la técnica, sino porque requiere inyectar en la sangre una sustancia que legalmente se considera un fármaco y que no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.
Por ahora sólo hay un centro en España autorizado por el Ministerio de Sanidad para aplicar esta técnica. Se trata deCRC Centro de Imagen Molecular, ubicado en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que tiene proyectos de investigación sobre alzheimer liderados por los neurólogos Rafael Blesa, de Sant Pau; Jordi Peña, del hospital del Mar; y Mercè Boada, del hospital Vall d’Hebron y la fundación ACE.
Después de que la compañía Lilly anunciara el mes pasado que un fármaco experimental contra la proteína betaamiloide había fracasado en pacientes con alzheimer en fases avanzadas, la gran esperanza ahora es encontrar fármacos que sean eficaces en fases más precoces de la enfermedad. Molinuevo compara la estrategia empleada hasta ahora, y que en el fármaco de Lilly ha resultado fallida, a “intentar frenar un tren que va a 250 por hora; hay que intentar frenarlo cuando aún estamos a tiempo”.
Las compañías farmacéuticas tienen en estos momentos más de 60 fármacos experimentales contra el alzheimer. Averiguar si son eficaces requerirá técnicas de diagnóstico que permitan ver cómo evolucionan los pacientes cuando los fármacos se empiezan a administrar desde que aparecen los primeros síntomas o antes. “Esta es la principal utilidad que van a tener en el futuro próximo las pruebas de diagnóstico que analizan directamente las proteínas betaamiloide y tau –predice Rafael Blesa–. Ayudarán a que avance la investigación”.
Mensajeros de la Paz, galardonada con el ‘Madrileño Destacado del Año’ por el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid
El acto de entrega tendrá lugar el 19 de septiembre. El Padre Ángel recogerá el premio.
La Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, celebrada el pasado día 11 de julio, acordó por unanimidad, otorgar a la organización no gubernamental Mensajeros de la Paz el Premio ‘Madrileño Destacado del Año’ por su incansable labor de apoyo, en 50 países, a los sectores sociales más desprotegidos: niños y jóvenes privados del ambiente familiar, mujeres víctimas de violencia doméstica, discapacitados físicos y psíquicos y las personas mayores que viven en soledad, abandono o indigencia.
Con este Premio, el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid quiere homenajear a madrileños -de nacimiento o adopción- o a entidades e instituciones, por su trayectoria profesional o actuaciones sobresalientes que nos hayan hecho sentirnos orgullosos de pertenecer a esta comunidad. Bajo el lema ‘Comprometidos con Madrid’, el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid concede el ‘Premio Madrileño Destacado del Año’ con el objetivo de consolidar su imagen e impulsar la apertura del colectivo a todos los ámbitos de la sociedad madrileña.
La entrega del Premio, en su IV Edición, queda enmarcada en los actos conmemorativos que se celebrarán con motivo de la Fiesta de la Patrona del Seguro, el próximo día 19 de septiembre, en el Hotel Ritz de Madrid. El padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, será el encargado de recoger el galardón.
Más de 10.000 españoles de 75 años vivirán con demencia pero sin diagnosticar
Sanitas ha editado «El Iceberg de la demencia», un informe internacional que pretende animar a los gobiernos, instituciones, profesionales sanitarios, y otros agentes implicados, a dialogar sobre la posibilidad de incorporar métodos de diagnostico precoz de la demencia. Según recoge esta publicación, en España hay 10.115 personas de 75 años que vivirán con demencia pero sin un diagnóstico.
El estudio, realizado por la London School Of Economics and Political Science, examina las implicaciones de la introducción de pruebas de evaluación de la memoria para todas las personas de 75 años en cuatro países: Reino Unido (Inglaterra y Gales), España, Australia y Nueva Zelanda, donde Bupa, empresa matriz de Sanitas, tiene presencia como líder internacional en la atención especializada de la demencia en personas mayores. En España, hay unas 375.000 personas de 75 años, de las cuales se estima que unas 16.600 padecen demencia. De ellas, más de 10.000 no tendrán diagnóstico.
El informe concluye que si se introduce la prueba de evaluación de la memoria a los 75 años en los sistemas de salud, habría más de 3.800 personas diagnosticadas cada año como resultado directo de la prueba. Esto significa que casi 2.300 personas no recibirían nunca un diagnóstico si no fuera por la prueba de detección. En total, en los cuatros países analizados, el número de nuevos casos crecería hasta casi 8.900.
Invertir en el diagnóstico resulta esencial
Para el consejero delegado de Sanitas, Iñaki Ereño, «El Alzheimer y el resto de demencias constituyen uno de los mayores problemas de salud pública a los que se enfrenta nuestra sociedad, un desafío de incidencia mundial. Creemos que el acceso a un diagnóstico precoz, junto a la participación y ayuda de familiares y amigos, puede contribuir a que las personas afectadas puedan planificar adecuadamente su futuro y tomar decisiones para cuando su vida cambie de manera sustancial».
Koldo Aulestia, presidente de CEAFA, asegura que «desde nuestra asociación llevamos varios años reclamando la creación de una Política de Estado para el Alzheimer que incluya desde protección jurídica, hasta formación para los profesionales, pasando por programas de apoyo a las familias. En definitiva, que el Alzheimer se convierta en unaprioridad socio-sanitaria en nuestro país».
Los resultados de este informe confirman la idea de apostar por la creación de un «Plan Nacional de Demencia», que reconozca esta patología como una prioridad en los sistemas de salud, al mismo nivel que otros problemas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades del corazón. Actualmente, únicamente nueve países del mundo disponen de planes nacionales (Reino Unido, Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Corea del Sur, Estados Unidos, Noruega y Países Bajos).
Reclaman una política de Estado
A escala mundial, la mayoría de las personas que sufren demencia nunca va a obtener un diagnóstico formal. En estos momentos, casi 30 millones de personas desconocen que la padecen, lo que les impide tener la oportunidad de planificar su futuro y acceder a una mejor asistencia y apoyo.
En este sentido, Sanitas Residencial ha puesto en marcha un proyecto pionero en España que ofrece un servicio rápido y unificado en un solo centro para saber si una persona padece algún tipo de demencia y en qué grado. Esta Unidad cubre tres aspectos básicos: métodos diagnósticos, consulta con un médico-geriatra y el acceso a un primer estadio de tratamientos especializados.
Según Pedro Cano, responsable del programa «las personas que son diagnosticadas en la actualidad, por lo general reciben un diagnóstico en una etapa relativamente tardía en el curso de la enfermedad cuando los medicamentos contra la demencia, que durante un tiempo hacen más lenta la progresión de la enfermedad, ya no funcionan y la demencia es tan avanzada que es demasiado tarde para involucrar a la persona en las decisiones sobre su futuro, porque ya no se pueden comunicar».
Recomendaciones para las personas con demencia y sus familiares
La reforma del PP supondrá un recorte de 33.000 millones en las pensiones
El Gobierno ya ha cifrado cuánto va a ahorrar la Seguridad Social con la reforma de pensiones en el horizonte más cercano. Serán 32.939,95 millones acumulados entre 2014 y 2022, según la memoria del anteproyecto de la reforma remida al Consejo Económico y Social (CES). De estos números se desprende que en los próximos años —aunque esto no aparece explícitamente en el documento— los jubilados perderán poder adquisitivo, al menos esta década.
El CES recibió este lunes el anteproyecto y la memoria de la reforma, a la que ha tenido acceso este diario, que el Consejo de Ministros estudió el viernes. En él se detalla la doble vía de ajuste del gasto en pensiones que el Ministerio de Empleo quiere tener lista antes de fin de año. Por un lado, se prevé cambiar la fórmula de actualización anual de prestaciones, ahora ligada al IPC, para vincularla a los ingresos y los gastos del sistema, fijando un suelo para los años de déficit (0,25%) y un techo para los de superávit (inflación más el 0,25%). Esta parte debe funcionar ya el año próximo.
Por otro, se pretende crear un nuevo parámetro (como la edad legal de jubilación, los años cotizados o el periodo de cómputo) que contemplaría la esperanza de vida desde los 67 años para calcular la cuantía inicial de la pensión, que comenzaría a actuar desde 2019, y que se actualizaría cada cinco años.
El recorte del gasto en casi 33.000 millones acumulados entre 2014 y 2022 llega por la combinación “respecto de la situación estimada en ausencia de los mismos”, explica el informe en la página 29. No obstante, el ahorro se produce de forma creciente. Para el próximo año, el impacto se notaría muy poco: unos 809 millones (el gasto presupuestado en pensiones contributivas este año es de 106.000 millones). Al siguiente, ya sumaría 1.637,74 millones. La cantidad crece año a año hasta 2020, cuando el recorte asciende a 5.234 millones. Entonces la cantidad se estabiliza.
“Ahorrar no es recortar. Es ahorro sobre el crecimiento previsto”, defiende el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que relaciona los 33.000 millones menos de gasto con el billón que supondrán las pensiones en ese periodo. “Nadie tendrá pensiones más bajas por esto. Lo que hacemos es reordenar el sistema para reequilibrarlo. Entre 2012, 2013 y 2014, el déficit superará los 35.000 millones”.
Para hacer sus números la Seguridad Social prevé que la inflación en estos nueve años sea del 1%. Esto arroja unos resultados bastante conservadores. Solo el plan de estabilidad del Ejecutivo prevé para 2014 una inflación del 1,5%, y del 1,7% para el siguiente año. De tomarse estas cifras, el recorte de gasto futuro sería mayor: solo en 2014, casi el doble.
La práctica totalidad del ahorro procederá de la aplicación del nuevo índice de revalorización. Habrá que esperar hasta 2030 para que el nuevo parámetro ligado a la esperanza de vida tenga impacto sobre el gasto del sistema, un 0,1% del PIB.
Estos resultados evidencian que durante los primeros años los pensionistas perderán poder adquisitivo, al menos durante el próximo lustro. Y que, a tenor del techo propuesto por el Ejecutivo para los años buenos (IPC más el 0,25%), es muy probable que los pensionistas necesiten mucho más tiempo para recuperar el terreno perdido. “Eso no tiene por qué ser así”, defiende Burgos, que no admite que con la reforma se vaya a devaluar las pensiones, lo que supondría un nuevo incumplimiento electoral. Y para sostener su posición afirma: “Esta reforma abre el debate de los ingresos del sistema”. Las palabras de Burgos hacen referencia a la fórmula de actualización anual que contempla tanto gastos como ingresos, y de aumentar mucho estos pueden influir decisivamente en el resultado de la ecuación.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, por su parte, optó este lunes en Onda Cero por mirar a los últimos 15 años pasado para justificar su propuesta de reforma y no por los cinco futuros: “Si se hubiese puesto en marcha en el año 96 ó 97 la revalorización de las pensiones con este nuevo índice, el resultado habría sido que en 16 años se hubiera subido el IPC más el 0,25% en 14 de ellos y sólo en los dos últimos años habrían subido, aunque menos del IPC”. Pero es difícil que ese pasado se repita. Las previsiones económicas inmediatas son lúgubres y auguran altas tasas de paro —el empleo y sus cotizaciones son la fuente de financiación de las pensiones— hasta al menos 2020. El FMI la sitúa por encima del 25%. Además, conforme avancen los años España camina hacia la generación del baby boom, que llevará el número de pensionistas en 2052 hasta los 15 millones desde los nueve millones actuales.
La Junta de Andalucía garantiza que abonará las deudas a empresas y familias por dependencia
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha garantizado este martes que la administración autonómica abonará las deudas a empresas y familias por el servicio de dependencia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha querido dejar clara la apuesta de la Junta por la dependencia y por lo que supone para muchas familias ese cuarto pilar del estado del bienestar, al tiempo que ha garantizado que la pretensión es mejorar, sabiendo las enormes dificultades impuestas por el Ejecutivo de la nación, con medidas que vienen a recortar todas las conquistas que se habían logrado.
Además, ha manifestado que la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, lo primero que ha hecho es plantear un plan de pago en la línea de poder atender esas deudas que se tienen y que no se han podido abonar en su momento.
Vázquez ha recalcado que hay una voluntad política, evidentemente, de sufragar el pago para que el sistema siga funcionando, porque la dependencia es un pilar irrenunciable.
También ha señalado que la Junta entiende el malestar de empresas y de familias que ven que les llega el dinero con cierto retraso. «Pero les llegará y no es solo una cuestión de voluntad política, sino de convencimiento y de apuesta firme por las políticas de dependencia», ha sentenciado.
Poco tiempo en consulta para atender a un enfermo de Alzheimer
El 75 por ciento de los médicos de Atención Primaria tienen menos de 10 minutos para evaluar un deterioro cognitivo en sus consultas y, en el caso de los neurólogos, el 82 por ciento dispone de menos de media hora en una primera consulta, en ambos casos un tiempo insuficiente para lograr un correcto manejo de la enfermedad de Alzheimer.
Así se desprende de los resultados del primer ‘Barómetro del cuidado del paciente con Alzheimer en España’ del proyecto kNOW Alzheimer presentados este martes en un encuentro informativo de Europa Press. «Es imposible valorar un deterioro cognitivo así, ni en los 10 minutos que tiene un médico de Atención Primaria ni en los 30 que tiene un especialista», ha lamentado el neurólogo Pablo Martínez-Lage, coordinador del proyecto.
Dicho barómetro, elaborado con el apoyo del laboratorio STADA, ha incluido una encuesta a cerca de 1.700 personas –entre neurólogos, médicos de Atención Primaria, geriatras, farmacéuticos, cuidadores y familiares– con el objetivo de conocer las actitudes, los conocimientos y las necesidades de los colectivos que participan en el manejo del paciente con enfermedad de Alzheimer.
El objetivo, ha resaltado Martínez-Lage, era ofrecer «por primera vez» un retrato actualizado y multidisciplinar del estado del manejo de esta enfermedad, que afecta ya a uno de cada diez hogares españoles y cuya incidencia está previsto que se duplique en los próximos años como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población.
Para su diagnóstico precoz y adecuado tratamiento es necesario que los médicos tengan tiempo en sus consultas para atender adecuadamente las necesidades de pacientes y cuidadores, algo de lo que actualmente carecen, según ha reconocido este experto.
En el caso de la Atención Primaria, ha explicado el coordinador de kNOW Alzheimer, es necesario utilizar herramientas para detectar un deterioro cognitivo, pero para aplicarlas se necesitan 7 minutos, de ahí que los 10 minutos con que cuentan la mayoría para ver a sus pacientes sea insuficientes.
«Y hay síntomas que la gente no cuenta espontáneamente y por los que hay que preguntar», reconoce Martínez-Lage, que también lamenta que con el tiempo que disponen los médicos de familia es complicado en muchos casos informar como deben a los cuidadores. «¿Como vamos a dar buena información a la familia con esos tiempos de consulta?», se ha preguntado.
De igual modo, los datos del barómetro también muestra la necesidad de ampliar los tiempos de consulta del médicos especialista, ya que en la actualidad «no se puede informar ni hacer una historia clínica en las mejores condiciones».
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TARDÍO
El problema de todo ello, apunta este experto, es que esta falta de tiempo hace que el Alzheimer «se diagnostique y se trate tarde». De hecho, los datos del Barómetro muestran que el tiempo transcurrido entre la detección de los primeros síntomas y la primera visita suele ser de un año de media.
«Al neurólogo le suele llegar bastante tarde el enfermo», ha lamentado el presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Jerónimo Sancho, lo que hace que haya un porcentaje de pacientes que cuando acuden a sus consultas ya llegan con una demencia franca.
El problema de todo ello, apuntan, es que esto repercute en el pronóstico que tendrán estos pacientes, ya que la eficacia de los tratamientos ha demostrado estar estrechamente relacionada con el punto de evolución de la enfermedad.
Por otro lado, en el estudio todos los colectivos encuestados resaltan la necesidad de obtener formación más específica en áreas como el diagnóstico, pronóstico, tratamiento farmacológico y recursos para el cuidado del paciente. Prueba de ello es que el 60 por ciento de los cuidadores y familiares reconocieron no haber recibido suficiente información sobre la enfermedad de Alzheimer.
Los profesionales también defienden la importancia de continuar investigando en el desarrollo de nuevos fármacos que mejoren la calidad de vida de estos pacientes y permitan retrasar el deterioro cognitivo que padecen.
LOS FÁRMACOS APORTAN BENEFICIOS
Prueba de ello es que, según el Barómetro, la mayor parte de los médicos de familia perciben que los fármacos aportan beneficio mientras que el 53 por ciento de los especialistas consideran que logran estabilizar transitoriamente los síntomas de la enfermedad.
Además, un 94 por ciento aplican la terapia combinada con inhibidores de colinesterasa y memantina en algún momento de la evolución y existe una apuesta «tajante» por la estimulación cognitiva.
En este punto, la directora general de STADA, Mar Fábregas, ha destacado la importancia para el avance y la mejora de la atención del paciente con Alzheimer que tendrá la llegada de los medicamentos genéricos, «con la misma eficacia y seguridad y un coste sustancialmente inferior que el que tenía en su momento el medicamento protegido por la patente».
De hecho, el lanzamiento al mercado de cuatro genéricos de este laboratorio permitirá al sistema sanitario español «un ahorro de más de 150 millones de euros anuales».
Los Yayoflautas se movilizan este otoño en defensa de las pensiones
El colectivo de los Yayoflautas prepara su particular ‘vuelta al cole’ tras los meses de verano con un calendario de movilizaciones para los próximos meses en los que realizarán acciones contra los recortes en la Ley de Dependencia y contra la reforma de las pensiones prevista por el Gobierno.
Así lo han aprobado en la última asamblea del colectivo en Córdoba, en la que acordaron volver a la calle con sus movilizaciones en las próximas semanas, en el que se augura un ‘otoño caliente’ de protestas para el que ya han venido trabajando durante los meses de verano, según informan fuentes del colectivo.
«No queremos que toquen las pensiones. Que no haya ningún tijeretazo ahí y, desde luego, hay que preservar el Pacto de Toledo», señalan los Yayoflautas en relación a su postura sobre las prestaciones por jubilación. En su opinión, la reforma que prepara al respecto el Gobierno central «va a acabar con la solidaridad intergeneracional» para preservar el sistema de pensiones.
Sobre este asunto, el colectivo prepara acciones en la Mesa Estatal por las Pensiones y recoge el guante de la recogida de firmas que ya se inició en junio en toda Andalucía para solicitar un referéndum donde la ciudadanía pueda votar a favor de la protección por ley de las pensiones, demanera que se introduzca en la Constitución la prohibición expresa de que cualquier gobierno actual o futuro, no las pueda tocar, recortar o privatizar.
Y es que desde que se hizo público el informe de expertos no gubernamentales sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, los Yayoflautas han sido uno de los colectivos sociales que se han movilizado para que no se cruce la línea roja de protección que se estableció con el Pacto de Toledo sobre las prestaciones de los jubilados.
«Luchamos por una pensión digna para todos»
Desde el colectivo se ven con preocupación los mensajes del Fondo Monetario Internacional, de Bruselas y del propio Gobierno español que han puesto en guardia desde hace meses a los ciudadanos. Si ya ahora ven que las pensiones actuales no se revisan según el encarecimiento de la vida, ahora alertan sobre la reforma que se prepara sobre el sistema público de pensiones.
«Luchamos por una pensión digna para todos», sintetizan desde el colectivo de Yayoflautas, quienes advierten que su lucha «no es ya por los que estamos jubilados sino por que las generaciones venideras son las que realmente van a sufrir el recorte en las pensiones».
En el mismo sentido, los integrantes de este colectivo también realizarán este otoño acciones por el mantenimiento de la Ley de Dependencia y contra los recortes que se están llevando a cabo actualmente sobre el que consideran un derecho universal para todas las personas dependientes. «Hay que denunciar los problemas que están patentes para que no se olviden», explican sobre el significado de sus acciones.
Procesiones en silencio con sus pancartas
La actividad regular de los Yayoflautas incluirá acciones en cada uno de los barrios de la capital cordobesa un día a la semana, como hasta ahora venían haciendo con su actividad ‘Los lunes al sol’ en el que cada día primero de semana sacaban sus pancartas y reivindicaciones a la calle por una zona de la ciudad. A ello se unirá como novedad en este nuevo curso la apuesta por llevar sus movilizaciones también a la provincia y, para ello, preparan un calendario de acciones en diversosmunicipios.
Esta suerte de «procesiones por los barrios, en silencio y con nuestras pancartas» que retomarán en las próximas semanas les ha devuelto la respuesta de la gente en la calle. «Nos paran, nos preguntan, la gente se fija y eso es lo importante, que no se olviden de los problemas y de que sepuede luchar contra eso». A cualquier edad.
Cabe recordar que, con sus movilizaciones, ya han llevado reivindicaciones contra la reforma laboral y por un empleo digno a diversas zonas de Córdoba. Una de las más simbólicas fue su paso por el Patio de los Naranjos de la Mezquita, de donde «nos echaron» en una primera ocasión pero, al poco tiempo, volvieron a realizar con éxito su particular «procesión» de pancartas y en silencio.
El colectivo de los Yayoflautas, que nació en Cataluña, actualmente tiene representación en Andalucía en las provincias de Córdoba y Granada. Como ellos mismos escriben en su web, «vamos a lomos de mula vieja como decía el poeta, no tenemos prisa, sabemos que estamos en el camino, la meta la alcanzarán otros, como tiene que ser».
El paro se ha incrementado un 100% entre las personas con discapacidad desde el inicio de la crisis
El número de parados entre las personas con discapacidad en España se ha incrementado un cien por cien en los últimos cinco años y seis de cada diez son ya parados de larga duración, según un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al respecto que alerta de que «la crisis está incidiendo de manera especial en este colectivo».
En total, 1.262.000 personas en edad laboral tienen un certificado de discapacidad en España, es decir, el 4,11 por ciento de la población de este perfil; el 54,49% son hombres y el grupo más amplio tiene entre 45 y 64 años de edad, conforme los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Según Empleo, al cierre de 2012, 131.514 personas con discapacidad estaban en paro –el 2,71 por ciento de los desempleados del país–, tras registrar un incremento del 19,39 por ciento, muy por encima del que había experimentado en el mismo periodo la tasa general, que creció un 9,64%.
Además, el informe recogido por Europa Press revela que el 60 por ciento son parados de larga duración (más de un año en desempleo), cuando en el conjunto de la población son alrededor del 40 por ciento. «La búsqueda de un puesto de trabajo es más prolongada en el tiempo, dibujando un cuadro poco alentador para los parados que tienen reconocida alguna discapacidad», explica.
En su mayoría, estos parados de larga duración son hombres con una discapacidad física. De hecho, el 55 por ciento de los trabajadores del colectivo presentan este tipo de discapacidades. Existe, además, una relación directa entre la edad y la antigüedad como demandante de empleo, de manera que «a mayor edad, mayor permanencia como desempleado», conforme el estudio del Ministerio de Empleo.
En cuanto al perfil de los desempleados con discapacidad, el informe apunta que son en su mayoría mujeres (51,40%) y revela que en cuatro de cada diez casos, se trata de personas que no han alcanzado la titulación en Educación Secundaria Obligatoria. Por contra, el paro entre quienes poseen una titulación superior es en este colectivo del 9,70 por ciento.
Por sectores, el 66,38% de los parados con discapacidad proceden del terciario, cuando en el conjunto de la población los desempleados de este área no representan ni el 50% del total. Además, «el número de parados en el sector Servicios, en la Construcción y en la Agricultura se haya triplicado desde el año 2008», según el informe.
En paralelo, se ha producido un descenso en la contratación de personas con discapacidad, que el año pasado llegó a ser del 3,32 por ciento, aunque entre el resto de la población la reducción fue del 1,33%. En 2012 se concertaron 150.331 contratos en este colectivo, el 1,06 por ciento del volumen nacional.
Estas cifras cobran mayor relevancia teniendo en cuenta que en la década anterior a 2008 la contratación de personas con discapacidad había evolucionado de forma más favorable que la del resto de la población, llegando a acumular un crecimiento del 27,74 por ciento. No en vano, el primer retroceso en una década se produjo en 2008, tras registrar en 2007 el valor más alto de su historia.
SE ACORTA LA BRECHA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN
Tras cinco años de caídas, en 2012 se ha registrado además la menor proporción en el número de contratos indefinidos para personas con discapacidad de la última década, con un decremento acumulado en el último quinquenio del 36,58%. Mientras, los contratos temporales han aumentado en ambos periodos (32,84% y 4,70%).
Por género, los hombres siguen registrando más contratos que las mujeres (58,36% y 41,64%, respectivamente), pero la brecha se acorta año tras año, pasando de los 31,88 puntos diferenciales en el año 2003 a los 16,71 puntos en el año 2012. En el mercado nacional total hay un mayor equilibrio en el reparto de la contratación, con el 52,93% de los contratos para los hombres y el 47,07% para las mujeres.
En cuanto al perfil profesional, algo más de seis de cada diez contratados con discapacidad tienen un nivel nivel formativo de enseñanza secundaria obligatoria (son el 51,87% en la población general), y en su mayoría trabajan en el sector terciario y la industria, mientras tienen poca presencia en el sector primario y la construcción en comparación con el resto de la población activa.
Además, registran mucha menos movilidad: el 93,58% trabaja en la provincia en la que tiene residencia permanente, mientras sólo en un 6,42 por ciento de los contratos registrados se produce un cambio de residencia. «Se constata que este colectivo es el de menor movilidad laboral de todos los colectivos con dificultades de inserción en el mercado de trabajo», explica el informe de Empleo.
Discapacitados intelectuales protestan contra los recortes en Cataluña
Representantes de la plataforma de discapacitados intelectuales Dincat, que representa a 310 entidades con más de 30.000 usuarios, protestará este miércoles ante la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña contra el recorte del 20% en el Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda, del que se benefician actualmente 650 personas en Cataluña.
El objetivo de la protesta es intentar revertir el tijeretazo, que el Govern ha aplicado con efectos retroactivos desde enero, algo que afecta a la viabilidad de las 44 entidades que actualmente gestionan este programa, ha informado este lunes Dincat en un comunicado.
El Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda es «fundamental» para la plena inclusión de los discapacitados intelectuales ya que les permite independizarse y tener un proyecto de vida propio.
La cuarentena de entidades que llevan a cabo este programa ponen a disposición de los beneficiarios equipos de personas que les ofrecen apoyo en áreas como el cuidado personal, la resolución de trámites y gestiones administrativas y la organización de la economía personal y doméstica, entre otras.
Hasta ahora, la subvención era de 626,35 euros mensuales, que tras el recorte se ha reducido a 500 euros, cifra que «dificulta claramente la viabilidad del programa», según Dincat.
La patronal AERTE sigue a la espera de una solución a los impagos
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), tras haberse reunido esta mañana con las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, sigue a la espera de un compromiso y de la firma de una regulación segura de los pagos comprometidos con el sector de forma equitativa.
La Administración valenciana se compromete a que no aumente la deuda actual con un mecanismo de pago mensual.
Aerte, que había solicitado a las administraciones valencianas un plan de pagos que pueda garantizar la sostenibilidad del sector, sigue sin una contestación clara ni con la seguridad de que se vaya a afrontar la deuda que mantiene con la administración, aunque desde las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda se han comprometido a que no se eleve la deuda contraída desde 2012 mediante un mecanismo de pago mensual que podría estar listo a finales de este mes.
Desde la patronal valenciana le han insistido a las administraciones que el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación muy compleja y delicada al no poder hacer frente por más tiempo a la carga de deuda que mantiene la Generalitat Valenciana y que sólo en los centros de atención a dependientes de titularidad pública asciende a más de 50 millones de euros, correspondientes a las facturas desde octubre de 2012. Cabe recordar que estos centros atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y dan empleo a más de 3.000 profesionales.
Por otra parte, Aerte le ha solicitado una vez más a la Administración que es necesaria la ordenación del sector con iniciativas como la existencia del mismo número de plazas concertadas que de ayudas directas al usuario con un presupuesto que se distribuya equitativamente entre ambos programas, respetando siempre la libertad de elección del usuario. Por último, desde la patronal valenciana han insistido en la necesidad de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, así como la atención de los más de 11.000 personas dependientes, ancianos y discapacitados en su mayoría, que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación.
25 millones de europeos más se verán sumidos en la pobreza en 2025 si las medidas de austeridad continúan
De no corregirse, las políticas de austeridad podrían incrementar entre 15 y 25 millones el número de europeos viviendo en la pobreza en 2025. Esto elevaría el número de personas en riesgo de pobreza en Europa hasta los 146 millones, más de un cuarto de la población, advierte la agencia internacional Oxfam (Intermón Oxfam en España) en su informe «La trampa de la austeridad” hecho público en casi todas las capitales europeas.
El informe, que se lanza en la víspera de la reunión de los ministros de Economía de la UE en Vilna, desvela que las medidas de austeridad puestas en marcha para equilibrar las cuentas después de los 4,5 billones de euros invertidos en el rescate de la banca, están causando más pobreza y desigualdad y que se puede tardar más dos décadas volver a los índices de pobreza de 2008.
Sin embargo, las medidas de austeridad no están consiguiendo reducir los niveles de deuda, como era su objetivo, ni crear un crecimiento económico inclusivo.
«La austeridad hoy, como las medidas de ajuste en el pasado en América Latina o Asia, no sólo no son la solución a la crisis, sino la medicina equivocada que puede terminar matando al paciente. Lo hemos visto en el pasado y lo estamos viendo a diario ahora en Europa. Hay alternativas a la austeridad, que permitirían en el futuro un crecimiento más justo e inclusivo que favorezca a las personas y es urgente ponerlas en marcha cuanto antes», afirma Teresa Cavero, responsable de investigaciones de Intermón Oxfam y coautora del informe.
Las medidas de ajuste estructural aplicadas en las crisis de América Latina, Asia y África en los años 80 y 90 (similares a las que hoy se llevan a cabo en Europa) tuvieron un profundo impacto en los niveles de pobreza y desigualdad. En algunos países, estas medidas retrasaron el desarrollo dos décadas y provocaron un enorme aumento de la desigualdad. A pesar de que Europa parte de una situación distinta a la de aquellos países, las medidas puestas en marcha para reducir el déficit están teniendo los mismos efectos perversos: deterioro de los servicios públicos, merma de la protección social, debilitamiento de la capacidad de negociación colectiva a consecuencia de la desregulación del mercado laboral.
«La gestión europea de la crisis económica amenaza con revertir décadas de progreso en materia de derechos sociales. Los agresivos recortes en la seguridad social, la sanidad y la educación, los derechos mermados de los trabajadores y un sistema fiscal injusto están atrapando a millones de ciudadanos europeos en el círculo vicioso de la pobreza, que podría perdurar durante generaciones. No tiene sentido moral ni económico», comenta Cavero.
«Las únicas personas que se están beneficiando de las medidas de austeridad es el 10% de los Europeos más ricos. Tan sólo ellos han visto aumentar su riqueza. España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y el Reino Unido –los países que están aplicando las medidas de austeridad de forma más rigurosa– pronto estarán entre los países con mayor desigualdad del mundo si sus líderes no cambian de rumbo. Por ejemplo, la brecha entre las personas ricas y las personas pobres en el Reino Unido y España podría equipararse a la de Sudán del Sur o Paraguay», añade Cavero.
Hay otras opciones
El informe llama a los responsables europeos y a los ministros de finanzas de la EU a aparcar la austeridad y a liderar otros modelos de crecimiento social y económico que invierta en las personas, refuerce la democracia y busque un sistema fiscal justo. Los gobiernos podrían recaudar millones para servicios públicos como la sanidad y la educación subiendo los impuestos a las personas más ricas, tomando medidas para combatir la evasión fiscal y aplicando una tasa a las transacciones financieras internacionales, medidas éstas que servirían, además, para regular al sector financiero y evitar futuras crisis.
«Es posible impulsar un nuevo modelo de prosperidad. Invirtiendo en escuelas, hospitales, vivienda, investigación y tecnología, millones de ciudadanos y ciudadanas europeos podrían volver a trabajar e impulsar una economía sostenible», concluye Cavero.
NOTAS PARA EDITORES:
- El análisis de Oxfam está basado en la definición oficial de la Unión Europea del concepto de “pobreza” (fuente). En 2011, 121 millones de personas se encontraban en riesgo de padecer pobreza en la UE; un 24,3% de la población (fuente). El Institute for Fiscal Studies predijo que, si las medidas de austeridad continuaban como hasta el momento, entre 2010 y 2020 la tasa de pobreza en el Reino Unido aumentaría entre un 2,5 y un 5% entre varios grupos (fuente). Si el nivel de pobreza aumentase en la UE un 3% a lo largo de los próximos 12 años (hasta el 2025), el número de personas en riesgo de pobreza se incrementaría hasta los 14.963 millones. Si la tasa de pobreza se incrementase un 5%, supondría un aumento hasta 24.939 millones.
- Tras aplicar su programa de ajuste estructural durante los años noventa, Bolivia vio incrementarse en 16 puntos porcentuales la desigualdad de ingresos netos (después de impuestos y transferencias sociales) durante un periodo de seis años. Desde el comienzo de la aplicación de las políticas de austeridad, algunos países ya han experimentado un incremento de la desigualdad. Si España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y el Reino Unido experimentaran un aumento similar al de Bolivia, la desigualdad neta se incrementaría hasta los 0,47-0,51 puntos, haciendo que estos países se encontraran entre aquellos con mayor desigualdad del mundo. Según las últimas estimaciones, el coeficiente de Gini (un indicador de la desigualdad) de Sudán del Sur y Paraguay es 0,45 (2009) y 0,52 (2010) respectivamente (fuente).
- Desde que la crisis financiera estallara hace cinco años, muchos de los países que se han visto gravemente afectados por las medidas de austeridad – España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y el Reino Unido– han sufrido una de estas dos consecuencias: o el 10% más rico de la población ha visto cómo sus ingresos totales aumentaban o el 10% más pobre ha visto cómo sus ingresos mermaban. En algunos casos se produjeron ambas. En otras palabras, las personas ricas se enriquecieron aún más y las personas pobres se empobrecieron aún más (fuente).
- En el Reino Unido y Portugal se estima que los salarios reales han disminuido un 3,2% entre 2010 y 2012 (fuente). En el Reino Unido, el valor real de los salarios se encuentra en niveles de 2003, lo que supone una década perdida para el trabajador medio (fuente). Tanto Italia como España e Irlanda también han registrado un descenso de los salarios reales durante este periodo. Grecia ha registrado una caída de los salarios reales de más de un 10% (fuente).
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El Gobierno portugués propone recortes del 10% en las pensiones públicas
El Gobierno portugués propuso un nuevo plan de reducción de pensiones de trabajadores del Estado para 2014 que implica recortes del 10% en las pensiones de más de 600 euros y una disminución de las jubilaciones anticipadas.
El proyecto plantea un ahorro de unos 700 millones de euros en gasto público y fue divulgado por los sindicatos dentro de la ronda de negociaciones que se celebraron hoy con el Ejecutivo conservador.
El documento, que el Consejo de Ministros deberá aprobar en las próximas semanas, se enmarca en el plan de ajustes exigido a Portugal por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el rescate financiero.
Los recortes se aplicarían sobre las pensiones superiores a 600 euros concedidas hasta 2005 y afectarían unas 300.000 personas, según el texto.
En el plan, quedan fuera de la reducción unas 134.000 pensiones, entre ellas las de familiares de los fallecidos menores de 419 euros, un umbral más alto que el considerado en la versión inicial divulgada en agosto, que preveía aplicarlos sobre las jubilaciones de más de 300 euros.
En total, la población de Portugal, con uno de los índices de envejecimiento más elevados del mundo, tiene cerca de un 30% de jubilados y pensionistas, unos tres millones de personas de los 10,5 de su población total.
Las jubilaciones anticipadas, que en el sector privado están suspendidas desde abril de 2012, se mantendrían en el público pero según un nuevo cálculo que disminuiría también el montante.
Otra medida plantea la suspensión de aquellas pensiones que se paguen a pesar de que el trabajador siga ejerciendo sus funciones públicas.
Al final de la reunión en el Ministerio de Finanzas, los sindicatos de la función pública consideraron que la norma es «inconstitucional» y llamaron a los ciudadanos a una manifestación el próximo 25 septiembre contra los recortes planteados.
La coordinadora del Frente Común de los Sindicatos de la Administración Pública, Ana Avoila, afirmó en declaraciones a periodistas que «no hubo margen para negociar» y pidió una ronda más de conversaciones, aunque aseguró que el Gobierno dio por cerrado el proceso.
La oposición socialista avisó la semana pasada que una reforma de las pensiones mediante recortes sería enviada al Tribunal Constitucional, que la semana pasada anuló una ley que facilitaba el despido de funcionarios.
Para el Ejecutivo conservador, que cuenta con mayoría parlamentaria gracias al apoyo de los Social Demócratas (centro-derecha) y los democristianos, esta revisión del sistema es necesaria para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.
Además, esta medida permitiría, según el gobierno portugués, una convergencia entre el régimen público de jubilaciones -conocido como Caja General de Pensionistas (CGA)- y el que afecta a los trabajadores del privado, a cargo de la Seguridad Social.
Según la argumentación del Gobierno en el texto, el sistema de la CGA es «más ventajoso» y en los últimos veinte años sobrecargó el presupuesto estatal, al pasar de 765 millones de euros a 4.300 millones.
La CGA concede pensiones a 437.000 funcionarios con una paga media de 1.350 euros mensuales frente a los 2,2 millones de pensionistas de la Seguridad Social.
Según datos oficiales, un 85% de los jubilados de la Seguridad Social recibieron en 2011 de media menos de 500 euros al mes.
La venta de los viajes del Imserso arranca el 21 de septiembre
A partir del 21 de septiembre, los usuarios acreditados de Andalucía, Extremadura y País Vasco podrán adquirir sus viajes a través de la web de Mundosenior o en las agencias autorizadas. (Europa Press)
Con más de 900.000 plazas para toda España, la venta del programa en las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Murcia, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se llevará a cabo a partir del 24 de septiembre.
Por su parte, los interesados de la Comunidad Valenciana y Cataluña tendrán que esperar al próximo 26 de septiembre, mientras que en Asturias, Castilla y León, La Rioja y Madrid podrán comprar su viaje desde el sábado 28 de septiembre.
Entre las condiciones, los usuarios acreditados con plaza podrán reservar su viaje el mismo día del inicio de venta en su comunidad autónoma, eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.
Asimismo, podrán reservar un viaje los usuarios en cobertura de vacantes, siempre que haya plazas vacantes, el siguiente día laborable después del inicio de ventas de cada una de las comunidades autónomas, eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.
Además, podrán reservar más viajes, siempre que haya plazas vacantes, a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas en su comunidad.
Con este programa las personas mayores tienen la posibilidad de disfrutar, a precio reducido, de estancias en zonas turísticas del litoral peninsular,Baleares y Canarias.
También incluye viajes culturales a Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, las dos Castillas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco; y turismo de naturaleza en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana; desde octubre hasta junio.
El programa tiene una variada oferta de turnos de vacaciones, que pueden ser de cinco, seis, ocho, diez o 15 días de estancia, en régimen de pensión completa, con transporte de ida y vuelta, asistencia sanitaria y póliza de seguro.
La partida para programas de vacaciones del Imserso se redujo este año un 5,8% respecto a 2012, hasta los 105,4 millones de euros, aunque el Gobierno prevé mantener los niveles de inversión en los programas de Turismo Social para Mayores y Termalismo el próximo año.
Concretamente, la partida del programa de vacaciones para mayorespasó en 2013 de los 75,4 millones de euros a los 68,2 millones de euros, mientras que al termalismo se destinaron 34,2 millones de euros, frente a los 33,7 millones de euros del año anterior.
Así, el director general del Imserso, César Antón, insistió en que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está trabajando para lograr dicho objetivo durante su intervención el pasado mes de julio en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
«Lo importante es que estamos trabajando para que en 2014 se mantengan los mismos niveles que la temporada que acabamos de cerrar, es decir, no hay ninguna reducción prevista para el 2014», destacó Antón.
Más de 18.000 jienenses tienen el servicio de teleasistencia
El Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT) de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha atendido desde la entrada en funcionamiento de este servicio más de tres millones de llamadas en Jaen.
“De las llamadas que las personas beneficiarias han realizado al SAT pulsando el botón de su dispositivo de teleasistencia, una parte importante se han producido por motivo de conversación y compañía (el 64% de las recibidas), de ahí el importante papel que juega esta prestación para paliar situaciones de soledad y aislamiento social”, ha destacado la delegada territorial de Salud y Bienestar Social, Ángeles Jiménez. También resaltan las llamadas por motivo de emergencia (el 16,8%) o para solicitar algún tipo de información (19,26%).
Entre las llamadas gestionadas, también se encuentran las que los propios profesionales del SAT realizan desde la central, ya sea para movilizar recursos en caso de emergencias, dar aviso a familiares o contactos en caso de necesidad, para proporcionar alguna información de interés, hacer un seguimiento periódico del estado de las personas beneficiarias, recordar una cita médica o para actualizar sus datos de forma que se garantice una prestación de calidad, eficaz y eficiente.
En la actualidad, el SAT cuenta en Jaén con 18.752 personas titulares. “Estas personas sin moverse de su domicilio y con tan sólo apretar un botón, se ponen en contacto a través de una línea telefónica con el equipo de profesionales que atiende este recurso social”, ha enfatizado Jiménez.
No obstante, son muchas más personas las que se benefician en Jaén de este servicio, ya que hay que añadir, como personas beneficiarias del SAT, a aquellas que conviven con los titulares y que también tienen más de 65 años, así como a los cuidadores y las cuidadoras de las personas en situación de dependencia que, de igual manera, también disfrutan de las prestaciones del SAT, puesto que pueden hacer uso del dispositivo de teleasistencia y se les presta la misma atención.
Cada diez minutos se deja de atender a un beneficiario de la Ley de Dependencia
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un estudio con los últimos datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del que se desprende que una persona deja de ser atendida cada diez minutos y cada media hora, un trabajador pierde su empleo.
La organización, que toma como referencia el balance oficial del SAAD publicado este mes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destaca que hay 4.654 beneficiarios menos en el sistema y un total de 8.999 personas han perdido su derecho a ser atendidos, un año después de la reforma de la Ley de Dependencia. «Se consolida la dinámica de destrucción paulatina del sistema sin que se haya mejorado en ningún aspecto de la gestión», concluye.
En comparación con el mes anterior, «el retroceso es notorio», según el estudio, porque «todas las cifras son negativas»: 4.654 beneficiarios menos, 9.068 dictámenes menos, 7.827 solicitudes menos, 4.751 grandes dependientes atendidos menos y 2.731 dependientes severos atendidos menos.
Misma tónica revelan los datos de prestaciones y servicios que recogen los directores y gerentes, con una reducción de 2.496 sistemas de teleasistencia, 1.088 Ayudas a domicilio menos, una caída de 242 plazas de Centros de Día y de 1.258 plazas en residencias, 289 prestaciones vinculadas al Servicio menos que el mes anterior y hasta 2.448 prestaciones para cuidadores familiares menos. Esto equivale, según sus cálculos, a la pérdida de 1.500 empleos.
«Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste ¿O se está dejando de atender a quienes más lo necesitan? Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncian los expertos, para asegurar que «los fallecimientos de personas dependientes financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema».
En este sentido, señalan que la reducción de la lista de espera para acceder a una ayuda por dependencia difundida «como un logro» por el Ministerio de Sanidad, «se ha obtenido de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema –modificaciones del calendario primero por el RD-Ley 20/2011 y posteriormente por el RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas dependientes con Grado I hasta julio de 2015–, y por otro lado, y esto es lo más doloroso, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos», señalan.
