Archivo mensual: octubre 2013
El Sistema de Dependencia pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes
El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en base a los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En septiembre, se han reducido en 3.475 los dependientes y en 7.163 los que han perdido su derecho a ser atendidos.
Esta organización explica que la reducción de beneficiarios en espera de una prestación se ha conseguido «cercenando» el acceso al sistema y «abandonando» a los que ya son titulares del derecho y advierte de que los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes.
Asimismo, señalan que el retroceso en el sistema es «notorio» con respecto al mes anterior, pues todas las cifras son negativas: 3.475 beneficiarios, 3.899 dictámenes menos, 2.910 solicitudes menos, 3.504 grandes dependientes menos, 2.273 dependientes severos menos.
En cuanto a prestaciones y servicios, esta organización señala que hay 1.700 servicios de teleasistencia menos, 1.095 servicios de ayuda a domicilio menos, 158 plazas de centros de día menos, 717 plazas residenciales menos, 2.680 prestaciones de cuidadores familiares menos. La reducción de estos servicios, ha generado, según esta entidad, el despido de 800 trabajadores.
La Asociación de Directores y Gerentes asegura que se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste. También duda de que se estén atendiendo a quienes más lo necesitan y asegura que «decenas de miles» de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo «morirán sin ser atendidas».
La reducción del «limbo» de la dependencia o lista de espera se ha obtenido, según esta organización, impidiendo que nuevos dependientes accedan al sistema, y, por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 7.163 personas con derecho menos figuran en el Sistema.
La Vall d’Albaida dispone de una red asistencial para mayores con 952 plazas
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asistido al homenaje a las personas mayores que ha organizado el Ayuntamiento de L’Olleria, donde ha destacado que la participación activa de los mayores en la sociedad «es fundamental para promover la autonomía, prevenir la dependencia y mejorar la calidad de vida».
En este sentido, la consellera ha indicado que desde la Generalitat «vamos a seguir fomentando el asociacionismo entre las personas mayores, con la finalidad promover la plena participación social del colectivo».
Este año la Conselleria de Bienestar Social destina más de 1’5 millones de euros a financiar actividades y proyectos desarrollados por 464 asociaciones de personas mayores de toda la Comunitat.
Plan de Envejecimiento Activo
En la Comunidad Valenciana actualmente viven alrededor de 900.000 personas mayores de 65 años, lo que supone el 17’5% de la población.
La consellera de Bienestar Social ha subrayado la importante aportación de las personas mayores a la sociedad «por su carácter dinámico, comprometido y generoso», y ha añadido que desde la Generalitat «trabajamos para conseguir que el envejecimiento sea para ellos una experiencia positiva y una etapa muy activa».
El Plan de Envejecimiento Activo de la Generalitat promueve la salud, ocio y tiempo libre de 400.000 personas mayores de la Comunitat Valenciana, con el objetivo principal de fomentar su autonomía personal y contribuir a mejorar su calidad de vida a través de programas, recursos y actuaciones que promocionan la autonomía y previenen la dependencia. El Plan incluye, entre otros, los programas de Termalismo, Vacaciones Sociales, «No estés solo en Navidad», o «Coneix la teua Comunitat», así como los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM).
Recursos para mayores en La Vall d’Albaida
Las personas mayores de la comarca de La Vall d’Albaida disponen de una red asistencial de 21 centros con 952 plazas. Concretamente, cuentan con 8 centros residenciales con 574 plazas, 9 centros de día y 378 plazas, 1 Centro Especializado de Atención a Mayores y 3 Centros Sociales.
Asimismo, 47 personas mayores de 65 años de la comarca son beneficiarias del programa ‘Menjar a Casa’ de la Conselleria de Bienestar Social, un servicio de atención domiciliaria que ofrece a las personas mayores una dieta saludable en su propio domicilio y adaptada a sus necesidades.
La Fundación San Rosendo diseña y gestionará el nuevo centro gerontológico del Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío
Las obras, que han comenzado hoy, cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses y suponen una inversión de 3 millones de euros.
El Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío encargaron a la Fundación San Rosendo el diseño del proyecto y la gestión del centro gerontológico.
El nuevo edificio surge con vocación de servicio a la comunidad parroquial ya que también albergara servicios de Caritas.
Este lunes, 14 de octubre, se han iniciado las obras de construcción de la nueva residencia para mayores dependientes de la parroquia Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de Coia (Vigo), cuyo diseño y gestión del proyecto gerontológico ha sido adjudicado por la Diócesis de Tui-Vigo a la Fundación San Rosendo.
La nueva residencia se ubica en una parcela de más de 3.500 m2, cedida por la parroquia Nuestra Señora del Rocío, adosada a la Iglesia. Las obras, que realiza la empresa olívica Civis Global, tienen un plazo de ejecución de 14 meses y supondrán una inversión de 3 millones de euros.
74 plazas para mayores asistidos y Centro Parroquial
La Diócesis de Tui-Vigo trata así de dar respuesta a las necesidades sociales de la comunidad. El nuevo edificio, diseñado por Castro y Alonso Arquitectos, tiene una clara vocación de servicio social, ya que junto con la residencia de personas mayores también albergará las actividades pastorales, como Cáritas, en los locales destinados a Centro Parroquial.
La superficie útil está distribuida entre 2 sótanos y 3 plantas. La zona de uso parroquial se ubicará en la primera y segunda planta con un espacio mayor para la sacristía, comunicado con el templo, un pequeño vestuario y aseo para los oficiantes. En la planta segunda se sitúan los despachos parroquiales, un pequeño almacén-archivo y los aseos. Este espacio se comunica con el resto del complejo mediante un vestíbulo independiente.
Cáritas parroquial contará con dos dependencias de almacenamiento en el sótano y otra para el reparto de alimentos y bienes a los más necesitados. Su funcionamiento es independiente del resto del Centro Parroquial y dispone de acceso propio.
El resto del espacio se destinará a la residencia de mayores Nuestra Señora del Rocío que contará con 74 plazas para personas dependientes, en la que tendrán preferencia los vecinos del barrio de Coia. Las zonas de uso común como sala de convivencia, comedor, sala de rehabilitación y sala de lo social se encuentran en la planta baja, aunque se reserva en la planta primera una sala de uso polivalente.
En la planta baja también estarán ubicados los espacios de uso administrativo, despachos, aseos para residentes y sala de visitas independiente del resto del edificio y salida directa al exterior.
En el momento de plena ocupación, la residencia empleará a 30 profesionales entre gerontólogos, enfermeros y cuidadores. Como en el resto de centros gestionados por la Fundación San Rosendo, la residencia mantendrá la política de contratación de proveedores locales.
20 años de atención a personas mayores
La residencia del Rocío en Vigo se sumará a la red de 66 centros gerontológicos que la Fundación San Rosendo tiene distribuidos en más de 40 localidades de Galicia. El 85% de estos centros asistenciales se encuentran en entornos rurales deprimidos, donde la oferta privada es escasa.
La Fundación San Rosendo y la Diócesis de Tui-Vigo ya tienen una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos asistenciales para atender las demandas sociales a través de los centros para mayores de Valeixe, Covelo, Patos y Stella Maris.
La Fundación San Rosendo gestiona más de 3.500 plazas asistenciales en Galicia, que atienden más de 1.500 profesionales. Todos los centros de la entidad con más de 100 plazas cuentan con el reconocimiento europeo de calidad ISO 9001:2008.
Comunicación Fundación San Rosendo
Rosa Pontes
686 037 314
www.fundacionsanrosendo.es www.diocesetuivigo.es
@Fsanrosendo
Comunicación Obispado Tui-Vigo
Alberto Cuevas
986 375 153
www.diocesetuivigo.es
AVREP alerta que la deuda del Consell con el sector aumenta 3 millones de euros cada mes ante la pasividad del Gobierno valenciano
La deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con las empresas encargadas de la gestión de residencias públicas se incrementa mensualmente en más de 3 millones de euros, ante la ausencia de medidas para paliar esta situación por parte del Consell. Actualmente, el impago al que tienen que hacer frente las empresas agrupadas en la supera los 38,5 millones de euros.
La operatividad de la red de centros públicos compuesta por 40 centros socio-sanitarios, podría verse afectada en las próximas semanas, e incluso terminar por reducirse a sólo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros, al no ser incluidas estas empresas en el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno Valenciano.
Y, lo más grave, es que la pasividad y falta de respuesta del Gobierno Valenciano puede afectar al funcionamiento de éstos recursos socio-sanitarios en los próximos meses, lo que pondría en peligro el 70% de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales.
En este sentido, y con el constante incremento de la deuda, de no afrontar el Gobierno Valenciano los impagos mediante recursos propios, en diciembre la deuda ascendería a casi 50 millones de euros y superaría el año de retraso, situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos.
De hecho, la no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas en los planes de pago, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Deuda validada por intervención
Por ello, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas, que agrupa a prácticamente el 100% de los operadores y centros del sector, se ha solicitado al Consell el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y, en este sentido, se ha demandado que se salde la deuda con estos centros con la partida presupuestaria correspondiente, que se encuentra validada por la intervención.
La reducción de la operatividad de los recursos de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mermará la calidad de vida de muchos dependientes y sus familias. Y, paralelamente, provocará la pérdida de empleo no deslocalizable, que mayoritariamente beneficia a mujeres en municipios con poca masa de población activa.
AVREP reclama, por tanto, un esfuerzo de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para priorizar los servicios sociales a los colectivos más necesitados, garantizando el derecho adquirido por Ley.
Más info: prensa@sanserif.es · t.963 466 406 · 627760487
Burriana ofrece un curso de formación a cuidadores no profesionales de personas dependientes
Un total de 20 cuidadores de personas dependientes se beneficiarán en Burriana de un curso de formación que ofrecerá el Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, entre el 14 de octubre y el 8 de noviembre, según ha informado hoy la concejal de Servicios Sociales, Mercedes Giménez.
La edil, acompañada por una de las trabajadoras sociales a cargo de este servicio, Carlota Nafría, ha explicado que este ciclo, el primero de estas características organizado directamente por el Ayuntamiento, está dirigido a aquellos cuidadores no profesionales que atiendan a personas con dependencia derivada de la edad, “y cada año lo iremos destinando a las distintas vertientes de la dependencia”, ha avanzado Giménez, quien ha añadido que la Generalitat Valenciana ha delegado en los consistorios la organización y realización de estos cursos.
La concejal de Servicios Sociales ha explicado que el Ayuntamiento ha contabilizado 137 cuidadores en Burriana que cobran una prestación económica por atender a personas dependientes en el entorno familiar, “y tras una primera comprobación, hemos constatado que la mayoría no ha realizado los correspondientes cursos de formación”.
El curso se desarrollará los lunes, miércoles y viernes en el Centre Municipal de Cultura la Mercé y consta de cuatro módulos: Recursos sociales y sanitarios y generación de redes, cuidado de las actividades básicas en la vida diaria y medidas higiénico-sanitarias, desarrollo personal y formación especifica en la dependencia derivada de la edad. Este último, según Mercedes Giménez, se ha hecho extensivo a las asociaciones de Parkinson, Alzheimer y Ateneo (Daño cerebral sobrevenido).
Las clases las impartirán profesionales de distintas disciplinas, con el fin de ofrecer una formación lo más amplia y completa posible. Así, el profesorado lo integran las trabajadoras sociales del Centro de Salud María Comitre y Luisa Álvarez, la enfermera de gestión de casos Ana Cervera, la fisioterapeuta de la Residencia de la Tercera Edad Gema García, el médico internista Cristian Garcia, la auxiliar de ayuda a domicilio de Servicios Sociales Rosabel, el psicólogo responsable de la Unidad de Prevención Comunitaria de Servicios Sociales, Pedro Cuesta, así como las trabajadoras sociales del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, Carlota Nafría y Helen Navarro, responsables de la programación y organización del curso.
Mercedes Giménez considera muy interesante y apropiado este curso para facilitar la tarea de los cuidadores no profesionales, crear redes de apoyo psicosocial para que no se sientan solos en su dura tarea y mejorar en general su calidad de vida.
La concejal agradece la implicación de todos los profesionales en este primer curso y el trabajo de las responsables del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia, al tiempo que confía en que sea un éxito y se consolide con nuevas ediciones en los próximos años.
Cantabria, «referente» a nivel nacional en la atención a la dependencia
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha ensalzado este viernes, en Santander, que Cantabria es «un referente y un modelo» a nivel nacional en la atención a la dependencia, por lo que ha considerado que debe ser «un espejo» para el resto de CCAA.
Moreno, que ha dado una rueda de prensa antes de reunirse con varios colectivos para explicarles la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, ha apoyado esta consideración en los últimos datos del IMSERSO sobre atención a la dependencia.
Así, ha afirmado que en Cantabria reciben prestación el 93 por ciento de los cántabros con derecho a ella y el 99 por ciento de las solicitudes para expedientes de dependencia se valoran.
También ha destacado que la lista de espera en este área es del 6,4 por ciento en la región, lo que la sitúa entre «las más bajas del conjunto del país».
El secretario de Estado ha manifestado su «satisfacción» porque «el trabajo coordinado y de cooperación» entre el Estado y el Gobierno regional «está dando sus frutos» en el ámbito de la dependencia.
Asimismo, ha felicitado a la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, y a la Ejecutivo cántabro en su conjunto «por haber asumido» esta atención «en una situación de enormes dificultades económicas como la que hemos vivido y seguimos viviendo durante estos años».
Finalmente, Moreno ha opinado que los gestores de la administración cántabra han sido «capaces con audacia, con inteligencia y con tesón de haber conseguido que Cantabria sea un referente y un modelo en el conjunto de España«.
La Fundación Once puja por hacerse con el servicio de teleasistencia en Ponferrada
La Fundación Once se ha marcado como objetivo hacerse con el contrato de teleasistencia domiciliaria en Ponferrada. Y así, a través de su empresa Personalia, perteneciente al grupo Fundosa de la fundación creada por la Organización Nacional de Ciegos de España, ha presentado una de las tres ofertas que pujan por este servicio para los próximos dos años en el principal municipio de la comarca del Bierzo.
En el proceso de licitación abierto por el área de Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada, junto con Personalia se han presentado otras dos ofertas: la de la oenegé Cruz Roja y la de la empresa Clece.
Se da la circunstancia de que, de concretarse la adjudicación a la empresa ligada a la Once, éste sería el primer servicio de teleasistencia domiciliaria que prestaría en la Comunidad de Castilla y León, ya que en la actualidad, pese a contar con más de 60.000 usuarios de este servicio, sólo tiene contratada la gestión de la teleasistencia en la ciudad de Madrid, y las localidades de Torrelodones y Alhaurín de la Torre.
Junto a Personalia, concurre Cruz Roja, que cuenta con el aval de ser la actual concesionaria del servicio de teleasistencia domiciliaria en el municipio de Ponferrada. La terna la cierra la empresa Clece, también conocida en la ciudad, no en vano se ha encargado en los últimos años del desempeño de otras funciones del área social en este mismo municipio, como es la gestión de las dos escuetas infantiles.
La intención del consistorio es la de resolver la adjudicación en la primera quincena de noviembre. De hecho, esta misma semana se abría el primero de los tres sobres, el administrativo, fijándose para el próximo martes la apertura del segundo de los sobres con las ofertas.
La licitación de este servicio tiene un presupuesto máximo anual de 148.500 euros, con una repercusión máxima por terminal instalado de 16,50 euros.
La duración prevista para este contrato tras la adjudicación es por dos años, con la opción adicional de dos prórrogas anuales, y la obligación de comenzar a prestar el servicio en un máximo de dos meses tras la adjudicación.
En estos momentos el servicio de teleasistencia domiciliaria en el municipio de Ponferrada se está ofreciendo en virtud de una prórroga concedida a la anterior concesionaria, Cruz Roja, quien lo prestaba hasta el pasado 31 de diciembre a través de una doble vía de convenio. Por un lado con un convenio directo con el Ayuntamiento, y por el otro con otro convenio a tres bandas entre Ayuntamiento, Cruz Roja y la FEMP.
La intención del Ayuntamiento de Ponferrada, con esta licitación, es la de unificar ambos convenios, que en el primero de los casos daba servicio a 65 mayores y 750 en el segundo, en un único servicio de teleasistencia.
Artur Mas se compromete a no recortar más a las residencias
El presidente de la Generalitat Artur Mas se comprometió ayer ante Cinta Pasqual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), a no aplicar ningún otro recorte al sector de la gente mayor. Esta promesa tranquiliza al sector de las residencias, que temía un descenso en las tarifas, pero no responde a las otras demandas planteadas por la patronal.
El President, que estuvo acompañado por la consellera de Benestar Social i Familia Neus Munté, explicó a la presidenta de ACRA que “cuando la economía lo permita” se volverán a activar las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, es decir las PEVS, las ayudas a personas que a la espera de poder entrar en residencias de titularidad pública acuden a centros privados. Mas tampoco quiso comprometerse, según una nota difundida por esta patronal mayoritaria del sector, a establecer un calendario para el pago de los 160 millones que la Generalitat les adeuda.
Cinta Pasqual explicó a Mas durante la reunión que se prolongó por espacio de una hora la difícil situación por la que atraviesan unas residencias que dan servicios a 56.000 personas.
La consellera Munté señaló ayer, a través de una respuesta parlamentaria, que los catalanes que solicitan una revisión de su grado de dependencia deben esperar una media de 2,93 meses. Y el tiempo medio para obtener un certificado de discapacidad oscila entre los cinco meses del Baix Llobregat (Barcelona) y 1,5 meses en las Terres de l’Ebre. Además, dijo que la Generalitat estudia distintas alternativas de copago de los usuarios de la ley de dependencia ante los impagos del Estado. En 2012 la Generalitat aportó 929 millones de euros al sostenimiento de las medidas incluidas en la ley de la dependencia y el Estado invirtió sólo 243 millones.
Europa sufre su peor «crisis humanitaria en 60 años»
La Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió hoy de las graves consecuencias humanas de la crisis económica en toda Europa, donde esta organización entregó ayuda alimentaria a 3,5 millones de personas en 2012, lo que supone un aumento del 75 % respecto a 2009.
La federación informó hoy sobre las conclusiones de un estudio, que recoge los datos de las 42 sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 22 países europeos, donde se habla de la peor crisis humana en Europa de los últimos sesenta años.
«Muchos países están todavía atrapados en la crisis, lo que derivará en un impacto humano que podría hacerse notar durante décadas», precisaron desde la Cruz Roja, con sede en Ginebra, en un comunicado.
A pesar de ciertos síntomas de recuperación económica en algunos países, la Cruz Roja alerta de que millones de personas en todo el continente han caído en la pobreza y tardarán muchos años en alcanzar unos niveles mínimos de bienestar.
«Millones de personas han caído en desgracia en los últimos cinco años y apreciamos una degradación progresiva de esta situación porque cada vez son más los no tienen ahorros ni posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos», señaló el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja», Bekele Geleta.
Gelera resaltó el caso de Letonia que, aunque oficialmente ha salido de la crisis, la necesidad de ayuda alimentaria se ha triplicado respecto a los primeros años de la crisis.
Sin embargo, Geleta advirtió de que este tendencia se repite en todos los países europeos, no sólo en los que más se asocian a la crisis; ya que, por ejemplo, en Francia más de 350.000 personas han caído en la pobreza en los últimos tres años.
Además, indicó que se está produciendo un nuevo fenómeno, el de los «trabajadores pobres», es decir, gente que trabaja, pero que no alcanza a final de mes con su sueldo.
«Todas nuestras sociedades nacionales han tenido que aumentar sus esfuerzos de asistencia doméstica, incluidas las de los países occidentales que tradicionalmente se centraban en prestar ayuda internacional», recordó.
Geleta instó a los Gobiernos de toda Europa a reservar dinero de sus presupuestos para hacer frente a estas situaciones y alertó del «gran coste a largo plazo» que derivará de los recortes en sanidad.
«Hemos notado un fuerte aumento de personas que vienen a nuestros centros de asistencia pidiendo medicamentos porque no se los pueden permitir», explicó.
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17.500 mayores dependientes, colgados sin residencia
Una de las peores caras de la crisis de las arcas públicas son los recortes en prestaciones y servicios vinculados a los grandes dependientes de más de 65 años de edad. En Catalunya 17.000 personas de este colectivo llenan la lista de espera para ocupar una plaza pública de residencia. Una cifra a la que se añade, según señalan fuentes del sector, medio millar de usuarios que, desde el 1 de agosto, no puede acceder a una residencia privada a causa de la supresión indefinida de las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS), las ayudas que la Generalitat otorgaba a personas que están esperando a entrar en un centro geriátrico de titularidad pública y no pueden costearse íntegramente lo que vale una residencia privada.
“Ahora la gente que está en esta situación tiene que pagar la plaza privada exclusivamente con su patrimonio”, lamenta la presidenta de la Associació Catalanade Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual. Pero una plaza en un centro privado asciende a más de 1.700 euros mensuales, una cantidad difícilmente asequible para una pensión media en España (950 euros al mes). En estos casos son las familias las que acostumbran a atender las necesidades de estos mayores con grandes dependencias, a pesar de que son personas que “necesitan servicios profesionales”, según comenta el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), Vicente Botella. En este sentido la Generalitat asegura que estos ciudadanos son atendidos por otras vías, como asistencia domiciliaria o prestación de cuidado no profesional.
Además de los usuarios directamente afectados por no poder acceder a una residencia pública, los recortes en este tipo de prestaciones están generando un aumento de plazas vacantes en los centros geriátricos colaboradores, que fuentes del sector cuantifican en unas 1.200 de un total de 13.000, lo que agrava aún más la delicada situación por la que atraviesa el sector como consecuencia de la crisis y los impagos de la Generalitat -160 millones de euros sin fecha de pago-. “Las plazas de las residencias que antes se cubrían mediante prestación vinculada a servicio ahora ya no se ocupan”, afirma Pascual.
Según señala Botella, otra de las cosas que afecta a la continuidad de los centros colaboradores, donde una parte del importe va a cargo del usuario y el resto de la Administración, es que hay residencias que desde el 1 de enero no perciben los ingresos procedentes de la Generalitat. Los impagos provocan que algunos centros deban dinero a propietarios de inmuebles, proveedores, personal e impuestos. Aún así, Botella asegura que los usuarios “reciben el mismo nivel de atención que antes”, a pesar de que haya trabajadores que han dejado de cobrar algunas nóminas.
Medidas para la sostenibilidad de los centros geriátricos
“El año pasado cerraron 27 centros, este año serán más”, alerta la presidenta de ACRA, que concreta que el sistema cuenta con 8.500 plazas privadas libres. “Como no tengas una ocupación alta, no funcionas”. Precisamente, esta semana una nutrida representación de asociaciones y patronales del sector ha expuesto su preocupación por los últimos recortes y los impagos del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se ha comprometido a no efectuar ningún otro recorte en el sector y a restablecer las PEVS “cuando la economía lo permita”.
Por otro lado, el ICASS y representantes de los equipamientos residenciales han acordado profundizar en la flexibilización y la racionalización de las ratios del personal de los centros según el perfil de los usuarios. También se ha propuesto cambiar el régimen de relación del Departamento de Bienestar Social y Familia con las residencias que tienen plazas colaboradoras y transformarlas en plazas concertadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Bienestar Social oferta el programa “No estés sólo en navidad”
La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Nucía oferta un año más el programa “No estés Sólo en Navidad” de la Generalitat Valenciana. El objetivo de este programa es ofrecer compañía a en las fiestas navideñas a personas mayores que estén viviendo en soledad.
El programa va dirigido a personas mayores válidas que viven solas y no tienen posibilidad de pasar los días de navidades en compañía de familiares o amigos por la lejanía de estos o por otras circunstancias Los beneficiarios pasaran unos días alojados en un hotel de la Comunidad Valenciana junto a otras personas mayores, realizando actividades y celebrando los días festivos con comidas especiales. El programa es totalmente gratuito.
El periodo de estancia será del 23 al 27 de Diciembre de 2013. El programa incluye: estancia en hotel de tres estrellas en régimen de pensión completa, desplazamientos de ida y vuelta, excursiones y cena especial de Nochebuena y comida especial de Navidad.
Los requisitos para disfrutar del programa son: residir en la Comunidad Valenciana, ser mayor de 65 años, o ser pensionista de invalidez, jubilación o viudedad con 60 años cumplidos, valerse por si mismo y que vivan solos y les sea imposible reunirse con familiares o amigos por la lejanía de estos o por otras circunstancias.
La persona solicitante deberá adjuntar a la solicitud: fotocopia del DNI, copia de la revalorización de la pensión 2013, informe médico e informe del trabajador social.
El plazo para presentar las solicitudes en el Centro Social El Calvari finalizará el 31 de Octubre. Toda la documentación necesaria para tramitar la solicitud la podrán obtener en el Centro Social El Calvari.
“Un año más desde Bienestar Social queremos dar publicidad a este interesante programa de “No estés Sólo en Navidad” de la Consellería de Bienestar Social. Un programa que intenta que nadie esté sólo en unas fiestas tan entrañables como las navideñas. Para ello se han de cumplir una serie de requisitos. Por ello animo a todas las personas que cumplan con el perfil a que lo soliciten, ya que las personas que han participado de La Nucía los últimos años han vuelto muy contentas de esta experiencia” afirma Esperanza Soria Such, concejala de Bienestar Social.
La tasa de pobreza extrema en mujeres discapacitadas triplica la del resto
Las tasa de pobreza extrema en mujeres con discapacidad triplica la del resto de la población, es un 40 por ciento más alta que la de los varones con discapacidad y en mujeres de más de sesenta años es prácticamente el doble que la de los hombres de esa misma edad, según el estudio ‘Pobreza y Exclusión de las mujeres con discapacidad en España’, del sociólogo Agustín Huete.
Este trabajo, promovido por el CERMI, destaca que las mujeres con discapacidad se encuentran sometidas a múltiples factores desencadenantes de exclusión social, entre ellos la pobreza económica, el acceso al empleo, prestaciones, estudios y relaciones sociales. Respecto a este último aspecto, el informe indica que un tercio reconoce no tener oportunidades para hacer nuevos amigos y un 15 por ciento dice no tener amigos y recursos de apoyo.
En España reside más de un millón y medio de personas con discapacidad en riesgo de pobreza, de las que casi medio millón se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, recibe ingresos anuales inferiores a 3.900 euros. Este riesgo de pobreza afecta por igual a mujeres y varones con discapacidad, pero «de manera mucho más clara que respecto a la población general», según el autor del estudio, que indica también que la mitad de la población con discapacidad se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza o pobreza relativa.
El informe apunta a que más de 600.000 personas con discapacidad viven solas en sus hogares y esto evidencia una «clara» situación de desventaja para las mujeres, ya que más del 40 por ciento de éstas viven en hogares en los que se ingresan menos de 500 euros al mes, es decir, hogares en situación de pobreza.
La discriminación por género en cuanto a salarios es otro de los factores que contribuyen a las diferencias de nivel de vida entre personas con discapacidad, pues las mujeres con discapacidad cobran como término medio salarios ligeramente inferiores a las mujeres sin discapacidad, pero sensiblemente inferiores a los varones.
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, LAS MÁS AFECTADAS
Otra de las denuncias que expone el trabajo es que las mujeres con discapacidad intelectual son el grupo más afectado por la escasez de ingresos, oportunidades laborales y acceso a prestaciones y el más olvidado. Según el estudio, la población con discapacidad en España se encuentra en su mayoría expuesta al riesgo de pobreza cuando carece de actividad laboral, incluso aún contando con prestaciones.
Dos tercios de las mujeres en edad laboral se encuentran en situación inactiva, es decir, fuera del mercado laboral, en un contexto en el que el empleo resulta el principal factor de protección contra la pobreza y la exclusión social», ha añadido. Y, en este contexto, el 47 por ciento de las mujeres con discapacidad que no trabaja, carece además de ingresos por prestaciones.
En materia de educación, el estudio sostiene que, a pesar de que en los niveles educativos de la población con discapacidad persisten diferencias significativas con respecto a la población general, la educación «es un terreno en el que las mujeres con discapacidad están teniendo éxito en cuanto a igualdad de oportunidades, respecto a los varones con discapacidad».
Los hogares, fuente principal de apoyo para las mujeres con discapacidad, presentan también «importantes espacios de discriminación» hacia las mujeres, ya que son quienes se ocupan fundamentalmente de la prestación de apoyos.
PROPUESTAS
Agustín Huete plantea una serie de propuestas para reducir la pobreza y la exclusión de las mujeres con discapacidad, como asegurar el cumplimiento de la Convención de la ONU en relación a sus derechos; fortalecer la inclusión laboral a través de medidas específicas; atender la situación de mujeres mayores con discapacidad que presentan generalmente situaciones de extrema pobreza; o promover el empoderamiento, especialmente en el acceso a espacios de participación ciudadana.
También propone impulsar medidas especiales relacionadas con pobreza y exclusión social en el II Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013-2016 del CERMI; realizar estudios específicos sobre pobreza y exclusión de mujeres con discapacidad en diferentes contextos; promover la renovación y actualización de las fuentes estadísticas sobre discapacidad; y considerar la discapacidad en aquellas fuentes estadísticas relacionadas con la medición de la calidad de vida y/o exclusión social.
El impagable papel de la mujer en casos de dependencia
En España hay más de dos millones de personas dependientes y cerca de 300.000 permanecen en lista de espera para poder acceder a ayudas del Estado. Ante este panorama, la figura de la familia cobra una relevancia cada vez mayor por el papel que juega en el cuidado de estos enfermos, máxime si, además, son mayores.
Y si hay una protagonista a la cabeza de estos cuidados es, sin duda, la mujer ya que en el 89% de los casos son ellas las que asumen toda la responsabilidad. Y ante este compromiso aparecen numerosas dudas que pueden provocar angustia (por no saber si le estará moviendo bien, si es la comida adecuada o si le ha administrado bien la medicación), conflictos (entre los familiares a la hora de establecer horarios para permanecer con el enfermo o al hacer entender cómo se les debe cuidar) o incomprensión (el entorno muchas veces no sabe asimilar que el cuidador renuncie a separarse del enfermo).
Y en el día a día la mujer puede verse relegada a un papel que la hiciera parecer invisible, ya que en muchos casos ocupan las veinticuatro horas a cuidar de su familiar enfermo y dependiente. Por eso, es necesario que se reconozca su labor y que se les preste ayuda y comprensión. Un error común es pensar que los enfermos y los mayores solo generan gastos a la Administración. Al contrario, gracias a la labor que desempeñan, los familiares están bien atendidos, son tratados con cariño y sufragan numerosos gastos.
Los mayores quieren ser escuchados
Para ayudar a que este proceso no sea tan complicado, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha presentado el«Manual de Buena Práctica en Cuidados a las Personas Mayores». Su presidente, el doctor José Antonio López Trigo, asegura que su publicación era muy necesaria porque «el cuidado viene de un día para otro y, al igual que el enfermo, el cuidador tiene que ir asumiéndolo. Lo que necesitan ambos es comprensión ya que su angustia es difícil de expresar porque no se verbaliza. El no saber si estarán cuidando bien de su familiar, tener que dejarle solo, no contar con más apoyos… Muchas veces somos los médicos los que debemos indagar en ello para poder ayudarles».
El libro contempla situaciones con las que los cuidadores se tienen que enfrentar a diario y ante las que pueden llegar a sentirse muy solos. La formación y el criterio para que puedan atender a los enfermos del mejor modo posible resulta vital y con algunos de los consejos que han elaborado expertos y que quedan reflejados de un modo sencillo en el libro, la tarea puede convertirse en algo más sencillo.
Ayer se celebraba en todo el mundo el «Día Internacional de las Personas Mayores». El lema de este año «El futuro que queremos» recogía una demanda que, por habitual, no deja de esconder una realidad, y es que las personas mayores quieren que la sociedad les atienda, sentirse escuchados, y tener derecho a decidir. Sienten la necesidad de que los clichés negativos que acompañan a la vejez desaparezcan para dejar sitio y aportar relevancia a los aspectos positivos que esta etapa comprende. Sabiduría, experiencia, conocimiento, paciencia, o la representación de todo un abánico de valores como pueden ser el respeto por los demás y el altruismo.
Reconocimiento a la labor de las mujeres
En este sentido, López Trigo —«nos preocupa que se tomen decisiones sin contar con los mayores. Nos pasamos la vida decidiendo por ellos y no se les escucha todo lo que se debería»— ha anunciado un acuerdo entre el IMSERSO y la SEGG para promover la atención de calidad a este colectivo.
«Soy consciente de que recibir ayuda dos veces por semana no resuelve el problema. Por eso, desde el convencimiento de que las instituciones y los profesionales podemos hacer más, con estos acuerdos, estamos avanzando en el apoyo que les queremos dar a estas familias. Por ejemplo, con el portal de servicios de formación en el que se les informará de cómo aplicar los cuidados básicos, apoyo sobre legislación, así como la atención a otras demandas y preocupaciones que puedan surgir», añadió.
Es una tarea de toda la sociedad que tanto los enfermos como sus cuidadores se sientan apoyados y reconocidos frente a una situación que puede alargarse durante muchos años.
«Llena sus mochilas de ilusión», Mensajeros de la Paz inicia el reparto de las donaciones recibidas
Acto de entrega de las 8 toneladas de donaciones e inicio de la distribución entre familias
Miércoles, 9 de octubre, a las 12’00 h.
Centro Social «El Pozo», de Mensajeros de la Paz
Calle Cabo de Tarifa, 2 , Esq.. Cabo Machichaco. Madrid (El Pozo del Tío Raimundo, Vallecas).
con la presencia, entre otras personalidades, de D. Javier Cuesta Nuin, Presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA,y del Padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz.
Esta campaña se organizó al conocer el dato de que ya iniciado el curso, más de 550.000 escolares en España no disponían del material escolar necesario. Para paliar esta situación Mensajeros de la Paz lanzó la campaña «Llena sus mochilas de ilusión«, que desde el 27 de septiembre al 5 de octubre , ha recogido más de 8’5 toneladas de material escolar con destino a tantos menores que sufren en su educación, como en tantos otros aspectos de su vida, las carencias de la crisis.
Las donaciones realizadas han sido principalmente de material escolar nuevo (lápices, colores, cuadernos, pinturas, reglas, bolígrafos, gomas de borrar, estuches, etc.) y material educativo (diccionarios de lengua española, y de otros idiomas, libros de lectura y texto, etc.) y en su mayor parte han sido recibidas en a través de todas las oficinas de Correos de la Comunidad de Madrid.
También han llegado aportaciones económicas para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad a la compra de dichos materiales y libros de texto para los más pequeños. La colaboración con ayudas monetarias aún sigue abierta, a través de la C/C 0049 5104 11 2016063667 (Titular: Fundación Mensajeros de la Paz, Concepto: «!Llena sus mochilas de ilusión!».
Todos los materiales recogidos serán distribuidos a través de Mensajeros de la Paz, entre escolares pertenecientes a familias en situación de necesidad, afectadas por la crisis económica. En el último año, esta ONG ha puesto en marcha en España toda una Red de Recursos Sociales anti-crisis, reforzando centros y programas ya existentes, y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que palien la situación de precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales. Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de esta red son: Banco Solidario ( www.
Más información en www.mensajerosdelapaz.com, y en el tel 91 364 51 12
Joven tetrapléjico de Montiel (Ciudad Real) pide a C-LM que habilite un autobús escolar adaptado para poder ir a clase
Ismael González Garrido, un joven de 20 años natural de la localidad ciudadrealeña de Montiel, tetrapléjico con un 80 por ciento de grado de discapacidad, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que habilite un autobús de transporte escolar adaptado para que pueda ir a diario a las clases del instituto de Villanueva de los Infantes.
Este es el llamamiento que ha realizado este martes Ismael para que la Junta de Comunidades le solucione esta incidencia porque, explica, «estoy pidiendo ayuda en la delegación de Educación me han dicho que como no soy de Educación Obligatoria no pueden hacer nada por mí», ha informado el PSOE en nota de prensa.
Los socialistas señalan que la familia se puso en contacto con los responsables de la delegación de Educación en la provincia de Ciudad Real y le garantizaron una solución, aunque a día de hoy «persiste el problema».
Este joven ha explicado que es su padre quien hasta la fecha, con un coche particular, le lleva todos los días al instituto donde cursa el módulo de FP Administración y Finanzas, pero su progenitor está enfermo y próximamente será sometido a una operación.
Una situación delicada ante la que el portavoz del PSOE en Montiel, Juan Ramón Mena, se ha preguntado «quién llevará a Ismael al instituto cuando su padre no pueda».
Tanto el propio Ismael como su padre han indicado que la solución no es nada compleja, pues pasa únicamente porque la Junta cambie el actual autobús por uno adaptado. «Ni más ni menos, puesto que la familia haría frente a los 60 euros mensuales que supone esa ruta escolar», añade el PSOE
«Lo sangrante e indignante», según Mena, viene cuando los responsables del Gobierno regional «le exigen» a Ismael que pague por cuatro plazas, es decir, 240 euros al mes, «pese a que se trate de una persona con su particularidad de movilidad en una silla de ruedas, un gasto imposible de asumir con la pensión que percibe su padre».
En este sentido, el secretario de Acción Electoral del PSOE de Ciudad Real, David Triguero, ha hecho hincapié en que «es lamentable que el Gobierno regional no le está prestando ningún tipo de ayuda a un joven como Ismael, que tiene la valentía de seguir formándose y de salir adelante con el apoyo de su familia».
El Gobierno acelera el paso hacia la política de la beneficencia
Los «presupuestos sociales» que defiende el Gobierno prevén un tijeretazo del 36% a los servicios sociales para 2014. Al recorte se han sumado en los últimos meses otras medidas y cambios legislativos que, según denuncian profesionales, asociaciones, sindicatos y usuarios, socavan los derechos sociales y dejan la caridad como única salida.
1. Tijeretazo presupuestario
Los Presupuestos Generales del Estado en materia de servicios sociales han pasado de los 2.848 millones de euros de 2013 a 1.809. No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiere a «blindaje» en las cuentas. La razón es que para 2013 se incluyeron 1.034 millones con los que se pagaron atrasos de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia.
Aun olvidando esta cantidad, las cuentas no cuadran si se considera que la demanda se ha disparado. A falta de datos oficiales, los expertos estiman que en los dos últimos años la demanda de algunas prestaciones de emergencia –para hacer la compra, pagar el recibo de la luz o la hipoteca– han aumentado hasta un 200%. Además, un total de 201.729 personas siguen esperando recibir la ayuda que les fue reconocida por la ley de dependencia.
2. Destrucción de la ley de dependencia
«Están dejando vacíos de contenidos reales los servicios, para echar a la gente y para que el que pueda contrate a un seguro privado, pero como la mayoría no podemos permitírnoslo, quedamos en manos de la caridad». Así interpreta José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha, la marcha atrás de la única ley estatal que reconoce y garantiza un derecho subjetivo en materia de servicios sociales.
Hace poco más de un año el Gobierno retrasó la entrada de los dependientes moderados en el sistema, eliminó la obligación de pagar la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y amplió hasta dos años el plazo que tienen las autonomías para entregar las ayudas ya reconocidas sin tener que asumir la retroactividad con que nació la ley. Para el año que viene, con una lista de espera crónica, el Gobierno ha presupuestado exactamente la misma cantidad que en 2013: 1.087 millones de euros, que repartirá entre las comunidades autónomas en función del número de dependientes a los que atiendan.
«¿Sabes lo que es estar valorado y no tener la atención que te corresponde por ley?», añade otra miembro de la plataforma. Para Gómez-Ocaña, hay gato encerrado. «No es lógico el hachazo a la dependencia, con lo poco que significa respecto a todo el dinero que se maneja», apunta.
Gómez-Ocaña, maestro de escuela de Toledo, lleva años luchando porque sus dos hijos, de 10 y 17 años, ambos con una enfermedad rara hereditaria, grandes dependientes, sobrevivan. Han ido superando los retrasos en el pago de las ayudas del Gobierno de María Dolores de Cospedal, pero la salud de Nacho, el menor, ha empeorado hace unas semanas. La esperanza de su padre es que aguante lo suficiente para poder beneficiarse de un tratamiento pionero que se empezará a aplicar en Gran Bretaña en 2014.
3. Desmantelamiento de los servicios sociales
A los recortes que se soportan desde 2011 se suma ahora el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, en trámite parlamentario. El texto prevé eliminar las competencias municipales en «la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social», cediéndolas a las autonomías. En la práctica, esto representa que los ayuntamientos solo garantizarán unos servicios mínimos de información y orientación y alguna prestación económica de emergencia y de carácter puntual.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha elaborado un decálogo donde se denuncia que este traspaso de competencias supondrá la eliminación de los servicios sociales municipales, teniendo en cuenta el estado de las arcas autonómicas. El documento, firmado por asociaciones de personas mayores, profesionales, sindicatos y las principales organizaciones empresariales del sector, alerta de que al menos 200.000 familias se quedarán sin asistencia. Además, calculan la pérdida de 65.000 puestos de trabajo.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia que peligra la continuidad de la ayuda a domicilio. Esta organización calcula que unas 600.000 personas se benefician de ella en toda España, en su mayoría a través de los servicios sociales municipales (del total, sólo 121.000 se conceden por la vía alternativa de la ley de dependencia).
Al margen de esta reforma, el pasado enero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció a los consejeros del ramo que iba a dejar de financiar los servicios sociales municipales mediante el llamado Plan Concertado. En los presupuestos de 2014 aún no se recoge este recorte. El Gobierno ha mantenido su aportación; 32 millones de euros que no se estiran lo suficiente como para ayudar, ni con carácter de urgencia, a los más de ocho millones de familias que acuden a los servicios sociales municipales porque no pueden comprar comida, pagar las medicinas, el recibo de la luz, el agua o el alquiler de su vivienda.
Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, «el panorama es absolutamente demoledor». Los servicios sociales son «el último recurso para un número cada vez mayor de personas y familias», recuerda en un comunicado.
4. Vía libre a la privatización
La reforma de la Administración Local también abre la puerta a que los servicios sociales sean de «gestión indirecta». Muchas prestaciones, como la ayuda a domicilio, ya llevan años prestándose a través de empresas subcontratadas. La novedad que implica la reforma es que los ayuntamientos también podrán delegar el servicio mínimo de asesoramiento que quede en sus manos, y que hasta ahora imparte personal propio en una entidad privada.
El Ayuntamiento de Galapagar (PP), en la comunidad de Madrid, ya se ha adelantado a la aprobación del proyecto de ley. El pasado 4 de abril aprobó la externalización de todos sus servicios sociales argumentando que el objetivo es «abaratar los costes» y mejorar la atención. La medida ha sido criticada por vecinos, oposición, profesionales y sindicatos, que han protagonizado varios actos de protesta en los últimos meses. También el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Madrid se ha pronunciado defendiendo los servicios sociales como «imprescindibles» y denunciando que «su privatización busca siempre un beneficio económico».
5. Rentas mínimas inaccesibles
Escudadas por la crisis, muchas autonomías han endurecido las leyes que garantizan las rentas mínimas, las pagas que se dan a aquellas familias sin ningún tipo de recursos, de unos 500 euros, dependiendo de la autonomía. En Madrid la espera ya es de 12 meses, por ejemplo. Estas ayudas se solicitan cuando la familia quizá ya lleva meses sin ningún ingreso.
Según la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid, el año pasado aumentó un 76% el número de solicitudes para obtener esta ayuda, mientras que el número de familias beneficiarias sólo se incrementó en un 22%. Esta plataforma, integrada por sindicatos, educadores y trabajadores sociales, psicólogos, la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU, EAPN y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, entre otros, denuncia que las trabas para beneficiarse son cada vez mayores.
«Se trata de vericuetos administrativos, como la solicitud de documentación extra que en principio no era necesaria», explican desde la organización. Ante esta situación, ¿cómo sobrevivir, entonces, a la espera? Quedan las ayudas de emergencia, concretas, que pueden conceder los ayuntamientos. Pero tampoco el dinero llega, y las familias buscan salidas fuera de la red pública. Una muestra es que Cáritas casi ha triplicado el número de personas atendidas en los últimos años.
6. Desvío de responsabilidades
Cuando Ana Mato anunció que los inmigrantes sin papeles dejarían tener tarjeta sanitaria y, por tanto, atención médica (salvo en determinados casos), negó que estas personas fueran a quedar desatendidas. Para ello, aseguró, se firmarían acuerdos con las ONG. Pero las ONG no están conformes con la idea de que ellas deban asumir el papel que el Estado está dejando de ejercer.
«No tenemos que sustituir al Gobierno, somos complementarios», explican desde EAPN-España, una red de ONG que luchan contra la pobreza y la exclusión social, entre las que se encuentran Cáritas, Cruz Roja o CEAR. Su presidente, Carlos Susías, recuerda que «la pobreza y la exclusión no caen del cielo, son consecuencia de decisiones políticas». Por eso exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad de crear planes integrales y herramientas para fomentar la inclusión social. EAPN-España rechaza la vuelta a la beneficencia y la caridad. Según explican, estos conceptos muestran la tolerancia: «Como hay pobres, vamos a darles de comer». Para ellos, la clave está en luchar por que no haya pobres, algo que no se combate con el parche de la beneficencia.
7. La solidaridad del vecino
El paso « del Estado del bienestar a una sociedad participativa«, que defendió el rey de Holanda hace unas semanas, muestra la tendencia que también vive España. Las llamadas a la solidaridad para sustituir lo que hasta ahora el Estado paga con las arcas públicas están a la orden del día.
El último debate al respecto, muy visible en las redes sociales, lo ha protagonizado el programa de TVE ‘Entre todos’, que empezó a emitirse el 26 de agosto, en la sobremesa. Este espacio, que la cadena pública define en su web como «una red social de cooperación», muestra a familias necesitadas y abre una línea telefónica para que otras personas les hagan donaciones económicas o les presten otro tipo de ayuda. El formato ha provocado una discusión entre quienes consideran que publicitar la caridad excusa la evasión de la Administración Pública y aquellos que defienden que es la solución más pragmática para quien no tiene nada.
AERTE explicará la última normativa sanitaria de la Comunidad Valenciana aplicada a los centros de dependientes
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes, AERTE, continuando con sus iniciativas de formación, impartirá en su sede el próximo 11 de octubre un nuevo módulo formativo en el que se abordará la normativa sanitaria de la Comunidad Valenciana surgida en el último año.
De seis horas de duración, el curso, dirigido a directores y personal de centros de servicios sociales, analizará con detenimiento normativas como el Decreto Ley 2/2013 y el Decreto 94/2010, comparadas con las existentes en otras autonomías, y su aplicación real en las residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio. Además, abordará la sanidad transfronteriza.
El curso será impartido por Juan F- Peris, Doctor en Farmacia por la Universidad de Valencia y actualmente jefe del Servicio de Farmacia del Centro Sociosanitario la Cañada (Valencia) y María José Mira, Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, directora de AERTE.
AECAS promueve actividades que fomenten la movilidad y menús que potencian la hidratación para evitar el estreñimiento crónico en los mayores
El porcentaje de personas afectadas por estreñimiento crónico se duplica en el grupo de edad comprendido entre los 65 y 75 años.
Tras el buen resultado de los programas de fomento de la hidratación en mayores y dependientes del periodo estival, los centros de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas inician una nueva campaña orientada a mejorar la calidad de vida de los usuarios y reducir la incidencia del estreñimiento crónico en este colectivo.
La reducción de las terapias de exterior y los cambios de temperatura provocan también una reducción de la movilidad y la actividad física de los mayores dependientes que no siempre puede contrarrestarse con las sesiones de rehabilitación, gimnasia y actividades acuáticas, por ello, éstas se refuerzan con la incorporación en los menús de alimentos que potencien la hidratación y las calorías en paralela al cambio de la temperatura, así como propuesta de ocio con monitores y animadores para incentivar la movilidad.
El objetivo de estas actividades es combatir patologías derivadas de la circulación o el estreñimiento crónico, un problemas cuya incidencia en mayores es cinco veces superior que en los adultos jóvenes, especialmente a partir de 64 años de edad.
En la mayoría de los casos, esta patología se puede prevenir modificando los hábitos alimenticios y con programas de ejercicio suave, si bien, cuando el diagnóstico es de estreñimiento crónico, la solución es farmacológica, por lo que en los centros de Aecas se trabaja para reducir la incidencia de esta patología, evitando la ingestión de laxantes y medicamentos que pueden provocar a largo plazo que se convierta en un problema crónico.
Así, se realiza un seguimiento de los usuarios de los centros para detectar posibles síntomas como pasar más de 3 días entre cada evacuación, evacuar menos de 3 veces por semana, o si experimenta dificultad o dolor al defecar heces endurecidas, cuestiones que pueden reflejar un problema de hidratación o trastorno alimenticio previo, pero que pueden derivar en una situación crónica.
Calidad de vida
Hay que tener en cuenta que el porcentaje de personas afectadas por estreñimiento crónico se duplica en el grupo de edad comprendido entre los 65 y 75 años, afectando a su calidad de vida, entorpeciendo su desarrollo social y la capacidad para realizar actividades diarias.
Por ello, los cerca de 100 recursos socio-sanitarios que dispone la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas en la Comunidad valenciana promoverán desde el próximo 1 de octubre nuevas actividades de ocio que fomenten la movilidad, al tiempo que se refuerzan los menús específicos de cada usuario con productos que aporten mayor hidratación. En total, se aplicará este nuevo programa a cerca de 9.000 mayores y personas en situación de dependencia, más del 40% del total de mayores que viven en centros socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana.
Dpto. de Prensa: José Antonio Giménez • comunicacion@centrosaecas.com • t.627760487
