Archivo diario: 14 noviembre, 2013
Más de 9000 trabajadores se concentran a la puertas de los centros socio-sanitarios para exigir el cobro de sus sueldos a la Generalitat Valenciana
El Gobierno autonómico debe casi 110 millones de euros al sector de las residencias y centros de atención a personas mayores, tras casi un año sin pagar a los operadores.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
Más de 9.000 trabajadores se han concentrado hoy a las puertas de 300 residencias y centros de día de Alicante, Castellón y Valencia para exigir a la Generalitat Valenciana el pago de la deuda que mantiene con el sector desde hace casi un año, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de estos trabajadores.
En cada una de estas concentraciones se ha leído un comunicado en defensa de la red socio-sanitaria y de los salarios de los trabajadores, especialmente de los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina desde hace ya varios meses. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.
A fecha de hoy, se acumulan ya más de 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, cifra que se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación. En total, la deuda que mantiene el Consell con los operadores afecta a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes.
En este sentido, desde la plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a servicios profesionales y una calidad contrastada, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos.
Por ello, las concentraciones de 5 minutos realizadas hoy, primeras de un calendario de actuaciones que prevé manifestaciones y marchas por diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, ha sido seguida por el 100% de los centros vinculados a las asociaciones mayoritaria del sector.
Reivindicaciones legítimas
Por otra parte, los portavoces de cada centro han destacado en sus intervenciones la necesidad de un compromiso por parte la Generalitat valenciana “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Del mismo modo, han señalado que, después de casi tres años de impagos, “no se puede esperar más” y, por tanto, han afirmado que “no se abandonarán las movilizaciones hasta conseguir que el President de la Generalitat se reúna con nuestros representantes y los de las empresas y dé respuesta a nuestras legítimas reivindicaciones”. En esta línea, en las intervenciones se ha exigido que la Generalitat Valenciana que “de el mismo trato en cuanto a pagos que a otros servicios básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.”
Además, los portavoces han emplazado a los representantes de los centros, trabajadores y familiares a apoyar las movilizaciones previstas para el día 18 de noviembre, frente a la Consellería de Hacienda, en Valencia; y frente a las delegaciones de gobierno, en Castellón y Alicante. Asimismo, han advertido que, de no mediar una solución, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores.
Como muestra de las concentraciones de hoy, una representación de delegados sindicales de las empresas operadoras se ha concentrado esta mañana ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia para reclamar el pago de la citada deuda y presentar un nuevo paquete de quejas de los trabajadores al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, al igual que hicieron la semana pasada cuando entregaron un primer paquete de 4.000 reclamaciones de profesionales del sector.
El IMAS estima que los médicos de residencias son «claves» en el desarrollo de servicios sociosanitarios
El director general de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Enrique Pérez Abellán, dijo este sábado en Cartagena que los médicos de residencias son «claves» para el desarrollo y consolidación de los servicios sociosanitarios.
Pérez, que clausuró el XIII Congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER), aseguró que este tipo de servicios «hace unos años se manifestaban como necesarios, pero ahora, con la mayor esperanza de vida y la cronificación de la enfermedad en las personas de edad, se han convertido en imprescindibles».
En este sentido, subrayó que los médicos de residencias disponen de grandes conocimientos y práctica en la atención y seguimiento de la evolución de la enfermedad de personas mayores, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
«Es indiscutible que la función del médico de residencia es fundamental para el control permanente del estado de salud de los residentes, pues prestan una atención permanente en el mismo lugar donde el mayor se desenvuelve y desarrolla sus actividades cotidianas, lo que, por otra parte, permite al facultativo disponer de una información más fidedigna de cómo evoluciona el propio paciente, casi al minuto», aseveró Pérez.
Asimismo, remarcó la tarea investigadora que desarrollan al amparo de la SEMER, así como la «demostrada capacidad» de estos facultativos para coordinarse con el resto de profesionales que trabajan en las residencias, «lo que hace que la atención a nuestros mayores mejore cada día».
XIII CONGRESO SEMER
La Sociedad Española de Médicos de Residencias celebra desde el pasado jueves su XIII Congreso nacional en Cartagena, en el que se han abordado, entre otras cuestiones, la neurogeriatría, la diabetes en las personas mayores, las terapias interdisciplinares en la demencia o el estreñimiento crónico en el paciente anciano.
La SEMER es una sociedad científica integrada por médicos que desarrollan su labor profesional en residencias de ancianos públicas y privadas que nació para aglutinar los intereses de un amplio colectivo, disperso y heterogéneo, pero con necesidades comunes que precisan de soluciones específicas.
Desciende un 93% el número de cuidadores no profesionales de dependientes en Andalucía
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes cotizantes a la Seguridad Social pasó de 55.182 en julio de 2012 a 3.737 en agosto de 2013 en Andalucía, un 93 por ciento menos, según datos aportados por el Gobierno al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que ha denunciado el «hachazo» producido y la «voladura» de la Ley de Dependencia.
En una rueda de prensa en el Congreso, el coordinador de la interparlamentaria del PSOE-A ha señalado que, además, en los últimos cinco meses, en la región se ha producido un descenso del 15 por ciento de los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, es decir, «un recorte progresivo y mayor».
A nivel nacional, el número de cuidadores no profesionales cotizantes pasó de 179.800 en julio de 2012 a 18.191, un 89 por ciento menos; mientras que en el último mes con datos, septiembre, hubo 116 beneficiarios y 800 trabajadores menos cada día.
A la vista de los datos, el PSOE denuncia «el fin de la ley de dependencia tal y como la plantó Zapatero en 2007» y dan por «seguro» la demolición del cuarto pilar del Estado de Bienestar». «La voladura de la Ley de Dependencia se ha culminado, en un solo año el PP ha acabado con la práctica totalidad de la cotización a la Seguridad Social», ha lamentado.
Pero, además, el PSOE atribuye estos recortes «no al dogma de la austeridad y el déficit» sino a un «nicho de negocio para las empresas, quien sabe si cercanas a quienes dictan las leyes, como hemos podido comprobar en la privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid».
En ese punto, el también secretario del PSOE de Málaga ha criticado que el PP vea la Dependencia «como un gasto» y, en último caso, como «un negocio para empresarios y amigos». «Al ritmo que vamos, cuando acabe la legislatura no va a quedar ni un solo cuidador no profesional dado de alta en la Seguridad Social», ha añadido el diputado adelantando que el próximo Gobierno socialista «recuperará» esta Ley.
Heredia ha explicado que su grupo pedirá la comparecencia de la ministra Ana Mato para que explique por qué si la ley fija la cofinanciación al 50 por ciento, la Junta tiene que pagar el 72 por ciento y el Gobierno central solo contribuye con el 28 por ciento y por qué en tres años ha recortado en 314 millones de euros el presupuesto.
«NO TODOS SOMOS IGUALES»
En ese sentido, Heredia ha defendido que «no todos somos iguales» y mientras que el Gobierno de Rajoy ha recortado en un 47 por ciento el presupuesto para la Ley de Dependencia, la Junta incrementará el suyo hasta un total de 1.115 millones de euros, 2,8 millones más que en 2013.
«El Gobierno no cumple con lo que se fija por ley y es importante ver el esfuerzo de la Junta para no dejar en la estacada a los dependientes, sobre todo, teniendo en cuenta la asfixia a la que somete a Andalucía el Ejecutivo», ha denunciado el diputado, que ha recortado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año próximo «obligan» a Andalucía a un recorte extra no previsto, cantidad que es lo que destina la Junta a dependencia y discapacidad.
Andalucía tiene el 24 por ciento de las personas atendidas por la Ley de Dependencia en toda España, el 26 por ciento de las prestaciones y el 37 por ciento de la ayuda a domicilio, porcentajes muy por encima de su peso poblacional en el conjunto del país, casi el 17,9 por ciento.
DENUNCIA DEL CONVENIO EN JAÉN
Por último, Heredia ha calificado de «intolerable» que el alcalde de Jaén, Enrique Fernández de Moya (PP), denuncie el convenio de ayuda a domicilio en la ciudad ya que «sabe perfectamente los recortes a los que el Gobierno somete a la Junta» y que, a pesar de ello, la Administración autonómica hace un «esfuerzo extraordinario» en defender la ley.
«Le pido al alcalde de Jaén y al señor Zoido que tengan la valentía de pedirle al Gobierno de su mismo partido que defienda la Ley de Dependencia y nos dé lo que nos corresponde para desarrollar la ley», ha concluido.
El gasto en dependencia disminuye y el plazo para las ayudas se incumple
El gasto estimado en atención a la dependencia en Navarra ha disminuido en un año en un 9%, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones en 2012, según la Cámara de Comptos que constata que no se cumple el plazo de seis meses establecido para recibir la prestación.
Estos datos fueron facilitados por el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, en una comparecencia parlamentaria, solicitada por PSN e I-E, en la que detalló el informe que el órgano fiscalizador ha realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra entre los años 2010 y 2012.
Según los datos que facilitó, el Gobierno de Navarra es el principal financiador de la atención a la dependencia y como mínimo aporta un 70% del total, seguido de los usuarios con un 21% y el Estado con un 9%.
Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012 se han presentado 33.980 solicitudes para su valoración de dependencia y en ese periodo ha habido 38.068 resoluciones, con una valoración de dependencia y 2.330 han sido archivadas, denegadas o con un recurso interpuesto que ha sido estimado.
Robleda ha precisado que el número de resoluciones excede al de solicitudes debido a que un número importante se realizan de oficio por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).
De las resoluciones con valoración de dependencia, el 14% acaban calificadas como no dependientes, el 34% como dependientes moderados, el 29% como severos y el 23% como grandes dependientes.
En abril de 2013 existían 984 expedientes pendientes de valoración.
A 31 de diciembre de 2012, 8.862 personas recibían prestaciones garantizadas por aplicación de la dependencia para un total de 10.401 prestaciones o servicios, ya que algunas personas pueden contabilizar varias prestaciones o servicios.
El plazo medio para recibir esas prestaciones era de 9,8 meses, por lo que se supera el plazo de seis meses previsto por la ley, según Robleda, quien citó entre los factores que influyen en ese dato el hecho de que «ha habido que resolver más expedientes con mismo personal y en menor tiempo» (antes el plazo era de once meses).
En esa fecha un total de 868 personas que cuentan con valoración de dependencia estaban pendientes de recibir el servicio o ayuda.
El informe, según Robleda, refleja que existe una menor asignación de recursos mientras que crece la necesidad de atender a un sector de la población.
En él se recogen además recomendaciones como la de dotarse de un sistema de contabilidad analítica adecuado que soporte la cifra de coste por dependiente en sus centros, en razón de la intensidad del servicio y que permita su comparabilidad.
Asimismo considera preciso ampliar la memoria de la ANAP de forma que permita ayudas en la toma de decisiones y planificación estratégica de la atención a la dependencia.
En este sentido Robleda comentó que la falta de esas memorias y de una información a través de las herramienta de costes dificultaron el trabajo así como la estructura del departamento por su necesidad de adaptación al marco de la Ley de Dependencia.
Precisó que con el seguimiento del informe que se realizó en 2011 se ha mejorado «sustancialmente», aunque, en su opinión, es preciso seguir avanzando en ese sentido.
La portavoz del PSN, María Victoria Arraiza, remarcó la necesidad de establecer mecanismos de control y ha apuntado que algunas de las recomendaciones siguen vigentes, por lo que seguirán insistiendo en su cumplimiento.
Txema Mauleón (I-E) incidió en la necesidad de que este trabajo se actualice, teniendo en cuenta, ha apuntado, que «el próximo año puede haber 7 millones menos para la dependencia».
El portavoz de UPN, José Antonio Rapún, vio aspectos positivos en el informe como la mejora de los procedimientos de gestión y de los plazos, ya que según ha dicho actualmente la media es de 7,6 meses en Navarra y en el Estado de dos años y medio.
Por Bildu, Bikendi Barea, tras aludir a «la voluntad del Ejecutivo de concertar con terceros», afirmó que no creen que se esté dando una respuesta a la crisis, «la crisis no fue la causa fue la excusa», en el fondo ven una apuesta por un modelo determinado.
La portavoz de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde, aunque reconoció que ha habido una «leve mejora», remarcó su preocupación porque hay una «mayor desprotección social y una menor cobertura de la dependencia».
Amaya Zarranz (PPN), quien reconoció que ha habido recortes, ha resaltado el incremento en los Presupuestos del Estado en la partida destinada a la atención a la Dependencia. A continuación el parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza ha opinado que muchas garantías que tenía la ley «ya no las tiene».
Medio centenar de delegados sindicales se concentran hoy ante la Dirección Territorial de Bienestar Social para exigir el pago de la deuda a las empresas de atención a mayores
Estas concentraciones a las puertas de los centros asistenciales se reproducirán en cerca de 300 instalaciones por toda la Comunidad Valenciana.
Se reclama a la Generalitat Valenciana una deuda cercana a los 110 millones de euros y una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
Una representación de delegados sindicales del sector de las residencias y centros de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana se concentrarán mañana jueves, 14 de noviembre, a las 11 horas, ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia (Avda. Barón De Carcer, 36), para reclamar el pago de la deuda que mantiene el Consell con las empresas del sector. Estas concentraciones se reproducirán en cerca de 300 centros por toda la Comunidad Valenciana para mostrar a la sociedad la unión de trabajadores, empresarios, sindicatos y familiares en la defensa de la atención a los mayores.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector – la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES) y las organizaciones sindicales CCOO y UGT- respaldan estas concentraciones que sacarán a las puertas de las residencias y centros de día a miles de trabajadores en defensa de sus salarios y en apoyo a los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.
La plataforma que agrupa a los representantes sindicales y empresariales reclama a la Generalitat valenciana el desbloqueo urgente de la deuda comprometida con un sector necesario socialmente, así como una reunión con el President de la Generalitat para concretar una respuesta a las legítimas reivindicaciones de los operadores y sus trabajadores.
Delegados sindicales del sector de las residencias y centros de atención a personas mayores se concentrarán hoy jueves, 14 de noviembre, a las 11 horas, ante la Dirección Territorial de Bienestar Social (Avda. Barón De Cárcer, 36), para reclamar el pago de la deuda que mantiene el Consell con las empresas. Estas concentraciones se reproducirán en cerca de 300 centros por toda la Comunidad Valenciana.
