Archivo diario: 11 octubre, 2013

Artur Mas se compromete a no recortar más a las residencias

Artur MasEl presidente de la Generalitat Artur Mas se comprometió ayer ante Cinta Pasqual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), a no aplicar ningún otro recorte al sector de la gente mayor. Esta promesa tranquiliza al sector de las residencias, que temía un descenso en las tarifas, pero no responde a las otras demandas planteadas por la patronal.

El President, que estuvo acompañado por la consellera de Benestar Social i Familia Neus Munté, explicó a la presidenta de ACRA que “cuando la economía lo permita” se volverán a activar las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, es decir las PEVS, las ayudas a personas que a la espera de poder entrar en residencias de titularidad pública acuden a centros privados. Mas tampoco quiso comprometerse, según una nota difundida por esta patronal mayoritaria del sector, a establecer un calendario para el pago de los 160 millones que la Generalitat les adeuda.

Cinta Pasqual explicó a Mas durante la reunión que se prolongó por espacio de una hora la difícil situación por la que atraviesan unas residencias que dan servicios a 56.000 personas.

La consellera Munté señaló ayer, a través de una respuesta parlamentaria, que los catalanes que solicitan una revisión de su grado de dependencia deben esperar una media de 2,93 meses. Y el tiempo medio para obtener un certificado de discapacidad oscila entre los cinco meses del Baix Llobregat (Barcelona) y 1,5 meses en las Terres de l’Ebre. Además, dijo que la Generalitat estudia distintas alternativas de copago de los usuarios de la ley de dependencia ante los impagos del Estado. En 2012 la Generalitat aportó 929 millones de euros al sostenimiento de las medidas incluidas en la ley de la dependencia y el Estado invirtió sólo 243 millones.

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Europa sufre su peor «crisis humanitaria en 60 años»

Cruz rojaLa Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió hoy de las graves consecuencias humanas de la crisis económica en toda Europa, donde esta organización entregó ayuda alimentaria a 3,5 millones de personas en 2012, lo que supone un aumento del 75 % respecto a 2009.

La federación informó hoy sobre las conclusiones de un estudio, que recoge los datos de las 42 sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 22 países europeos, donde se habla de la peor crisis humana en Europa de los últimos sesenta años.

«Muchos países están todavía atrapados en la crisis, lo que derivará en un impacto humano que podría hacerse notar durante décadas», precisaron desde la Cruz Roja, con sede en Ginebra, en un comunicado.

A pesar de ciertos síntomas de recuperación económica en algunos países, la Cruz Roja alerta de que millones de personas en todo el continente han caído en la pobreza y tardarán muchos años en alcanzar unos niveles mínimos de bienestar.

«Millones de personas han caído en desgracia en los últimos cinco años y apreciamos una degradación progresiva de esta situación porque cada vez son más los no tienen ahorros ni posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos», señaló el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja», Bekele Geleta.

Gelera resaltó el caso de Letonia que, aunque oficialmente ha salido de la crisis, la necesidad de ayuda alimentaria se ha triplicado respecto a los primeros años de la crisis.

Sin embargo, Geleta advirtió de que este tendencia se repite en todos los países europeos, no sólo en los que más se asocian a la crisis; ya que, por ejemplo, en Francia más de 350.000 personas han caído en la pobreza en los últimos tres años.

Además, indicó que se está produciendo un nuevo fenómeno, el de los «trabajadores pobres», es decir, gente que trabaja, pero que no alcanza a final de mes con su sueldo.

«Todas nuestras sociedades nacionales han tenido que aumentar sus esfuerzos de asistencia doméstica, incluidas las de los países occidentales que tradicionalmente se centraban en prestar ayuda internacional», recordó.

Geleta instó a los Gobiernos de toda Europa a reservar dinero de sus presupuestos para hacer frente a estas situaciones y alertó del «gran coste a largo plazo» que derivará de los recortes en sanidad.

«Hemos notado un fuerte aumento de personas que vienen a nuestros centros de asistencia pidiendo medicamentos porque no se los pueden permitir», explicó.

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17.500 mayores dependientes, colgados sin residencia

residencia BilbaoUna de las peores caras de la crisis de las arcas públicas son los recortes en prestaciones y servicios vinculados a los grandes dependientes de más de 65 años de edad. En Catalunya 17.000 personas de este colectivo llenan la lista de espera para ocupar una plaza pública de residencia. Una cifra a la que se añade, según señalan fuentes del sector, medio millar de usuarios que, desde el 1 de agosto, no puede acceder a una residencia privada a causa de la  supresión indefinida de las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS), las ayudas que la Generalitat otorgaba a personas que están esperando a entrar en un centro geriátrico de titularidad pública y no pueden costearse íntegramente lo que vale una residencia privada.

“Ahora la gente que está en esta situación tiene que pagar la plaza privada exclusivamente con su patrimonio”, lamenta la presidenta de la Associació Catalanade Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual. Pero una plaza en un centro privado asciende a más de 1.700 euros mensuales, una cantidad difícilmente asequible para una pensión media en España (950 euros al mes). En estos casos son las familias las que acostumbran a atender las necesidades de estos mayores con grandes dependencias, a pesar de que son personas que “necesitan servicios profesionales”, según comenta el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), Vicente Botella. En este sentido la Generalitat asegura que estos ciudadanos son atendidos por otras vías, como asistencia domiciliaria o prestación de cuidado no profesional.

Además de los usuarios directamente afectados por no poder acceder a una residencia pública, los recortes en este tipo de prestaciones están generando un aumento de plazas vacantes en los centros geriátricos colaboradores, que fuentes del sector cuantifican en unas 1.200 de un total de 13.000, lo que agrava aún más la delicada situación por la que atraviesa el sector como consecuencia de la crisis y los impagos de la Generalitat -160 millones de euros sin fecha de pago-. “Las plazas de las residencias que antes se cubrían mediante prestación vinculada a servicio ahora ya no se ocupan”, afirma Pascual.

Según señala Botella, otra de las cosas que afecta a la continuidad de los centros colaboradores, donde una parte del importe va a cargo del usuario y el resto de la Administración, es que hay residencias que desde el 1 de enero no perciben los ingresos procedentes de la Generalitat. Los impagos provocan que algunos centros deban dinero a propietarios de inmuebles, proveedores, personal e impuestos. Aún así, Botella asegura que los usuarios “reciben el mismo nivel de atención que antes”, a pesar de que haya trabajadores que han dejado de cobrar algunas nóminas.

 

Medidas para la sostenibilidad de los centros geriátricos

“El año pasado cerraron 27 centros, este año serán más”, alerta la presidenta de ACRA, que concreta que el sistema cuenta con 8.500 plazas privadas libres. “Como no tengas una ocupación alta, no funcionas”. Precisamente, esta semana una nutrida representación de asociaciones y patronales del sector ha expuesto su preocupación por los últimos recortes y los impagos del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se ha comprometido a no efectuar ningún otro recorte en el sector y a restablecer las PEVS “cuando la economía lo permita”.

Por otro lado, el ICASS y representantes de los equipamientos residenciales han acordado profundizar en la flexibilización y la racionalización de las ratios del personal de los centros según el perfil de los usuarios. También se ha propuesto cambiar el régimen de relación del Departamento de Bienestar Social y Familia con las residencias que tienen plazas colaboradoras y transformarlas en plazas concertadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

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